El ministro de Economía, Luis Caputo, declaró que Marco Lavagna, quien ocupó el cargo de titular del INDEC, se fue del gobierno “de manera amigable”. La salida de Lavagna se produjo en medio de un contexto marcado por cuestiones técnicas relacionadas con el índice de inflación, lo que ha generado una serie de versiones y especulaciones.

Durante su intervención, Caputo intentó despejar cualquier duda respecto a la salida de Lavagna, afirmando que “no hay nada que ocultar” y subrayando que su renuncia no fue resultado de presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para modificar la medición de este importante indicador económico. El ministro explicó que se había previsto aplicar el método utilizado por Lavagna en una futura etapa de desinflación, aunque el proceso se ha retrasado.

El funcionario también destacó que existió un “ataque político” por parte de ciertos sectores que buscan perjudicar la estabilidad del país. En su declaración, Caputo reveló que Lavagna se había comunicado con él para expresar su inquietud por la cantidad de rumores y versiones que surgieron inmediatamente después de su renuncia, incluso ofreciéndose a brindar una declaración pública para aclarar la situación.

Además, el ministro anunció que la economía argentina experimentará un crecimiento cercano al 4% durante el presente año, lo que se traducirá en un incremento de los salarios y en una reducción de la inflación y la pobreza. “Se recuperó la esperanza”, afirmó Caputo al resaltar que el actual gobierno ha logrado sacar a 23 millones de argentinos de la pobreza, enfatizando que hay una mayor inversión que permite el regreso de aquellos que habían abandonado el país.

En relación a la controversia por el precio de la indumentaria, Caputo defendió su afirmación sobre vestirse con ropa comprada en el exterior, destacando que el sector ahora tiene la capacidad de competir a pesar de las diferencias de precios. Afirmó que bajo una economía cerrada, como ocurrió en el pasado, no hubo espacio para el crecimiento que se está experimentando actualmente.

Finalmente, el ministro se refirió a la reciente queja de Paolo Rocca, quien expresó su descontento tras la pérdida de una licitación en Vaca Muerta. Caputo aseguró que no hubo “competencia desleal” y que Techint, la empresa de Rocca, tiene la capacidad de competir en futuros procesos licitatorios sin dificultades. Con estas declaraciones, Caputo busca consolidar un mensaje de confianza en la estabilidad y el futuro económico de Argentina.

El Gobierno nacional aprobó la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad y estableció los procedimientos operativos para un nuevo régimen de pensiones no contributivas destinado a personas con discapacidad, según se publicó hoy en el Boletín Oficial.

La medida, dispuesta mediante el Decreto 84/2026 firmado por el presidente Javier Milei, responde a una sentencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana que ordenó la aplicación inmediata de la Ley 27.793, tras declarar la invalidez de un decreto anterior que había suspendido su ejecución por falta de financiamiento.

La reglamentación define con precisión los criterios de acceso al nuevo régimen de pensiones, las condiciones de permanencia, las incompatibilidades con otros beneficios, los procedimientos administrativos y los mecanismos de control correspondientes. De acuerdo con los considerandos de la norma, la configuración del sistema deberá articularse con las reglas de compatibilidad de ingresos y con las políticas de inclusión laboral de las personas con discapacidad.

El decreto incorpora la Secretaría Nacional de Discapacidad al organigrama del Ministerio de Salud, centralizando la política de discapacidad en esa cartera. Esta decisión responde a una concepción integral del derecho a la salud y a la protección social, que comprende dimensiones sanitarias, sociales, económicas y de acceso a derechos.

La norma instruye a la Secretaría Nacional de Discapacidad a convocar al Consejo Federal de Discapacidad para acordar los criterios de evaluación socioeconómica y presentar un plan de auditorías periódicas dentro de los 30 días. Asimismo, faculta a esa secretaría a dictar las normas aclaratorias y complementarias necesarias para la implementación.

El decreto establece la conversión de oficio de las pensiones no contributivas otorgadas con anterioridad a su vigencia en la nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, lo que impone a la autoridad de aplicación la adopción de medidas para identificar, relevar y verificar las condiciones de las prestaciones alcanzadas.

Las medidas adicionales que se acuerden con el Consejo Federal de Discapacidad serán implementadas mediante esquemas de cooperación y cofinanciamiento entre el Estado Nacional y las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a sus respectivas competencias y disponibilidades presupuestarias. La reglamentación entró en vigencia a partir del día de su dictado, el 3 de febrero de 2026.

El gobierno argentino ha solicitado el desafuero de diez gremialistas del Hospital Garrahan, con el objetivo de proceder a sus despidos. Esta noticia fue anunciada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien afirmó que los sindicalistas están involucrados en la “toma ilegal” de oficinas en la dirección del hospital, una acción que ocurrió en octubre de 2025.

Adorni, a través de su cuenta de Twitter, destacó que la toma había sido una manifestación en medio de crecientes protestas de médicos y residentes por el retraso en el pago de salarios y la falta de implementación de la ley de emergencia pediátrica. En total, el gobierno también planea sancionar a 29 personas más por su participación en estos acontecimientos.

El conflicto se intensificó tras la designación de Mariano Pirozzo como nuevo director del hospital, un nombramiento que fue rechazado por el gremio. Pirozzo había tenido un papel controvertido como interventor en el Hospital Bonaparte y llegó a Garrahan en un contexto de tensiones laborales y cambios en la dirección del consejo de administración.

La solicitud de desafuero se produce en un contexto de confrontación entre el gobierno y sectores sindicales, lo que podría agravar el clima de protesta en el hospital. Los gremialistas habían estado exigiendo mejoras salariales y garantías para su trabajo, lo que acentuó las diferencias con la administración del hospital y el gobierno.

La respuesta de los gremialistas ante esta medida no se hizo esperar. La situación pone de manifiesto el conflicto creciente entre el gobierno y los trabajadores del sector salud, quienes argumentan que sus demandas son legítimas y deben ser parte de una discusión más amplia sobre la política de salud en el país.

En la próxima jornada, se espera que el gobierno y los sindicatos debatan sobre este tema, que promete traer más polémica y movilizaciones en el sector. Mientras tanto, la comunidad hospitalaria sigue atenta a la evolución del conflicto y las decisiones que se tomen en este contexto.