La directora de un colegio secundario de la provincia de Río Negro presentó una denuncia luego de que un alumno amenazara con llevar un arma al establecimiento y asesinar a sus compañeros. El hecho involucra al hijo de la diputada nacional Lorena Villaverde y generó fuerte preocupación en la comunidad educativa de la ciudad de Cipolletti.

Según la denuncia, el adolescente —que cursa el segundo año— habría manifestado ante otros estudiantes su intención de concurrir al colegio con un arma para “matarlos a todos”. Ante la gravedad de los dichos, las autoridades escolares decidieron dar intervención inmediata a la Policía y a la Justicia.

La presentación fue realizada en la Comisaría Cuarta por la directora del establecimiento, mientras que la Fiscalía N.º 1 tomó intervención en el caso. Desde ese organismo se dispusieron medidas preventivas, incluyendo un refuerzo de la seguridad en las inmediaciones del colegio y la articulación con organismos de protección de la niñez.

Debido a su edad, el menor no puede ser imputado penalmente. No obstante, se activaron protocolos de contención y seguimiento, y se resolvió que el estudiante no asista a clases mientras avanza la investigación judicial.

En paralelo, efectivos policiales permanecen custodiando el establecimiento educativo, donde las clases continuaron con normalidad. Sin embargo, la situación generó inquietud entre las familias, que se acercaron a la escuela para exigir explicaciones y mayores medidas de seguridad.

El episodio reavivó el debate sobre la prevención de la violencia en ámbitos escolares y la necesidad de reforzar los mecanismos de intervención temprana ante amenazas de este tipo, especialmente cuando involucran a menores de edad

La Justicia federal dispuso levantar el secreto fiscal, bancario y financiero del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La medida fue ordenada por el juez Ariel Lijo y alcanza también a su esposa, Bettina Angeletti, así como a una empresa vinculada a ambos.

La decisión judicial se tomó a partir de un pedido del fiscal Gerardo Pollicita, quien busca avanzar en el análisis patrimonial del funcionario. El objetivo central es “reconstruir con precisión la evolución patrimonial, económica y financiera” de la pareja y verificar el origen de los fondos declarados.

Con el levantamiento del secreto, los investigadores podrán acceder a información detallada sobre cuentas bancarias, consumos con tarjetas, inversiones, créditos y movimientos financieros. La medida también habilita a contrastar esos datos con las declaraciones juradas presentadas por el funcionario ante los organismos de control.

La resolución incluye además a la firma “AS Innovación Profesional”, propiedad de Adorni y su esposa, y se extiende a otras personas mencionadas en la causa como presuntas prestamistas o acreedoras. En ese punto, la Justicia busca determinar si contaban con la capacidad económica para respaldar las operaciones en las que aparecen involucradas.

Uno de los focos del expediente está puesto en distintas operaciones inmobiliarias y financieras bajo análisis, entre ellas la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito. La investigación intenta establecer si esas transacciones se corresponden con los ingresos declarados o si existen inconsistencias patrimoniales.

El pedido del fiscal se apoyó en elementos ya incorporados a la causa, como informes registrales, escrituras, declaraciones testimoniales y documentación patrimonial. En ese marco, la ampliación de medidas apunta a profundizar la pesquisa y consolidar pruebas sobre la evolución económica del funcionario antes y después de su ingreso a la función pública.

El levantamiento del secreto bancario y fiscal constituye un paso clave dentro del expediente, ya que permite a la Justicia acceder a información que normalmente está protegida por ley. Este tipo de medidas suele adoptarse cuando existen indicios suficientes en una investigación penal y resulta necesario analizar en detalle los movimientos financieros de los involucrados.

Con esta decisión, la causa entra en una nueva etapa orientada a esclarecer si hubo irregularidades en el patrimonio del jefe de Gabinete. El avance judicial se produce en un contexto de creciente exposición pública del caso, que podría derivar en nuevas medidas a medida que se incorporen datos sobre las operaciones económicas bajo sospecha.

Tras dos años de haberes inmutables, el 2 de enero de 2026 el presidente Javier Milei firmó el decreto que puso fin a la política de salarios congelados para los funcionarios de su Gabinete. La medida, oficializada mediante el DNU 931/2025, benefició al jefe de Gabinete, ministros, secretarios y subsecretarios, cuyos ingresos se duplicaron en los primeros meses del año.

Los únicos sueldos que permanecen frizados son los del propio Presidente, que cobra $4.066.018, y el de la vicepresidenta Victoria Villarruel, con $3.764.821, pese a las quejas que había manifestado por su bajo salario.

La recomposición salarial se justificó en la pérdida frente a la inflación acumulada —194% en dos años— y en la necesidad de frenar la fuga de cuadros técnicos hacia el sector privado. Sin embargo, la decisión generó ruido político: Milei había hecho de la austeridad un emblema de campaña y había puesto un techo a las paritarias privadas.

Escala de aumentos

Ministros y jefe de Gabinete: de $3.584.006 en diciembre a $8.020.866 en mayo.

Secretarios: de $3.282.709 a $7.346.575.

Subsecretarios: de $2.981.513 a $6.672.510.

El incremento entre diciembre y mayo equivale a un 123%, aunque desde el Ejecutivo remarcan que sigue por debajo de la inflación acumulada.

Comparaciones sensibles

Mientras los ministros perciben más de $8 millones, el promedio salarial de los estatales nacionales ronda los $1,2 millones, con un mínimo de $600.000 para los civiles de las Fuerzas Armadas. Los senadores, blanco habitual de las críticas presidenciales, cobraron hasta marzo $11,6 millones en bruto, y los jueces de la Corte Suprema superan los $9,9 millones.

En contraste, el Ripte —que mide la remuneración promedio de los trabajadores estables— se ubicó en $1.646.344 en enero de 2026.

Un giro político

El descongelamiento se produjo con viento a favor para Milei, tras la victoria legislativa de 2025 que consolidó a La Libertad Avanza incluso en la provincia de Buenos Aires. La decisión marca un giro respecto de la narrativa inicial del Presidente, que había prometido que el ajuste recaería también sobre “la casta”.

La medida expone la tensión entre la necesidad de sostener la gestión con funcionarios competitivos y el discurso de austeridad que fue central en la campaña libertaria. En los pasillos de Balcarce 50 se reconoce que la presión por la pérdida de cuadros técnicos y la comparación con los sueldos del sector privado fueron determinantes para avanzar con la recomposición.