Conectate con nosotros...

Nacionales

El kirchnerismo consiguió media sanción para elegir al Procurador con menos votos

Publicado

en

Después de un tenso debate con acusaciones cruzadas, el Senado le dio media sanción al proyecto de reforma a la ley orgánica del Ministerio Público y, a través de ella, la forma de elección y el tiempo de mandato del Procurador General de la Nación. La propuesta permitiría elegir al jefe de los fiscales con menos votos.

El proyecto impulsado por el Gobierno pasa a la Cámara de Diputados tras ser aprobado con 42 votos afirmativos y 27 negativos. Los cambios que le hicieron al proyecto original fueron leídos instantes antes de la votación.

​Para la oposición, el bloque K de la cámara alta busca echar al procurador interino Eduardo Casal y condicionar a Daniel Rafecas, el elegido del presidente Alberto Fernández.

“Está en tratamiento un instrumento para un brutal avance contra el ministerio público fiscal”, dijo la senadora de Juntos por el Cambio, Laura Rodríguez Machado, y sumó que “el objetivo es lograr la impunidad a través de la decisión política de poner a los fiscales de rodillas”.

También advirtió que “con este instrumento van a tener pendiendo de un hilo a Rafecas, porque todos sabemos que a Rafecas lo está poniendo Alberto Fernández y a Cristina no le gusta y va a poner otro”.

Antes, el también opositor Ernesto Martínez había señalado que “van al nombramiento y la destitución del procurador general. Eso se llama disciplinar”, y dijo que “la oposición no se doblega ni se vende pese a los intentos de algunos”.

El dictamen de mayoría fue firmado en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales el viernes pasado, luego de que la bancada del Frente de Todos lograra unificar tres propuestas en un dictamen de mayoría, mientras que el opositor interbloque de Juntos por el Cambio adelantó su rechazo a ese texto y manifestó que irá a la sesión con un dictamen en minoría.

Los ejes principales de la iniciativa, como el mandato de 5 años para el procurador General de la Nación y la eliminación de los dos tercios para su designación, se mantendrán intactos.

“El texto definitivo estará listo recién esta mañana”, dijo un integrante de la bancada del Frente de Todos. En la redacción final del proyecto trabajaban el cristinista Oscar Parrilli, los camporistas María de los Ángeles Sacnun, Anabel Fernández Sagasti y Martín Doñate y el jefe del bloque oficialista, el formoseño José Mayans.

La oposición se mostró de acuerdo durante el debate en la necesidad de hacer cambios en la ley del Ministerio Público, pero rechaza que se rebajen los dos tercios del Senado (48 votos) para la designación del jefe de los fiscales para permitir que se lo pueda nombrar con absoluta (37 votos). El bloque del Frente de Todos, con propios y aliados, suma 42 votos.

Dos de las iniciativas en las que se basó el oficialismo para el dictamen de mayoría pertenecen a los senadores opositores Martín Lousteau y Lucila Crexell, y fueron presentados en diciembre de 2019 pero, cuando el oficialismo decidió abrir ahora su discusión en comisión, ambos se retractaron y pidieron retirar sus iniciativas.

Sin embargo, el Frente de Todos se opuso al retiro y sumó puntos de esas normas a una nueva iniciativa que presentó el senador de Juntos Río Negro Alberto Weretilneck.

El texto unificado propone que el mandato del titular de la Procuración General de la Nación deje de ser vitalicio y dure cinco años con posibilidad de reelección por única vez, y que la elección no se planifique en un año electoral.

También prevé que la forma de elección se realice con mayoría absoluta -37 votos, la mitad de los miembros del cuerpo-, en lugar del requisito de los dos tercios de los presentes en el recinto que rige actualmente, algo a lo que la oposición se opone y que sí se mantendrá, de acuerdo al proyecto del oficialismo, en el caso de que se pretenda remover al procurador.

El debate se da mientras se aguarda que el oficialismo avance con la designación del nuevo Procurador, ya que el actual, Eduardo Casal, es interino y fue nombrado durante el Gobierno del macrismo, tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó, quien dejó su cargo el 31 de diciembre de 2017.

Nacionales

Las villas se quintuplicaron en dos décadas y la pobreza en ascenso

Publicado

en

En línea con los reportes del Observatorio de la Deuda Social que periódicamente difunde la UCA, Unicef publicó en un informe que en Argentina 2 de cada 3 son pobres por ingresos o están privados de derechos básicos a la educación, la protección social, una vivienda o baño adecuado, el agua o un hábitat seguro.

Del dramatismo que encierran estos datos estadísticos da pábulo que, en nuestro país, 7 de cada 10 niños, niñas y adolescentes se encuentran bajo la línea de pobreza.

Está a la vista. Basta con tomar nota que se erigieron 6.467 barrios populares, villas y asentamientos de todo el país, que en total ocupan una superficie tres veces más grande de la que de la Ciudad de Buenos Aires y en los que habita el 12% de la población, unas 5 millones de personas.

Figura en el último inventario efectuado por el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), con el decisivo aporte logístico de la ONG Techo Argentina y otras de la sociedad civil, presentado unos días antes que asumiera el presidente Javier Milei.

Casi un tercio de esos asentamientos está en la provincia de Buenos Aires: 2065.

De la acumulación de datos de barrios populares que centraliza el Renabap desde 2017 e iniciara la ONG Techo en 2009, al que denominan Relevamiento de Asentamientos Informales (RAI), surgen falencias sociales que dejan al descubierto una espeluznante desigualdad

En grandes números, el 66% de los residentes no accede a un suministro formal de energía eléctrica, el 92% no cuenta con agua potable, el 97% no está conectado a la red cloacal y el 99% recibe al suministro de gas domiciliario, por lo que debe comprar onerosas garrafas o usar los peligrosos braseros.

Además, el 87% de las mujeres que viven en esos barrios son responsables de hogar, y sólo un 31%, que incluye a las travestis-trans, tiene trabajo con ingresos.

“Más del 70% de la conformación de los barrios populares de la Argentina se dio de una manera que se conoce como ‘ocupación de tipo hormiga’: una familia o un grupo de familias se asientan en un lugar que estaba abandonado, donde nadie está haciendo uso de la tierra, y después van convocando a otras”, reflexiona Juan Maquieyra, director de la organización social Techo Argentina.

Y añade: “Sólo hablamos de los barrios populares cuando suceden casos que para la vida cotidiana son sueltos”.

Se refiere a las corrientes demonizadoras que se crean en la opinión pública, reñidas con asesinatos, delincuencia, tráfico de drogas o directamente o como cuando les endilgan que pretenden vivir de los favores ajenos, pluralizando por unos pocos que se hacen notar.

La ONG católica Cáritas recuerda al respecto que 519 de los más de 6.000 barrios llevan nombres de santos y santas y, de ellos, a 100 los bautizaron San Cayetano, el patrono del trabajo. A la vez, destacan que repiten mucho las palabras esperanza y unión.

El prejuicio contra los villeros, por otra parte, fue desacreditado y dado vuelta en un informe del Observatorio de Argentinos por la Educación y la Secretaría de Integración Socio Urbana del ex Ministerio de Desarrollo de la Nación, que se basa en una encuesta de alcance nacional a una muestra exploratoria de 540 familias de barrios populares con hijos e hijas en la escuela primaria y secundaria.

Esta compulsa junto a un estudio etnográfico que buscó identificar las demandas y expectativas de estas familias respecto de la educación de sus hijos/as, generaron conclusiones inquietantes, como que “la falta de oportunidades educativas, laborales y sociales de los jóvenes en espacios vulnerables contribuyen a su reclutamiento en el consumo y en el comercio de drogas, sumado a otras actividades ilegales”.

Advierte que los residentes en espacios con presencia de venta de drogas están más expuestos a situaciones de violencia y amedrentamiento, en un contexto de enfrentamiento entre grupos, familias o bandas que disputan los territorios.

Los actores sociales, las familias, los jóvenes de barrios populares que no participan de estas actividades ilegales sufren el miedo, la indefensión y el acoso de las bandas o grupos ilegales.

El comercio de drogas en los barrios populares se ve favorecido por la ausencia del Estado y/o la convivencia de las fuerzas de seguridad con las actividades ilícitas, desgrana el documento.

“La vida de los barrios populares es la de gente que trabaja, que festeja cumpleaños, que llora y se alegra por las mismas cosas que los vecinos de otros barrios, pero sólo son noticia cuando sucede algo excepcional”, aboga Maquieyra.

De acuerdo con la encuesta, en uno de cada cuatro hogares (26,5%) se identifica la venta y/o tráfico de drogas en su cuadra, manzana o vecindario.

Ocurre en el 12,1% en la Ciudad de Buenos Aires, pero en un 31,1% en el conurbano bonaerense (y en un 32,8% en el Gran Rosario), por arriba de lo que caracteriza a otras grandes y medianas ciudades del país (26,7% y 25,7%, respectivamente).

Es atribuido el incremento del riesgo de venta o tráfico de drogas en los barrios a la ausencia de presencia o vigilancia policial, en un 36,3%. Sin embargo, en caso de que existiera sólo reduciría el riesgo al 22%.

La percepción de venta de drogas en las villas o asentamientos sube al 49,2%, así como al 41,2% en los barrios populares de clase baja.

Comparativamente, en los barrios de clase media, este riesgo cae al 20,3% y en los de clase media-alta al 3,9%. No es que no exista el problema, pero es menor su prevalencia, así como también su visibilidad.

La frecuencia aumenta en las villas y asentamientos de la Ciudad de Buenos Aires y de las no metropolitanas, pero se extiende mucho más en los barrios populares del conurbano bonaerense y de otras ciudades metropolitanas.

En el Gran Rosario, la presencia de venta de drogas alcanza los valores comparativos más altos, tanto a nivel villas y asentamientos como a nivel general (76,3% y 32,8%, respectivamente), incluso cuando existe presencia policial en el barrio (38,6%).

A medida que aumenta la cantidad de carencias en materia de derechos para la inclusión social, también sube el riesgo a la presencia de venta y tráfico de drogas: 45,2% de hogares con tres o más carencias vs. al 10,5% de hogares sin carencias.

El comercio ilícito de drogas y las adicciones a sustancias psicoactivas constituyen fenómenos vinculados que afectan de manera crucial las capacidades de desarrollo humano a nivel personal, familiar y colectivo, así como la autonomía, la seguridad y la convivencia social.

La venta ilegal de drogas es un problema de alcance nacional cuya gravedad y extensión viene creciendo durante las últimas dos décadas a nivel general, pero sobre todo en los barrios más pobres, creando una entramado socioeconómico que debilita la integración social y las posibilidades de empoderamiento comunitario.

Afecta a toda la sociedad, aunque las principales víctimas son los jóvenes de las diferentes clases sociales y regiones del país, especialmente aquellos socialmente excluidos que carecen de estructuras sociales, familiares y/o comunitarias de apoyo y contención.

Si bien la venta y consumo de sustancias ilícitas atraviesa toda la estructura social, es en los espacios urbanos más vulnerables donde adquiere mayor penetración, visibilidad y consecuencias más graves, formando parte estructural de la vida económica y social de los barrios vulnerables.

El narcomenudeo en los barrios populares es una actividad económica que se apoya en una red de organización rudimentaria pero de mucho poder local debido a su extendida penetración entre los jóvenes, la participación de estructuras familiares, la ausencia del Estado y/o su convivencia con las fuerzas de seguridad.

Dado sus altos niveles de rentabilidad abarca un amplio conjunto de actividades y actores que operan por fuera de la economía formal, y sus agentes compiten entre sí a través de la violencia y el reclutamiento de jóvenes vulnerables, en un mercado sin reglas ni regulaciones.

Desde que fue convertido en política de Estado hace 9 años, para promover la inclusión social y urbana de quienes viven en villas y asentamientos del país, el Renabap dependía formalmente de la Secretaría de Integración Social y Urbana, aunque siempre con Techo como unidad ejecutora.

Fue constituido por ley 27.453 de 2018 (votada por amplía mayoría de sectores políticos), más conocida como ley de Barrios Populares,

Formar parte del Renabap no sólo les otorgó a los barrios un paraguas de legitimidad, sino que también fue el primer paso para que, mediante obras de infraestructura, el Estado los integrara al tejido urbano.

Pero, además, sus habitantes pueden acceder a un Certificado de Vivienda Familiar, lo que, además de brindarles amparos ante un eventual intento de desalojo, les permite tener un domicilio formal, paso fundamental para acceder a diferentes derechos, desde tramitar servicios básicos, hasta generar el CUIT o el CUIL y, con eso, recibir prestaciones en materia de salud, educación y previsionales.

Desde 2021 se destina un 9% del Impuesto País para financiar este fondo, que se reforzó con un 15% de lo recaudado por el Aporte Solidario y Extraordinario a las grandes fortunas”, recordó el comunicado.

De acuerdo a datos oficiales y evaluaciones externas (CIPPEC, 2023; ODSA-UCA, 2022; SISU, 2023), las obras ejecutadas a través de este programa abarcan más de 1200 proyectos en más de 300 municipios.

A junio de 2023 estaban en ejecución casi 20.000 nuevos lotes con servicios y alrededor de 250.000 mejoras de viviendas destinadas a mujeres a través del programa “Mi Pieza”.

Con distinta escala y profundidad, estas intervenciones han facilitado el acceso a infraestructura de servicios públicos y el mejoramiento habitacional en los barrios populares.

El gobierno de Milei suprimió en febrero el fideicomiso de Integración Socio Urbana (FISU), destinado a obras de infraestructura y para avanzar en la creación de lotes con servicio.

Lo fundamentó en presuntas irregularidades en su administración y personalizó la acusación en el dirigente social Juan Grabois.

Para su cumplimiento, se afectarían los terrenos habitados que no pertenezcan al Estado nacional, sean declarados de utilidad pública y, en consecuencia, expropiados.

La norma frenó los desalojos de los barrios incluidos en el registro hasta 2022 y, hace dos años, mediante un decreto, se extendió ese plazo por 10 años más, es decir, hasta 2032.

Las ONGs ACIJ, Techo y Hábitat para la Humanidad Argentina, en un comunicado conjunto, reclamaron la continuidad de las políticas de integración sociourbana de barrios populares y plantearon que “es fundamental sostener e incluso ampliar” el financiamiento de esos programas porque, “de lo contrario, solo se agravará la situación de un amplio sector de la población que vive en condiciones de alta vulnerabilidad”.

La acción que mancomunan no da abasto. Proyecto 7, que es una organización integrada por y para gente en situación de calle, celebró convenios con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y entidades privadas, más la ayuda de personas físicas, para hacer “las cuatro comidas para alrededor de 400 personas por día”, lo que no obstante, para Horacio Ávila, tu titular, “siempre todo es insuficiente”.

Fundamenta en que “solo en Ciudad de Buenos Aires, hay más de 12.000 personas en situación de calle”.

“Es un número realmente exorbitante y, lamentablemente, tenemos que decir que va aumentando y no hay respuesta del Estado”, aseveró.

Seguir Leyendo

Nacionales

Milei sobre la Ley Ómnibus: “Vamos a romper con el statu quo”

Publicado

en

El presidente Javier Milei celebró este martes el primer triunfo legislativo del oficialismo en la Cámara de Diputados, donde se obtuvo la media sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal. Si bien consideró que no será fácil “cortar con 100 años de decadencia”, opinó que “unidos vamos a romper con el statu quo”.

“Quiero agradecer a los diputados del PRO, especialmente a Cristian Ritondo y Silvia Lospennato, por el compromiso demostrado y el trabajo realizado para hacer realidad la media sanción de la Ley Bases en la Cámara Baja”, publicó el mandatario en su cuenta de la red social X.

En ese sentido, afirmó: “La historia recordará a quienes con honor y valentía estuvieron del lado del pueblo y no de los políticos que nos trajeron hasta acá”.

Milei dijo que “cortar con 100 años decadencia no va a ser fácil”, aunque aseguró que “unidos vamos a romper con el statu quo”. Y cerró fiel a su estilo: “¡Viva la libertad, carajo!”.

Más temprano, cuando se aprobó la media sanción de la Ley Bases, Milei consideró que se trata de “un paso fundamental para sacar a Argentina del pantano”.

“Este es un primer paso fundamental para sacar a Argentina del pantano que ha sido las últimas décadas. Quiero agradecer la enorme tarea de todos los diputados que, entendiendo el momento histórico, decidieron acompañar nuestro proyecto”, agregó.

Por otro lado, remarcó “con este primer paso estamos cada vez más cerca de poder encontrarnos el 25 de Mayo en La Docta, Córdoba, para dar inicio a una nueva era de prosperidad para la Argentina”.

Seguir Leyendo

Nacionales

Juan Zabaleta: “Milei es producto de un mal Gobierno”

Publicado

en

El ex ministro de Desarrollo Social y ex Intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, aseguró que el presidente Javier Milei “es producto de un mal gobierno, con quilombos internos”, en referencia al mandato de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Paralelamente, mostró preocupación por los jubilados ya que “les toca más tomar sopa que comer carne” y que, en estos tiempos, “tienen que elegir entre qué comprar y qué no”.

En diálogo con Radio Splendid, Zabaleta indicó que la seguridad en Argentina “es un problemón” pero que, particularmente, en el conurbano “es tremendo” porque es el resultado “del avance de la droga”. “Hay que acompañar al gobernador Axel Kicillof en esta etapa. No hay que hacerle lo mismo que a Alberto. Hay que cuidarlo”, señaló el ex intendente.

En la misma línea, apuntó contra el ex presidente Fernández y aseveró que “le faltó mucho para darle equilibro y funcionamiento al Gobierno”.

Con respecto a la actualidad de La Cámpora, Zabaleta exclamó que hoy “es un partido del Conurbano” y que “hay discusiones que van a ser eternas” vinculadas a “imponer y forzar” situaciones.

Para el ex ministro, en la Argentina actual “se perdió empatía y cercanía” porque las ideas que aparecen actualmente en el escenario político no suman ni van “para adelante”.

Por último, señaló que “hay derrotas que fortalecen y victorias que generan dudas” y que pretende “ser parte de la reconstrucción del peronismo”.

Seguir Leyendo




Redes Sociales

Tendencia