La secretaria de Trabajo de Río Negro, María Martha Avilez, expuso este lunes en la comisión de Asuntos Sociales los lineamientos del proyecto de ley que propone modernizar el organismo, con foco en la digitalización, la mejora de las inspecciones y el desarrollo de nuevas herramientas para asegurar el cumplimiento de la normativa laboral.

Avilez sostuvo que la iniciativa responde a una “demanda necesaria” para la propia Secretaría, los trabajadores y el sector privado, y remarcó que cuenta con el respaldo del gobernador. En ese marco, destacó el acompañamiento de la CGT y de diferentes gremios, entre ellos UOCRA, que participaron del diálogo previo.

Uno de los ejes centrales es la actualización de una ley vigente desde 2016, considerada desfasada a partir de los cambios posteriores a la pandemia. Según explicó, el proyecto avanza hacia la digitalización total de los trámites, incorporando herramientas como el Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), expedientes digitales y notificaciones electrónicas para “agilizar procesos y mejorar la atención”.

También se propone fortalecer el rol de los inspectores laborales, que en la práctica no solo fiscalizan sino que cumplen funciones de mediación para resolver conflictos en territorio. El informe de la propuesta remarca que cerca del 80% de los conflictos laborales se solucionan en sede administrativa, y en esa dirección plantea sumar la “audiencia de regulación laboral” antes de aplicar sanciones, con el objetivo de corregir irregularidades y regularizar trabajadores no registrados.

Además, el proyecto mantiene el patrocinio legal gratuito para trabajadores en el ámbito administrativo y lo articula con la instancia judicial. En los casos en que no se logre una resolución administrativa, se emite el certificado habilitante para la vía judicial, con patrocinio gratuito garantizado por ley, sujeto posteriormente a la regulación de honorarios que disponga la Cámara laboral interviniente.

Entre los cambios normativos, Avilez destacó una modificación del sistema de sanciones: se reemplazarían las multas atadas al salario mínimo, vital y móvil por una unidad de medida vinculada a parámetros usados por el Poder Judicial, para actualizar automáticamente los montos y dar mayor previsibilidad. También se incorporaría un criterio que evalúa la conducta del empleador durante todo el procedimiento, apuntando a que el cumplimiento no sea equivalente al incumplimiento, especialmente cuando están en juego la registración y la seguridad laboral.

El respaldo sindical fue expresado por Damián Miler, secretario general de UOCRA Viedma y titular de la CGT Zona Atlántica, quien afirmó que la propuesta fortalece el diálogo social institucionalizado en la provincia y ayuda a garantizar la protección de trabajadores en situación de vulnerabilidad. En tanto, desde la oposición, Daniel Belloso (PJ – Nuevo Encuentro) planteó reparos respecto a la autoinspección laboral y cuestionó posibles efectos sobre el rol del Estado; aun así, el proyecto obtuvo dictamen favorable por mayoría, con pedidos de analizar modificaciones en las próximas 48 horas.

El Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) consolidó su política de formación territorial con la firma de un convenio marco del programa IPAP en Red, una estrategia que promueve el trabajo articulado con municipios para fortalecer las capacidades de gestión en los gobiernos locales.

El acuerdo fue suscripto por el Gobernador de la provincia, Alberto Weretilneck; el Intendente de Viedma, Marcos Castro; y la Presidenta del IPAP, Juana Benítez, y permitirá profundizar el desarrollo de propuestas de capacitación en la capital provincial.

A partir de la firma de convenios y el relevamiento conjunto de necesidades, el programa permite acercar propuestas de formación a cada localidad, garantizando igualdad de acceso y acompañando el desarrollo de políticas públicas más eficientes y cercanas a la comunidad.

En este marco, y en articulación con el Municipio de Viedma, el IPAP impulsa una oferta formativa que incluye cursos en redacción administrativa, Word y Excel, comunicación y políticas públicas, entre otras propuestas diseñadas en función de las demandas locales.

Además, el organismo pone a disposición instancias de formación superior como la Tecnicatura Superior en Gobiernos Municipales, orientada a profesionalizar a los agentes en planificación y desarrollo local, y el Bachillerato Libre para Adultos (BLA), que brinda la posibilidad de finalizar los estudios secundarios con modalidad flexible.

La presidenta del IPAP, Juana Benítez, destacó la importancia de esta política territorial: “Hoy firmamos un convenio marco con el municipio de IPAP en Red, donde estamos trabajando articuladamente con el Ministerio de Gobierno, pudiendo ver nuestras agendas y estar, de aquí en más, en toda la provincia. El Instituto está siempre presente en los municipios, capacitando a cada rionegrino que así lo desee”.

Asimismo, remarcó el rol del organismo en la formación pública: “El Instituto de la Administración Pública tiene como objetivo acompañar, fortalecer, capacitar y formar a todos los agentes públicos, tanto de la provincia como de los municipios, y también a aquellos rionegrinos y rionegrinas que no siempre tienen la posibilidad de acceder a una formación, a través de nuestras tecnicaturas que son una política pública gratuita”.

Por su parte, el coordinador de capacitación, Fernando Varela, subrayó el valor del trabajo articulado: “IPAP en Red busca conformar una red de formación junto a los municipios, para aunar esfuerzos, optimizar recursos y responder a las demandas concretas de cada gobierno local”.

En ese sentido, adelantó que en los próximos días se realizará el lanzamiento de la oferta académica destinada a agentes municipales de Viedma, y destacó que el programa continuará incorporando nuevas temáticas, entre ellas la inteligencia artificial aplicada a la gestión pública.

El impacto del IPAP en Viedma se refleja en un crecimiento sostenido de la participación. Durante 2025 se registraron 5.124 inscripciones en cursos autogestionados, más de 1.000 estudiantes activos y 79 egresados de tecnicaturas y del nivel secundario en la ciudad.

En lo que va de 2026, el proceso continúa en expansión, con 1.141 viedmenses cursando actualmente una tecnicatura o el secundario, y más de 1.400 inscriptos en propuestas autogestionadas.

Estos resultados consolidan una política de formación en crecimiento, que fortalece las trayectorias laborales, mejora las capacidades del Estado y promueve una gestión pública más moderna, eficiente y cercana a la comunidad.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la apelación presentada por un partido político que buscaba revocar el mandato del legislador César Domínguez. De este modo, confirmó la decisión del Juzgado Electoral.

El legislador se afilió a otra agrupación, entonces el partido reclamó la banca. La sentencia de primera instancia había puesto el acento en que no se había verificado una flagrante violación de la plataforma electoral.

La apelación cuestionaba la sentencia por considerarla arbitraria. Sostenía que el juez había invadido el “ámbito de reserva partidaria” y que debía limitarse a revisar la legalidad del procedimiento interno. También afirmaba que la revocatoria no es una sanción disciplinaria y que la Asamblea partidaria está facultada para interpretar la plataforma electoral y decidir su incumplimiento.

El STJ rechazó ese planteo. Señaló que la revocatoria “solo puede ser decidida por el Poder Judicial” y que no se trata de “confirmar algo ya hecho -la pretendida revocatoria administrativa- sino de disponer lo que ha de hacerse en tal sentido, si se comprueban suficientemente los requisitos constitucionales y reglamentarios”.

Indicó además que el pedido partidario no tiene efectos automáticos. “Quien pide reconoce en otro la potestad de decidir acerca de lo pedido”, sostuvo.

En ese sentido, consideró “un significativo error interpretativo” sostener que en sede judicial solo corresponde “analizar la legalidad del proceso administrativo, no suplir la interpretación de la Asamblea cuando interpretó la existencia de una violación a la Plataforma Electoral”.

El máximo Tribunal rionegrino recordó que la Constitución exige acreditar una “violación ostensible y grave de la plataforma electoral” y que se trata de “un concepto jurídico indeterminado que requiere consideración reflexiva, mediante análisis de la plataforma electoral que se reputa irrespetada y valoración de la conducta legislativa impugnada”.

Al analizar el caso, concluyó que esa causal no fue probada. Indicó que la demanda no demostró “qué propuestas, principios o compromisos específicos de la plataforma habrían sido contradichos” y que la invocación de ejes resultó “genérica”.

También sostuvo que los hechos invocados “resultan insuficientes para revocar el mandato, en tanto no configuran por sí solos una transgresión grave de la plataforma electoral”.

El STJ agregó que la revisión judicial tiene una función de garantía y citó el debate constituyente: “la Justicia deberá evaluar la plena circunstancia”.

Finalmente, señaló que el rechazo no implica una intromisión en la vida partidaria. Afirmó que se trata del “ejercicio del control de legalidad que la normativa impone”.