El vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, publicó una reflexión en la que propone una lectura histórica profunda sobre el presente argentino, al advertir que “todos los pueblos pueden quedar atrapados en el pasado” o “confinados en un eterno presente” si pierden de vista la dimensión histórica de sus acciones. En ese sentido, sostuvo que “el presente no nace con el sol de cada mañana”, sino que es el resultado de procesos acumulados a lo largo del tiempo, incluso aquellos tan lejanos “como los astros que iluminan la noche con una luz que partió hace miles o millones de años”.

En el marco del 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el dirigente planteó que sus consecuencias siguen vigentes y comparó ese hecho con una herida irreversible: “La Argentina vivió lo mismo que puede sucederle a una persona que sufre una amputación en su cuerpo: el tiempo puede atenuar el dolor, pero no restituye aquello que se ha perdido”. Según afirmó, esa “mutilación” continúa condicionando la vida social, política y económica del país.

Pesatti remarcó que la dictadura no fue “un mero paréntesis en el devenir de la patria”, sino una intervención estructural que transformó el tejido productivo e institucional. Apuntó especialmente contra la política económica de José Alfredo Martínez de Hoz, al señalar que impulsó una apertura indiscriminada de importaciones que “destruyó la industria construida durante décadas”, en paralelo con una estrategia cultural que instaló la idea de superioridad de lo extranjero. Recordó además que la “tablita cambiaria” funcionó como “una anestesia” que ocultaba el deterioro económico.

En ese contexto, detalló el fuerte deterioro de los indicadores sociales y económicos, con cierre de miles de industrias, caída de exportaciones y pérdida masiva de empleo. Subrayó también que la deuda externa “sextuplicó” durante el período y calificó ese proceso como “una hipoteca generacional”, cuyos efectos se proyectaron en crisis posteriores como la hiperinflación de 1989 y el colapso de 2001. Para el vicegobernador, estos episodios no fueron hechos aislados, sino “la expresión tardía de una lógica inaugurada en aquellos años”.

El dirigente rionegrino también puso el foco en la responsabilidad civil durante el régimen, al afirmar que el modelo económico no fue obra exclusiva de las Fuerzas Armadas. En ese sentido, sostuvo que existió una clara asimetría judicial: mientras militares y fuerzas de seguridad fueron juzgados, los actores civiles “jamás pagaron por sus responsabilidades” y consolidaron su poder económico. Según su visión, estos sectores fueron clave en la implementación de un esquema que concentró la riqueza y subordinó la economía al capital financiero internacional.

Asimismo, describió el alcance del terrorismo de Estado no solo en términos represivos, sino también culturales y geopolíticos. Mencionó la quema de libros, la persecución intelectual y la reducción del sistema científico, además del impacto del exilio y la desaparición de miles de personas. También vinculó las decisiones militares con el contexto internacional de la Guerra Fría y los intereses de Estados Unidos, así como con episodios como la guerra de Malvinas, que dejó un saldo trágico y consecuencias aún vigentes.

Finalmente, Pesatti sostuvo que reconocer lo ocurrido no implica quedar anclados en el pasado, sino asumir una responsabilidad hacia el futuro. “Interpelar ese pasado no es un ejercicio retrospectivo, sino un acto de responsabilidad hacia el porvenir”, afirmó, al tiempo que reclamó avanzar en una justicia integral que incluya a todos los responsables, incluidos los civiles. En esa línea, concluyó que solo una sociedad con memoria puede evitar repetir su historia y reafirmó el compromiso democrático con una consigna contundente: “Nunca más”.

Se trata de un nuevo esquema de distribución de las regalías mineras para devolver un mayor protagonismo económico a los municipios en Río Negro.

La iniciativa busca derogar el artículo 5 de la Ley 5704 y modificar la Ley Q N° 3900, con el objetivo de destinar un 30% de estos fondos a las localidades y comisiones de fomento de donde se extraigan los minerales, un 10% a los distritos no productores, un 10% a la Secretaría de Minería y el 50% restante a rentas generales.

La propuesta fue elaborada de manera conjunta por los legisladores José Luis Berros (VcT), Ayelén Spósito (VcT), Magdalena Odarda (VcT), Fabián Pilquinao (VcT), Luciano D. Sempé (VcT), Patricia Mc Kidd, Gabriela Picotti, Santiago Ibarrolaza y Claudio Doctorovich.

En sus fundamentos, los autores argumentan que la reforma sancionada a fines de 2023 “vulneró el federalismo interno en la provincia, al no respetar las autonomías municipales en las decisiones y acuerdos sobre la participación y distribución de los recursos generados por la actividad minera”.

El documento legislativo hace hincapié en la necesidad de aplicar un “federalismo de concertación”, recordando jurisprudencia de la Corte Suprema al afirmar que “el federalismo no es una lucha de soberanías, sino un sistema de auxilio recíproco”.

En esta línea, los parlamentarios aseguran que otorgar mayores recursos a las administraciones locales “fomentará el ecosistema de sostenibilidad social donde el trabajo digno y genuino sea la principal herramienta para reducir las brechas de desigualdad y potenciar el bienestar de sus habitantes”.

El debate por el reparto de estos fondos se reactiva en un momento clave, luego de que el gobierno provincial anunciara la primera exportación de oro rionegrino. Al respecto, el texto del proyecto subraya que frente a este hito económico es “donde toma dimensión la pérdida de recursos provenientes de regalías mineras a la que renunciaron los 39 municipios rionegrinos en la discusión unilateral del año 2023”.

En el marco de la Ley 80-20, el sector privado viene fortaleciendo su compromiso con la formación y el empleo, impulsando capacitaciones destinadas a rionegrinos y rionegrinas en distintos puntos de la provincia. Esta articulación entre el Estado Provincial, las empresas privadas y los sindicatos ya ha permitido la generación de más de 3.000 puestos de trabajo, consolidando un modelo de desarrollo que prioriza la inserción laboral y el crecimiento local.

La Ley 80-20 establece que, en los proyectos productivos y de inversión que se desarrollan en la provincia, al menos el 80% de la mano de obra debe ser rionegrina, promoviendo así el empleo local y garantizando que el crecimiento económico impacte directamente en las comunidades. Además, la normativa incorpora una fuerte impronta de responsabilidad social empresarial, incentivando a las empresas a involucrarse en procesos de capacitación, formación técnica y desarrollo de habilidades en la población, en articulación con las organizaciones sindicales.

En este sentido, ya se concretan experiencias de capacitación impulsadas por empresas de primera línea junto a los gremios. Tal es el caso de Techint, que lleva adelante instancias formativas en la localidad de Catriel, orientadas a mejorar las oportunidades laborales de los trabajadores locales. A su vez, la empresa realiza aportes concretos en el sistema educativo, con la entrega de computadoras a una escuela técnica de Cipolletti y el inicio de trabajos para la puesta en valor de su infraestructura, incluyendo tareas de pintura en la fachada.

Desde la Secretaría de Trabajo se destacó además que se continúa avanzando en el diálogo con empresas estratégicas como YPF y otras firmas del sector energético e industrial, junto a los sindicatos, con el objetivo de ampliar estas iniciativas y generar nuevas oportunidades de capacitación y empleo en toda la provincia.

“Estamos convencidos de que el trabajo conjunto entre el Estado Provincial, el sector privado y los sindicatos es clave para el desarrollo de Río Negro. La Ley 80-20 no solo promueve el empleo local, sino que también impulsa la formación y la responsabilidad social como pilares de un crecimiento sostenido e inclusivo”, señalaron desde el área.