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Weretilneck firmó un decreto para “optimizar el gasto”

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En el marco del plan de reducción del déficit fiscal en Río Negro, el gobernador Alberto Weretilneck firmó un decreto para fijar medidas en el gasto público.

El Gobierno aseguró que las medidas buscan “optimizar el gasto” en la Administración Pública, aunque siempre “priorizando la prestación de los servicios esenciales”.

La disposición alcanza a la Administración Central, organismos descentralizados; entes autárquicos, Sociedades del Estado; Sociedades Anónimas y todas aquellas empresas donde el Estado tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias y demás entes del Poder Ejecutivo provincial.

Además, Weretilneck invitó a los Poderes Legislativo y Judicial, órganos de control y Municipios de la provincia a adoptar medidas similares en sus respectivas jurisdicciones.

La firma del decreto había sido anunciada por el propio gobernador días atrás, durante un mensaje dirigido a la población rionegrina. En ese marco explicó los motivos que derivaron en la necesidad de impulsar estas medidas, con vigencia hasta el 31 de diciembre de este año.

El objetivo central de las acciones “es evitar que la provincia caiga en una situación de crisis a partir del déficit fiscal, siempre preservando la prestación de los servicios esenciales que están a cargo del Estado provincial” indican.

Las medidas que se impulsan a través del decreto están vinculadas al salario de los funcionarios, la reducción de horas extras en los trabajadores y la disminución de entrega de subsidios, entre otras.

 

El decreto ordena:

– Suspender las nuevas contrataciones bajo cualquier figura de personal, a excepción de las áreas de Salud, Seguridad y Educación, que sólo podrán realizarlo para cubrir una vacante que se haya producido con posterioridad a la publicación de la presente norma legal o según las necesidades que resulten de la aplicación en los servicios en hospitales o establecimientos escolares. En el caso de Seguridad, quedan exceptuados los egresados 2017 de las Escuelas de Policía. Asimismo, queda suspendida la apertura de cursos en las diferentes Escuelas de Policía.

– Suspender nuevas locaciones de inmuebles, debiendo racionalizarse los espacios físicos existentes en los edificios que actualmente ocupa el Poder Ejecutivo provincial, y considerar la revisión de los contratos vigentes.

– Determinar que el salario de los funcionarios provinciales e integrantes de los Directorios de empresas públicas no recibirán aumento salarial durante el año 2017.

– Suspender las comisiones oficiales de servicios fuera del territorio provincial, de los agentes públicos del Poder Ejecutivo con rango inferior a subsecretario.

– Limitar las comisiones oficiales de servicios a un máximo de cinco días por mes y por agente.

– Suspender el inicio de trámites para nuevas licitaciones públicas y privadas, exceptuando aquellas destinadas a la adquisición de medicamentos, prótesis y/o equipamiento hospitalario. En otros casos, siempre y cuando sea justificado, el Poder Ejecutivo podrá autorizar el llamado a licitación de manera excepcional.

– Mantener los montos autorizados a licitarse en concepto de transporte, insumos, y mantenimiento por convenios del Ministerio y/o Consejo Provincial de Educación.

– Suspender a partir del 1 de marzo de 2017 la realización de horas extras, a excepción del área de Salud, a los efectos del cumplimiento del servicio específico en los hospitales de la provincia con su debida justificación, estableciendo una reducción del 25% de las guardias médicas y las horas extras en relación a lo efectivamente realizado a noviembre de 2016. En otros casos, cuando sea justificado, el Poder Ejecutivo podrá autorizarlas de manera excepcional.

– Disminuir en un 35% el gasto en viáticos y pasajes y en un 40% el gasto de combustible, a excepción de las áreas de Salud y Policía.

– Instruir al Consejo Provincial de Educación a implementar para los casos de suplencias docentes que, la autorización se realizará bajo la responsabilidad de la Dirección de Personal a través de las Unidades de Gestión de los Consejos Regionales, no pudiendo abonarse las suplencias que no hayan sido autorizadas por esa vía.

– Instruir al Ministerio de Educación y Derechos humanos a que, respecto a los convenios a firmarse relacionados con transportes escolares, comedores, mantenimiento de escuelas e insumos, deberán mantenerse los valores vigentes al 1 de febrero de 2017.

– Reducir en un 20% las Transferencias Corrientes a Empresas Públicas.

– Intimar al personal del Poder Ejecutivo provincial, que se encuentre en condiciones de acceder al beneficio jubilatorio, a que inicie el trámite pertinente de acuerdo a la legislación vigente.

– Disminuir en un 50% los montos autorizados de los Fondos Permanentes.

– Instruir al Ministerio de Economía a definir las cuotas presupuestarias conforme las posibilidades financieras y comunicar los niveles aprobados a las jurisdicciones y entidades, quedando facultado, en función a variaciones no previstas en el flujo de recursos para modificar los montos a autorizarse a los distintos organismos.

– Disminuir en un 40% el cupo mensual otorgado para el uso de telefonía celular y proceder a la suspensión del servicio cuando se supere el mismo.

– Disminuir en un 35% el otorgamiento de subsidios, aportes no reintegrables, becas, ayudas sociales y transferencias a instituciones.

– Instruir al Instituto Provincial de Seguro de Salud (IPROSS) a que los convenios con los prestadores a renovarse en el ejercicio fiscal 2017, mantengan los valores vigentes a la fecha.

– Establecer que las autoridades superiores de la Administración Pública Provincial y demás organismos del Estado, serán responsables de que en su respectivo ámbito, se extremen las medidas tendientes al control del gasto.

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Trabajo fiscalizó el transporte de cargas en el Alto Valle

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La Secretaría de Trabajo de Río Negro intensificó las tareas de fiscalización en el sector de transporte de cargas en el Alto Valle, en un operativo conjunto con el Sindicato de Camioneros. La acción busca garantizar el cumplimiento de derechos laborales y responder a las denuncias por irregularidades en las condiciones de empleo de los trabajadores del rubro.

El operativo surge en un contexto de conflicto laboral tras los despidos anunciados por la empresa NRG, lo que generó preocupación entre los gremios y el Gobierno de Río Negro. Estas inspecciones se enfocan en verificar el cumplimiento de las normativas vigentes, tanto en términos de seguridad e higiene como en las condiciones contractuales de los trabajadores.

“Estamos llevando a cabo un operativo exhaustivo para responder a las denuncias realizadas por el Sindicato de Camioneros y abordar la preocupación generada por los despidos recientes. Nuestra tarea es asegurar que se respeten plenamente los derechos laborales, garantizando condiciones dignas, seguridad, e higiene para todos los trabajadores del sector. Además, reforzamos nuestro compromiso con la promoción del trabajo registrado, para que cada empleado cuente con las garantías que le corresponden por ley”, expresó la secretaria de Trabajo, María Martha Avilez.

En simultáneo, la Secretaría de Trabajo de Río Negro gestiona con su par de Neuquén y los gremios involucrados una resolución al conflicto por los despidos.

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Nuevos beneficios para las Asociaciones Civiles en Río Negro

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Con el objetivo de favorecer la simplificación y rapidez en la ejecución de los trámites que las entidades civiles deben presentar ante la Inspección General de Personas Jurídicas, de manera anual, se dispuso la implementación de una nueva categorización. Esto aportará un mayor dinamismo para el funcionamiento de las mismas.

Se trata de una iniciativa destinada a beneficiar a las Asociaciones Civiles, que cumplen una importante función social en la comunidad, y resolver el problema habitual que representa el alto nivel de incumplimiento en la presentación de documentación, especialmente por parte de las entidades con menores recursos que enfrentan mayores dificultades a la hora de cumplir con este requisito.

En este sentido, su Inspector General, Ismael Dalmau, destacó que “lo que hicimos fue actualizar la normativa para seguir colaborando en esto de que el Estado y la burocracia no sean un obstáculo a la hora de llevar adelante sus actividades, por eso implementaremos tres categorías de Asociaciones Civiles, cuya separación va a estar basada en los ingresos anuales respecto a la escala del monotributo”.

Asimismo, el funcionario agregó que “hemos dispuesto que la primera y la segunda categoría no van a tener la necesidad de llevar adelante un balance ante un contador público, sino que lo van a poder hacer desde la organización a través de un cuadro de ingresos y gastos que va a firmarse por el presidente y el tesorero. Solamente dejamos los ingresos anuales al cierre del ejercicio como criterio para evaluar si corresponde hacer un balance ante un contador o no”.

La iniciativa se suma a la reciente eliminación de más de 300 tasas e impuestos que dispuso el Gobierno de Río Negro y que alcanzan en parte a las entidades civiles, a fin de favorecer el buen funcionamiento de las mismas y beneficiar su rol social en las comunidades en las que se encuentran insertas.

Para más información los interesados podrán ingresar en https://personasjuridicas.rionegro.gov.ar

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La audiencia pública por el GNL en el Golfo San Matías tendrá 220 oradores

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Con la inscripción cerrada, la audiencia pública por el proyecto de GNL en el Golfo San Matías reunirá a autoridades, especialistas y 220 personas inscriptas que expondrán sus puntos de vista. El encuentro será este miércoles 4 de diciembre en San Antonio Este.

La audiencia pública tratará el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de instalación de una unidad flotante de licuefacción de gas natural (FLNG) en el Golfo San Matías. Según lo programado, comenzará a las 9 en el Gimnasio Municipal de San Antonio Este, con acreditaciones habilitadas desde las 7,30.

La audiencia pública se desarrollará en bloques temáticos que incluirán una bienvenida protocolar, exposiciones técnicas del proyecto a cargo de Southern Energy S.A. y su consultora Serman & Asociados S.A., además de presentaciones de expertos, representantes sectoriales, entre otros.

Entre los expertos y universidades que tomarán la palabra estará Prefectura Naval Argentina, INVAP, UNRN y el Instituto Argentino del Petróleo y Gas (IAPG). Además, hablarán funcionarios y legisladores provinciales.

El bloque final estará dedicado a los 220 oradores registrados, quienes tendrán hasta cinco minutos cada uno para presentar sus perspectivas.

Esta instancia es clave para garantizar la participación ciudadana en la evaluación del proyecto, que busca transformar la región en un polo energético de exportación. Si bien las opiniones recabadas tienen carácter consultivo y no vinculante, serán incorporadas al análisis final del Estudio de Impacto Ambiental por parte de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático.

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