La histórica fábrica Textilana SA, conocida por fabricar los pulóveres de la marca Mauro Sergio en Mar del Plata, solicitó concurso preventivo para evitar la quiebra ante la severa caída del consumo interno. Esta medida judicial permite renegociar deudas mientras opera bajo supervisión, en un contexto de crisis que ya llevó a suspender a 175 trabajadores entre noviembre de 2025 y marzo de 2026.

Contexto Económico

La industria textil local enfrenta su peor momento en décadas, con ventas retraídas hasta un 50% por el bajo poder adquisitivo, importaciones descontroladas y atraso cambiario. Guillermo Fasano, presidente de la Cámara Textil de Mar del Plata, alertó sobre despidos masivos y máquinas operando al 32% de capacidad, agravado por el turismo emisivo y costos crediticios prohibitivos.

Trayectoria de la Empresa

Con más de 45 años de historia, Textilana es un emblema de la producción de tejidos en la ciudad balnearia, pero la “contracción generalizada del consumo” y el “contexto macroeconómico actual” la empujaron a esta instancia crítica. La firma busca “asegurar la sostenibilidad a largo plazo” renegociando compromisos con acreedores.

Impacto Laboral

La suspensión de todo su personal genera preocupación por más de 200 familias en riesgo, sumándose a entre 200 y 300 bajas en el sector de pulóveres. El concurso abre interrogantes sobre el futuro de la planta y el empleo en una región dependiente del turismo y la industria textil.

Perspectivas del Sector

Pymes textiles reclaman reformas laborales, alivio fiscal y protección contra importaciones para sobrevivir. Sin medidas urgentes, advierten cierres en cadena en Mar del Plata, donde el consumo cayó un 30% y la producción se resiente por el ajuste macroeconómico.

El misterio sobre el paradero de las reservas de oro que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) envió al exterior en julio de 2024 parece haber encontrado una respuesta parcial por descarte. Aunque inicialmente se especuló con que los lingotes, valuados en unos US$ 4.800 millones, habían sido depositados en Londres para generar rendimientos, recientes movimientos judiciales en el Reino Unido confirmaron que el metal precioso no se encuentra en la capital británica. Esta certeza surge en un contexto de alta sensibilidad para las reservas, cuya cotización internacional fluctúa al ritmo de los conflictos en Medio Oriente.

La revelación se produjo tras una orden de la Corte de Apelaciones de Londres al banco Lloyds para congelar activos soberanos argentinos, en el marco de la causa por el “Cupón PBI”. La justicia inglesa busca identificar bienes físicos o financieros del Estado para garantizar el pago de una sentencia firme que asciende a los US$ 1.800 millones. Ante este requerimiento, los abogados que representan al país debieron aclarar formalmente que no existen activos argentinos en dicha entidad ni en esa jurisdicción que puedan ser sujetos de embargo, lo que incluye el oro enviado el año pasado.

Al quedar descartado Londres como destino, todas las pistas conducen ahora a Basilea, Suiza. La hipótesis más sólida es que el oro fue depositado en el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés), conocido como el “banco de los bancos centrales”. Esta institución funciona como un intermediario financiero donde las entidades nacionales colocan su oro para realizar operaciones de liquidez a corto plazo, como swaps o repos, permitiendo que un activo tradicionalmente estático comience a generar intereses o sirva como garantía financiera.

[JUSTICIA] Causa Cupón PBI: un tribunal de Londres ordenó que se congelen los activos argentinos en el banco Lloyds hasta la audiencia del 21 de abril por la condena sobre la manipulación de los datos del INDEC. https://t.co/35LS2yjMpl pic.twitter.com/zSdkWtcNzn

— ElCanciller.com (@elcancillercom) April 16, 2026

Si bien la Reserva Federal de Nueva York es otra alternativa técnica donde el BIS suele custodiar valores, los analistas consideran que el gobierno argentino habría evitado esa plaza para blindarse ante posibles embargos derivados del juicio por la expropiación de YPF. Aunque recientemente hubo fallos favorables en esa causa, el riesgo de que los activos fueran retenidos en Estados Unidos por orden de fondos acreedores habría inclinado la balanza hacia la neutralidad suiza, buscando un entorno legalmente más seguro para los lingotes.

El movimiento de las reservas fue advertido originalmente por el gremialista Sergio Palazzo y confirmado meses después por el ministro Luis Caputo, quien defendió la operación como una estrategia para maximizar el retorno de los activos nacionales. Según el jefe de la cartera económica, mantener el oro físicamente en las bóvedas del BCRA en Buenos Aires es equivalente a tener un “inmueble ocioso” que no produce ganancias. Sin embargo, el hermetismo oficial sobre el destino final se mantuvo bajo el argumento de preservar la seguridad de los activos de todos los argentinos.

En última instancia, el secretismo que el BCRA y Santiago Bausili intentaron mantener por razones de seguridad nacional terminó chocando con la transparencia exigida en los tribunales internacionales. Lo que comenzó como una transferencia confidencial para “rebalancear” las cuentas del Central, terminó siendo expuesto por la presión de los fondos que litigan contra el país en el extranjero. Así, el mapa del tesoro argentino se reduce ahora a las cajas de seguridad en Basilea, mientras la Argentina agota sus instancias legales en el complejo frente judicial londinense.

La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) manifestó su profunda preocupación por la situación crítica que atraviesa el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP – PAMI). En un comunicado oficial fechado el 15 de abril de 2026, ADPRA advirtió que esta crisis afecta directamente el derecho a la salud de las personas mayores, cuya cobertura depende del acceso a beneficios jubilatorios o previsionales.

Desde distintas Defensorías del país se ha registrado un aumento sostenido de reclamos relacionados con demoras en autorizaciones de prácticas y tratamientos, falta de acceso a medicamentos e insumos, discontinuidades en prestaciones de salud y rehabilitación, así como problemas en la asignación y funcionamiento del sistema de médicos de cabecera. Además, se denuncian dificultades en la relación con prestadores de servicios de salud vinculadas a condiciones de contratación y pago, y la existencia de deudas millonarias del Gobierno Nacional con estos prestadores.

Uno de los focos de tensión está en la implementación de la resolución RESOL-2026-1107-INSSJP-DE, que unifica el nomenclador y concentra la retribución de los médicos de cabecera en un pago por cápita. Esta medida ha provocado una reducción de ingresos superior al 50% para los profesionales, quienes han declarado un paro nacional y advirtieron que abandonarán la cartilla si no se revierte la situación. A este problema se suma una deuda millonaria con prestadores de medicina, odontología, óptica y farmacia, que en algunos casos acumula más de seis meses de atraso.

ADPRA señala que el origen de esta crisis radica en decisiones tomadas por la conducción del INSSJP-PAMI que carecen de previsibilidad y presentan dificultades de implementación, afectando tanto a los prestadores como a los afiliados. El desfinanciamiento del organismo impacta especialmente en las personas mayores, generando situaciones de vulnerabilidad que el Estado debe revertir con urgencia.

En este marco, la Asociación exhortó a las autoridades a adoptar medidas urgentes que incluyan la regularización de los pagos adeudados a prestadores, la derogación o revisión de la resolución polémica en diálogo con los profesionales de la salud, y la garantía de continuidad en tratamientos, medicamentos e insumos en todo el país. También pidió restablecer la previsibilidad y transparencia en el financiamiento y contratación, asegurar una retribución justa y oportuna, garantizar canales de atención personalizada para los afiliados y promover la articulación entre niveles nacionales y locales.

Finalmente, ADPRA advirtió que la persistencia de esta situación constituye una vulneración concreta y actual de los derechos constitucionales de los adultos mayores, por lo que consideró “impostergable la adopción de medidas urgentes, coordinadas y sostenidas que permitan revertir el escenario actual y garantizar condiciones dignas de atención”.