El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaron que el nuevo Congreso que se conformará a partir del 10 de diciembre tendrá la “misión histórica” de debatir el proyecto de Reforma del Código Penal, que va a ser enviado en los próximos días y que “pondrá orden donde antes reinaba la barbarie”, ya que garantizará un cambio de doctrina con el objetivo de que “las penas se agraven, la Justicia llegue a tiempo y se termine la puerta giratoria”.

En conferencia desde la Casa Rosada, Adorni destacó “el enorme aporte de Patricia Bullrich al restablecimiento del orden” y sostuvo que “cuando asumió como ministra la Argentina estaba sumida en un verdadero baño de sangre, los piqueteros eran dueños de la calle y ciudades como Rosario eran zonas liberadas para los narcoterroriostas”. Señaló que hoy “los homicidios bajaron un 11,5 % interanual y alcanzaron la cifra más baja del último cuarto del siglo”, además de fortalecerse las fronteras, incautarse un volumen récord de droga y aprobarse leyes claves contra el crimen organizado.

“La doctrina Bullrich vino para poner fin al régimen anárquico que les ataba las manos a las fuerzas del orden”, afirmó, y anticipó que desde el 10 de diciembre esa misma doctrina “será llevada al Congreso de la Nación, donde tendrá la misión de aprobar los proyectos necesarios para que el país salga adelante”.

Adorni subrayó que la reforma implica “el fin de la doctrina Zaffaronista, donde el victimario se convertía en víctima”. Criticó que el Código vigente “está hecho a medida de los delincuentes”, con condenas insuficientes y una “puerta giratoria” que explica gran parte de los delitos. Adelantó que el proyecto buscará “agravar todas las penas”, incluir “un castigo mayor para aquellos políticos que delinquen en la función pública” e incorporar que “los delitos graves pasarán a ser imprescriptibles”.

Bullrich sostuvo que el nuevo Código Penal busca “dar vuelta la realidad de cuáles eran los más favorecidos: los delincuentes, los violadores y los asesinos; que la Justicia llegue a tiempo y que haya cumplimiento efectivo de las penas”. Señaló que el proyecto prevé el “agravamiento de las penas” y protegerá a quienes cumplen tareas fundamentales, como el ámbito educativo, los chicos en las escuelas y las personas mayores.

Destacó que incorpora la figura de conducción imprudente —reclamo histórico de Madres del Dolor—, el abuso de armas y el concepto de legítima defensa, donde “la presunción va a estar siempre a favor de quién se defiende”. Afirmó que “las víctimas van a tener una posibilidad de intervenir en todo momento” y que, como consecuencia del nuevo Código, “el 82% de los delitos van a ser con prisión efectiva”. Remarcó que “está comprobado que los países que tienen penas fuertes bajan los delitos”.

Adorni y Bullrich también anunciaron el lanzamiento del Sistema de Alerta Temprana (ALERTAR), que notificará en tiempo real a la población ante desastres naturales, emergencias meteorológicas y advertencias de seguridad pública. Con una inversión de 12.000 millones de pesos del FSU, permitirá enviar un mismo mensaje a todos los dispositivos móviles del área afectada, garantizando privacidad y anonimato.

En otro orden, el jefe de Gabinete informó que Aerolíneas Argentinas incorporará 18 nuevos aviones financiados con fondos propios, resultado del proceso de racionalización que incluyó la reducción del 18% de la planta de personal, la cancelación de rutas deficitarias, el cierre de sucursales y la concentración de operaciones en destinos estratégicos. La aerolínea pasó de pérdidas operativas promedio de 400 millones de dólares a un superávit operativo de 56,6 millones en 2024, lo que, según el jefe de Gabinete, “es un paso en el camino a su irremediable privatización”.

Además, anunció que, gracias a la articulación entre Aeropuertos Argentina y el organismo regulador, se realizarán 15 obras en 13 terminales aéreas con una inversión de 500 millones de dólares, que se suman a más de 10 obras finalizadas este año por 156 millones. “Más de 41 millones de personas viajaron por aeropuertos de todo el país entre enero y octubre de este año, un récord histórico”, destacó.

En un paso significativo hacia la privatización de las centrales hidroeléctricas ubicadas en la Patagonia argentina, el Gobierno nacional ha anunciado que recibió ofertas por un total de USD 685 millones. Esta iniciativa, que incluye las represas de Piedra del Águila, El Chocón y Alicurá, busca atraer inversión privada en un sector estratégico para la matriz energética del país.

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró la noticia a través de redes sociales, confirmando que las represas mencionadas ya tenían ganadores, mientras que el futuro de Cerros Colorados se decidirá en un desempate. Caputo resaltó el “interés del sector privado” en invertir en Argentina, afirmando que esto se logra cuando “las reglas están claras”.

Ocho empresas han presentado propuestas para la concesión de las represas, las cuales están situadas sobre los ríos Limay y Neuquén y en las provincias de Río Negro y Neuquén. Los futuros concesionarios estarán obligados a realizar inversiones y obras de infraestructura para garantizar la operación segura y eficiente de estas centrales hidroeléctricas.

Las represas tienen una capacidad instalada de 4.170 MW, lo que representa alrededor del 10% del total de la capacidad eléctrica del país. Este proyecto implica otorgar la concesión por la venta de energía eléctrica durante los próximos 30 años, generando expectativas sobre el impacto en la economía local y nacional.

Entre las ofertas que se han presentado, se destaca la de Edison Inversiones, que ganó la concesión de Alicurá por USD 162 millones, y Central Puerto, que obtuvo el control de Piedra del Águila por USD 245 millones. Además, MSU Green Energy se quedó con El Chocón por USD 235,6 millones y también fue la que más ofreció por Cerros Colorados, con USD 41,7 millones.

El próximo paso tras la apertura de las ofertas incluye una serie de procedimientos administrativos y legales antes de que se oficialicen las adjudicaciones, lo que se espera que ocurra antes de que finalice el año. Este proceso marca un hito importante en la política energética del país y refleja un cambio en la estrategia del Gobierno hacia el sector energético, buscando tanto inversión como modernización en la operación de las hidroeléctricas.

En medio del escándalo por la sanción impuesta a Estudiantes de La Plata, la ministra de Seguridad y legisladora electa, Patricia Bullrich, ha decidido incursionar en la controversia que rodea a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Bullrich advirtió que “voy a estudiar la transparencia de la AFA desde el Senado”, desatando una nueva ronda de críticas hacia el presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia.

Durante una entrevista en radio Mitre, Bullrich cuestionó la conducta de la AFA, afirmando que “está haciendo cosas absolutamente reñidas con las buenas prácticas y con la ley”. La legisladora electa expresó su compromiso con la evaluación de la entidad, resaltando su rol en “valorar la transparencia, la limpieza y las reglas”.

La intervención de Bullrich se produce en un contexto de creciente descontento con la gestión de la AFA, especialmente tras la dura sanción impuesta a Estudiantes por un episodio polémico. Esto ha añadido presión sobre Tapia y su administración, que ya enfrenta críticas por diversas decisiones.

A pesar de la controversia, Bullrich se mantiene firme en su postura. “Nosotros estamos en una tarea de valorar la transparencia”, enfatizó, destacando la necesidad de garantizar que las prácticas dentro del fútbol argentino se alineen con principios éticos y legales.

La tensión entre Bullrich y Tapia no es nueva, pues ambos han tenido enfrentamientos anteriores en el ámbito deportivo y político. Este nuevo desafío podría redefinir el diálogo entre el Senado y la AFA, especialmente en un momento en que la transparencia y la rendición de cuentas son cuestiones críticas en la opinión pública.

La promesa de Bullrich de investigar la AFA añade un nuevo capítulo a la relación entre el deporte y la política en Argentina, mostrando la intención de elevar estándares de conducta y transparencia en una de las instituciones más importantes del país. La comunidad futbolística y los hinchas estarán atentos a los desarrollos de esta situación.