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“Sin palabra no hay confianza”: el duro diagnóstico de Pesatti

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El vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, afirmó que la Argentina enfrenta una profunda crisis de credibilidad vinculada a la degradación del valor de la palabra en la vida pública. “El valor de la palabra ha sido, desde siempre, uno de los pilares más sólidos de la vida en comunidad”, sostuvo, y advirtió que cuando ese principio se debilita también lo hace la confianza social. “Allí donde la palabra conserva su valor y se sostiene con independencia de las circunstancias, la confianza se vuelve posible y se expande. En cambio, allí donde la palabra se degrada, la vida social comienza a deteriorarse”, señaló.

Pesatti explicó que esta lógica se observa tanto en la vida cotidiana como en la esfera pública. “Desde muy temprano aprendemos a distinguir entre quien honra sus compromisos y quien utiliza la palabra de forma instrumental para obtener una ventaja sin medir sus consecuencias”, afirmó. En ese sentido, remarcó que “la palabra cumplida abre puertas, y quien deshonra lo que dice termina, más temprano o más tarde, devaluado como un infame”.

El vicegobernador extendió ese razonamiento al funcionamiento de los Estados y citó al filósofo chino Confucio para subrayar la importancia de la confianza pública. “Un pueblo puede sobrevivir a la falta de comida, pero sucumbe ante la falta de confianza”, recordó. Para Pesatti, el equivalente institucional de la palabra individual es la seguridad jurídica: “Honrar la palabra en la vida de las personas es exactamente lo que la seguridad jurídica representa en la vida de los Estados”.

En esa misma línea, mencionó el pensamiento de Hannah Arendt, quien vinculó la estabilidad de las comunidades políticas con la capacidad de sostener promesas. “La seguridad jurídica es la palabra del Estado convertida en institución: la certeza de que lo prometido será sostenido en el tiempo, con independencia de quién gobierne o de cuál sea la conveniencia del momento”, sostuvo.

Pesatti también vinculó la credibilidad política con la llegada de inversiones. Según explicó, quienes evalúan invertir en un país no solo observan su marco normativo, sino también el comportamiento de sus dirigentes. “Un marco legal impecable gobernado por dirigentes que mienten sistemáticamente constituye, para cualquier inversor experimentado, un escenario de riesgo sistémico. La norma escrita sin respaldo en la conducta concreta de los políticos equivale a la nada”, advirtió.

En ese contexto, señaló que la Argentina atraviesa una crisis de confianza que tiene raíces profundas. “Cuando se afirma que la Argentina padece una crisis de confianza se describe, ante todo, una consecuencia cuyas causas son más profundas: la recurrente incapacidad de buena parte de su dirigencia para sostener la palabra más allá de las circunstancias”, afirmó. A su juicio, el problema se agrava cuando la falsedad se naturaliza en la política cotidiana, ya que entonces “la desconfianza se constituye como el factor más relevante de una sociedad”.

El vicegobernador también cuestionó el uso de la agresión verbal en la política y mencionó como ejemplo una intervención reciente del presidente Javier Milei durante la Argentina Week en Nueva York. Según recordó, el mandatario calificó de “prebendarios” y “chorros” a empresarios como Paolo Rocca, del grupo Techint, y Javier Madanes Quintanilla, vinculado a Aluar y Fate. “Un gobierno con aspiraciones de seriedad resuelve esas diferencias con argumentos y pruebas, desplazando el agravio hacia la periferia del debate técnico”, planteó Pesatti.

Para el dirigente rionegrino, la contradicción entre ese tipo de discursos y la búsqueda de inversiones resulta evidente. “La retórica de la agresión y la búsqueda de confianza inversora son, por definición, incompatibles”, afirmó, al recordar que, según datos del Banco Central, la inversión extranjera directa neta cayó un 54% en 2024, al pasar de 23.866 millones de dólares a 10.996 millones.

Pesatti también se refirió al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aprobado en 2024, al que definió como una “isla institucional” diseñada para proteger proyectos de gran escala frente a la volatilidad política. Si bien señaló que el esquema acumula anuncios por más de 63.700 millones de dólares y ya cuenta con 12 proyectos aprobados por 26.000 millones, advirtió que la mayor parte se concentra en sectores como la minería y la energía.

En ese marco, sostuvo que el principal déficit de la Argentina no es productivo sino de credibilidad política. “La paradoja de un país que acumula décadas de subdesarrollo, pese a su enorme potencial, encuentra aquí su explicación medular: el déficit no es de potencial productivo, sino de credibilidad dirigencial”, afirmó.

Finalmente, Pesatti consideró que la reconstrucción del país requiere recuperar el valor de la palabra en la vida pública. “La seguridad jurídica es mucho más que un conjunto de leyes y decretos. Es, ante todo, la consecuencia de un prestigio que se cultiva con la repetición de conductas íntegras e inapelables”, concluyó. “Solo cuando la dirigencia comprenda que la confianza es el activo más escaso y que la palabra empeñada es el contrato social más sagrado, la Argentina podrá romper el ciclo de la incertidumbre y la desconfianza”.

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Del recinto al mercado: la Legislatura avala acuerdo para exportar gas

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La Legislatura aprobó por amplia mayoría la ratificación del acuerdo firmado por el Gobernador Alberto Weretilneck con Southern Energy y San Matías Pipeline. La ley consolida reglas claras para una inversión estratégica que confirma el rumbo de Río Negro como puerta de salida del gas de Vaca Muerta al mundo, garantizando la generación de nuevos puestos laborales y más desarrollo.

De este modo, se ratifica el Acta Acuerdo firmada el 14 de abril pasado entre la Provincia, Southern Energy S.A. (SESA) y San Matías Pipeline S.A., orientada a establecer un régimen fiscal y de estabilidad regulatoria para el desarrollo del proyecto de Gas Natural Licuado en el Golfo San Matías.

La decisión, acompañada por una amplia mayoría en la Legislatura (41 votos a favor y 3 en contra), consolida un nuevo avance en el camino que viene construyendo Río Negro para convertirse en un actor estratégico de la exportación energética argentina, con infraestructura, trabajo local, cuidado ambiental y nuevas oportunidades de desarrollo para las comunidades.

El gobernador Alberto Weretilneck destacó el respaldo legislativo y remarcó que este proyecto “ratifica el rumbo que elegimos para Río Negro: transformar nuestros recursos en empleo, desarrollo y obras para nuestra gente, con reglas claras y defendiendo los intereses de la provincia en cada decisión”.

Un paso clave para consolidar a Río Negro como exportador de GNL

El Proyecto FLNG prevé la instalación de dos buques de licuefacción en el Golfo San Matías, con una capacidad total de 6 millones de toneladas anuales de GNL, equivalentes a casi 27 millones de metros cúbicos diarios de gas natural. Además, contempla la construcción de un gasoducto dedicado de 471 kilómetros y 36 pulgadas, que conectará Vaca Muerta con la costa rionegrina.

La Secretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini, destacó el acompañamiento legislativo que permitió avanzar con una herramienta clave para dar previsibilidad a una inversión de escala internacional.

“Queremos agradecer a los legisladores que acompañaron esta decisión y que entienden el cambio de perfil productivo al que estamos asistiendo en Río Negro. Este no es un proyecto aislado: es parte de un rumbo que venimos construyendo con planificación, reglas claras y defensa de los intereses de todos los rionegrinos”, afirmó Confini.

A su vez, remarcó que el acompañamiento no fue unánime, pero valoró especialmente a quienes respaldaron el proyecto “con una mirada estratégica sobre lo que ya está pasado en la provincia”.

“Agradecemos a quienes confían en esta etapa de transformación. Río Negro está asumiendo un rol central en el desarrollo energético nacional, y el Gobierno Provincial tiene la responsabilidad de cuidar que ese proceso se traduzca en empleo, infraestructura, ingresos y oportunidades reales para nuestra gente”, sostuvo.

Previsibilidad para invertir y beneficios para Río Negro

El acuerdo busca brindar certeza jurídica, fiscal y regulatoria para el desarrollo del Proyecto FLNG, una condición clave para una inversión de gran escala vinculada a la producción, transporte, licuefacción y exportación de gas natural.

El proyecto podría generar para Río Negro más de USD 490 millones en 20 años, entre cánones, regalías, tasas, aporte comunitario y un aporte variable asociado al precio internacional del GNL.
Entre esos beneficios se incluye un aporte comunitario fijo de USD 36 millones, destinado a seguridad, salud e inversiones comunitarias. Además, la norma dispone que el 5% de esa contribución sea asignado al Municipio de San Antonio Oeste para obras de infraestructura y equipamiento.

Río Negro, puerta de salida al mundo

Southern Energy está integrada por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG. El consorcio proyecta una inversión superior a los USD 15.000 millones para operar durante 20 años un esquema de exportación basado en dos unidades flotantes de licuefacción en el Golfo San Matías.

Este avance se suma a otros hitos recientes del desarrollo del GNL en la provincia, como el primer contrato de venta con la empresa estatal alemana SEFE, que prevé exportaciones por 2 millones de toneladas anuales de GNL desde el Golfo San Matías a partir de fines de 2027.

Desarrollo con control ambiental y prioridad local

El acuerdo incorpora compromisos ambientales, entre ellos la adhesión de Southern Energy al Programa de Monitoreo de la zona costera de influencia del Golfo San Matías, con el objetivo de garantizar seguimiento, fiscalización y cuidado de los recursos naturales.

“La Provincia está presente para ordenar, regular y defender. Nuestro rol es garantizar que las inversiones lleguen, pero también que dejen beneficios concretos en Río Negro: más trabajo para rionegrinos, más actividad para nuestras empresas, más infraestructura y más futuro para las próximas generaciones”, agregó Confini.

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Construir Inclusión: viviendas dignas para personas con discapacidad

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El Gobierno Provincial lanzó Construir Inclusión, un plan impulsado por el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV), destinado exclusivamente a personas con discapacidad. En una primera etapa se construirán 100 hogares, con financiamiento netamente provincial.

Esta nueva herramienta se presentó en un acto encabezado en Villa Regina por el Gobernador Alberto Weretilneck y el Intendente Luis Albrieu.

Si bien el IPPV en cada plan de viviendas que lleva adelante contempla un mínimo del 10% de las casas para personas con discapacidad, en esta oportunidad se puso en marcha una línea habitacional específica, pensada para garantizar mayor accesibilidad, autonomía y oportunidades a familias rionegrinas, con fondos provinciales y contratación de empresas y mano de obra local.

La iniciativa es coordinada junto al Ministerio de Desarrollo Humano y organizaciones que trabajan en la temática de discapacidad.

En ese marco, el Gobernador destacó el rol de estas organizaciones y señaló: “Creo que lo más importante para resaltar hoy es el trabajo que han hecho ustedes en las distintas asociaciones a lo largo de toda la historia, en el acompañamiento y la lucha para que las personas con discapacidad tengan lo que merecen y lo que les corresponde tener”.

Además, explicó la decisión de orientar la política habitacional hacia este sector y afirmó: “Como la política de vivienda no puede ser lo tradicional y habitual que era de demanda libre, tenemos que definir y priorizar un sector de la sociedad y aquí es donde tomamos la definición que el eje de la política de construcción de vivienda del IPV va a estar dado en las familias con discapacidad”.

Por su parte, el interventor del IPPV, Mariano Lavin, brindó detalles del nuevo plan, que se ejecutará a través de distintas líneas operatorias y en convenio con municipios, comisiones de fomento y entidades intermedias.

“El plan tendrá tres requisitos clave: que la persona que se inscriba no tenga vivienda; que el titular o un integrante de la familia tenga Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente; y que cumpla con una residencia mínima de 5 años en la localidad rionegrina donde vive”, explicó.

En relación a las características de las viviendas, indicó que “las mismas contemplan criterios de accesibilidad universal, garantizando mayor autonomía para las personas. Por esto incluirán dimensiones adecuadas en puertas, circulaciones y baños, facilitando el desplazamiento de personas con movilidad reducida”.

Proceso de selección

En cuanto al proceso de selección, detalló: “Una vez recibida toda la documentación, IPPV va a corroborar que se cumpla con los requisitos de acceso a la vivienda y armará el expediente correspondiente con el número de legajo”.

“Todos los expedientes se enviarán a la Subsecretaría de Políticas Públicas para Personas con Discapacidad de Río Negro, quien determinará el orden de prelación, priorizando casos de mayor vulnerabilidad social y funcional”, completó.

¿Quiénes pueden acceder al plan?

  • Personas mayores de 18 años con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente
  • Familias con al menos un integrante con discapacidad y CUD vigente
  • Residencia mínima de 5 años en la localidad de Río Negro donde viven
  • Ingresos familiares comprobables entre uno y diez Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM)
  • No poseer imputación o condena por usurpaciones y/o tomas de tierras públicas
  • No poseer vivienda

¿Cómo anotarse?

La inscripción podrá realizarse de dos maneras: online, a través del link https://ippv.rionegro.gov.ar/formulario-de-inscripcion-construir-inclusion o presencial en cualquiera de sus 18 delegaciones en la provincia.

La misma tendrá dos períodos: del 29 de abril al 29 de mayo de 2026 y del 1 de junio al 15 de julio de 2026.

¿Qué documentación se necesita?

  • DNI de todo el grupo familiar conviviente
  • Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente
  • Acta de matrimonio o unión convivencial, en caso de corresponder
  • Certificado de antecedentes penales del o los titulares
  • Certificado de propiedades de catastro municipal
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Río Negro reactiva la Ley Pierri para dar seguridad jurídica a familias

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El Gobernador Alberto Weretilneck y el Intendente Luis Albrieu, encabezaron en Villa Regina el relanzamiento del Régimen de Regularización Dominial Ley Pierri, una política pública que busca avanzar en la escrituración de viviendas y brindar seguridad jurídica a familias que habitan inmuebles desde hace años sin título de propiedad.

La actividad tuvo como objetivo fortalecer la implementación del régimen, ordenar circuitos administrativos y consolidar una red de trabajo articulada para avanzar en la escrituración de viviendas ubicadas en inmuebles privados, cuando las familias acreditan posesión pública, pacífica y continua, con causa lícita desde al menos, el año 2006.

En ese sentido, el Gobernador destacó el enfoque de la política pública y su impacto social: “Estamos empezando esta nueva etapa que es una respuesta no solo a una necesidad, más que nada a un derecho”, y remarcó la decisión de avanzar con una herramienta concreta para garantizar ese acceso: “Había que definir una respuesta, y hoy estamos poniendo en marcha una política pública para dar respuesta a ese derecho”.

En esa línea, subrayó la importancia de fortalecer el trabajo articulado entre Provincia, municipios y organizaciones, con el objetivo de ampliar el alcance del programa y garantizar que más familias puedan acceder a la regularización dominial y a la seguridad jurídica sobre sus viviendas.

Durante el encuentro se presentaron los principales lineamientos de esta nueva etapa, orientada a agilizar expedientes, mejorar la trazabilidad del procedimiento y acompañar a las familias que habitan sus viviendas desde hace años, pero aún no cuentan con título de propiedad.

Desde el IPPV se destacó que la Ley Pierri permite ordenar jurídicamente situaciones habitacionales consolidadas y brindar seguridad jurídica a hogares rionegrinos.

El relanzamiento forma parte de una política pública provincial orientada a fortalecer la presencia territorial del Estado, simplificar trámites y avanzar en procesos de regularización dominial con articulación institucional, mirada social y respaldo técnico-jurídico.

Estuvieron presentes los Intendentes de Viedma, Marcos Castro; de Cipolletti, Rodrigo Buteler; de Gaurdia Mitre, Miguel Evans; de Coronel Belisle, Diego Agüero; los Ministros de Gobierno, Trabajo y Turismo, Agustín Ríos, de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; de Desarrollo Humano, Juan Pablo Muena, y demás autoridades provinciales y locales.

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