En un intento por achicar la brecha entre los derechos garantizados por la ley y la realidad cotidiana de cientos de familias, un nuevo proyecto de ley ha sido presentado en la Legislatura de Río Negro. La iniciativa, impulsada por los legisladores Lucas Pica y Facundo López (JSRN), propone modificar la Ley Provincial de Educación (N° 4819) para asegurar la real inclusión de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, especialmente aquellos con Trastorno del Espectro Autista (TEA), Síndrome de Asperger y diversidades cognitivas.

Pese a la existencia de un amplio entramado jurídico nacional y provincial –como la Ley Nacional 26.206 y las leyes provinciales 2055 y 5124–, los fundamentos del proyecto señalan que “la inclusión educativa se topa frecuentemente con barreras institucionales, culturales y actitudinales”.

“Año a año, las familias padecen la odisea y la angustia al intentar inscribir a sus hijos, enfrentándose habitualmente al derecho de admisión o a la supuesta falta de vacantes, un flagelo que se repite mayoritariamente en los establecimientos de gestión privada”, señalan los autores.

Añaden que “a esto se suma, en muchos casos, la exclusión mediante el recorte de la jornada escolar argumentando la falta de personal de acompañamiento acorde”.

Consideran que “la urgencia de esta modificación legislativa encuentra un fuerte respaldo en los recientes reclamos judicializados”.

Un Registro de Vacantes para combatir las excusas

Para combatir las barreras en las inscripciones, la piedra angular del proyecto es la creación de un Registro Público de Vacantes. Todos los establecimientos educativos deberán informar y publicar explícitamente la cantidad de vacantes disponibles para los alumnos matriculados en el ciclo lectivo presente y para las inscripciones del año siguiente. Esta información deberá estar disponible de manera actualizada tanto en las páginas web de las escuelas, como en las del Ministerio y del Consejo Provincial de Educación.

El objetivo primordial de esta medida es “vencer o paliar las primeras acciones de exclusión que se producen en el período de inscripciones abiertas” y visibilizar el contexto de acceso a la educación.

De esta forma, se busca evitar el incumplimiento de la garantía de prioridad que asiste a las personas con discapacidad. Aquellas instituciones que incumplan con el registro serán sancionadas, y la nómina de escuelas con sanciones firmes será publicada de manera oficial.

Nuevas reglas para los colegios privados y capacitación obligatoria

El proyecto legislativo también pone especial atención sobre el sector privado. Para obtener o mantener su reconocimiento oficial y poder funcionar, los colegios de gestión privada, social o cooperativa deberán acreditar que sus reglamentos internos no poseen cláusulas de admisión discriminatorias.

Asimismo, deberán probar que se encuentran exentos de sanciones o condenas por incumplimientos a las normativas de educación y legislación vigente en materia de discapacidad, TEA y Síndrome de Asperger.

Finalmente, el Estado provincial asumirá un rol activo en la preparación de la comunidad educativa. La reforma establece la obligatoriedad de una capacitación gratuita y con certificación en discapacidad y diversidades cognitivas para todos los docentes, directivos y auxiliares, ya sea que se desempeñen en la educación pública o en la privada.

Con la presencia del Gobernador Alberto Weretilneck, la Provincia presentó el nuevo centro de monitoreo 911 en Viedma, un espacio que consolida la presencia estratégica del SIARME (Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencia) en la capital rionegrina. La nueva infraestructura permite mayor tecnología y rapidez en la atención de las y los vecinos.

El Ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, resaltó que la operatividad del sector salud dentro del Centro de Emergencias garantiza una respuesta superior. “Estamos presentes en el centro neurálgico de emergencias de la provincia, hoy en Viedma y próximamente con este mismo estándar en Roca, Cipolletti y Bariloche, lo que nos permite tener una trazabilidad total de la atención del paciente desde que ingresa el llamado”, explicó.

Tecnología para salvar vidas

La clave de este nuevo espacio es la optimización de los tiempos. El Ministro detalló que se cuenta con una tecnología “verdaderamente superadora y muy rápida”, que permite el monitoreo en tiempo real de cada móvil: “El conocimiento de las emergencias que se asisten y las características de las mismas en cada localidad es el estímulo para seguir mejorando”.

Un aspecto a destacar del servicio es que el personal de salud que opera en el 911 son enfermeras y enfermeros capacitados. “Ellos relevan la situación y transmiten en tiempo directo a la ambulancia las características del cuadro, permitiendo que el personal médico se prepare durante el trayecto”, detalló Thalasselis.

Consolidación de un sistema modelo

El Director del SIARME, Miguel Ledesma, destacó que estar en esta nueva central representa un progreso fundamental para el equipo: “Desde la concepción y creación del SIARME siempre se pensó estar al lado del 911. Este nuevo espacio nos permite seguir bajando los tiempos de salida ante una emergencia”.

“Para nosotros esto significa un progreso bien entendido, porque es por el bien de la comunidad”, finalizó Ledesma, subrayando que la cercanía física y tecnológica de los equipos de salud y seguridad es la mayor garantía de protección para los ciudadanos en los tiempos que corren.

Durante 2025, el Fuero Penal de Río Negro registró 7.185 legajos en el Foro de Juezas y Jueces de las cuatro circunscripciones judiciales. De ese total, los delitos contra la propiedad concentraron 2.286 casos y representaron el 38,32 por ciento de la actividad penal en la provincia.

Los delitos contra la propiedad incluyen hurtos, robos, estafas, daños materiales y otros hechos de similar naturaleza. Después se ubicaron los delitos contra las personas, con 970 legajos, equivalentes al 16,26 por ciento. Esa categoría abarca homicidios en todas sus formas, lesiones, abuso de armas y abandono de personas.

Le siguieron los delitos contra la administración pública, con 862 trámites, que comprenden atentado y resistencia a la autoridad, falsa denuncia, falso testimonio, encubrimiento y desobediencia a órdenes judiciales, entre ellas el incumplimiento de medidas cautelares por violencia de género. Los delitos contra la libertad sumaron 780 expedientes e incluyen privaciones ilegítimas de la libertad, detenciones ilegales y violación de secretos.

Por su parte, los delitos contra la integridad sexual alcanzaron 584 casos. En esta categoría se incluyen abusos sexuales con o sin acceso carnal, corrupción de menores, facilitación a la prostitución, exhibiciones obscenas, distribución de imágenes de abuso sexual infantil y grooming.

La mayor parte de los legajos ingresó por requerimientos impulsados por el Ministerio Público, con 5.966 trámites. El resto correspondió a actuaciones administrativas, exhortos, ejecuciones y una proporción menor de querellas privadas.

La distribución territorial mostró que la Segunda Circunscripción, con sede en Roca, reunió la mayor cantidad de legajos con 2.412 ingresos. Le siguieron Bariloche con 1.916, Cipolletti con 1.590 y Viedma con 1.267.

Durante el mismo período se agendaron 16.280 audiencias en toda la provincia y se realizaron 12.571. Entre las más frecuentes estuvieron las formulaciones de cargos, con 3.959 audiencias, las suspensiones de juicio a prueba, con 1.881, los controles de acusación, con 1.137, y los juicios abreviados, con 1.129.

Respecto de la resolución de los conflictos, el Poder Judicial registró 3.189 resoluciones de conflicto, en las distintas circunscripciones de la provincia. Por su parte, el Tribunal de Impugnación recibió 340 trámites nuevos, realizó 168 audiencias y dictó 193 sentencias.

La información surge del informe elaborado por el Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia.