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Río Negro buscará impulsar la industria energética en las tierras fiscales

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El gobierno provincial quiere ampliar el destino de los 4 millones de hectáreas de tierras fiscales que existen en Río Negro e incluir a la minería, la industria energética, turística y tecnológica como actividades a desarrollar allí.

El Código de Tierras Fiscales rige en la provincia desde hace 57 años. Las modificaciones parciales de artículos y reglamentos fueron constantes en estas décadas y en 2016 el gobierno intentó una reforma profunda pero nunca avanzó en el trámite legislativo y caducó su vigencia.

Ahora el ministro de Gobierno, Luis Di Giácomo, desempolvó el borrador y removió el avispero hace dos semanas cuando sorprendió a las autoridades del Parlamento Mapuche y del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (Codeci) al anunciar la intención de promover una nueva reforma en la política de tierras fiscales. El principal cambio radica en la concepción del destino de la tierra rural que con las modificaciones “podrá destinarse a la producción agrícola, pastoril o ganadera, forestal, energética, minera, turística, industrial, tecnológica, mixta u otra económicamente rentable”, según indica el artículo 16 del proyecto al que accedió “Río Negro”.

La coordinadora del Parlamento Mapuche objetó la iniciativa. De inmediato enviaron notas a la Legislatura, los bloques políticos y al propio gobernador Alberto Weretilneck para pedir que se abra una instancia de debate amplio antes de promover cambios y también para poner el foco en los incumplimientos en el relevamiento de tierras que reclaman comunidades de pueblos originarios.

“La provincia falló en el marco del diálogo previo, pedimos que se ponga en discusión el proyecto, que se dé amplio debate no solo entre las comunidades mapuches sino en todos los sectores de la sociedad porque esta ley tiene un gran impacto social”, señaló a Javier Carriqueo, secretario del Parlamento Mapuche.

El ministro Di Giácomo aseguró que el proyecto “se puso sobre la mesa para discutir” y que la intención del gobierno es que se trate el año que viene. “El Ejecutivo entiende que hay que abordar estos temas, pretendemos la regularización de situaciones reales, no hablamos de salir a vender la tierra”, afirmó.

El proyecto impulsa mecanismos de adjudicación para otorgar títulos de propiedad a pobladores asentados en tierras rurales fiscales y en comisiones de fomento, antes del 31 de diciembre de 2017.

Según el proyecto, la política de regularización de tierras fiscales estará bajo la órbita del Ministerio de Gobierno, desplazando así la facultad a la Dirección de Tierras y Colonias que interviene en la materia desde 1961.

Para Di Giácomo, “la ley ha perimido en muchos de sus aspectos, en la ley vigente el concepto tiene que ver con la colonización y nosotros queremos mantener un criterio de tipo desarrollista y productivista respecto de la tierra”.

Con esa premisa, el gobierno agrega a los destinos actuales de la tierra fiscal (agrícola, ganadera y forestal) la explotación de otras actividades como energéticas, mineras, tecnológicas, turísticas, industriales, mixtas u otras económicamente rentables. “Ya hay situaciones de hecho de explotación turística por ejemplo en tierras de la Comarca Andina y buscamos abrirnos a las inversiones productivas y de nuevas tecnologías, amplía el margen de posibilidad de utilización de la tierra”, justificó el ministro.

Aclaró que con la reforma no se contemplan cambios en la propiedad comunitaria de la tierra, no se titularizarán zonas donde existen reclamos vigentes por parte de pueblos originarios y que se mantendrán las restricciones vigentes en otras normas para zona de fronteras y extranjeros.

Con el nuevo escenario, el Parlamento Mapuche insistió en su reclamo para que se termine el relevamiento territorial exigido por la ley 26.160, al considerar que con una reforma en la Ley de Tierras habría “una afectación directa y grave de nuestros derechos e intereses”. También Carriqueo denunció que la Ley Integral Indígena de 1988 no se aplica en su totalidad y cuestionó que esté en facultades del Ejecutivo únicamente la decisión de “vender las tierras aptas”.

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Weretilneck evitó el remate de clubes

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El Gobernador Alberto Weretilneck firmó las actas que evitan el remate de dos de los clubes deportivos más importantes del Valle Medio. Este hecho busca proteger 90 años de historia deportiva en la región y, sobre todo, resguardar los valores de solidaridad, compañerismo y esfuerzo que estos clubes representan.

Los acuerdos firmados para evitar el cierre del Club Atlético Chimpay y del Club Darwin implican también garantizar las condiciones y los gastos necesarios para mantener activa la Liga Regional de Fútbol Avellaneda.

Tal como lo había anunciado días atrás, y en un clima de mucha emoción, se rubricaron las actas acuerdo para salvar las instalaciones de estos dos clubes donde cientos de niños y jóvenes asisten a diario.

El Mandatario, estuvo acompañado por el Vicegobernador Pedro Pessatti, el ministro de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura, Juan Pablo Muena, el Fiscal de Estado provincial, Gastón Pérez Estevan, la Senadora Nacional, Mónica Silva, jefes comunales de la región, los presidentes de ambas instituciones deportivas y una gran cantidad de vecinos y vecinas que se hicieron presentes en el lugar.

La decisión de salvataje fue iniciativa del propio Gobernador que ante la emergencia de remate y posibilidad de quiebre de los clubes por juicio y pagos del proceso, definió acompañar a miles de simpatizantes e hinchas de equipos que ya son parte de la comunidad y ocupan un rol social fundamental en toda la zona.

En la apertura del acto, Weretilneck afirmó que “esto tiene que ver con la identidad, los clubes son nuestra historia, son nuestro pasado, necesitamos agruparnos, encontrarnos, rodearnos de algo que nos mueva a todos, esto va más allá de un club de fútbol, es un lugar que la comunidad tiene para encontrarse”.

“El sueño de todos nosotros es que los chicos, los adolescentes, después de estar en la escuela, estén en un club divirtiéndose y haciendo algún deporte; si como sociedad logramos eso, por un lado, con una educación que los hace libre y buenas personas y por el otro con la tarea social comunitaria de todas las instituciones rionegrinas, no tenemos duda de que las nuevas generaciones van a ser mejores que nosotros”, agregó.

Finalmente agradeció a todos los jefes comunales de Valle Medio que fueron parte de la alegría. “Me da una enorme satisfacción de que todos los intendentes estén acá ya que es una muestra de unidad, no solo del deporte sino lo que significa este lugar como región”.

Por su parte, el ministro Muena detalló que “fue una acción histórica, para la institución, para el fútbol, y para las familias, que el Estado se haya puesto al frente de esta situación, fue sumamente importante”.

De esta manera, el Gobierno provincial continúa fortaleciendo a las instituciones que no solo representan lugares de recreación deportiva, sino que también son pilares fundamentales en la cohesión comunitaria y en la promoción de valores fundamentales.

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Echarren: “El peaje al tránsito pesado permitirá mantener nuestras rutas”

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El nuevo sistema de peajes y control de cargas aprobado por la Legislatura rionegrina se aplicará sobre las rutas provinciales Nº 2, Nº 6, Nº 8, Nº 65, Nº 69 y solo a vehículos de carga que hagan uso de rutas provinciales con fines económicos.

No se cobrará peaje a los vehículos de uso privado radicados tributariamente en Río Negro, con excepción de ruta 2, cuyo cobro ya estaba autorizado anteriormente por ley.

De concretarse la solicitud del Gobierno Provincial de provincializar las rutas nacionales 22 y 151 para su finalización y mantenimiento, las mísmas también estarán afectadas al cobro de peaje

El nuevo sistema le permitirá a Vialidad Rionegrina contar con los recursos para poder mantener, mejorar y ejecutar obras viales en todo el territorio rionegrino. Tendrá un doble propósito: recaudatorio y de control de peso a fin de evitar que el transporte venga pasado de peso y estropee las rutas.

En un contexto de obra pública nacional paralizada y en donde el propio Gobierno Nacional anunció el fin del financiamiento para la obra pública, la Provincia encontró alternativas para mantener el estado de sus rutas provinciales.

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren , explicó que “por un lado todo lo que es insumo de materiales para el mantenimiento y reparación de rutas sufrió en el último año un incremento muy grande, al tiempo que la coparticipación vial disminuyó muchísimo; ese desfinanciamiento para mantener la seguridad y transitabilidad sus rutas la Provincia lo está sufriendo”.

“Por otro lado, el Gobierno Nacional tiene obras paradas como es el caso de la Ruta 22, la 23, la Rotonda Choele Choel; puntos y zonas donde tenemos un movimiento permanente de la actividad hidrocarburífera, y también estamos viendo que mucho del tránsito pesado de la actividad se da también por rutas provinciales; entonces no están estropeando las rutas provinciales porque las rutas nacionales están sin finalizar y sin mantenimiento y seguridad que tienen que tener vías de ese tipo para garantizar este tipo de tránsito que requiere la industria”, agregó.

Esta combinación de factores, ha hecho que el Gobierno Provincial resuelva sobre la necesidad de cobrar peaje a una actividad que se desarrolla sobre rutas provinciales. “Hay que llevarles tranquilidad a todos los vecinos y vecinas de la provincia, el peaje se aplicará sólo sobre el tránsito pesado como es el caso del petróleo, así que el rionegrino o rionegrina que, por ejemplo, quiera transitar la ruta turística 82 no pagará ningún peaje”; finalizó Echarren

La ley contempla además la creación de una Comisión de seguimiento de la inversión de los fondos recaudados a través del peaje.

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Golpe al narcotráfico: desmantelan punto de venta de droga en Villa Regina

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Por una denuncia anónima realizada al 0800-DROGAS, la Secretaría de Narcocriminalidad (SENAC) del Ministerio de Seguridad y Justicia y la Policía de Río Negro lograron desarticular un punto de venta de drogas en el barrio Cipolletti de Villa Regina.

El operativo se llevó a cabo después de tres meses de intensa investigación por parte de la División de Toxicomanía y Leyes Especiales del Alto Valle Este, permitiendo constatar la existencia de una vivienda utilizada como boca de expendio de estupefacientes. En el marco de las diligencias autorizadas por la Justicia Federal, se realizaron allanamientos en dos domicilios adicionales.

En la pesquisa principal, se encontró una importante cantidad de drogas listas para su comercialización. Los policías secuestraron envoltorios de cocaína y paquetes de marihuana fraccionada, así como también una suma de dinero en efectivo que ascendió a un total de 92.800 pesos argentinos. Además, se incautaron teléfonos celulares y una balanza de precisión, elementos utilizados en la distribución y venta de narcóticos.

En total, fueron identificadas tres personas que se encontraban involucradas en esta actividad ilícita. Los tres sujetos fueron imputados por infracción a la Ley 23.737, que penaliza el tráfico y comercialización de estupefacientes.

Es importante destacar que en este operativo también colaboraron la Delegación de Toxicomanía y Leyes Especiales de General Roca y la División de Toxicomanía de Allen, lo que permitió ampliar la red de investigación y lograr un resultado más contundente en la lucha contra el narcotráfico en la región del Alto Valle.

La desarticulación de esta red de narcotráfico representa un importante golpe para las organizaciones criminales que intentan aprovecharse de los barrios más vulnerables para expandir su negocio ilícito. El trabajo conjunto de las autoridades y la colaboración ciudadana son fundamentales para combatir este flagelo que afecta a nuestra sociedad.

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