Un fallo de un juez laboral de Roca resolvió una acción de amparo presentada por la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter), contra el Ministerio de Educación provincial.

El sindicato solicitó que se ordenara el cese de medidas que implicaban la supresión y reorganización de cargos docentes del Nivel Inicial. También pidieron que se restituyeran los cargos existentes antes de las decisiones administrativas cuestionadas.

El gremio sostuvo que el Consejo Provincial de Educación dictó diversas resoluciones de cargos docentes con base en criterios cuantitativos vinculados a la matrícula escolar.

El magistrado entendió que la información aportada por el Ministerio de Educación mostraba que el procedimiento aplicado respetó la normativa vigente. En particular, destacó que los docentes titulares afectados permanecieron con su sueldo y con derecho a una nueva asignación.

En relación a docentes interinos o suplentes, el juez tomó antecedentes y señaló que su estabilidad es limitada por la propia naturaleza de sus designaciones. Así, comprendió que la finalización de esos cargos no constituye una vulneración ilegal de derechos.

También se evaluó la eventual afectación al derecho a la educación. Sobre este punto la sentencia señaló que no se acreditó la existencia de cierres de salas obligatorias ni reclamos generalizados de familias. Además, recordó que la educación obligatoria en el nivel inicial comprende las salas de cuatro y cinco años, las cuales continúan garantizadas según la información oficial.

En la presentación la Unter también señaló que la medida provocó desplazamientos funcionales, alteraciones en las condiciones de trabajo y riesgo para la estabilidad de docentes titulares. También afirmó que las decisiones afectaban el funcionamiento institucional de los establecimientos, la continuidad pedagógica y la calidad del servicio educativo destinado a niñas y niños.

A criterio de la organización gremial, esa modalidad degradaba la situación jurídica de docentes titulares y vulneraba la estabilidad prevista en el Estatuto del Docente.

En tanto, la Provincia de Río Negro, a través del Ministerio de Educación y de la Fiscalía de Estado, mencionó que no existe un daño concreto ni una afectación actual de derechos que justificara el amparo.

Argumentaron que las decisiones formaban parte de políticas públicas educativas adoptadas dentro de las facultades propias del Consejo Provincial de Educación. Explicó que el proceso de reorganización respondió a un análisis territorial de la matrícula que detectó una reducción significativa de estudiantes en distintas zonas.

El Estado también mencionó que no hubo despidos ni pérdida de estabilidad para docentes titulares. También indicó que las salas de cuatro y cinco años continuaban garantizadas por el sistema educativo.

Durante el proceso el magistrado también analizó la legitimación del sindicato para promover la acción. Señaló que el gremio puede actuar en representación de sus afiliados y de la comunidad educativa cuando se denuncian afectaciones a derechos colectivos vinculados con el sistema educativo. No obstante, recordó que la acción de amparo tiene carácter excepcional y sólo procede cuando existe una ilegalidad manifiesta, un daño grave y urgente, y cuando no existen otras vías judiciales adecuadas para resolver el conflicto.

Al evaluar el caso concreto, la sentencia consideró que la normativa cuestionada fue elaborada mediante un proceso institucional en el que participaron distintos sectores, incluido el propio sindicato. Ese documento se estableció la reorganización del sistema educativo del nivel inicial con vigencia desde el ciclo lectivo 2026.

El fallo del juez Juan Huenumilla concluyó en que no se verificaba una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta que habilitara la vía del amparo. Tampoco se comprobó un daño grave e irreparable ni una urgencia extrema que justificara el uso de ese proceso excepcional.

Consideró que las decisiones adoptadas forman parte de la planificación del sistema educativo, una competencia propia del Consejo Provincial de Educación que sólo puede ser revisada judicialmente cuando se demuestre una afectación concreta de derechos fundamentales.

La Secretaría de Energía y Ambiente de Río Negro entregó en Cipolletti los certificados a quienes finalizaron el curso para instaladores de sistemas solares de más de 10 kW, dictado junto a la Universidad Nacional del Comahue.

El acto se realizó en la sede de la Secretaría de Energía y Ambiente en Cipolletti y fue encabezado por el Secretario de Energía Eléctrica, Néstor Pérez, acompañado por autoridades de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue.

La capacitación, desarrollada en articulación con la Facultad de Ingeniería, estuvo destinada a instaladores de sistemas fotovoltaicos de más de 10 kW, orientados a grandes usuarios categoría T2, es decir industrias, pymes y comercios de alta demanda que pueden autogenerar energía e inyectar excedentes a la red.

En ese marco, la responsable del área de Regulación y Proyectos de la Secretaría, María del Carmen Rubio, explicó: “En el marco de la Ley 5617, nuestra ley provincial de Generación Distribuida, la Secretaría tiene la potestad de brindar cursos de capacitación y actualización para instaladores de sistemas fotovoltaicos. En esta oportunidad trabajamos con la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Comahue en una capacitación para instalaciones de más de 10 kW, que son destinadas principalmente a industrias y grandes comercios”.

Rubio destacó que este tipo de instalaciones “permiten a pymes y empresas autogenerar energía y, si tienen remanente, inyectarlo a la red”, fortaleciendo el esquema provincial de generación distribuida.

Entrega de equipamiento al ámbito académico

Durante el acto también se realizó la donación de un equipo registrador de energía Discar DIMET-3G a la Facultad de Ingeniería, destinado al Grupo Calidad de Potencia y Optimización Energética.

Según detalló Rubio, se trata de un equipo que permitirá a estudiantes y equipos técnicos trabajar en prácticas vinculadas a eficiencia energética y análisis de curvas de demanda. “Es un equipo que nosotros utilizábamos para estudios de eficiencia energética. Si bien ahora estamos avanzando hacia sistemas de telemedición, funciona correctamente y va a permitir que los alumnos practiquen análisis de demanda, curvas de carga y prestaciones energéticas”, explicó.

Actualización permanente

Desde la Secretaría adelantaron que este tipo de capacitaciones continuará de manera periódica. “Es una industria que evoluciona constantemente, con nuevas tecnologías y equipamiento. Por eso evaluamos realizar cursos de actualización cada dos años, tanto para el nivel básico como para instalaciones de mayor potencia”, señaló Rubio.

Con esta nueva cohorte de instaladores calificados, Río Negro continúa ampliando su capacidad técnica para acompañar el crecimiento de las energías renovables y la transición energética en todo el territorio provincial.

Un nuevo encuentro federal reunió a todas las provincias para seguir fortaleciendo el acompañamiento a cooperativas y mutuales durante este año. La jornada, convocada por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), permitió compartir experiencias y avanzar en una agenda común para el sector asociativo. A través de la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales, Río Negro formó parte de un espacio donde se definieron criterios de trabajo en todo el país.

La instancia permitió ordenar una agenda común en materia de supervisión, promoción y capacitación para este año, consolidando herramientas para el desarrollo del sector asociativo.

En este marco, el Subsecretario de Cooperativas y Mutuales, Martín Vesprini, señaló: “Es fundamental mantener este diálogo para evaluar los logros y definir políticas públicas que fortalezcan a nuestras cooperativas y mutuales, asegurando que cuenten con las herramientas necesarias para su desarrollo”.

El encuentro reunió a representantes de todas las provincias y a los Órganos Locales Competentes (OLC), quienes integraron mesas conjuntas para evaluar avances de gestión y diseñar estrategias que optimicen el acompañamiento a cooperativas y mutuales.

La participación se enmarca en una agenda sostenida que impulsa la provincia para consolidar un ecosistema asociativo más sólido, profesionalizado y con fuerte arraigo territorial, reconociendo al cooperativismo como una herramienta clave para el desarrollo regional.

Desde la Subsecretaría se acompaña a las entidades de la economía social en todo el territorio provincial, promoviendo su crecimiento y brindando capacitación y asistencia técnica, legal y administrativa. El objetivo es fortalecer proyectos asociativos que generen empleo, impulsen la producción y mejoren la calidad de vida en cada comunidad.