El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) inició en Río Negro una auditoría sobre las tasas municipales incluidas en la factura eléctrica para verificar su composición, controlar distorsiones y cuidar el bolsillo de los usuarios.

La medida forma parte del trabajo de ordenamiento, control y transparencia que impulsa la Provincia sobre los servicios públicos esenciales, con el objetivo de que cada concepto cobrado en la boleta sea claro, verificable y corresponda a lo autorizado.

Actualmente, la factura eléctrica incluye distintos tributos y cargos de origen nacional, provincial y municipal. Entre ellos se encuentran el IVA, que va del 21% al 27%; el impuesto nacional al Débito y Crédito Bancario, de 1,2%; aportes voluntarios para bomberos y otros conceptos, de alrededor del 2,8%; y el impuesto provincial a los Ingresos Brutos, que fue recientemente reducido al 1% por decisión del Gobierno Provincial.

A esos componentes se suman las tasas municipales, que promedian el 15%, aunque presentan variaciones según la localidad y el perfil de consumo. En algunos casos, esa carga puede alcanzar hasta el 50% del costo del servicio.

Control sobre los conceptos municipales

Con el objetivo de constatar y corregir posibles distorsiones, el EPRE auditará los conceptos que los municipios de Río Negro disponen incluir en la facturación del servicio público de distribución de energía eléctrica.

Entre esos cargos se encuentran alumbrado público, mantenimiento y diferentes tasas o contribuciones municipales que son incorporadas a la boleta de luz.

Para avanzar con el proceso, el organismo regulador solicitó información tanto a las autoridades municipales como a las empresas distribuidoras, a fin de contar con el detalle de los conceptos cobrados, su respaldo normativo y su impacto en la factura final.

Una factura más clara para los usuarios

La auditoría busca fortalecer la transparencia y brindar mayor claridad a los usuarios sobre qué pagan cuando reciben la boleta de electricidad.

En esa línea, el Gobierno de Río Negro viene impulsando medidas para reducir la presión impositiva sobre los servicios esenciales. Para 2026, la Provincia dispuso una baja de la carga provincial incluida en las boletas de luz y gas, con impacto directo en hogares, comercios, pymes, industrias, productores y entidades.

También se implementaron medidas específicas de alivio fiscal para sectores productivos, como el riego agrícola, donde la reducción impositiva sobre la energía busca mejorar la competitividad de las economías regionales.

El EPRE también viene desarrollando acciones territoriales de acompañamiento a usuarios, relevamiento de consumos y educación energética, con el objetivo de promover un uso más seguro, eficiente y económico de la electricidad.

Con esta auditoría, la Provincia refuerza una política de control sobre los componentes de la tarifa eléctrica, en defensa de los usuarios y con una premisa clara: que cada peso que se cobra en la factura tenga justificación, transparencia y control.

La secretaria de Trabajo de Río Negro, María Martha Avilez, expuso este lunes en la comisión de Asuntos Sociales los lineamientos del proyecto de ley que propone modernizar el organismo, con foco en la digitalización, la mejora de las inspecciones y el desarrollo de nuevas herramientas para asegurar el cumplimiento de la normativa laboral.

Avilez sostuvo que la iniciativa responde a una “demanda necesaria” para la propia Secretaría, los trabajadores y el sector privado, y remarcó que cuenta con el respaldo del gobernador. En ese marco, destacó el acompañamiento de la CGT y de diferentes gremios, entre ellos UOCRA, que participaron del diálogo previo.

Uno de los ejes centrales es la actualización de una ley vigente desde 2016, considerada desfasada a partir de los cambios posteriores a la pandemia. Según explicó, el proyecto avanza hacia la digitalización total de los trámites, incorporando herramientas como el Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), expedientes digitales y notificaciones electrónicas para “agilizar procesos y mejorar la atención”.

También se propone fortalecer el rol de los inspectores laborales, que en la práctica no solo fiscalizan sino que cumplen funciones de mediación para resolver conflictos en territorio. El informe de la propuesta remarca que cerca del 80% de los conflictos laborales se solucionan en sede administrativa, y en esa dirección plantea sumar la “audiencia de regulación laboral” antes de aplicar sanciones, con el objetivo de corregir irregularidades y regularizar trabajadores no registrados.

Además, el proyecto mantiene el patrocinio legal gratuito para trabajadores en el ámbito administrativo y lo articula con la instancia judicial. En los casos en que no se logre una resolución administrativa, se emite el certificado habilitante para la vía judicial, con patrocinio gratuito garantizado por ley, sujeto posteriormente a la regulación de honorarios que disponga la Cámara laboral interviniente.

Entre los cambios normativos, Avilez destacó una modificación del sistema de sanciones: se reemplazarían las multas atadas al salario mínimo, vital y móvil por una unidad de medida vinculada a parámetros usados por el Poder Judicial, para actualizar automáticamente los montos y dar mayor previsibilidad. También se incorporaría un criterio que evalúa la conducta del empleador durante todo el procedimiento, apuntando a que el cumplimiento no sea equivalente al incumplimiento, especialmente cuando están en juego la registración y la seguridad laboral.

El respaldo sindical fue expresado por Damián Miler, secretario general de UOCRA Viedma y titular de la CGT Zona Atlántica, quien afirmó que la propuesta fortalece el diálogo social institucionalizado en la provincia y ayuda a garantizar la protección de trabajadores en situación de vulnerabilidad. En tanto, desde la oposición, Daniel Belloso (PJ – Nuevo Encuentro) planteó reparos respecto a la autoinspección laboral y cuestionó posibles efectos sobre el rol del Estado; aun así, el proyecto obtuvo dictamen favorable por mayoría, con pedidos de analizar modificaciones en las próximas 48 horas.

El Gobierno de Río Negro avanza con cinco obras estratégicas de agua potable y saneamiento que beneficiarán a más de 129 mil rionegrinos y rionegrinas en distintas localidades, mejorando su calidad de vida para los próximos 20 años.

El Superintendente del DPA, Gastón Renda, destacó que “se trata de un financiamiento muy importante que permite hacer obras realmente estratégicas y de gran magnitud en nueve localidades en simultáneo”.

En este marco, el organismo tendrá a su cargo la ejecución de cinco intervenciones principales. En Dina Huapi se hará una obra de abastecimiento de agua potable que beneficiará a 18.480 personas, fortaleciendo el sistema ante el crecimiento sostenido de la localidad, mientras que en El Bolsón se hará una obra del sistema de desagües cloacales que alcanzará a 63.369 vecinos, en el marco de un plan integral.

En tanto, en Sierra Grande y Playas Doradas se ampliará el sistema de agua potable para 21.372 personas (11.693 en Sierra Grande y 9.679 en Playas Doradas). Además, en Río Colorado se encuentra en ejecución el sistema de desagües cloacales con un alcance proyectado de 25.953 vecinos y vecinas para los próximos 20 años.

En Cipolletti se realizará una obra de desagües pluviales en tres cuencas urbanas que permitirá mejorar el drenaje y recuperar espacios para uso comunitario. Se estima un beneficio inmediato para más de 8.200 personas, junto con miles de beneficiarios indirectos, a partir de la mejora en el escurrimiento pluvial y la recuperación de espacios urbanos.

Renda subrayó que estas obras “responden a necesidades concretas de las comunidades, al crecimiento de las ciudades y a demandas históricas de los vecinos”, y remarcó que muchas de ellas “son obras que no siempre están a la vista, pero resultan esenciales para garantizar agua de calidad, saneamiento y cuidado del ambiente”.

Finalmente, Renda destacó el trabajo articulado del Gobierno Provincial: “Es un trabajo muy importante de todo el equipo, con la participación de distintos organismos como ARSA, Vialidad Rionegrina y Obras Públicas, que permite avanzar en estas obras y llevarlas a la etapa de ejecución”.

De esta manera, a través del Departamento Provincial de Aguas (DPA) se ejecutan en simultáneo proyectos clave que darán respuesta a demandas históricas vinculadas al acceso al agua potable, el saneamiento y el desarrollo urbano.