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Causa Techo Digno: absolvieron al exintendente de Fernández Oro y a un empresario
El Tribunal Oral en lo Criminal de Fernández Oro absolvió este martes al exintendente Juan Oscar Reggioni y al empresario Néstor Raúl Sarasola en la causa conocida como “Techo Digno”, que investigaba presuntas irregularidades en la ejecución de fondos nacionales destinados a la construcción de 50 viviendas sociales en esa localidad rionegrina. La decisión fue adoptada por unanimidad, tras considerar que la acusación no logró probar con el grado de certeza requerido los delitos imputados.
La investigación se centró en un convenio suscripto en el marco del programa federal Techo Digno, donde la Municipalidad de Fernández Oro contrató a la empresa Eraiki S.A., representada por Sarasola, para la edificación de las unidades habitacionales. Según la Fiscalía, se realizaron pagos indebidos a la constructora y se desviaron recursos a fines no previstos en el acuerdo original, lo que habría generado un perjuicio económico al Estado y un beneficio ilícito para la firma.
Reggioni enfrentaba cargos como autor de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en concurso real con peculado, mientras que Sarasola era acusado como partícipe necesario en la supuesta defraudación. La acusación sostenía que se abonó un porcentaje superior al avance real de obra certificado (alrededor del 30% pagado contra un 27,68% constatado) y que parte de los fondos se destinó a otras obras municipales o cuentas distintas, configurando un desvío.
Sin embargo, el tribunal concluyó que no se acreditó un daño concreto al erario ni un beneficio indebido para la empresa. Las viviendas fueron finalmente concluidas mediante acuerdos posteriores, y las defensas lograron demostrar que las diferencias entre avance físico y mediciones económicas no implicaban necesariamente irregularidades delictivas, ya que no se desvirtuaron las explicaciones técnicas aportadas por testigos.
En relación con el peculado, los jueces analizaron que la imputación no delimitó con precisión los elementos del tipo penal, confundiendo “sustraer” con “desviar” fondos dentro de la propia administración. Además, se valoró la autonomía municipal y las normas provinciales y ordenanzas locales que habilitaban reasignaciones de partidas bajo ciertas condiciones, sin que se probara un exceso de facultades o acuerdo previo para defraudar.
Esta absolución se suma a otros fallos en la serie de causas “Techo Digno” que involucran a varios exintendentes rionegrinos y empresarios por el manejo de fondos nacionales para planes habitacionales. El tribunal enfatizó que la prueba producida durante el debate no permitió tener por acreditados los extremos de la acusación, priorizando el principio de in dubio pro reo.
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Del recinto al mercado: la Legislatura avala acuerdo para exportar gas
La Legislatura aprobó por amplia mayoría la ratificación del acuerdo firmado por el Gobernador Alberto Weretilneck con Southern Energy y San Matías Pipeline. La ley consolida reglas claras para una inversión estratégica que confirma el rumbo de Río Negro como puerta de salida del gas de Vaca Muerta al mundo, garantizando la generación de nuevos puestos laborales y más desarrollo.
De este modo, se ratifica el Acta Acuerdo firmada el 14 de abril pasado entre la Provincia, Southern Energy S.A. (SESA) y San Matías Pipeline S.A., orientada a establecer un régimen fiscal y de estabilidad regulatoria para el desarrollo del proyecto de Gas Natural Licuado en el Golfo San Matías.
La decisión, acompañada por una amplia mayoría en la Legislatura (41 votos a favor y 3 en contra), consolida un nuevo avance en el camino que viene construyendo Río Negro para convertirse en un actor estratégico de la exportación energética argentina, con infraestructura, trabajo local, cuidado ambiental y nuevas oportunidades de desarrollo para las comunidades.
El gobernador Alberto Weretilneck destacó el respaldo legislativo y remarcó que este proyecto “ratifica el rumbo que elegimos para Río Negro: transformar nuestros recursos en empleo, desarrollo y obras para nuestra gente, con reglas claras y defendiendo los intereses de la provincia en cada decisión”.
Un paso clave para consolidar a Río Negro como exportador de GNL
El Proyecto FLNG prevé la instalación de dos buques de licuefacción en el Golfo San Matías, con una capacidad total de 6 millones de toneladas anuales de GNL, equivalentes a casi 27 millones de metros cúbicos diarios de gas natural. Además, contempla la construcción de un gasoducto dedicado de 471 kilómetros y 36 pulgadas, que conectará Vaca Muerta con la costa rionegrina.
La Secretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini, destacó el acompañamiento legislativo que permitió avanzar con una herramienta clave para dar previsibilidad a una inversión de escala internacional.
“Queremos agradecer a los legisladores que acompañaron esta decisión y que entienden el cambio de perfil productivo al que estamos asistiendo en Río Negro. Este no es un proyecto aislado: es parte de un rumbo que venimos construyendo con planificación, reglas claras y defensa de los intereses de todos los rionegrinos”, afirmó Confini.
A su vez, remarcó que el acompañamiento no fue unánime, pero valoró especialmente a quienes respaldaron el proyecto “con una mirada estratégica sobre lo que ya está pasado en la provincia”.
“Agradecemos a quienes confían en esta etapa de transformación. Río Negro está asumiendo un rol central en el desarrollo energético nacional, y el Gobierno Provincial tiene la responsabilidad de cuidar que ese proceso se traduzca en empleo, infraestructura, ingresos y oportunidades reales para nuestra gente”, sostuvo.
Previsibilidad para invertir y beneficios para Río Negro
El acuerdo busca brindar certeza jurídica, fiscal y regulatoria para el desarrollo del Proyecto FLNG, una condición clave para una inversión de gran escala vinculada a la producción, transporte, licuefacción y exportación de gas natural.
El proyecto podría generar para Río Negro más de USD 490 millones en 20 años, entre cánones, regalías, tasas, aporte comunitario y un aporte variable asociado al precio internacional del GNL.
Entre esos beneficios se incluye un aporte comunitario fijo de USD 36 millones, destinado a seguridad, salud e inversiones comunitarias. Además, la norma dispone que el 5% de esa contribución sea asignado al Municipio de San Antonio Oeste para obras de infraestructura y equipamiento.
Río Negro, puerta de salida al mundo
Southern Energy está integrada por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG. El consorcio proyecta una inversión superior a los USD 15.000 millones para operar durante 20 años un esquema de exportación basado en dos unidades flotantes de licuefacción en el Golfo San Matías.
Este avance se suma a otros hitos recientes del desarrollo del GNL en la provincia, como el primer contrato de venta con la empresa estatal alemana SEFE, que prevé exportaciones por 2 millones de toneladas anuales de GNL desde el Golfo San Matías a partir de fines de 2027.
Desarrollo con control ambiental y prioridad local
El acuerdo incorpora compromisos ambientales, entre ellos la adhesión de Southern Energy al Programa de Monitoreo de la zona costera de influencia del Golfo San Matías, con el objetivo de garantizar seguimiento, fiscalización y cuidado de los recursos naturales.
“La Provincia está presente para ordenar, regular y defender. Nuestro rol es garantizar que las inversiones lleguen, pero también que dejen beneficios concretos en Río Negro: más trabajo para rionegrinos, más actividad para nuestras empresas, más infraestructura y más futuro para las próximas generaciones”, agregó Confini.
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Construir Inclusión: viviendas dignas para personas con discapacidad
El Gobierno Provincial lanzó Construir Inclusión, un plan impulsado por el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV), destinado exclusivamente a personas con discapacidad. En una primera etapa se construirán 100 hogares, con financiamiento netamente provincial.
Esta nueva herramienta se presentó en un acto encabezado en Villa Regina por el Gobernador Alberto Weretilneck y el Intendente Luis Albrieu.
Si bien el IPPV en cada plan de viviendas que lleva adelante contempla un mínimo del 10% de las casas para personas con discapacidad, en esta oportunidad se puso en marcha una línea habitacional específica, pensada para garantizar mayor accesibilidad, autonomía y oportunidades a familias rionegrinas, con fondos provinciales y contratación de empresas y mano de obra local.
La iniciativa es coordinada junto al Ministerio de Desarrollo Humano y organizaciones que trabajan en la temática de discapacidad.
En ese marco, el Gobernador destacó el rol de estas organizaciones y señaló: “Creo que lo más importante para resaltar hoy es el trabajo que han hecho ustedes en las distintas asociaciones a lo largo de toda la historia, en el acompañamiento y la lucha para que las personas con discapacidad tengan lo que merecen y lo que les corresponde tener”.
Además, explicó la decisión de orientar la política habitacional hacia este sector y afirmó: “Como la política de vivienda no puede ser lo tradicional y habitual que era de demanda libre, tenemos que definir y priorizar un sector de la sociedad y aquí es donde tomamos la definición que el eje de la política de construcción de vivienda del IPV va a estar dado en las familias con discapacidad”.
Por su parte, el interventor del IPPV, Mariano Lavin, brindó detalles del nuevo plan, que se ejecutará a través de distintas líneas operatorias y en convenio con municipios, comisiones de fomento y entidades intermedias.
“El plan tendrá tres requisitos clave: que la persona que se inscriba no tenga vivienda; que el titular o un integrante de la familia tenga Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente; y que cumpla con una residencia mínima de 5 años en la localidad rionegrina donde vive”, explicó.
En relación a las características de las viviendas, indicó que “las mismas contemplan criterios de accesibilidad universal, garantizando mayor autonomía para las personas. Por esto incluirán dimensiones adecuadas en puertas, circulaciones y baños, facilitando el desplazamiento de personas con movilidad reducida”.
Proceso de selección
En cuanto al proceso de selección, detalló: “Una vez recibida toda la documentación, IPPV va a corroborar que se cumpla con los requisitos de acceso a la vivienda y armará el expediente correspondiente con el número de legajo”.
“Todos los expedientes se enviarán a la Subsecretaría de Políticas Públicas para Personas con Discapacidad de Río Negro, quien determinará el orden de prelación, priorizando casos de mayor vulnerabilidad social y funcional”, completó.
¿Quiénes pueden acceder al plan?
- Personas mayores de 18 años con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente
- Familias con al menos un integrante con discapacidad y CUD vigente
- Residencia mínima de 5 años en la localidad de Río Negro donde viven
- Ingresos familiares comprobables entre uno y diez Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM)
- No poseer imputación o condena por usurpaciones y/o tomas de tierras públicas
- No poseer vivienda
¿Cómo anotarse?
La inscripción podrá realizarse de dos maneras: online, a través del link https://ippv.rionegro.gov.ar/formulario-de-inscripcion-construir-inclusion o presencial en cualquiera de sus 18 delegaciones en la provincia.
La misma tendrá dos períodos: del 29 de abril al 29 de mayo de 2026 y del 1 de junio al 15 de julio de 2026.
¿Qué documentación se necesita?
- DNI de todo el grupo familiar conviviente
- Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente
- Acta de matrimonio o unión convivencial, en caso de corresponder
- Certificado de antecedentes penales del o los titulares
- Certificado de propiedades de catastro municipal
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Río Negro reactiva la Ley Pierri para dar seguridad jurídica a familias
El Gobernador Alberto Weretilneck y el Intendente Luis Albrieu, encabezaron en Villa Regina el relanzamiento del Régimen de Regularización Dominial Ley Pierri, una política pública que busca avanzar en la escrituración de viviendas y brindar seguridad jurídica a familias que habitan inmuebles desde hace años sin título de propiedad.
La actividad tuvo como objetivo fortalecer la implementación del régimen, ordenar circuitos administrativos y consolidar una red de trabajo articulada para avanzar en la escrituración de viviendas ubicadas en inmuebles privados, cuando las familias acreditan posesión pública, pacífica y continua, con causa lícita desde al menos, el año 2006.
En ese sentido, el Gobernador destacó el enfoque de la política pública y su impacto social: “Estamos empezando esta nueva etapa que es una respuesta no solo a una necesidad, más que nada a un derecho”, y remarcó la decisión de avanzar con una herramienta concreta para garantizar ese acceso: “Había que definir una respuesta, y hoy estamos poniendo en marcha una política pública para dar respuesta a ese derecho”.
En esa línea, subrayó la importancia de fortalecer el trabajo articulado entre Provincia, municipios y organizaciones, con el objetivo de ampliar el alcance del programa y garantizar que más familias puedan acceder a la regularización dominial y a la seguridad jurídica sobre sus viviendas.
Durante el encuentro se presentaron los principales lineamientos de esta nueva etapa, orientada a agilizar expedientes, mejorar la trazabilidad del procedimiento y acompañar a las familias que habitan sus viviendas desde hace años, pero aún no cuentan con título de propiedad.
Desde el IPPV se destacó que la Ley Pierri permite ordenar jurídicamente situaciones habitacionales consolidadas y brindar seguridad jurídica a hogares rionegrinos.
El relanzamiento forma parte de una política pública provincial orientada a fortalecer la presencia territorial del Estado, simplificar trámites y avanzar en procesos de regularización dominial con articulación institucional, mirada social y respaldo técnico-jurídico.
Estuvieron presentes los Intendentes de Viedma, Marcos Castro; de Cipolletti, Rodrigo Buteler; de Gaurdia Mitre, Miguel Evans; de Coronel Belisle, Diego Agüero; los Ministros de Gobierno, Trabajo y Turismo, Agustín Ríos, de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; de Desarrollo Humano, Juan Pablo Muena, y demás autoridades provinciales y locales.
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