El presidente Javier Milei reafirmó el pedido de soberanía por las Islas Malvinas y envió un fuerte mensaje contra la explotación petrolera promovida por el Reino Unido, según expresó durante su discurso por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Asimismo, reafirmó el derecho “al ejercicio pleno” de los espacios marítimos circundantes de las Georges del Sur y San Luis del Sur y subrayó que el conflicto del Atlántico Sur en 1982 “no alteró la naturaleza jurídica de esta disputa” que aún es reconocida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) “como una situación colonial especial y particular” que debe resolverse mediante el “diálogo maduro y sincero” entre la Argentina y el Reino Unido.

En cuanto a la situación sobre las Fuerzas Armadas, Milei aseguró que “se está abordando con responsabilidad la crisis estructural” no sólo de los salarios, sino también de la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad, mediante una reorganización institucional “que prioriza la cobertura médica del personal y sus familias, limita el gasto administrativo y garantiza una transición ordenada”: “Somos conscientes de que hay una deuda en lo salarial con las fuerzas”, añadió.

“Un país que busca ser protagonista en el escenario global necesita fuerzas bien pagas y equipadas, a la altura de lo que el contexto global demanda. Dentro del marco del equilibrio fiscal, reafirmamos el compromiso de este Gobierno de llevar a cabo la reconstrucción de nuestras Fuerzas Armadas. Es un proceso que llevará tiempo, pero cuya dirección será certera”, señaló el mandatario.

En la misma línea, confirmó que desde el Gobierno Nacional destinarán “el 10% de los ingresos fiscales provenientes de las privatizaciones” a la compra de armamento y bienes de capital para “fortalecer el sistema de defensa nacional”.

Por otra parte, y respecto a la inversión anunciada por las empresas Rockhopper Exploration, Navitas Petroleum, el yacimiento Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte, el Presidente manifestó que el país “responderá con todas las medidas diplomáticas necesarias para proteger sus derechos y defender sus intereses”.

“Deseo expresar mis sinceros agradecimientos por los reiterados apoyos y pronunciamientos en favor de la cuestión de las Islas Malvinas en el ámbito del Comité Especial de Colonización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y el MERCOSUR, entre otros espacios. Ese respaldo reafirma la legitimidad de nuestro reclamo y acompaña el llamado de la Argentina a avanzar hacia una solución pacífica y definitiva. Al mismo tiempo, actuamos con decisión frente a las actividades unilaterales e ilegítimas que pretenden avanzar sobre recursos que pertenecen a los argentinos”, concluyó.

El Gobierno argentino declaró como organización terrorista al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán, vinculándolo directamente con los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994. La medida habilita sanciones financieras y restricciones operativas contra el grupo.

El anuncio fue realizado por la Oficina del Presidente y oficializado desde la Casa Rosada. El comunicado subraya que la Argentina fue víctima de “dos de los atentados terroristas más graves de la historia”, en referencia a los ataques que dejaron decenas de muertos y cientos de heridos en Buenos Aires. Según el Gobierno, el brazo operativo regional de la Guardia Revolucionaria Islámica actuó a través de Hezbolá en ambos hechos.

La declaración como organización terrorista implica que el CGRI queda sujeto a sanciones financieras, congelamiento de activos y restricciones operativas en territorio argentino. Esto busca impedir cualquier tipo de financiamiento o apoyo logístico que pueda vincularse con la organización. Además, se refuerza la cooperación internacional en materia de seguridad y lucha contra el terrorismo.

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”zxx” dir=”ltr”><a href=”https://t.co/ds0Jx5mXIm”>pic.twitter.com/ds0Jx5mXIm</a></p>&mdash; Oficina del Presidente (@OPRArgentina) <a href=”https://twitter.com/OPRArgentina/status/2039139485535883744?ref_src=twsrc%5Etfw”>April 1, 2026</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

Repercusiones políticas

La medida marca un alineamiento de la política exterior argentina con países que ya habían tomado decisiones similares, como Estados Unidos y algunos miembros de la Unión Europea. El Gobierno busca enviar un mensaje de firmeza frente a las amenazas terroristas y reforzar su compromiso con la memoria de las víctimas de los atentados.

Con esta declaración, Argentina se suma a la lista de países que consideran al CGRI una amenaza global. La decisión refuerza la narrativa oficial de que el país no tolerará la presencia ni el financiamiento de grupos vinculados al terrorismo internacional, y busca consolidar su posición en el escenario internacional como actor comprometido con la seguridad y la memoria histórica.

Relación con los atentados históricos

El comunicado oficial recuerda que los ataques contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994 fueron atribuidos a Hezbolá, considerado el brazo operativo regional del CGRI. La decisión de declarar terrorista a la organización iraní se fundamenta en la responsabilidad directa que se le adjudica en esos hechos, que aún generan reclamos de justicia en la sociedad argentina.

La canasta básica del jubilado alcanzó en marzo de 2026 un valor de $1.824.682, según el relevamiento semestral de la Defensoría de la Tercera Edad que coordina el Dr. Eugenio Semino. El estudio registró un incremento del 20,51% respecto de la medición anterior, con una suba absoluta de $310.607,87, y advierte sobre el “deterioro sostenido” de los ingresos de las personas mayores frente al aumento del costo de vida.

El informe, que toma datos de los principales centros urbanos -Ciudad de Buenos Aires, conurbano bonaerense, Mendoza, Córdoba y Rosario- desglosa los componentes más onerosos de la canasta: medicamentos por $503.600, alimentación por $410.640, vivienda por $360.150 y servicios por $151.350. Esos rubros, señala la Defensoría, explican buena parte del desfasaje entre prestaciones y necesidades reales de los jubilados.

En ese contexto, la Defensoría subraya que cuatro millones y medio de jubilados perciben la mínima, que hoy es de $369.672,3, y que incluso sumando el bono de $70.000 la prestación apenas cubre “una cuarta parte” de la canasta. El organismo recalca además la situación de otros beneficiarios: la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM) se ubicó en $295.680,71 más el bono, y las Pensiones No Contributivas en $258.720,61 más el bono.

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”es” dir=”ltr”>La canasta básica para los jubilados llegó a $1.800.000 y cuadruplicó el haber mínimo. Las explicaciones del Ministro Caputo son elocuentes. <br>Hasta que el país se normalice el ajuste lo pagarán los jubilados y la casta seguirá viajando con sus esposas a Nueva York y Punta del… <a href=”https://t.co/cZxsf17D5Q”>pic.twitter.com/cZxsf17D5Q</a></p>&mdash; Graciela Ocaña (@gracielaocana) <a href=”https://twitter.com/gracielaocana/status/2032582098268086643?ref_src=twsrc%5Etfw”>March 13, 2026</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

Semino explicó que el relevamiento incluye un rubro de vivienda que combina diferentes realidades —mantenimiento de un inmueble propio, alquiler o la vida en pensiones— y que el capítulo medicamentos considera una canasta amplia con descuentos según la obra social de cada jubilado. Esa metodología, afirma la Defensoría, permite captar mejor la heterogeneidad de gastos que enfrentan las personas mayores en las distintas ciudades.

El documento también traza la evolución histórica de la canasta en 16 años de mediciones semestrales: desde los $2.053 de mayo de 2010 hasta los actuales $1.824.682 de marzo de 2026, lo que, según el informe, evidencia una tendencia persistente de empobrecimiento relativo de los jubilados. Además, critica la respuesta estatal basada en bonos puntuales, que califica como “monedas arrojadas a un pueblo hambriento” y considera ineficaces y contraproducentes.

La Defensoría cierra el informe con una exhortación política: “No es que los jubilados sigan estando mal, es que están cada vez peor y no hay perspectivas de que la situación se revierta”. Al recordar que son siete millones las personas jubiladas y pensionadas en el país, el informe plantea la pregunta central sobre la sostenibilidad social y política de un Estado que, afirma, “hunde directamente en la pobreza a más del diez por ciento de su población”.