Los bancos encienden las alarmas por el aumento de la morosidad entre las empresas, en un fenómeno que se suma a las dificultades registradas en los hogares y que podría complicar la viabilidad de numerosas compañías en los próximos meses. Un estudio privado elaborado por la consultora LCG y basado en información del Banco Central advierte sobre un crecimiento de los problemas de repago, especialmente durante febrero y marzo de 2026, según fuentes del sector bancario citadas por la consultora.

Aunque las estadísticas oficiales del Banco Central muestran una “irregularidad” en el segmento empresarial con un valor relativamente menor, la percepción que transmiten referentes de distintas entidades financieras es otra: hay inquietud por el aumento de las cuentas en atraso y por la mayor frecuencia de incumplimientos en los pagos de préstamos otorgados meses atrás. Esa discrepancia entre datos y testimonios del mercado es uno de los ejes centrales del informe.

LCG plantea dos explicaciones posibles para la diferencia entre los registros formales y la sensación de mayor morosidad: por un lado, que las dificultades de repago se hayan agravado de forma abrupta en las primeras semanas de 2026 y todavía no se hayan reflejado en las series oficiales; por otro, que el indicador de informalidad no capture adecuadamente la magnitud real de los problemas financieros que atraviesan las empresas. En ambos casos, la señal que reciben los bancos es de creciente riesgo crediticio.

La consultora también relaciona el aumento de la morosidad con factores macroeconómicos y sectoriales: la recesión, la pérdida de poder adquisitivo y la caída de la actividad en varios rubros productivos están afectando la capacidad de las empresas para generar flujo de caja suficiente y cumplir con sus obligaciones. Además, el informe recuerda que en meses previos los montos de crédito otorgados crecieron con fuerza, lo que ahora incrementa la exposición del sistema financiero frente a eventuales incumplimientos.

El escenario descrito por LCG implica un panorama generalizado de dificultades tanto en el segmento empresarial como en el de los hogares, donde ya se vienen registrando altos niveles de endeudamiento y problemas para llegar a fin de mes. Para los bancos, esta combinación suma complejidad a la gestión de riesgo y a la planificación de provisiones, y podría traducirse en una mayor selectividad crediticia o en condiciones de financiamiento más estrictas para las empresas.

En conclusión, el estudio advierte que, pese a matices técnicos en las mediciones oficiales, la realidad observada por entidades financieras y consultoras refleja un deterioro en la capacidad de repago corporativo. Si las tendencias se consolidan, el aumento de la morosidad empresarial podría profundizar la tensión sobre la actividad económica y la estabilidad del sistema financiero en lo que resta del año.

La Iglesia y el sindicalismo volvieron a expresar coincidencias en su rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, durante un encuentro que reunió a referentes de las dos CTA y miembros de la Pastoral Social. La reunión tuvo como eje analizar la situación económica y social del país, en un contexto marcado por el avance de cambios en la legislación laboral.

Durante el encuentro, los participantes advirtieron sobre el impacto de las políticas oficiales en el mundo del trabajo y plantearon la necesidad de construir consensos más amplios. Desde el espacio señalaron que “la situación social es cada vez más compleja” y remarcaron la importancia de generar ámbitos de diálogo que incluyan a todos los sectores involucrados.

Los representantes sindicales manifestaron su preocupación por el contenido de la reforma, al considerar que implica un retroceso en derechos laborales. En ese sentido, sostuvieron que las modificaciones propuestas “afectan derechos conquistados históricamente” y podrían profundizar la precarización del empleo.

Esta mañana nos reunimos las dos CTA junto a Monseñor Dante Braida, presidente de la Pastoral Social, para analizar la grave crisis social y económica que atraviesa nuestro pueblo. Advertimos sobre la pérdida del poder adquisitivo, el aumento del desempleo, la grave situación de… pic.twitter.com/QTKYmxQ9Zs— Hugo Cachorro Godoy (@CachorroGodoy) March 20, 2026

Por su parte, desde la Pastoral Social pusieron el foco en la necesidad de que cualquier cambio normativo contemple la dignidad del trabajo. “El trabajo no es una mercancía”, plantearon, en línea con la doctrina social de la Iglesia, y subrayaron que las reformas deben priorizar a la persona por sobre variables económicas.

Además, los participantes coincidieron en reclamar un debate amplio y participativo sobre la reforma laboral. “Se requiere un diálogo sincero y abierto”, señalaron, al tiempo que cuestionaron la falta de consenso en el tratamiento de iniciativas que impactan directamente en la vida de millones de trabajadores.

El encuentro dejó en evidencia una articulación creciente entre sectores sindicales y la Iglesia frente a la agenda laboral del Gobierno. Ambos espacios coincidieron en la necesidad de defender derechos básicos y promover políticas que garanticen empleo digno, en un escenario social que describen como crítico y en constante deterioro.

Una nueva encuesta nacional de la consultora Tendencias volvió a encender señales de alerta para el gobierno de Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, al reflejar el fuerte deterioro en la situación económica de los hogares. El relevamiento expone que el impacto del ajuste continúa golpeando el bolsillo y se traduce en crecientes dificultades para sostener el día a día.

El dato más contundente del estudio indica que el 63,7% de los argentinos asegura que tiene dificultades para llegar a fin de mes, lo que marca un nivel de tensión social significativo. A su vez, dentro de ese universo, un 32,5% afirma que directamente no llega a cubrir sus gastos básicos, mientras que otro 31,2% señala que lo logra “con mucha dificultad”, evidenciando la fragilidad de la economía doméstica.

En la misma línea, el informe muestra que el 89,3% de los encuestados considera que necesita mejores salarios para sostener su nivel de vida. Este dato se complementa con otro indicador clave: un 71,4% cree que sus ingresos perdieron contra la inflación en el último tiempo, reflejando el deterioro del poder adquisitivo.

El sondeo también indaga sobre expectativas económicas y revela un clima de incertidumbre. Un 57,8% de los consultados considera que la situación económica personal no mejorará en el corto plazo, mientras que solo un 21,6% mantiene expectativas positivas, lo que muestra un marcado pesimismo en la percepción social.

En cuanto al impacto directo de las políticas económicas, un 68,9% de los encuestados opina que las medidas del Gobierno afectan negativamente su economía cotidiana, frente a un 24,3% que considera que tienen un efecto positivo o neutral. Esta diferencia evidencia una brecha significativa en la evaluación de la gestión.

Por último, el estudio confirma que la economía se mantiene como la principal preocupación social: un 76,5% identifica a la inflación y la pérdida de ingresos como el problema más grave del país. En ese contexto, los resultados del relevamiento consolidan un escenario desafiante para el Gobierno, con indicadores que reflejan malestar creciente y presión sobre el rumbo económico.