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Las villas se quintuplicaron en dos décadas y la pobreza en ascenso

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En línea con los reportes del Observatorio de la Deuda Social que periódicamente difunde la UCA, Unicef publicó en un informe que en Argentina 2 de cada 3 son pobres por ingresos o están privados de derechos básicos a la educación, la protección social, una vivienda o baño adecuado, el agua o un hábitat seguro.

Del dramatismo que encierran estos datos estadísticos da pábulo que, en nuestro país, 7 de cada 10 niños, niñas y adolescentes se encuentran bajo la línea de pobreza.

Está a la vista. Basta con tomar nota que se erigieron 6.467 barrios populares, villas y asentamientos de todo el país, que en total ocupan una superficie tres veces más grande de la que de la Ciudad de Buenos Aires y en los que habita el 12% de la población, unas 5 millones de personas.

Figura en el último inventario efectuado por el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), con el decisivo aporte logístico de la ONG Techo Argentina y otras de la sociedad civil, presentado unos días antes que asumiera el presidente Javier Milei.

Casi un tercio de esos asentamientos está en la provincia de Buenos Aires: 2065.

De la acumulación de datos de barrios populares que centraliza el Renabap desde 2017 e iniciara la ONG Techo en 2009, al que denominan Relevamiento de Asentamientos Informales (RAI), surgen falencias sociales que dejan al descubierto una espeluznante desigualdad

En grandes números, el 66% de los residentes no accede a un suministro formal de energía eléctrica, el 92% no cuenta con agua potable, el 97% no está conectado a la red cloacal y el 99% recibe al suministro de gas domiciliario, por lo que debe comprar onerosas garrafas o usar los peligrosos braseros.

Además, el 87% de las mujeres que viven en esos barrios son responsables de hogar, y sólo un 31%, que incluye a las travestis-trans, tiene trabajo con ingresos.

“Más del 70% de la conformación de los barrios populares de la Argentina se dio de una manera que se conoce como ‘ocupación de tipo hormiga’: una familia o un grupo de familias se asientan en un lugar que estaba abandonado, donde nadie está haciendo uso de la tierra, y después van convocando a otras”, reflexiona Juan Maquieyra, director de la organización social Techo Argentina.

Y añade: “Sólo hablamos de los barrios populares cuando suceden casos que para la vida cotidiana son sueltos”.

Se refiere a las corrientes demonizadoras que se crean en la opinión pública, reñidas con asesinatos, delincuencia, tráfico de drogas o directamente o como cuando les endilgan que pretenden vivir de los favores ajenos, pluralizando por unos pocos que se hacen notar.

La ONG católica Cáritas recuerda al respecto que 519 de los más de 6.000 barrios llevan nombres de santos y santas y, de ellos, a 100 los bautizaron San Cayetano, el patrono del trabajo. A la vez, destacan que repiten mucho las palabras esperanza y unión.

El prejuicio contra los villeros, por otra parte, fue desacreditado y dado vuelta en un informe del Observatorio de Argentinos por la Educación y la Secretaría de Integración Socio Urbana del ex Ministerio de Desarrollo de la Nación, que se basa en una encuesta de alcance nacional a una muestra exploratoria de 540 familias de barrios populares con hijos e hijas en la escuela primaria y secundaria.

Esta compulsa junto a un estudio etnográfico que buscó identificar las demandas y expectativas de estas familias respecto de la educación de sus hijos/as, generaron conclusiones inquietantes, como que “la falta de oportunidades educativas, laborales y sociales de los jóvenes en espacios vulnerables contribuyen a su reclutamiento en el consumo y en el comercio de drogas, sumado a otras actividades ilegales”.

Advierte que los residentes en espacios con presencia de venta de drogas están más expuestos a situaciones de violencia y amedrentamiento, en un contexto de enfrentamiento entre grupos, familias o bandas que disputan los territorios.

Los actores sociales, las familias, los jóvenes de barrios populares que no participan de estas actividades ilegales sufren el miedo, la indefensión y el acoso de las bandas o grupos ilegales.

El comercio de drogas en los barrios populares se ve favorecido por la ausencia del Estado y/o la convivencia de las fuerzas de seguridad con las actividades ilícitas, desgrana el documento.

“La vida de los barrios populares es la de gente que trabaja, que festeja cumpleaños, que llora y se alegra por las mismas cosas que los vecinos de otros barrios, pero sólo son noticia cuando sucede algo excepcional”, aboga Maquieyra.

De acuerdo con la encuesta, en uno de cada cuatro hogares (26,5%) se identifica la venta y/o tráfico de drogas en su cuadra, manzana o vecindario.

Ocurre en el 12,1% en la Ciudad de Buenos Aires, pero en un 31,1% en el conurbano bonaerense (y en un 32,8% en el Gran Rosario), por arriba de lo que caracteriza a otras grandes y medianas ciudades del país (26,7% y 25,7%, respectivamente).

Es atribuido el incremento del riesgo de venta o tráfico de drogas en los barrios a la ausencia de presencia o vigilancia policial, en un 36,3%. Sin embargo, en caso de que existiera sólo reduciría el riesgo al 22%.

La percepción de venta de drogas en las villas o asentamientos sube al 49,2%, así como al 41,2% en los barrios populares de clase baja.

Comparativamente, en los barrios de clase media, este riesgo cae al 20,3% y en los de clase media-alta al 3,9%. No es que no exista el problema, pero es menor su prevalencia, así como también su visibilidad.

La frecuencia aumenta en las villas y asentamientos de la Ciudad de Buenos Aires y de las no metropolitanas, pero se extiende mucho más en los barrios populares del conurbano bonaerense y de otras ciudades metropolitanas.

En el Gran Rosario, la presencia de venta de drogas alcanza los valores comparativos más altos, tanto a nivel villas y asentamientos como a nivel general (76,3% y 32,8%, respectivamente), incluso cuando existe presencia policial en el barrio (38,6%).

A medida que aumenta la cantidad de carencias en materia de derechos para la inclusión social, también sube el riesgo a la presencia de venta y tráfico de drogas: 45,2% de hogares con tres o más carencias vs. al 10,5% de hogares sin carencias.

El comercio ilícito de drogas y las adicciones a sustancias psicoactivas constituyen fenómenos vinculados que afectan de manera crucial las capacidades de desarrollo humano a nivel personal, familiar y colectivo, así como la autonomía, la seguridad y la convivencia social.

La venta ilegal de drogas es un problema de alcance nacional cuya gravedad y extensión viene creciendo durante las últimas dos décadas a nivel general, pero sobre todo en los barrios más pobres, creando una entramado socioeconómico que debilita la integración social y las posibilidades de empoderamiento comunitario.

Afecta a toda la sociedad, aunque las principales víctimas son los jóvenes de las diferentes clases sociales y regiones del país, especialmente aquellos socialmente excluidos que carecen de estructuras sociales, familiares y/o comunitarias de apoyo y contención.

Si bien la venta y consumo de sustancias ilícitas atraviesa toda la estructura social, es en los espacios urbanos más vulnerables donde adquiere mayor penetración, visibilidad y consecuencias más graves, formando parte estructural de la vida económica y social de los barrios vulnerables.

El narcomenudeo en los barrios populares es una actividad económica que se apoya en una red de organización rudimentaria pero de mucho poder local debido a su extendida penetración entre los jóvenes, la participación de estructuras familiares, la ausencia del Estado y/o su convivencia con las fuerzas de seguridad.

Dado sus altos niveles de rentabilidad abarca un amplio conjunto de actividades y actores que operan por fuera de la economía formal, y sus agentes compiten entre sí a través de la violencia y el reclutamiento de jóvenes vulnerables, en un mercado sin reglas ni regulaciones.

Desde que fue convertido en política de Estado hace 9 años, para promover la inclusión social y urbana de quienes viven en villas y asentamientos del país, el Renabap dependía formalmente de la Secretaría de Integración Social y Urbana, aunque siempre con Techo como unidad ejecutora.

Fue constituido por ley 27.453 de 2018 (votada por amplía mayoría de sectores políticos), más conocida como ley de Barrios Populares,

Formar parte del Renabap no sólo les otorgó a los barrios un paraguas de legitimidad, sino que también fue el primer paso para que, mediante obras de infraestructura, el Estado los integrara al tejido urbano.

Pero, además, sus habitantes pueden acceder a un Certificado de Vivienda Familiar, lo que, además de brindarles amparos ante un eventual intento de desalojo, les permite tener un domicilio formal, paso fundamental para acceder a diferentes derechos, desde tramitar servicios básicos, hasta generar el CUIT o el CUIL y, con eso, recibir prestaciones en materia de salud, educación y previsionales.

Desde 2021 se destina un 9% del Impuesto País para financiar este fondo, que se reforzó con un 15% de lo recaudado por el Aporte Solidario y Extraordinario a las grandes fortunas”, recordó el comunicado.

De acuerdo a datos oficiales y evaluaciones externas (CIPPEC, 2023; ODSA-UCA, 2022; SISU, 2023), las obras ejecutadas a través de este programa abarcan más de 1200 proyectos en más de 300 municipios.

A junio de 2023 estaban en ejecución casi 20.000 nuevos lotes con servicios y alrededor de 250.000 mejoras de viviendas destinadas a mujeres a través del programa “Mi Pieza”.

Con distinta escala y profundidad, estas intervenciones han facilitado el acceso a infraestructura de servicios públicos y el mejoramiento habitacional en los barrios populares.

El gobierno de Milei suprimió en febrero el fideicomiso de Integración Socio Urbana (FISU), destinado a obras de infraestructura y para avanzar en la creación de lotes con servicio.

Lo fundamentó en presuntas irregularidades en su administración y personalizó la acusación en el dirigente social Juan Grabois.

Para su cumplimiento, se afectarían los terrenos habitados que no pertenezcan al Estado nacional, sean declarados de utilidad pública y, en consecuencia, expropiados.

La norma frenó los desalojos de los barrios incluidos en el registro hasta 2022 y, hace dos años, mediante un decreto, se extendió ese plazo por 10 años más, es decir, hasta 2032.

Las ONGs ACIJ, Techo y Hábitat para la Humanidad Argentina, en un comunicado conjunto, reclamaron la continuidad de las políticas de integración sociourbana de barrios populares y plantearon que “es fundamental sostener e incluso ampliar” el financiamiento de esos programas porque, “de lo contrario, solo se agravará la situación de un amplio sector de la población que vive en condiciones de alta vulnerabilidad”.

La acción que mancomunan no da abasto. Proyecto 7, que es una organización integrada por y para gente en situación de calle, celebró convenios con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y entidades privadas, más la ayuda de personas físicas, para hacer “las cuatro comidas para alrededor de 400 personas por día”, lo que no obstante, para Horacio Ávila, tu titular, “siempre todo es insuficiente”.

Fundamenta en que “solo en Ciudad de Buenos Aires, hay más de 12.000 personas en situación de calle”.

“Es un número realmente exorbitante y, lamentablemente, tenemos que decir que va aumentando y no hay respuesta del Estado”, aseveró.

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Rosatti contra el ajuste de Milei: “No vaya a ser que quieran recortar cargos en la Corte”

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El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, disertó en el 41º Congreso Anual del IAEF, donde advirtió sobre el aumento de la cantidad de expedientes que debe resolver el máximo tribunal con el mismo personal y aprovechó para lazar una ironía sobre el ministro de Economía, Luis Caputo, y la “motosierra” de la gestión libertaria: “No vaya a ser que nos quiera recortar cargos”.

“Después viene el ministro, no vaya a ser que nos quiera recortar cargos”, sostuvo Rosatti en alusión a que después de él iba a disertar el titular del Palacio de Hacienda.

Lo dijo después de hacer una comparación con el máximo tribunal de los Estados Unidos: “Sacan 100 (causas), nosotros 30 mil por año. Y con el mismo personal, o menos”, detalló.

E insistió: “Hace 8 años, cuando entré en la Corte, recibíamos 15 mil casos anuales, hoy entran el doble”.

Al respecto, envió un mensaje a la política, que suelen plantear varios miembros del Poder Judicial, acerca de que los dirigentes políticos deben resolver las cuestiones que les atañen y así evitar la judicialización, y que sean los jueces los que tomen las decisiones.

“Cada vez más se judicializa la sociedad, cada vez más se judicializa la política, debido a que las cuestiones no son resultas por los estamentos políticos. El juez no debe reemplazar al representa del pueblo, lo deseable en un sistema democrático es que los poderes representativos puedan resolver las cuestiones”, señaló.

Y agregó: “No tenemos vocación de tomar decisiones trascendentales para nuestro país cuando es menester de los poderes representativos. Una mayoría de tres personas (en alusión a la Corte actual) es poco. A veces nos dicen que los jueces reemplazamos a la política, pero nosotros tenemos un caso, no lo inventamos, nos llegó y esperamos y como no se resolvió debimos hacerlo”.

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Javier Milei: “España está haciendo un papelón internacional”

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El presidente Javier Milei arremetió contra su par de España, Pedro Sánchez, a quien acusó de ser “un socialista fatalmente arrogante”, y cuestionó su decisión de retirar de forma definitiva a la embajadora en la Argentina, María Jesús Alonso Jiménez.

“Es un disparate propio de un socialista fatalmente arrogante”, remarcó el mandatario en una entrevista televisiva, y aseguró que la Argentina no retirará a su embajador, Roberto Bosch, de España. “No voy a ser tan imbécil de repetir semejante error”, argumentó.

En la misma línea, agregó que su par español “es tan fatalmente arrogante que ante un problema personal por una frase que no contenía nombres, se sintió aludido, con lo cual el problema es del señor Pedro Sánchez, y a partir de ahí hace una escalada diplomática sin sentido y como si esto fuera poco, él se cree que es el Estado”.

“Es bien de socialista. Si cree que alguien habló de una persona de su familia, su mujer, involucrada en casos de corrupción, hay que explicarle que él no es el Estado y no es España y mucho menos su mujer”, sostuvo, y agregó: “Está manchando la reputación internacional de España y esta dejando los personajes siniestros que son los socialistas”.

El mandatario debió suspender su participación en la reunión de Gabinete tras el anuncio que protagonizó el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a raíz de las acusaciones de “corrupción” que propició Milei contra Begoña Gómez, la esposa del mandatario español, durante su exposición en el acto de Vox.

“Él llora interferencia en la política, cosa que es falso, porque fui dar una charla sobre socialismo y capitalismo, y él hizo campaña abiertamente para Massa. No tuvo el decoro de llamarme por teléfono”, sostuvo respecto a Sánchez.

Por su parte, Milei redobló la apuesta al sostener que “parece que la democracia es si ganan los rojitos como él. Ellos son la democracia”, y acusó al gobierno del PSOE de agredirlo. “Cuando no se adhiere a algún punto que sostienen como dogma es descalificado y estigmatizado. Una de las ministras de Sánchez organizó un escrache en mi contra. Atrás de esto está el kirchnerismo”, insistió.

“Ellos pueden insultar a todo el mundo y yo me tengo que quedar callado. ¿Dónde dejo mi dignidad?”, subrayó al tiempo que marcó que “hay un vínculo estructural de largo plazo con España”.

Asimismo, prometió que la relación con España no se verá afectada por la tensión y planteó que Sánchez “se convertirá en un hazmerreír” por elevar un conflicto personal al plano diplomático. “Una de las características de los socialistas es sabotear a gobiernos que no son de su paladar”, aseguró.

“El complejo de inferioridad que tiene con mi persona… el psicólogo que está recomendando Alberto Fernández que se lo recomiende a Sánchez y un buen abogado para Begoña”, marcó tras los dichos del expresidente peronista.

A pesar de las alertas del gobierno español de elevar el conflicto a la Unión Europea, Milei respondió: “Que lo lleve a donde quiera, va a quedar más ridículo, todo el mundo entiende la dinámica de los hechos”.

Por último, el jefe de Estado llamó “liliputiense” y “cucarachas” a quienes criticaron los gastos de su viaje a España, y remarcó que “no están acostumbrados a ver una persona que es uno de los cinco líderes más importantes”. “Cada vez que voy a un lugar es una fiesta. Soy reconocido públicamente en el mundo como el máximo defensor de las ideas de la libertad”, concluyó.

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El sector metalúrgico sigue en picada: cayó 19,5% en abril

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El sector metalúrgico registró en abril una caída de 19,5% en forma interanual y acumuló en el primer cuatrimestre una contracción de 8,6%, según un informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA).

En tanto, con relación a marzo se verificó una disminución de 2,3%.

El presidente Javier Milei afirmó en las últimas horas que la actividad económica había tocado “piso entre marzo y abril” y en ese marco se encuadran este balance del sector.

Pero según ADIMRA “la contracción registrada durante abril es una de las cuatro más fuertes de los últimos 8 años, solo superada por tres de los meses más estrictos con respecto a las restricciones vinculadas a la pandemia del 2020”.

No obstante, el informe indica que “a pesar de las fuertes contracciones en la actividad verificadas en los últimos meses, aún no se observa una situación de tal magnitud en el nivel de empleo que aportan las empresas del sector. Si comparamos contra el mes previo, el empleo se contrajo -0,5%, pero se observa una relativa estabilidad desde mediados del 2022”.

En otro orden, la utilización de la capacidad instalada también retrocedió ubicándose -13,4% por debajo del mismo mes del año previo y -8% debajo del promedio del 2023.

A nivel sectorial, se registró nuevamente, una caída sistémica en todos los subsectores que componen el entramado industrial metalúrgico, con contracciones de dos cifras y caídas de hasta -23% con respecto al mismo mes del año previo.

Las empresas proveedoras de las cadenas de valor de la construcción y el consumo final son las que han demostrado peores desempeños relativos, con caídas que superan el -20% de manera interanual.

Por otro lado, las que proveen a los sectores de petróleo, gas y minería han demostrado los mejores desempeños relativos aunque en el promedio también registran caídas en su producción.

El sector de Carrocería y remolque (-23,2%) Fundición (-22,3%), Equipo Médico (-22,2%) y Bienes de Capital (-20,4%), han sido de los más afectados durante el mes en curso, con caídas que superan al promedio general mientras que la Maquinaria Agrícola (-15,2%) fue uno de los sectores que menos han caído durante el mes.

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, advirtió que “la producción continúa en un sendero de caída constante en línea con la demanda interna y el uso de la capacidad instalada, por lo que es necesario promover la inversión con el impulso del desarrollo de la industria nacional” y enfatizó que el Régimen de Grandes Inversiones -RIGI- presentado en el proyecto de Ley Bases “puede generar un escenario de competencia desleal con los productos importados, lo que puede profundizar aún más la caída de los índices de producción y el empleo”.

En el análisis por cadena de valor, hubo caídas generalizadas pero con algunas diferencias significativas, centradas en las empresas vinculadas a las cadenas de petróleo, gas y minería que han vuelto a tener contracciones en su nivel de actividad menores al resto de las empresas.

Los establecimientos vinculados a la cadena de valor de la construcción continúan registrando caídas mucho más fuertes que el promedio general producto de la disminución en la obra pública y la actividad de la construcción en general.

Con respecto a la situación de las principales provincias metalúrgicas se observan, nuevamente, caídas generalizadas en todas las regiones con valores que oscilan entre el -13% y el -21%.

En Santa Fe (-21,2%) la producción del sector cayó de manera mucho más fuerte que en el resto de provincias, influenciado por los bajos niveles de actividad que aún registra el sector de Maquinaria Agrícola, de mucha importancia en la región. Por otro lado, Córdoba (-11,4) y Entre Ríos (-12,9%) registraron las menores caídas en términos relativos. En Mendoza (-15,3%), algunas empresas vinculadas a la cadena de petróleo y gas contribuyeron a morigerar la caída de la provincia. En Buenos Aires (-19,1%).

En tanto, el sector de Maquinaria Agrícola parece comenzar a recuperarse con empresas que están aumentando su producción con respecto a un año anterior que ha sido muy malo producto de la sequía.

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