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Nacionales

El Gobierno disolvió el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas

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El Gobierno nacional ha decidido disolver el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial. Esta medida, que responde a un grave desequilibrio financiero que afectaba a la institución —con un déficit acumulado estimado en alrededor de 200.000 millones de pesos—, dará lugar a la creación de dos nuevas obras sociales: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG).

La nueva OSFA estará bajo la supervisión del Ministerio de Defensa y tendrá la responsabilidad de cubrir las prestaciones médico-asistenciales del personal militar, ya sea en actividad, retirado o pensionado, así como de sus familias primarias. El organismo tiene el mandato de garantizar que las prestaciones ofrecidas no sean inferiores al Programa Médico Obligatorio, y su directorio estará compuesto por representantes de cada fuerza armada.

Por su parte, la OSFFESEG operará bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad Nacional, y se encargará de la atención sanitaria del personal de fuerzas como Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina. Este nuevo organismo también puede incorporar a futuras fuerzas federales, con un directorio designado por la cartera de Seguridad que deberá tener idoneidad técnica en gestión pública.

El decreto establece que ambas obras sociales deben destinar al menos el 80% de sus recursos a prestaciones de salud, limitando los gastos administrativos y operativos al 8%, y permitiendo un máximo del 12% para otras prestaciones solo si se han cumplido las obligaciones primarias. Esta estructura busca asegurar que la mayor parte de los fondos se utilice directamente para la atención médica.

La disolución del IOSFA llega en un contexto de crisis y denuncias acumuladas por sus afiliados. Durante el año pasado, muchos beneficiarios reportaron que las prestaciones de salud se suspendieron y, a pesar de ello, continuaron sufriendo descuentos en sus haberes, lo que los llevó a pagar tratamientos por fuera del sistema. Esto generó un ambiente de descontento y exigencia por parte de organizaciones sindicales.

La reestructuración de la obra social es vista como una respuesta a la demanda de especialización en la atención de personal militar y de seguridad, signando un nuevo capítulo en la provisión de servicios de salud para estas fuerzas. Sin embargo, también plantea desafíos logísticos significativos, como garantizar la continuidad de la atención médica durante la transición entre los antiguos y nuevos organismos.

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El freno económico golpea al empleo: la industria lidera las caídas

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La actividad económica mostró señales de desaceleración en febrero, en un contexto en el que la industria volvió a posicionarse como el sector más afectado. De acuerdo con datos relevados por el sector privado, la producción industrial registró caídas tanto en la comparación mensual como interanual, reflejando un freno en la dinámica económica general.

El retroceso industrial se enmarca en una tendencia que se arrastra desde 2025 y que no logra revertirse en el inicio de 2026. En febrero, la producción fabril mostró una contracción cercana al 3% interanual y también cayó frente a enero en términos desestacionalizados, consolidando un escenario de estancamiento.

El informe advierte que el nivel de actividad se mantiene aproximadamente un 10% por debajo de los registros de 2022 y 2023, lo que evidencia la persistencia de un ciclo recesivo en el sector. En los últimos doce meses, incluso, la industria acumuló una baja promedio cercana al 9%, sin señales claras de recuperación sostenida.

Entre los rubros más golpeados se destacan la industria automotriz, la metalmecánica, la producción de acero y los sectores vinculados a la construcción, todos ellos afectados por la debilidad de la demanda. También se registraron caídas significativas en textiles, maquinaria y bienes durables, que suelen ser más sensibles a los cambios en el consumo.

Uno de los principales factores detrás de este deterioro es la retracción del consumo interno, en un contexto de pérdida de poder adquisitivo y menor dinamismo económico. A esto se suma un escenario externo menos favorable, con una baja en las exportaciones industriales —especialmente hacia Brasil— que impacta de lleno en sectores clave como el automotriz.

Si bien algunos segmentos puntuales mostraron leves mejoras, el panorama general sigue dominado por la caída de la actividad. Las perspectivas a corto plazo no anticipan una recuperación rápida, ya que la evolución del sector depende en gran medida de una mejora en los ingresos y en la demanda, variables que por ahora continúan debilitadas.

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Soberanía y petróleo: Milei envió un mensaje contundente sobre Malvinas

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El presidente Javier Milei reafirmó el pedido de soberanía por las Islas Malvinas y envió un fuerte mensaje contra la explotación petrolera promovida por el Reino Unido, según expresó durante su discurso por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Asimismo, reafirmó el derecho “al ejercicio pleno” de los espacios marítimos circundantes de las Georges del Sur y San Luis del Sur y subrayó que el conflicto del Atlántico Sur en 1982 “no alteró la naturaleza jurídica de esta disputa” que aún es reconocida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) “como una situación colonial especial y particular” que debe resolverse mediante el “diálogo maduro y sincero” entre la Argentina y el Reino Unido.

En cuanto a la situación sobre las Fuerzas Armadas, Milei aseguró que “se está abordando con responsabilidad la crisis estructural” no sólo de los salarios, sino también de la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad, mediante una reorganización institucional “que prioriza la cobertura médica del personal y sus familias, limita el gasto administrativo y garantiza una transición ordenada”: “Somos conscientes de que hay una deuda en lo salarial con las fuerzas”, añadió.

“Un país que busca ser protagonista en el escenario global necesita fuerzas bien pagas y equipadas, a la altura de lo que el contexto global demanda. Dentro del marco del equilibrio fiscal, reafirmamos el compromiso de este Gobierno de llevar a cabo la reconstrucción de nuestras Fuerzas Armadas. Es un proceso que llevará tiempo, pero cuya dirección será certera”, señaló el mandatario.

En la misma línea, confirmó que desde el Gobierno Nacional destinarán “el 10% de los ingresos fiscales provenientes de las privatizaciones” a la compra de armamento y bienes de capital para “fortalecer el sistema de defensa nacional”.

Por otra parte, y respecto a la inversión anunciada por las empresas Rockhopper Exploration, Navitas Petroleum, el yacimiento Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte, el Presidente manifestó que el país “responderá con todas las medidas diplomáticas necesarias para proteger sus derechos y defender sus intereses”.

“Deseo expresar mis sinceros agradecimientos por los reiterados apoyos y pronunciamientos en favor de la cuestión de las Islas Malvinas en el ámbito del Comité Especial de Colonización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y el MERCOSUR, entre otros espacios. Ese respaldo reafirma la legitimidad de nuestro reclamo y acompaña el llamado de la Argentina a avanzar hacia una solución pacífica y definitiva. Al mismo tiempo, actuamos con decisión frente a las actividades unilaterales e ilegítimas que pretenden avanzar sobre recursos que pertenecen a los argentinos”, concluyó.

 

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Argentina declaró terrorista a la Guardia Revolucionaria Islámica

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El Gobierno argentino declaró como organización terrorista al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán, vinculándolo directamente con los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994. La medida habilita sanciones financieras y restricciones operativas contra el grupo.

El anuncio fue realizado por la Oficina del Presidente y oficializado desde la Casa Rosada. El comunicado subraya que la Argentina fue víctima de “dos de los atentados terroristas más graves de la historia”, en referencia a los ataques que dejaron decenas de muertos y cientos de heridos en Buenos Aires. Según el Gobierno, el brazo operativo regional de la Guardia Revolucionaria Islámica actuó a través de Hezbolá en ambos hechos.

La declaración como organización terrorista implica que el CGRI queda sujeto a sanciones financieras, congelamiento de activos y restricciones operativas en territorio argentino. Esto busca impedir cualquier tipo de financiamiento o apoyo logístico que pueda vincularse con la organización. Además, se refuerza la cooperación internacional en materia de seguridad y lucha contra el terrorismo.

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”zxx” dir=”ltr”><a href=”https://t.co/ds0Jx5mXIm”>pic.twitter.com/ds0Jx5mXIm</a></p>&mdash; Oficina del Presidente (@OPRArgentina) <a href=”https://twitter.com/OPRArgentina/status/2039139485535883744?ref_src=twsrc%5Etfw”>April 1, 2026</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

Repercusiones políticas

La medida marca un alineamiento de la política exterior argentina con países que ya habían tomado decisiones similares, como Estados Unidos y algunos miembros de la Unión Europea. El Gobierno busca enviar un mensaje de firmeza frente a las amenazas terroristas y reforzar su compromiso con la memoria de las víctimas de los atentados.

Con esta declaración, Argentina se suma a la lista de países que consideran al CGRI una amenaza global. La decisión refuerza la narrativa oficial de que el país no tolerará la presencia ni el financiamiento de grupos vinculados al terrorismo internacional, y busca consolidar su posición en el escenario internacional como actor comprometido con la seguridad y la memoria histórica.

Relación con los atentados históricos

El comunicado oficial recuerda que los ataques contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994 fueron atribuidos a Hezbolá, considerado el brazo operativo regional del CGRI. La decisión de declarar terrorista a la organización iraní se fundamenta en la responsabilidad directa que se le adjudica en esos hechos, que aún generan reclamos de justicia en la sociedad argentina.

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