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El Senado dio media sanción a la reforma laboral y Diputados define

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El Senado aprobó la reforma laboral impulsada por el Gobierno tras una extensa sesión de más de 16 horas, con 42 votos afirmativos y 30 negativos, lo que permitió avanzar con la iniciativa hacia la Cámara de Diputados, donde se definirá su sanción definitiva. El oficialismo logró sostener la mayoría tanto en la votación general como en la particular, aunque con ajustes de último momento para garantizar apoyos.

El proyecto incorpora cambios vinculados a aportes sindicales, obras sociales e indemnizaciones, además de modificaciones que surgieron durante negociaciones finales con sectores políticos, sindicales y empresariales. Entre los puntos sensibles apareció el mantenimiento de ciertos aportes obligatorios —con límites— y la creación o ajuste de mecanismos asociados a la litigiosidad laboral.

También generó polémica la inclusión del traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires, incorporado como anexo del proyecto. Algunos legisladores cuestionaron el procedimiento legislativo utilizado para sumar este tema, señalando que debería haber tenido tratamiento formal previo en comisiones.

Desde el oficialismo, los defensores de la reforma sostuvieron que apunta a reducir conflictos judiciales y facilitar la contratación laboral. El senador Juan Cruz Godoy afirmó que la iniciativa busca dar “soluciones” al miedo empresarial por litigios laborales, mientras Bruno Olivera Lucero aclaró que el nuevo fondo previsto “no sustituye… el régimen actual de indemnizaciones”.

Las críticas más duras provinieron del kirchnerismo y otros sectores opositores. Mariano Recalde sostuvo que “las normas laborales no crean empleo” y cuestionó la idea de que la flexibilización sea un motor para generar trabajo. En la misma línea, Pablo Bensusán advirtió que sin fortalecer el empleo registrado “no vamos a mejorar las relaciones laborales”.

“En ninguna reforma laboral flexibilizadora se generó empleo o se facilitó la registración, las normas laborales no crean empleo. En esta ley no encuentro nada de moderno o modernizante”, expresa @marianorecalde— Senado Argentina (@SenadoArgentina) February 11, 2026

Otros bloques adoptaron posturas intermedias. La radical Mariana Juri consideró que la legislación vigente quedó desactualizada y que la reforma puede aportar previsibilidad, mientras Daniel Kroneberger remarcó la necesidad de adaptar el sistema laboral a cambios productivos y tecnológicos.

“Sin una buena ley laboral que, además, se adapte a las situaciones actuales, el empleo no llega. Esta es una ley que da previsibilidad, seguridad jurídica y que reduce la litigiosidad laboral”, sostiene @mariana_juri— Senado Argentina (@SenadoArgentina) February 11, 2026

Desde sectores peronistas críticos, Florencia López alertó que el proyecto podría afectar principios históricos del derecho laboral y cuestionó el nivel de conocimiento técnico del oficialismo sobre el tema. A su vez, la senadora Carolina Moisés planteó que el país debió discutir antes una reforma que contemplara las realidades regionales.

Entre los dialoguistas, Flavia Royón sostuvo que la informalidad laboral responde en parte a la presión impositiva y advirtió que la ley por sí sola no generará empleo, aunque podría reducir barreras a la formalización. También expresó dudas sobre el funcionamiento concreto del fondo laboral propuesto.

El jefe del bloque Pro, Martín Goerling, planteó la necesidad de revisar aportes sindicales obligatorios y afirmó que el sistema actual “penaliza la creación de empleo”, aunque finalmente su bancada acompañó el texto oficial. Otros legisladores radicales señalaron abusos sindicales y problemas estructurales del sistema laboral vigente.

El cierre del debate reflejó la fuerte polarización política. El kirchnerista José Mayans calificó la reforma como potencialmente inconstitucional, mientras Patricia Bullrich, indicó: “A pesar de los insultos, quiero informarle no a él -en referencia a Mayans-, sino al Cuerpo, para que no se sienta agraviado, que la única persona que está presa en la Argentina es la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Que no hable más del presidente Milei y hable de una realidad concreta que nos hace quedar muy mal en el mundo. Punto”. Desde un palco ya la oían la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro del Interior, Diego Santilli, entre otros.

“Una de las razones por las que no se crea empleo es una legislación laboral obsoleta que nos dejó varados, un país anclado en el pasado, que no puede avanzar, sin poder crecer ni generar el trabajo que nuestra gente necesita”, señala @PatoBullrich— Senado Argentina (@SenadoArgentina) February 12, 2026

Libertad Avanza puso a sus 21 soldados, mientras que la UCR aportó diez y; el PRO, tres; y Provincias Unidas, dos. Los restantes para arribar a los 42 vinieron de la salteña Flavia Royón, la neuquina Julieta Corroza, los misioneros Carlos Arce y Elizabeth Rojas Decut, la chubutense semi radical Edith Terenzi, y la otrora filomacrista Beatriz Ávila, actual aliada del mandatario provincial -reciente ex kirchnerista- Osvaldo Jaldo.

Fueron 42 en total a favor, ya que a todo el kirchnerismo se unieron los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia. En la particular, dicha cifra varió, aunque se sostuvo la mayoría. Tras la primera compulsa, Villarruel abandonó el convite y le dejó la posta al presidente provisional de la Cámara alta, el libertario puntano Bartolomé Abdala, quien no tuvo inconvenientes para consumar la tarea. A su lado se quedó el secretario parlamentario del Senado, Agustín Giustinian, quien fue clave por la delicada lectura de los cambios.

Con 42 votos afirmativos y 30 votos negativos queda aprobado el proyecto de Ley de Modernización Laboral— Senado Argentina (@SenadoArgentina) February 12, 2026

*Título I: 41 a favor, 30 en contra. Se abstuvo la neuquina Corroza.

*Título II: 41 afirmativos, 31 rechazos. Aquí estuvo el tema FAL.

*Título III:44 a favor, 28 en contra. En esta sección apareció el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad

*Título IV: 42 a afirmativos, 30 rechazos.

*Título V: 42 a favor, 30 en contra.

*Título VI: 42 afirmativos, 30 rechazos.

*Título VII: 41 a favor, 30 en contra y abstención de Vigo.

*Título VIII: 42 afirmativos, 30 rechazos.

*Título IX: 42 a favor, 30 en contra.

*Título X: 42 a afirmativos, 30 rechazos.

*Título XI: 42 a favor, 30 en contra.

*Título XII: 42 afirmativos, 30 rechazos.

*Título XIII: 41 a 31.

*Título XIV: 40 a 32. Aquí es donde el PRO prometió no votar la continuidad de aportes compulsivos. Como Bullrich no aceptó la versión macrista -única fuerza que impulsó esto, en detrimento de una caja millonaria para gremios y asociaciones empresariales-, el partido amarillo, al final, acompañó.

*Título XV: 41 a favor, 31 en contra.

*Título XVI: 42 afirmativos, 30 rechazos.

*Título XVII: 44 a favor -se sumaron los santacruceños Gadano y Carambia-, 28 en contra.

*Título XVIII: 42 afirmativos, 30 rechazos.

*Título XIX: 42 a favor, 30 en contra.

*Título XX: 42 afirmativos, 30 rechazos.

*Título XXI: 42 a favor, 30 en contra. Aquí se mantiene el 6% a favor de obras sociales. A pesar de ello, el kirchnerismo votó en contra. Llamativo.

*Título XXII: 42 afirmativos, 30 rechazos.

*Título XXIII: 42 a favor, 30 en contra.

*Título XXIV: 41 afirmativos, 31 rechazos.

*Título XXV: 40 a favor, 29 rechazos. Se ausentaron los santacruceños Gadano y Carambia, más el radical bonaerense Maximiliano Abad.

*Título XXVI: 38 afirmativos, 31 en contra.

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Nuevo Régimen Penal Juvenil: el Gobierno oficializó su promulgación

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El Gobierno de Javier Milei promulgó la Ley 27801, conocida como el nuevo Régimen Penal Juvenil, mediante Decreto 138/2026 publicado en el Boletín Oficial esta madrugada.

Entre las modificaciones principales se destaca la baja en la edad de imputabilidad, acompañada por la creación de un nuevo régimen de penas graduadas. Este esquema contempla tanto la edad del menor como las particularidades del contexto en el que se cometió el delito.

Durante el periodo de sesiones extraordinarias del 27 de febrero, el Senado aprobó la iniciativa con una votación con 44 votos positivos y 27 negativos. Así, La Libertad Avanza (LLA) logró un nuevo triunfo legislativo.

Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana tienen fijada la edad de imputabilidad en 14 años, mientras que Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá inician en los 12 años. En ambos casos, el tratamiento de los niños y jóvenes que cometen delitos se basa en impartir medidas socioeducativas que priorizan su reinserción en la sociedad.

Originalmente, el oficialismo había impulsado el proyecto que fijaba la edad de imputabilidad en los 13 años. Sin embargo, en el marco de una compleja “negociación parlamentaria” con los bloques dialoguistas, el Ejecutivo aceptó elevar el piso a los 14 años con el objetivo de destrabar el consenso político y garantizar los votos necesarios para la media sanción en la Cámara de Diputados.

Con esta modificación, el Gobierno se aseguró el respaldo de aliados estratégicos como el PRO y la UCR. Desde estos espacios señalaban que el límite de los 14 años representaba un punto de equilibrio más sólido, alineando la legislación local con los estándares de la mayoría de los países de la región.

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Mahiques impulsa cambios y coloca a Ramírez en la IGJ

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El nuevo ministro de Justicia de Argentina, Juan Bautista Mahiques, ha realizado cambios significativos en su cartera, comenzando por la designación de Alejandro “Chule” Ramírez como el nuevo titular de la Inspección General de Justicia (IGJ). Ramírez asumirá el cargo en sustitución de Daniel Vítolo, mientras que Gabriela Zangaro será la nueva líder de la Oficina Anticorrupción, anteriormente a cargo de Alejandro Melik.

Mahiques, quien asumió la cartera el jueves, ha pedido la renuncia de todos los funcionarios políticos, marcando así un nuevo rumbo en la gestión judicial. Con el enfoque en la transparencia y el fortalecimiento de las instituciones, esta reestructuración busca brindar un nuevo impulso a las funciones del ministerio.

Alejandro Ramírez es un abogado y Magíster en Derecho Empresario por la Universidad Austral, donde también se desempeña como profesor. Su experiencia incluye representación de Argentina ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL), participando en la elaboración de la Ley Modelo sobre Sociedades por Acciones Simplificadas y en la Guía Legislativa de la ONU sobre Registro de Empresas.

Gabriela Zangaro, la nueva responsable de la Oficina Anticorrupción, trae consigo una sólida trayectoria en el ámbito judicial. Desde 2003, ha ocupado el cargo de jueza de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas en la Ciudad de Buenos Aires. Su formación académica, que incluye un doctorado en Derecho Penal, y su experiencia en la Asociación de Magistrados aportan un fuerte componente a su nuevo rol.

Sebastián Amerio, quien fue el número dos del saliente Mariano Cúneo Libarona, también ha sido nombrado para liderar la Procuración del Tesoro, un organismo clave para la representación legal del Estado. Estos cambios reflejan un enfoque en la continuidad y la experiencia en posiciones clave dentro del gobierno.

Con estos nuevos nombramientos, Mahiques busca no solo modernizar la administración de justicia, sino también garantizar un control más riguroso y eficaz en las instituciones que manejan la transparencia y la integridad en el ámbito público. La expectativa es alta respecto a cómo estos cambios impactarán en la percepción pública sobre la justicia en Argentina y su capacidad para combatir la corrupción.

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ARCA revela irregularidades en compañía con vínculos a Toviggino

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha confirmado serias irregularidades en Malte SRL, una empresa que se vio involucrada en un blanqueo de activos por 1,4 millones de dólares y que está vinculada a Pablo Toviggino, actual tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Según el informe de ARCA, la firma opera como una “usina sin capacidad operativa económica y/o financiera”, y está en el centro de una investigación penal que incluye a importantes figuras de la AFA.

El informe revela que Malte SRL fue clasificada por la AFIP por presentar anomalías significativas, como cambios frecuentes de domicilio fiscal y una estructura financiera poco clara. La empresa registró un volumen de operaciones desproporcionado en comparación con su capacidad económica real, evidenciando patrones típicos de empresas pantalla. Además, se señalaron transferencias de bienes de alto valor, incluyendo vehículos y propiedades, sin la debida documentación que justifique esos movimientos.

Un aspecto notable del análisis es la falta de personal declarado en la empresa, ya que durante todos los períodos revisados solo se registró un trabajador. Este hecho contradice la magnitud de las operaciones financieras que llevaban a cabo, lo que generó suspicacias sobre su actividad real. Las direcciones IP utilizadas para emitir comprobantes también fueron compartidas con otras empresas del grupo, lo que plantea más preguntas sobre su funcionamiento.

Los vínculos de Malte SRL con la AFA han despertado atención en el juicio en curso que enfrenta a sus dirigentes. El juez federal Diego Amarante ha convocado a indagatoria a los principales responsables de la AFA, incluidos Toviggino y el presidente Claudio Tapia. Se les prohíbe salir del país en el marco de una causa que investiga la apropiación indebida de más de 19.300 millones de pesos argentinos en aportes impositivos y de la seguridad social.

ARCA basó su investigación en pruebas documentales y testimonios internos que sugieren una evasión fiscal deliberada por parte de la AFA. La gerente de Control y Administración, Mónica Bouvet, describió un sistema en el que cualquier orden de transferencia de fondos debía ser aprobada exclusivamente por el tesorero, mientras que los balances eran firmados por los directivos claves de la organización.

La situación de Malte SRL, que ha sido calificada como una sociedad apócrifa destinada a facilitar maniobras de evasión fiscal, continúa bajo estricta vigilancia judicial. La acusación de ARCA, junto con la investigación penal en curso, sugiere que las irregularidades son parte de un esquema más amplio de administración fraudulenta y lavado de activos, que afecta a la gestión de la AFA y ha generado un gran escándalo en el fútbol argentino.

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