Con el objetivo de modernizar los procesos administrativos y brindar soluciones más rápidas a las familias rionegrinas, autoridades del Registro de la Propiedad Inmueble (RPI) y del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) mantuvieron hoy un encuentro de trabajo clave para la optimización de la Ley Pierri.

El eje central de la jornada fue la sistematización del procedimiento digital para los trámites vinculados a la Ley N° 24.374 (Ley Pierri), que permite la regularización dominial de viviendas de ocupación legítima.

A través de la integración de nuevas herramientas digitales, ambos organismos buscan eliminar la burocracia del papel y reducir los tiempos de espera. La implementación de un sistema digital permitirá que el intercambio de información entre el RPI y el IPPV sea más ágil y eficiente, facilitando el camino hacia la escritura definitiva para miles de beneficiarios.

Al respecto, las autoridades destacaron que la transformación digital no solo mejora la labor interna de las instituciones, sino que impacta directamente en la calidad de vida de los ciudadanos, garantizando la seguridad jurídica sobre su hogar de manera simplificada.

Participaron del encuentro el Director del RPI, Daniel Balduini, junto a referentes del Departamento de Innovación Tecnológica y Transformación Digital, Luciana León y Emanuel Sarmiento; el responsable de la Mesa de Entradas del organismo, Andrés Elfi; la Coordinadora Provincial de Ley Pierri, Daniela Vivas, y el referente de Sistemas de IPPV, Ángel Di Cesare.

Río Negro acelera su transformación administrativa con un plan de “papel cero” que busca eliminar los expedientes físicos y llevar toda la gestión del Estado a un entorno digital antes de 2027. La medida apunta a reducir costos, acortar tiempos de trámite y bajar la burocracia para los ciudadanos.

El proyecto fue formalizado por el gobernador Alberto Weretilneck mediante un decreto que puso en marcha el plan “Río Negro Papel Cero”. Desde el Ministerio de Modernización remarcan que el objetivo no es solo digitalizar documentos, sino integrar los sistemas públicos para que la información circule entre organismos sin que la persona deba trasladarla.

El ministro Milton Dumrauf sintetizó la idea con una frase que resume el cambio de paradigma: que el ciudadano no tenga que ser “el cadete del Estado”. Según explicó, cuando los trámites quedan en formato digital, resultan más rápidos, trazables y transparentes, además de menos engorrosos para quienes dependen de la administración pública.

La iniciativa también tiene un costado económico importante. La Provincia ya registra una baja fuerte en el gasto en insumos de papelería y sostiene que ese ahorro permite reasignar recursos hacia mejores servicios. En paralelo, el avance de la digitalización se presenta como una forma de hacer más eficiente la estructura estatal.

Otro eje central del plan es la reorganización interna del Estado. La eliminación del papel implica menos uso de espacio físico, mejores circuitos de trabajo y una administración más ordenada, pero también exige capacitación permanente para los empleados públicos. La modernización, en ese sentido, no depende solo de tecnología sino también de adaptación institucional.

Con esta estrategia, Río Negro busca consolidarse como una de las provincias más avanzadas en modernización administrativa. Si el cronograma se cumple, en 2027 quedará atrás el uso de expedientes físicos y el vínculo con el Estado será, en principio, completamente digital.

Frente a la aparición de situaciones que afectan la convivencia en distintas instituciones educativas de la provincia, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro reafirma su compromiso con el acompañamiento integral de las comunidades escolares, promoviendo acciones pedagógicas situadas y el cuidado de entornos seguros para enseñar y aprender.

En este sentido, se explicó que ante cada situación de alerta se activan dispositivos institucionales específicos, en el marco de los procedimientos establecidos en los documentos orientadores vigentes.

Estos contemplan el acompañamiento de los equipos de gestión de cada institución educativa, equipos supervisivos, las Direcciones de Educación y Consejos Escolares, garantizando respuestas oportunas, coordinadas y acordes a cada contexto, así como el trabajo articulado con otros organismos del Estado, entendiendo que la escuela es un espacio clave de resguardo, contención y desarrollo para todas y todos los estudiantes.

En los últimos días han circulado mensajes intimidatorios, algunos vinculados al uso o mención de armas, lo que constituye una situación de suma gravedad por su potencial de daño.

Estos hechos frecuentemente difundidos a través de redes sociales, no son una simple broma: afectan a otras personas, vulneran la convivencia escolar y derivan consecuentemente en intervenciones judiciales.

Desde la cartera educativa se destacó que la violencia no puede naturalizarse como forma de resolver conflictos y es por ello que es fundamental fortalecer el diálogo y los vínculos basados en el cuidado mutuo.

Además, se añadió que garantizar la continuidad pedagógica es una prioridad por lo cual la suspensión de clases no resulta una respuesta adecuada. Es fundamental sostener espacios de escucha, reflexión e intervención que permitan abordar las situaciones y fortalecer la convivencia escolar.

En este sentido, se solicita a las familias acompañar activamente a sus hijas e hijos, promoviendo el diálogo y el uso responsable de las tecnologías, en un trabajo corresponsable con las instituciones educativas.

El Ministerio de Educación sostiene el compromiso del sistema educativo, llevando adelante un abordaje pedagógico situado, no punitivo ante aquellas circunstancias que interrumpen el desarrollo de las clases.

Al respecto, se trabaja en la finalización de la Guía Jurisdiccional de Abordaje ante situaciones complejas, amenazas y hechos de violencias, destinado a todos los niveles educativos.