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Seguridad y justicia: aprueban la “reiterancia delictiva” y el registro de huellas genéticas

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La Legislatura de Río Negro sancionó la ley que crea el Registro Provincial de Huellas Genéticas e incorpora el instituto de la Reiterancia Delictiva al Código Procesal Penal. La propuesta fue aprobada por unanimidad en general, y por mayoría en particular, luego de un extenso debate en torno a la incorporación de la reiterancia, con diversas posiciones entre los bloques legislativos.

Uno de los puntos de la ley aprobada incorpora la “reiterancia delictiva” como una “pauta objetiva a evaluar por el juez/a, que tiene entidad suficiente para fundamentar la procedencia de la prisión preventiva o la denegación de la exención de prisión”.

La reforma modifica la “situación de libertad” para indicar que, a los fines del análisis del riesgo procesal, “podrá considerarse la reiteración delictiva”; y también contempla la “procedencia” de la prisión preventiva cuando exista reiterancia en la comisión de delito, entendida como la concurrencia de una causa penal en curso con al menos otro proceso penal activo en el que se haya confirmado la formulación de cargos.

El otro punto incorpora el Registro Provincial de Huellas Genéticas (RPHG), que tendrá un banco de perfiles genéticos para “facilitar el esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial en materia penal, con el propósito de individualizar a las personas responsables de la comisión de delitos dolosos” y “favorecer la determinación del paradero de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas”.

El miembro informante del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo fue Lucas Pica (JSRN), quien expresó que la ley representa una “muestra de carácter y de coraje” que permitirá a Río Negro “decir basta” a la impunidad y “comenzar a ser más justo”.

Respecto a la reiterancia delictiva, Pica explicó que tiene como objetivo habilitar a los fiscales a solicitar la prisión preventiva para aquellos delincuentes con “múltiples procesos penales en marcha con formulación de cargos”. Citando un caso real con más de diez delitos cometidos en menos de año y medio por una misma persona, Pica argumentó que la medida busca “ponerle un cerrojo a la impunidad y a las puertas que giran en el poder judicial”. Además, enfatizó la intención de robustecer el rol de la víctima en el sistema penal.

En cuanto al Registro Provincial de Huellas Genéticas, lo calificó como una “reforma crucial en la investigación penal” para “hallar la verdad” y evitar la impunidad.

Explicó que se ampliará el registro existente de abusadores sexuales para incluir a condenados e imputados con formulación de cargos, incluso menores con responsabilidad penal declarada, y personal de seguridad.

Pica también anticipó las críticas, defendiendo la constitucionalidad del proyecto. Negó que la reiterancia implicara una “condena anticipada” o “derecho penal de autor”, sino una “medida provisoria” para asegurar los fines del proceso ante un riesgo de fuga o entorpecimiento palmario. Rechazó los argumentos sobre el “sistema penitenciario estresado”, afirmando que no se debe esperar a que “el último preso no esté calentito, con la panza llena o cómodo en un penal” para avanzar en seguridad, priorizando la “tranquilidad del vecino”.

La legisladora Patricia Mc Kidd sostuvo que la reiterancia es “una mejor herramienta como cautelar” para “luchar contra la criminalidad”. Expresó que es intolerable ver a los vecinos desprotegidos y viviendo “aterrorizados por estos hechos delictivos”, y que esta ley permitirá decir “basta al que las hace y no las paga”. Enfatizó que buscan “una sociedad más cuidada, más libre, sin temor”, donde “vivir fuera de la ley tiene consecuencias”.

César Domínguez (Primero Río Negro) afirmó que su compromiso es “con la seguridad de los rionegrinos, con la justicia y con la paz social”. Declaró que el proyecto fortalece el sistema penal, brinda instrumentos a jueces y fiscales, y da criterios objetivos para actuar ante la “impunidad reiterada”. Enfatizó que “quien las hace las paga y las paga con la cárcel y no con libertad condicional”, y que “los derechos humanos también son los derechos de las víctimas de delitos”.

Juan Martín (PRO Unión Republicana), que había presentado un proyecto similar para el Registro de Huellas Genéticas, indicó que la razón de fondo de la ley penal es “que baje el delito y no que haya más presos”. Subrayó que el proyecto es una “buena ley en un tono de época” donde “la víctima empieza a estar en el centro de la escena”, y busca detener el “festival de delitos indetenible y la puerta giratoria”.

Martina Lacour (PRO UR), coautora de proyectos previos sobre ambos temas, mencionó que el registro de huellas genéticas es una “muy buena incorporación” y un “avance para la justicia”. Sobre la reiterancia, afirmó que no vulnera el principio de inocencia, sino que “lo armoniza con los principios y derechos de las víctimas”. Destacó que “ningún derecho es absoluto o ilimitado” y que buscan “no más presos, sino menos delitos”.

Ariel Bernatene (UCR) adelantó el voto positivo de su bloque, considerándolo una “herramienta concreta para mejorar la seguridad ciudadana” y “fortalecer la prevención del delito”. Acompañó la creación del Registro de Huellas Genéticas porque permitirá “individualizar con precisión a los autores de delitos” y ratificó el acompañamiento a la reiterancia delictiva por un “compromiso del bloque oficialista de continuar con el debate de las garantías constitucionales”.

Santiago Ibarrolaza, coautor de una propuesta anterior de reiterancia delictiva, afirmó estar “absolutamente convencido” de que la reiterancia “puede modificar la política criminal de la provincia de Río Negro”. Destacó que la iniciativa intenta “buscar un poco de verdad y justicia a doña Rosa, los vecinos y a los que menos tienen”. Subrayó la necesidad de que la justicia se haga cargo de las demoras y la falta de soluciones.

Pedro Dantas (PJ-NE) expresó su apoyo “en general” a la iniciativa, especialmente a la huella genética, y sobre la reiterancia, mencionó que, aunque ideológicamente podría rechazarla, una experiencia como intendente le hizo ver la necesidad de darle “un elemento más al fiscal para que pueda tener situaciones muy extremas”.

Facundo López (JSRN), presidente de bloque, defendió la política pública de seguridad del gobierno provincial, argumentando que la ley da herramientas a la justicia para que “la puerta no gire más”. Afirmó que la prioridad es la seguridad y la educación antes que la infraestructura carcelaria: “Si no quieren estar incómodos en la cárcel, no delincan”. Sostuvo que “los derechos humanos son para las personas de bien” y que la ley busca que “los delincuentes estén presos”.

Por la oposición, Luciano Delgado Sempé (Vamos Con Todos) expresó que se están haciendo “leyes para el aplauso, para lo que quiere escuchar la gente y no realmente para poder llevarla a cabo después”. Cuestionó la falta de consulta a instituciones judiciales como jueces de ejecución penal, fiscales, Instituto de Presos y Liberados y universidades. Subrayó que “no se puede amontonar gente porque la Constitución por la cual nosotros juzgamos y el espíritu de nuestra Constitución es que no hay tortura en Argentina ni en Río Negro”.

Finalmente, adelantó su voto en contra de la reiterancia delictiva, reclamando modificaciones “porque si no van a meter preso a cualquiera”.

Ayelén Spósito (Vamos con Todos) criticó la motivación del proyecto, afirmando que “estos proyectos son tribuneros porque no terminan de resolver la situación de fondo”. Expresó que es incomprensible que, a pesar de reconocer el colapso del sistema carcelario, se sigan impulsando leyes que aumentarán la población penal.

Daniel Belloso (PJ-NE) indicó que no acompañaría el artículo segundo que tiene que ver con la reiterancia delictiva” por considerarlo “inviable tanto del punto de vista constitucional como del punto de vista de técnica legislativa” y que “pretender habilitar restricciones de libertad por mera sospecha de reiteración de delitos atenta contra principios fundamentales del derecho penal moderno”.

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Río Negro reactiva la Ley Pierri para dar seguridad jurídica a familias

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El Gobernador Alberto Weretilneck y el Intendente Luis Albrieu, encabezaron en Villa Regina el relanzamiento del Régimen de Regularización Dominial Ley Pierri, una política pública que busca avanzar en la escrituración de viviendas y brindar seguridad jurídica a familias que habitan inmuebles desde hace años sin título de propiedad.

La actividad tuvo como objetivo fortalecer la implementación del régimen, ordenar circuitos administrativos y consolidar una red de trabajo articulada para avanzar en la escrituración de viviendas ubicadas en inmuebles privados, cuando las familias acreditan posesión pública, pacífica y continua, con causa lícita desde al menos, el año 2006.

En ese sentido, el Gobernador destacó el enfoque de la política pública y su impacto social: “Estamos empezando esta nueva etapa que es una respuesta no solo a una necesidad, más que nada a un derecho”, y remarcó la decisión de avanzar con una herramienta concreta para garantizar ese acceso: “Había que definir una respuesta, y hoy estamos poniendo en marcha una política pública para dar respuesta a ese derecho”.

En esa línea, subrayó la importancia de fortalecer el trabajo articulado entre Provincia, municipios y organizaciones, con el objetivo de ampliar el alcance del programa y garantizar que más familias puedan acceder a la regularización dominial y a la seguridad jurídica sobre sus viviendas.

Durante el encuentro se presentaron los principales lineamientos de esta nueva etapa, orientada a agilizar expedientes, mejorar la trazabilidad del procedimiento y acompañar a las familias que habitan sus viviendas desde hace años, pero aún no cuentan con título de propiedad.

Desde el IPPV se destacó que la Ley Pierri permite ordenar jurídicamente situaciones habitacionales consolidadas y brindar seguridad jurídica a hogares rionegrinos.

El relanzamiento forma parte de una política pública provincial orientada a fortalecer la presencia territorial del Estado, simplificar trámites y avanzar en procesos de regularización dominial con articulación institucional, mirada social y respaldo técnico-jurídico.

Estuvieron presentes los Intendentes de Viedma, Marcos Castro; de Cipolletti, Rodrigo Buteler; de Gaurdia Mitre, Miguel Evans; de Coronel Belisle, Diego Agüero; los Ministros de Gobierno, Trabajo y Turismo, Agustín Ríos, de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; de Desarrollo Humano, Juan Pablo Muena, y demás autoridades provinciales y locales.

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Luz verde a las Taser: Río Negro aprobaría su uso

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El plenario de comisiones debatió este martes la iniciativa para autorizar a la Policía a utilizar armamento para la prevención de delitos. El texto regula el uso de dispositivos, como las pistolas Taser, además de gases y proyectiles.

Entre las diversas armas que contempla el proyecto, se destacan los dispositivos electrónicos de incapacitación neuromuscular, como las pistolas tipo Taser o Axon. Además, la normativa contempla el uso de dispositivos de aerosol irritante, comúnmente conocidos como gas pimienta, y armas de proyectiles de impacto controlado, incluyendo municiones de goma o polímeros especiales.

La nómina de equipamiento permitido se completa con lanzadores de agentes irritantes para la dispersión en situaciones de violencia y dispositivos de disuasión acústica o luminosa, como las granadas aturdidoras o “flash bang”, con el objetivo central de brindar a los agentes opciones operativas que minimicen el riesgo de lesiones graves o letales durante sus intervenciones en la vía pública.

La impulsora del proyecto, Yolanda Mansilla (Primero Río Negro), expuso los fundamentos a favor de la medida. Indicó que la norma otorga herramientas a los agentes para evitar daños a los rionegrinos.

“Este proyecto en sí es un proyecto que beneficia la vida. Beneficia la vida porque la policía no estaría utilizando un arma de fuego. No tendríamos un resultado irreversible”. La legisladora detalló que el uso quedará restringido a grupos de la fuerza de seguridad.

Otros legisladores manifestaron reparos sobre la redacción. Delgado Sempé (Vamos con Todos) solicitó limitar el uso de los equipos en manifestaciones, argumentando: “el orden público estamos también las marchas de los trabajadores que puede hacer o reclamo de estudiantes que pueden hacer y puede haber algún trasnochado que la use en ese momento”.

La legisladora Ayelén Spósito cuestionó la aplicación de las herramientas en intervenciones con menores de edad, y afirmó: “me parece un exceso hacia las personas o hacia un niño o un adolescente, utilizar cualquier tipo de arma”.

El perito Martín Suárez participó en la reunión. El profesional explicó el funcionamiento de las pistolas e indicó que los procedimientos quedan registrados en audio y video. Sobre el sistema, Suárez señaló: “No es un arma de tortura ni ni está diseñada para producir dolor, sino para reducir momentáneamente”.

El dictamen de la iniciativa resultó aprobado por mayoría. José Luis Berros (Vamos con Todos) y Alejandra Más (PJ-NE) solicitaron 48 horas para emitir las posiciones de sus bloques.

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Nuevas obras provinciales ponen en valor las rutas provinciales 6 y 8

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La repavimentación de las rutas 6 y 8 fortalece la vinculación entre el Alto Valle y la Región Sur y consolida un corredor clave para la producción, el turismo y la actividad económica. Los trabajos representan la obra vial más importante que lleva adelante el Gobierno de Río Negro y alcanzan un avance global del 60%. Su concreción responde al plan provincial de mejorar la conectividad, integrar el territorio y preparar a Río Negro para una nueva etapa de crecimiento.

El Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, supervisó los trabajos de repavimentación de estas rutas, y se refirió a su avance del proyecto: “Se pueden apreciar progresos de manera constante. En el tramo que está a casi 20 kilómetros de Paso Córdoba, la empresa contratista Sapag está tirando carpetas asfáltica para repavimentar aproximadamente unos 4 kilómetros”, precisó el Ministro.

Además, de la traza provincial, el proyecto incluye intervenciones específicas y obras de pavimentación en la zona urbana de El Cuy. En este sector, la Provincia construye calles colectoras y dársenas de giro, infraestructuras que brindan mayor seguridad y mejores condiciones de circulación tanto para los vecinos de la localidad como para los usuarios frecuentes de la ruta.

El plan de obra, financiado íntegramente con recursos provinciales, abarca un total de 180 kilómetros. La planificación contempla la repavimentación completa de toda la traza, la incorporación de nueva señalización horizontal y vertical, la instalación de sistemas de iluminación y la pavimentación de banquinas en sectores puntuales de mayor tránsito.

El Gobierno de Río Negro con planificación estratégica, consolida una política de estado que focaliza en preparar el territorio para una nueva etapa de desarrollo económico y productivo con obras claves y proyectos a largo plazo.

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