Diversas causas se apilan en la Justicia bonaerense y tienen un único destinatario: la gestión del exgobernador de la Provincia, Daniel Scioli. Cada vez son más los exfuncionarios investigados y hoy se conoció una nueva causa sobre presunta corrupción en el Astillero Río Santiago contra ex ministro de la Producción bonaerense, Cristian Breitenstein.

Daniel Scioli. El exgobernador fue denunciado por la diputada Elisa Carrió y la legisladora porteña Paula Oliveto por “defraudación a la administración pública y lavado de dinero”.

Para la diputada chaqueña, el exgobernador bonaerense “habría montado una red de sociedades a través de las cuales transfería fondos de diferentes organismos del Estado provincial”, y pidió que se investigue al exfuncionario por “presuntas irregularidades durante su gestión y por “enriquecimiento ilícito”.

Carrió pide a la justicia penal que investigue presuntas irregularidades en la empresa estatal de aguas y cloacas Absa y al Instituto Provincial de Loterías y Casinos, al tiempo que también denuncia “la presunta ‘contratación fraudulenta de personal’ en la construcción del Puerto La Plata, y supuestas maniobras de ‘estafas y sobreprecios’ en la obra social IOMA”.

“La denuncia contra Scioli es por lavado de dinero. Y dentro de esa causa ya imputaron a Alberto Pérez y Walter Carbone por administración fraudulenta. Este seria el precedente del presunto de lavado de los tres, porque ninguno de ellos puede explicar hoy su patrimonio”, adelantó a Perfil el abogado y asesor de Coalición Cívica, Juan Manuel López.

Además, la legisladora Paula Oliveto recordó a este portal que “a Scioli lo sobreseyeron de manera rápida sin pedir ni siquiera una pericia así que ahora hay una apelación para reabrir la causa. Ni siquiera se investigó a Karina Rabolini que era su esposa”, explicó.

Y disparó: “La causa está avanzando sobre todas las cajas y pronto se avanzará si el dinero público se valió para financiar la campaña electoral de Scioli”.

Por último, el senador provincial por Cambiemos Andrés de Leo relató a Perfil cómo encontraron un presunto testaferro de Scioli: “Aquí en Bahía Blanca la AFIP empezó a investigar facturas apócrifas del empresario José Ignacio Suris y allí detecta dos empresas de Juan Carlos Mancinelli. Él usaba las facturas apócrifas de Suris para la prestación de obra pública en la provincia de Buenos Aires”, precisó.

Y argumentó que “Mancinelli tiene una relación con Scioli por ser el director técnico del equipo de fútbol de Villa La Ñata, donde juega el exgobernador. Mancinelli necesitaba financiamiento y tercerizar obra pública a empresas fantasmas que lo único que hacían eran facturas apócrifas. Esto es lo que denunciamos, uno cuando gana una licitación debe hacerlo teniendo una capacidad técnico y financiera”.Perfil se comunicó con fuentes cercanas al exgobernador boanerense, pero al cierre de esta nota no habían emitido respuesta.

Alberto Pérez y Walter Carbone. El ex Jefe de Gabinete de la Provincia ya fue imputado por administración fraudulenta y citado a indagatoria para el próximo lunes por autorizar facturas apócrifas. Por otro lado, el exdirector de Administración de la jefatura de Gabinete bonaerense irá a declarar el miércoles próximo por la misma causa.

El fiscal penal de La Plata Álvaro Garganta citó a declarar al ex jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires Alberto Pérez, en el marco de una causa en la que se investiga el “lavado de activos”, por una presunta maniobra destinada a “encubrir gastos” que eran autorizados con la firma del exfuncionario y que supondrían irregularidades por más de $ 10 millones.

En el escrito, Garganta asegura que “existen elementos suficientes para tener por acreditado que entre los años 2014 y 2015, el entonces titular del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires, y el titular de la Subsecretaría Administrativa, sustrajeron en por lo menos 25 ocasiones la suma aproximada de 10.720.347 pesos destinados a supuestos eventos, mediante autorización expresa de pago en efectivo del primero a favor del segundo, que luego rendían con facturas apócrifas”. En esta causa hay otros cinco funcionarios que estarían involucrados, quienes también fueron llamados a declarar en la causa. Este portal intentó contactarse con Alberto Pérez, pero no obtuvo respuestas.

Walter Carbone fue el protagonista de un peculiar episodio cuando le allanaron una propiedad en el Country Abril, donde encontraron una bóveda vacía en una escultura de un dragón.

Guillermo Scarcella. La Justicia investiga irregularidades en Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA), a cargo de Guillermo Scarcella durante la gestión de Scioli. La denuncia de Carrió apuntó en gran medida al rol de Scarcella, clave en el esquema sciolista, como supuesto testaferro del ex gobernador. Garganta empezó a indagar en los contratos que unían a tres empresas con la compañía estatal y que estarían vinculadas a la conducción del gremio que controla el 10 por ciento de Aguas Bonaerenses.

Según consignó Infobae en base a fuentes cercanas al expediente, la Justicia también tiene en la mira dos cuentas millonarias presuntamente relacionadas con el ex titular de ABSA, uno de los nexos de Scioli con la Justicia federal, y un entramado de sociedades.

Antonio La Scaleia. El Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), una de las principales cajas bonaerenses, fue objeto de un fraude “sistemático” por parte del ex presidente Antonio La Scaleia y el directorio de la entidad durante la gobernación de Daniel Scioli, según denunció la asociación de profesionales de la obra social. El fraude se habría cometido a través de sobreprecios de prestaciones, empresas fantasma, compra de medicamentos truchos y hasta internaciones domiciliarias que nunca se realizaron.

En la presentación se precisa que en los últimos 18 meses de la gestión sciolista, el IOMA perdió $ 2800 millones en compras directas, sobreprecios y otros rubros.

La denuncia también menciona que La Scaleia tenía un sueldo de $ 72.988 “sin declaración jurada patrimonial previamente a comenzar el ejercicio de ese cargo”.

Alberto Peluso. El extitular del Instituto Provincial de Lotería y Casinos bonaerense también fue denunciado por Elisa Carrió por ser, según describe la denuncia que presentó la diputada, uno de los “recaudadores de campaña” de Scioli y como el hombre que “administraba las loterías en las sombras” durante la gestión anterior.

Carrió citó un artículo periodístico en el que se sostiene que Peluso se reunió con empresarios vinculados a los bingos, les habría pedido un millón de dólares y el 1,5% de la recaudación bruta mensual como aportes de campaña.

La líder de la Coalición Cívica sostiene que “durante la gestión de Scioli, entre 2007 y 2015 se crearon 1340 agencias de lotería que negociaba en persona Peluso” y consignó además que en muchos de esos casos se les cobraba un adicional al canon para “solucionar” los trámites administrativos.

Cristian Breitenstein. El ex ministro de la Producción bonaerense Cristian Breitenstein quedó involucrado hoy en una causa por corrupción en el Astillero Río Santiago, tras la declaración de uno de los imputados que aseguró que el ex funcionario de Daniel Scioli cobró “en persona” sueldos de empleados que supuestamente él mismo había pedido nombrar y que nunca cumplieron funciones en la empresa naval.

Fuentes judiciales informaron que la acusación contra Breitenstein surgió de una “presentación espontánea por escrito” que realizó en las últimas horas ante la Justicia platense el ex presidente del Astillero Héctor Scavuzzo, quien está imputado junto a otras cuatro personas por presunta estafa millonaria a través de la contratación de empleados “truchos”.

En su ampliación de declaración indagatoria escrita, que lleva la firma de Scavuzzo y de sus abogados, el ex responsable de la constructora naval bonaerense señaló a Breitenstein. En ese sentido, sostuvo que el entonces funcionario le solicitó nombrar a una veintena de personas en la planta del Astillero y que “nunca” cumplieron funciones en la empresa estatal.

Asimismo, el imputado aseguró que el propio ministro de la Producción de Daniel Scioli habría ido “en varias oportunidades” hasta la Dirección de Pagos de Sueldos y Jornales del Astillero Río Santiago supuestamente para “cobrar” los haberes de las personas que habían sido designadas por su pedido.