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Scioli y su entorno político acumulan causas judiciales

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Diversas causas se apilan en la Justicia bonaerense y tienen un único destinatario: la gestión del exgobernador de la Provincia, Daniel Scioli. Cada vez son más los exfuncionarios investigados y hoy se conoció una nueva causa sobre presunta corrupción en el Astillero Río Santiago contra ex ministro de la Producción bonaerense, Cristian Breitenstein.

Daniel Scioli. El exgobernador fue denunciado por la diputada Elisa Carrió y la legisladora porteña Paula Oliveto por “defraudación a la administración pública y lavado de dinero”.

Para la diputada chaqueña, el exgobernador bonaerense “habría montado una red de sociedades a través de las cuales transfería fondos de diferentes organismos del Estado provincial”, y pidió que se investigue al exfuncionario por “presuntas irregularidades durante su gestión y por “enriquecimiento ilícito”.

Carrió pide a la justicia penal que investigue presuntas irregularidades en la empresa estatal de aguas y cloacas Absa y al Instituto Provincial de Loterías y Casinos, al tiempo que también denuncia “la presunta ‘contratación fraudulenta de personal’ en la construcción del Puerto La Plata, y supuestas maniobras de ‘estafas y sobreprecios’ en la obra social IOMA”.

“La denuncia contra Scioli es por lavado de dinero. Y dentro de esa causa ya imputaron a Alberto Pérez y Walter Carbone por administración fraudulenta. Este seria el precedente del presunto de lavado de los tres, porque ninguno de ellos puede explicar hoy su patrimonio”, adelantó a Perfil el abogado y asesor de Coalición Cívica, Juan Manuel López.

Además, la legisladora Paula Oliveto recordó a este portal que “a Scioli lo sobreseyeron de manera rápida sin pedir ni siquiera una pericia así que ahora hay una apelación para reabrir la causa. Ni siquiera se investigó a Karina Rabolini que era su esposa”, explicó.

Y disparó: “La causa está avanzando sobre todas las cajas y pronto se avanzará si el dinero público se valió para financiar la campaña electoral de Scioli”.

Por último, el senador provincial por Cambiemos Andrés de Leo relató a Perfil cómo encontraron un presunto testaferro de Scioli: “Aquí en Bahía Blanca la AFIP empezó a investigar facturas apócrifas del empresario José Ignacio Suris y allí detecta dos empresas de Juan Carlos Mancinelli. Él usaba las facturas apócrifas de Suris para la prestación de obra pública en la provincia de Buenos Aires”, precisó.

Y argumentó que “Mancinelli tiene una relación con Scioli por ser el director técnico del equipo de fútbol de Villa La Ñata, donde juega el exgobernador. Mancinelli necesitaba financiamiento y tercerizar obra pública a empresas fantasmas que lo único que hacían eran facturas apócrifas. Esto es lo que denunciamos, uno cuando gana una licitación debe hacerlo teniendo una capacidad técnico y financiera”.Perfil se comunicó con fuentes cercanas al exgobernador boanerense, pero al cierre de esta nota no habían emitido respuesta.

Alberto Pérez y Walter Carbone. El ex Jefe de Gabinete de la Provincia ya fue imputado por administración fraudulenta y citado a indagatoria para el próximo lunes por autorizar facturas apócrifas. Por otro lado, el exdirector de Administración de la jefatura de Gabinete bonaerense irá a declarar el miércoles próximo por la misma causa.

El fiscal penal de La Plata Álvaro Garganta citó a declarar al ex jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires Alberto Pérez, en el marco de una causa en la que se investiga el “lavado de activos”, por una presunta maniobra destinada a “encubrir gastos” que eran autorizados con la firma del exfuncionario y que supondrían irregularidades por más de $ 10 millones.

En el escrito, Garganta asegura que “existen elementos suficientes para tener por acreditado que entre los años 2014 y 2015, el entonces titular del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires, y el titular de la Subsecretaría Administrativa, sustrajeron en por lo menos 25 ocasiones la suma aproximada de 10.720.347 pesos destinados a supuestos eventos, mediante autorización expresa de pago en efectivo del primero a favor del segundo, que luego rendían con facturas apócrifas”. En esta causa hay otros cinco funcionarios que estarían involucrados, quienes también fueron llamados a declarar en la causa. Este portal intentó contactarse con Alberto Pérez, pero no obtuvo respuestas.

Walter Carbone fue el protagonista de un peculiar episodio cuando le allanaron una propiedad en el Country Abril, donde encontraron una bóveda vacía en una escultura de un dragón.

Guillermo Scarcella. La Justicia investiga irregularidades en Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA), a cargo de Guillermo Scarcella durante la gestión de Scioli. La denuncia de Carrió apuntó en gran medida al rol de Scarcella, clave en el esquema sciolista, como supuesto testaferro del ex gobernador. Garganta empezó a indagar en los contratos que unían a tres empresas con la compañía estatal y que estarían vinculadas a la conducción del gremio que controla el 10 por ciento de Aguas Bonaerenses.

Según consignó Infobae en base a fuentes cercanas al expediente, la Justicia también tiene en la mira dos cuentas millonarias presuntamente relacionadas con el ex titular de ABSA, uno de los nexos de Scioli con la Justicia federal, y un entramado de sociedades.

Antonio La Scaleia. El Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), una de las principales cajas bonaerenses, fue objeto de un fraude “sistemático” por parte del ex presidente Antonio La Scaleia y el directorio de la entidad durante la gobernación de Daniel Scioli, según denunció la asociación de profesionales de la obra social. El fraude se habría cometido a través de sobreprecios de prestaciones, empresas fantasma, compra de medicamentos truchos y hasta internaciones domiciliarias que nunca se realizaron.

En la presentación se precisa que en los últimos 18 meses de la gestión sciolista, el IOMA perdió $ 2800 millones en compras directas, sobreprecios y otros rubros.

La denuncia también menciona que La Scaleia tenía un sueldo de $ 72.988 “sin declaración jurada patrimonial previamente a comenzar el ejercicio de ese cargo”.

Alberto Peluso. El extitular del Instituto Provincial de Lotería y Casinos bonaerense también fue denunciado por Elisa Carrió por ser, según describe la denuncia que presentó la diputada, uno de los “recaudadores de campaña” de Scioli y como el hombre que “administraba las loterías en las sombras” durante la gestión anterior.

Carrió citó un artículo periodístico en el que se sostiene que Peluso se reunió con empresarios vinculados a los bingos, les habría pedido un millón de dólares y el 1,5% de la recaudación bruta mensual como aportes de campaña.

La líder de la Coalición Cívica sostiene que “durante la gestión de Scioli, entre 2007 y 2015 se crearon 1340 agencias de lotería que negociaba en persona Peluso” y consignó además que en muchos de esos casos se les cobraba un adicional al canon para “solucionar” los trámites administrativos.

Cristian Breitenstein. El ex ministro de la Producción bonaerense Cristian Breitenstein quedó involucrado hoy en una causa por corrupción en el Astillero Río Santiago, tras la declaración de uno de los imputados que aseguró que el ex funcionario de Daniel Scioli cobró “en persona” sueldos de empleados que supuestamente él mismo había pedido nombrar y que nunca cumplieron funciones en la empresa naval.

Fuentes judiciales informaron que la acusación contra Breitenstein surgió de una “presentación espontánea por escrito” que realizó en las últimas horas ante la Justicia platense el ex presidente del Astillero Héctor Scavuzzo, quien está imputado junto a otras cuatro personas por presunta estafa millonaria a través de la contratación de empleados “truchos”.

En su ampliación de declaración indagatoria escrita, que lleva la firma de Scavuzzo y de sus abogados, el ex responsable de la constructora naval bonaerense señaló a Breitenstein. En ese sentido, sostuvo que el entonces funcionario le solicitó nombrar a una veintena de personas en la planta del Astillero y que “nunca” cumplieron funciones en la empresa estatal.

Asimismo, el imputado aseguró que el propio ministro de la Producción de Daniel Scioli habría ido “en varias oportunidades” hasta la Dirección de Pagos de Sueldos y Jornales del Astillero Río Santiago supuestamente para “cobrar” los haberes de las personas que habían sido designadas por su pedido.

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Educación potencia perfiles energéticos y productivos en Río Negro”

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En un contexto de transformación productiva, Río Negro avanza hacia una nueva etapa vinculada al desarrollo energético y, en ese camino, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos impulsa políticas de formación orientadas a preparar a docentes y estudiantes para los desafíos actuales y futuros.

A través del programa de Formación para el Desarrollo Energético y Productivo, declarado de interés educativo a través de la resolución N° 657/26, se promueve la construcción de saberes estratégicos en áreas clave como energía, minería y desarrollo sostenible, consolidando una educación conectada con el territorio, el trabajo y las demandas reales de la provincia.

La iniciativa busca fortalecer conocimientos específicos y formar docentes como referentes en estas temáticas, capaces de impulsar propuestas educativas innovadoras, contextualizadas y con impacto directo en las comunidades. De esta manera, se potencia la articulación entre el sistema educativo y el entramado productivo, generando más y mejores oportunidades para las y los estudiantes rionegrinos.

En este marco, se desarrollará la Diplomatura en Formación y Educación para el Desarrollo Energético-Productivo, destinada a docentes de toda la provincia. La propuesta será de modalidad virtual, con cursado asincrónico y encuentros sincrónicos de acompañamiento, organizada en cuatro cursos y una evaluación final integradora.

Esta iniciativa permitirá analizar el contexto energético-productivo de Río Negro en relación con los escenarios nacionales e internacionales, comprender las distintas fuentes de energía y tecnologías emergentes, abordar los procesos industriales y mineros en el marco de la transición energética, y desarrollar competencias para diseñar proyectos educativos innovadores vinculados a estas áreas.

Podrán participar docentes de 124 instituciones educativas, incluyendo el Ciclo Superior de los CET, escuelas técnicas privadas, Centros de Formación Profesional, Institutos Técnicos Superiores y ESRN con orientación en Ciencias Naturales, incluidas las de ámbito rural.

La propuesta cuenta con una carga horaria de 120 horas y prevé iniciar el 15 de junio.

Formación también para estudiantes

El programa contempla además instancias de capacitación destinadas a estudiantes del último año de escuela secundaria. Específicamente a estudiantes de 4° año Ciclo Superor de CET estatal y privado; y 5° año de ESRN estatal ,con orientación en Ciencias Naturales.

Se dictarán dos cursos específicos: “Introducción a la Industria Petrolera”, en agosto, y “Introducción a la Industria Minera en Río Negro”, en septiembre. Ambas propuestas tendrán modalidad virtual, con cursado asincrónico y acompañamiento de docentes tutores.

Estas instancias buscan acercar a las y los estudiantes a sectores estratégicos de la economía provincial, brindando herramientas concretas para comprender el mundo productivo y ampliar sus horizontes formativos y laborales.

Estudiantes y docentes podrán inscribirse en sus establecimientos educativos entre el 4 y el 29 de mayo.

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Del recinto al mercado: la Legislatura avala acuerdo para exportar gas

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La Legislatura aprobó por amplia mayoría la ratificación del acuerdo firmado por el Gobernador Alberto Weretilneck con Southern Energy y San Matías Pipeline. La ley consolida reglas claras para una inversión estratégica que confirma el rumbo de Río Negro como puerta de salida del gas de Vaca Muerta al mundo, garantizando la generación de nuevos puestos laborales y más desarrollo.

De este modo, se ratifica el Acta Acuerdo firmada el 14 de abril pasado entre la Provincia, Southern Energy S.A. (SESA) y San Matías Pipeline S.A., orientada a establecer un régimen fiscal y de estabilidad regulatoria para el desarrollo del proyecto de Gas Natural Licuado en el Golfo San Matías.

La decisión, acompañada por una amplia mayoría en la Legislatura (41 votos a favor y 3 en contra), consolida un nuevo avance en el camino que viene construyendo Río Negro para convertirse en un actor estratégico de la exportación energética argentina, con infraestructura, trabajo local, cuidado ambiental y nuevas oportunidades de desarrollo para las comunidades.

El gobernador Alberto Weretilneck destacó el respaldo legislativo y remarcó que este proyecto “ratifica el rumbo que elegimos para Río Negro: transformar nuestros recursos en empleo, desarrollo y obras para nuestra gente, con reglas claras y defendiendo los intereses de la provincia en cada decisión”.

Un paso clave para consolidar a Río Negro como exportador de GNL

El Proyecto FLNG prevé la instalación de dos buques de licuefacción en el Golfo San Matías, con una capacidad total de 6 millones de toneladas anuales de GNL, equivalentes a casi 27 millones de metros cúbicos diarios de gas natural. Además, contempla la construcción de un gasoducto dedicado de 471 kilómetros y 36 pulgadas, que conectará Vaca Muerta con la costa rionegrina.

La Secretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini, destacó el acompañamiento legislativo que permitió avanzar con una herramienta clave para dar previsibilidad a una inversión de escala internacional.

“Queremos agradecer a los legisladores que acompañaron esta decisión y que entienden el cambio de perfil productivo al que estamos asistiendo en Río Negro. Este no es un proyecto aislado: es parte de un rumbo que venimos construyendo con planificación, reglas claras y defensa de los intereses de todos los rionegrinos”, afirmó Confini.

A su vez, remarcó que el acompañamiento no fue unánime, pero valoró especialmente a quienes respaldaron el proyecto “con una mirada estratégica sobre lo que ya está pasado en la provincia”.

“Agradecemos a quienes confían en esta etapa de transformación. Río Negro está asumiendo un rol central en el desarrollo energético nacional, y el Gobierno Provincial tiene la responsabilidad de cuidar que ese proceso se traduzca en empleo, infraestructura, ingresos y oportunidades reales para nuestra gente”, sostuvo.

Previsibilidad para invertir y beneficios para Río Negro

El acuerdo busca brindar certeza jurídica, fiscal y regulatoria para el desarrollo del Proyecto FLNG, una condición clave para una inversión de gran escala vinculada a la producción, transporte, licuefacción y exportación de gas natural.

El proyecto podría generar para Río Negro más de USD 490 millones en 20 años, entre cánones, regalías, tasas, aporte comunitario y un aporte variable asociado al precio internacional del GNL.
Entre esos beneficios se incluye un aporte comunitario fijo de USD 36 millones, destinado a seguridad, salud e inversiones comunitarias. Además, la norma dispone que el 5% de esa contribución sea asignado al Municipio de San Antonio Oeste para obras de infraestructura y equipamiento.

Río Negro, puerta de salida al mundo

Southern Energy está integrada por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG. El consorcio proyecta una inversión superior a los USD 15.000 millones para operar durante 20 años un esquema de exportación basado en dos unidades flotantes de licuefacción en el Golfo San Matías.

Este avance se suma a otros hitos recientes del desarrollo del GNL en la provincia, como el primer contrato de venta con la empresa estatal alemana SEFE, que prevé exportaciones por 2 millones de toneladas anuales de GNL desde el Golfo San Matías a partir de fines de 2027.

Desarrollo con control ambiental y prioridad local

El acuerdo incorpora compromisos ambientales, entre ellos la adhesión de Southern Energy al Programa de Monitoreo de la zona costera de influencia del Golfo San Matías, con el objetivo de garantizar seguimiento, fiscalización y cuidado de los recursos naturales.

“La Provincia está presente para ordenar, regular y defender. Nuestro rol es garantizar que las inversiones lleguen, pero también que dejen beneficios concretos en Río Negro: más trabajo para rionegrinos, más actividad para nuestras empresas, más infraestructura y más futuro para las próximas generaciones”, agregó Confini.

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Construir Inclusión: viviendas dignas para personas con discapacidad

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El Gobierno Provincial lanzó Construir Inclusión, un plan impulsado por el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV), destinado exclusivamente a personas con discapacidad. En una primera etapa se construirán 100 hogares, con financiamiento netamente provincial.

Esta nueva herramienta se presentó en un acto encabezado en Villa Regina por el Gobernador Alberto Weretilneck y el Intendente Luis Albrieu.

Si bien el IPPV en cada plan de viviendas que lleva adelante contempla un mínimo del 10% de las casas para personas con discapacidad, en esta oportunidad se puso en marcha una línea habitacional específica, pensada para garantizar mayor accesibilidad, autonomía y oportunidades a familias rionegrinas, con fondos provinciales y contratación de empresas y mano de obra local.

La iniciativa es coordinada junto al Ministerio de Desarrollo Humano y organizaciones que trabajan en la temática de discapacidad.

En ese marco, el Gobernador destacó el rol de estas organizaciones y señaló: “Creo que lo más importante para resaltar hoy es el trabajo que han hecho ustedes en las distintas asociaciones a lo largo de toda la historia, en el acompañamiento y la lucha para que las personas con discapacidad tengan lo que merecen y lo que les corresponde tener”.

Además, explicó la decisión de orientar la política habitacional hacia este sector y afirmó: “Como la política de vivienda no puede ser lo tradicional y habitual que era de demanda libre, tenemos que definir y priorizar un sector de la sociedad y aquí es donde tomamos la definición que el eje de la política de construcción de vivienda del IPV va a estar dado en las familias con discapacidad”.

Por su parte, el interventor del IPPV, Mariano Lavin, brindó detalles del nuevo plan, que se ejecutará a través de distintas líneas operatorias y en convenio con municipios, comisiones de fomento y entidades intermedias.

“El plan tendrá tres requisitos clave: que la persona que se inscriba no tenga vivienda; que el titular o un integrante de la familia tenga Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente; y que cumpla con una residencia mínima de 5 años en la localidad rionegrina donde vive”, explicó.

En relación a las características de las viviendas, indicó que “las mismas contemplan criterios de accesibilidad universal, garantizando mayor autonomía para las personas. Por esto incluirán dimensiones adecuadas en puertas, circulaciones y baños, facilitando el desplazamiento de personas con movilidad reducida”.

Proceso de selección

En cuanto al proceso de selección, detalló: “Una vez recibida toda la documentación, IPPV va a corroborar que se cumpla con los requisitos de acceso a la vivienda y armará el expediente correspondiente con el número de legajo”.

“Todos los expedientes se enviarán a la Subsecretaría de Políticas Públicas para Personas con Discapacidad de Río Negro, quien determinará el orden de prelación, priorizando casos de mayor vulnerabilidad social y funcional”, completó.

¿Quiénes pueden acceder al plan?

  • Personas mayores de 18 años con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente
  • Familias con al menos un integrante con discapacidad y CUD vigente
  • Residencia mínima de 5 años en la localidad de Río Negro donde viven
  • Ingresos familiares comprobables entre uno y diez Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM)
  • No poseer imputación o condena por usurpaciones y/o tomas de tierras públicas
  • No poseer vivienda

¿Cómo anotarse?

La inscripción podrá realizarse de dos maneras: online, a través del link https://ippv.rionegro.gov.ar/formulario-de-inscripcion-construir-inclusion o presencial en cualquiera de sus 18 delegaciones en la provincia.

La misma tendrá dos períodos: del 29 de abril al 29 de mayo de 2026 y del 1 de junio al 15 de julio de 2026.

¿Qué documentación se necesita?

  • DNI de todo el grupo familiar conviviente
  • Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente
  • Acta de matrimonio o unión convivencial, en caso de corresponder
  • Certificado de antecedentes penales del o los titulares
  • Certificado de propiedades de catastro municipal
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