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Provinciales

Nación autorizó la emisión de $ 3.000 millones en Letras

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El gobierno nacional autorizó a Río Negro la emisión de 3.000 millones de Letras del Tesoro.

Este trámite fue completado la semana pasada, por lo cual, la administración Weretilneck podrá colocar inmediatamente, y en distintas etapas, los títulos en el mercado financiero.

Economía de la provincia resolverá la oportunidad de sus emisiones, estimándose la primer licitación para fines de febrero o marzo entonces, recién ahí, se resolvería la cantidad del ofrecimiento al mercado.

Este instrumento vigente conforma un canal de rápida disponibilidad de recursos porque, concretada la operación, el inversor debe depositar los fondos a las 48 horas.

La posibilidad de obtener los 3.000 millones -que equivale a dos masas salariales mensuales- conformará una verdadera reserva para cumplir con los salarios y pagos del funcionamiento del Estado provincial. Una parte de las emisiones programadas están previstas para abonar vencimientos de las Letras emitidas el año pasado y que vencerán en el 2017. Aún así, la provincia prepara y tramita ante la Nación disponer de un bono provincial, de tres a cuatros años, y esos ingresos irían a pagar los títulos anteriores, liberando el producto de las nuevas Letras para la utilización de los gastos corrientes.

Si bien los indicadores presupuestarios muestran que la deuda pública tiene niveles bajos en la provincia, los desequilibrios en las cuentas públicas dan cuenta que el gobierno deberá continuar incrementando sus pasivos en los próximos meses.

Previa aceptación de Hacienda, el Banco Central de la República Argentina aceptó el pedido de la provincia para la circulación de 3.000 millones de sus Letras. En diciembre, enmarcado en el presupuesto del 2017, la Legislatura asignó al Poder Ejecutivo la emisión de hasta 4.000 millones. Luego, el 4 de enero, el gobernador Alberto Weretilneck firmó el decreto N° 9 donde se crea el programa de las nuevas Letras. Esa norma establece que “las distintas series vencerán hasta dentro de los 365 días corridos desde su fecha de emisión, pudiendo de acuerdo a las reales necesidades de financiamiento, emitirse en diferentes plazos”. Esos valores “podrán estar garantizadas con los recursos del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, las regalías petrolíferas y/u otros recursos, derechos o bienes provinciales”.

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Lutz: “El Estado sigue poniendo frenos a los abusos en el sector público”

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Este fin de semana se conoció la decisión del Gobierno de la Provincia de presentar ante la Justicia una denuncia contra profesionales médicos del Alto Valle que emitieron certificados falsos para que trabajadores estatales obtengan licencias, perjudicando al Estado Provincial.

En este marco, el Ministro de Gobierno, Trabajo, Modernización y Turismo, Federico Lutz, indicó, en declaraciones radiales, que se trata de “una mecánica innovadora, que corresponde realizar, porque con estas medidas el sector estatal sufre pérdidas, tanto económicas como en la calidad de los servicios que presta”.

“Hemos registrado, a través de la Función Pública y en el marco de los controles de ausentismo estatal, profesionales que lamentablemente emitieron certificados que generaron permisividad por parte de ciertos agentes para no presentarse a trabajar, sosteniendo la carga salarial por parte del Estado, y conspirando contra el orden que debemos imponer como empleadores”, sostuvo Lutz.

Vale mencionar que el Gobierno detectó a más de 20 profesionales involucrados en la emisión de certificados médicos ilegales para justificar ausencias injustificadas, y también numerosos casos de empleados públicos que presentaron certificados médicos falsificados, quienes serán denunciados por el delito de adulteración de documento público.

El funcionario afirmó que la decisión del Gobernador, Alberto Weretilneck “es una forma de respetar, tanto a quienes reciben un servicio de parte del Estado, como a los demás agentes que realizan adecuadamente su tarea”.

Resaltó asimismo la decisión del Estado Provincial de darle “un corte a esta situación”, mediante la denuncia ante los organismos correspondientes: “entendemos que es una medida necesaria”, dijo.

Los delitos que se investigan son “Fraude en perjuicio de la administración pública” (art. 174 inc. 5 del Código Penal) en concurso ideal (art. 54 CP) con “Expedición de certificado médico falso” (art. 295 del CP).

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Las garrafas del Plan Calor llegan a la Región Sur

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La puesta en marcha del reparto de garrafas gratuitas que el Gobierno de Río Negro entrega en el marco del Plan Calor Gas llegan a casi 2.900 familias parajes y municipios de la Región Sur. Una ayuda que se materializa con la distribución de garrafas de 15 kgs, de mayor porte a las que se entregan en el resto de la provincia.

La elección de envases de 15 kgs, según se explicó desde la Secretaría de Energía y Ambiente, otorga una mayor autonomía con el objetivo de reducir las veces que los y las beneficiarias se movilizan a los puntos de entrega para el recambio.

En cuanto a las cuestiones logísticas, el sistema de reparto de la Región Sur es distinto al que semanalmente está programado en la zona andina. Se trabaja con un stock inicial en coordinación con los municipios y semanalmente se van haciendo las reposiciones.

En la mayoría de los casos, durante el despliegue del operativo, cada municipio o comisión de fomento se encarga de colaborar con la distribución a los lugares más alejados de los poblados, con el fin de que la ayuda llegue a cada rincón de su ejido.

De las garrafas que el Gobierno de Río Negro repartirá este año, alrededor del 40% están destinadas para familias de la Región Sur y la Zona Atlántica.

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“Necesitamos proteger a los denunciantes para luchar contra la corrupción”

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Los legisladores Ariel Bernatene y Lorena Matzen impulsan un proyecto de ley que protege a testigos y denunciantes de hechos de corrupción. Sostienen que es necesaria la creación de un sistema específico que proteja a las personas que informen o realicen declaraciones en casos que atenten contra el Estado.

“Quienes exponen estos delitos no tienen por qué soportar amenazas o represalias. Proponemos medidas de protección para que no tengan miedo de hacer lo correcto”, expresaron desde el bloque de la Unión Cívica Radical.

El proyecto plantea garantías para promover la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción. Por lo general, quienes cuentan con información son empleados o están vinculados de alguna manera con los funcionarios sospechados.

“Queremos proteger a las personas que informen para que rompan el silencio y puedan investigarse los hechos conforme a la ley. Muchas veces las denuncias no se realizan por temor a perder el trabajo o sufrir represalias”, explicó Matzen.

“Es importante resguardar a testigos y denunciantes que presten declaración. Hablamos de medidas de protección personales y también laborales que podrán solicitar durante el procedimiento”, agregó Bernatene.

El proyecto de ley les da derecho a pedir custodia policial en su domicilio, a ser reasignados sin perder su nivel de ingresos o recibir atención médica o psicológica, entre otras.

Así, la persona denunciante y su familia estarán protegidas contra actos arbitrarios o ilegales que los perjudiquen. “Atacar la corrupción de raíz es posible con voluntad y responsabilidad política. Una democracia fuerte y sana se construye con instituciones limpias y políticos íntegros, fuera de toda sospecha”, sentenciaron los legisladores radicales.

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