La investigación sobre presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ha tomado un giro inesperado al procesar a Ornella Calvete, ex directora nacional en la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, junto a su padre y otros 17 implicados. La ex funcionaria se encuentra en el centro de un escándalo que se agrava con el descubrimiento de casi 700.000 dólares en efectivo en su departamento de Puerto Madero.

El juez federal Sebastián Casanello dictó el procesamiento de Calvete sin prisión preventiva, pero impuso un embargo preventivo sobre sus bienes por un total de 94.288.025.418 pesos. Se le atribuye el papel de “partícipe necesaria” en una presunta estructura de corrupción que ha afectado a ANDIS desde diciembre de 2023, utilizando su posición privilegiada en el gobierno para facilitar la maniobra delictiva.

El operativo que reveló la fortuna en efectivo tuvo lugar el 9 de octubre de 2025, cuando la Policía Federal llevó a cabo un allanamiento en la lujosa residencia de Calvete. Durante la incautación de bienes, los agentes encontraron fajos de dólares ocultos entre artículos de lujo, incluidos relojes TAG Heuer y habanos Partagas. A pesar de las evidencias, Calvete ha declarado que nunca tuvo control sobre el dinero hallado.

Los chats recuperados por la investigación muestran la colaboración activa de Calvete con su padre, Miguel Ángel Calvete, en la planificación de negocios ilícitos. Se ha revelado que utilizaba su cargo para obtener y compartir información confidencial, incluyendo detalles sobre la disputa de poder dentro de ANDIS, lo que le permitió a su padre establecer conexiones ventajosas en el ámbito de los agroquímicos.

Además, Ornella Calvete está siendo investigada por facilitar la contratación de testaferros que habrían facturado millones al Estado. En conversaciones recientes, se evidenció su intención de ocultar la titularidad de los negocios usando “nombres de fantasía”, lo cual ha profundizado su implicación en la trama delictiva que, a la luz de la evidencia, parece ser más extensa de lo inicialmente sospechado.

La ex funcionaria ha negado las acusaciones y ha argumentado que los chats fueron malinterpretados. Sin embargo, el juez Casanello considera que las pruebas son contundentes y que Calvete tenía pleno conocimiento de la ilegalidad de las operaciones, enfrentando así un caso que podría tener graves repercusiones en su futuro y en el de otros funcionarios implicados en la corrupción de ANDIS.

En un nuevo desarrollo del caso de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, exdirector de la entidad y conocido amigo del presidente Javier Milei, ha sido procesado por asociación ilícita. Esta decisión se enmarca en una investigación que investiga irregularidades en la compra de medicamentos y otros insumos destinados a personas con discapacidad.

Spagnuolo, quien ocupó un rol clave en la gestión de ANDIS, ha sido vinculado a una serie de transacciones dudosas que han desencadenado una ola de implicaciones legales para otros 18 imputados en el mismo caso. Esta situación ha puesto en evidencia una serie de prácticas que afectan gravemente la transparencia y eficacia del manejo de recursos destinados a la asistencia de grupos vulnerables.

La investigación se inició a raíz de unos audios que revelaron conversaciones entre Spagnuolo y otros funcionarios, sugiriendo la existencia de una red de corrupción estructurada. Estos audios habrían sido determinantes para el avance del proceso judicial, mostrando la magnitud de las irregularidades en el manejo financiero de la agencia.

En respuesta a esta situación, tanto la opinión pública como sectores políticos han reclamado una revisión exhaustiva de las políticas de transparencia en la administración pública. Esta demanda surge no solo por el escándalo actual, sino también por un contexto histórico de corrupción que ha permeado diversas instituciones de gobierno.

#Argentina
Procesaron a Diego Spagnuolo, ex titular de Discapacidad y amigo íntimo de Javier Milei.
El audio era real. El negocio existió.
Mintieron.#Corrupción #Discapacidad #Corrupción #Discapacidad #Milei #KarinaMilei #Justicia #MileiTraidorALaPatria #KarinaAltaCoimera pic.twitter.com/5TWLCfvOPU— Cesar Garzon (@Cesargarzon80) February 9, 2026

El caso de Spagnuolo y los otros imputados ha generado preocupación en la comunidad de personas con discapacidad, quienes ven comprometidos sus derechos y el acceso a servicios esenciales. Muchos líderes de organizaciones no gubernamentales han expresado su indignación, exigiendo justicia y medidas preventivas para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.

A medida que avanza el proceso judicial, se espera que nuevos nombres y detalles salgan a la luz, lo que podría cambiar el panorama político actual. La relación entre el gobierno de Milei y las instituciones públicas se encuentra bajo un intenso escrutinio, lo que podría tener repercusiones en la gestión del Ejecutivo.

El Gobierno nacional ha decidido disolver el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial. Esta medida, que responde a un grave desequilibrio financiero que afectaba a la institución —con un déficit acumulado estimado en alrededor de 200.000 millones de pesos—, dará lugar a la creación de dos nuevas obras sociales: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG).

La nueva OSFA estará bajo la supervisión del Ministerio de Defensa y tendrá la responsabilidad de cubrir las prestaciones médico-asistenciales del personal militar, ya sea en actividad, retirado o pensionado, así como de sus familias primarias. El organismo tiene el mandato de garantizar que las prestaciones ofrecidas no sean inferiores al Programa Médico Obligatorio, y su directorio estará compuesto por representantes de cada fuerza armada.

Por su parte, la OSFFESEG operará bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad Nacional, y se encargará de la atención sanitaria del personal de fuerzas como Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina. Este nuevo organismo también puede incorporar a futuras fuerzas federales, con un directorio designado por la cartera de Seguridad que deberá tener idoneidad técnica en gestión pública.

El decreto establece que ambas obras sociales deben destinar al menos el 80% de sus recursos a prestaciones de salud, limitando los gastos administrativos y operativos al 8%, y permitiendo un máximo del 12% para otras prestaciones solo si se han cumplido las obligaciones primarias. Esta estructura busca asegurar que la mayor parte de los fondos se utilice directamente para la atención médica.

La disolución del IOSFA llega en un contexto de crisis y denuncias acumuladas por sus afiliados. Durante el año pasado, muchos beneficiarios reportaron que las prestaciones de salud se suspendieron y, a pesar de ello, continuaron sufriendo descuentos en sus haberes, lo que los llevó a pagar tratamientos por fuera del sistema. Esto generó un ambiente de descontento y exigencia por parte de organizaciones sindicales.

La reestructuración de la obra social es vista como una respuesta a la demanda de especialización en la atención de personal militar y de seguridad, signando un nuevo capítulo en la provisión de servicios de salud para estas fuerzas. Sin embargo, también plantea desafíos logísticos significativos, como garantizar la continuidad de la atención médica durante la transición entre los antiguos y nuevos organismos.