El Gobierno argentino declaró como organización terrorista al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán, vinculándolo directamente con los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994. La medida habilita sanciones financieras y restricciones operativas contra el grupo.

El anuncio fue realizado por la Oficina del Presidente y oficializado desde la Casa Rosada. El comunicado subraya que la Argentina fue víctima de “dos de los atentados terroristas más graves de la historia”, en referencia a los ataques que dejaron decenas de muertos y cientos de heridos en Buenos Aires. Según el Gobierno, el brazo operativo regional de la Guardia Revolucionaria Islámica actuó a través de Hezbolá en ambos hechos.

La declaración como organización terrorista implica que el CGRI queda sujeto a sanciones financieras, congelamiento de activos y restricciones operativas en territorio argentino. Esto busca impedir cualquier tipo de financiamiento o apoyo logístico que pueda vincularse con la organización. Además, se refuerza la cooperación internacional en materia de seguridad y lucha contra el terrorismo.

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”zxx” dir=”ltr”><a href=”https://t.co/ds0Jx5mXIm”>pic.twitter.com/ds0Jx5mXIm</a></p>&mdash; Oficina del Presidente (@OPRArgentina) <a href=”https://twitter.com/OPRArgentina/status/2039139485535883744?ref_src=twsrc%5Etfw”>April 1, 2026</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

Repercusiones políticas

La medida marca un alineamiento de la política exterior argentina con países que ya habían tomado decisiones similares, como Estados Unidos y algunos miembros de la Unión Europea. El Gobierno busca enviar un mensaje de firmeza frente a las amenazas terroristas y reforzar su compromiso con la memoria de las víctimas de los atentados.

Con esta declaración, Argentina se suma a la lista de países que consideran al CGRI una amenaza global. La decisión refuerza la narrativa oficial de que el país no tolerará la presencia ni el financiamiento de grupos vinculados al terrorismo internacional, y busca consolidar su posición en el escenario internacional como actor comprometido con la seguridad y la memoria histórica.

Relación con los atentados históricos

El comunicado oficial recuerda que los ataques contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994 fueron atribuidos a Hezbolá, considerado el brazo operativo regional del CGRI. La decisión de declarar terrorista a la organización iraní se fundamenta en la responsabilidad directa que se le adjudica en esos hechos, que aún generan reclamos de justicia en la sociedad argentina.

La canasta básica del jubilado alcanzó en marzo de 2026 un valor de $1.824.682, según el relevamiento semestral de la Defensoría de la Tercera Edad que coordina el Dr. Eugenio Semino. El estudio registró un incremento del 20,51% respecto de la medición anterior, con una suba absoluta de $310.607,87, y advierte sobre el “deterioro sostenido” de los ingresos de las personas mayores frente al aumento del costo de vida.

El informe, que toma datos de los principales centros urbanos -Ciudad de Buenos Aires, conurbano bonaerense, Mendoza, Córdoba y Rosario- desglosa los componentes más onerosos de la canasta: medicamentos por $503.600, alimentación por $410.640, vivienda por $360.150 y servicios por $151.350. Esos rubros, señala la Defensoría, explican buena parte del desfasaje entre prestaciones y necesidades reales de los jubilados.

En ese contexto, la Defensoría subraya que cuatro millones y medio de jubilados perciben la mínima, que hoy es de $369.672,3, y que incluso sumando el bono de $70.000 la prestación apenas cubre “una cuarta parte” de la canasta. El organismo recalca además la situación de otros beneficiarios: la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM) se ubicó en $295.680,71 más el bono, y las Pensiones No Contributivas en $258.720,61 más el bono.

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”es” dir=”ltr”>La canasta básica para los jubilados llegó a $1.800.000 y cuadruplicó el haber mínimo. Las explicaciones del Ministro Caputo son elocuentes. <br>Hasta que el país se normalice el ajuste lo pagarán los jubilados y la casta seguirá viajando con sus esposas a Nueva York y Punta del… <a href=”https://t.co/cZxsf17D5Q”>pic.twitter.com/cZxsf17D5Q</a></p>&mdash; Graciela Ocaña (@gracielaocana) <a href=”https://twitter.com/gracielaocana/status/2032582098268086643?ref_src=twsrc%5Etfw”>March 13, 2026</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

Semino explicó que el relevamiento incluye un rubro de vivienda que combina diferentes realidades —mantenimiento de un inmueble propio, alquiler o la vida en pensiones— y que el capítulo medicamentos considera una canasta amplia con descuentos según la obra social de cada jubilado. Esa metodología, afirma la Defensoría, permite captar mejor la heterogeneidad de gastos que enfrentan las personas mayores en las distintas ciudades.

El documento también traza la evolución histórica de la canasta en 16 años de mediciones semestrales: desde los $2.053 de mayo de 2010 hasta los actuales $1.824.682 de marzo de 2026, lo que, según el informe, evidencia una tendencia persistente de empobrecimiento relativo de los jubilados. Además, critica la respuesta estatal basada en bonos puntuales, que califica como “monedas arrojadas a un pueblo hambriento” y considera ineficaces y contraproducentes.

La Defensoría cierra el informe con una exhortación política: “No es que los jubilados sigan estando mal, es que están cada vez peor y no hay perspectivas de que la situación se revierta”. Al recordar que son siete millones las personas jubiladas y pensionadas en el país, el informe plantea la pregunta central sobre la sostenibilidad social y política de un Estado que, afirma, “hunde directamente en la pobreza a más del diez por ciento de su población”.

La Corte Suprema dará mañana una muestra de unidad al presentar públicamente el proyecto que impulsa para la selección de nuevos jueces, aunque el documento lleva la firma de solo dos de sus integrantes, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. La iniciativa fue acordada el jueves pasado y será explicada en detalle en un acto al que, se indicó, asistirá también Horacio Rosatti, presidente del tribunal, aunque sin haber suscripto el escrito. La presencia de los tres magistrados busca transmitir una postura conjunta del máximo tribunal pese a la falta de firma de uno de ellos.

El proyecto propone que el Consejo de la Magistratura adopte un nuevo reglamento para la designación de magistrados en la justicia federal, con especial incidencia en los futuros nombramientos de los tribunales de Comodoro Py. La reforma pretende incorporar criterios que garanticen legalidad, igualdad, idoneidad, transparencia, imparcialidad y celeridad en el proceso de selección, además de reducir la discrecionalidad que hoy afecta la designación de candidatos.

Una de las medidas centrales que plantea la propuesta es la implementación de concursos anticipados: la idea es que los concursos para cubrir cargos se realicen antes de que se produzcan las vacantes efectivas. Esta modalidad, explicaron desde Tribunales, busca evitar atajos y decisiones improvisadas, dando previsibilidad al orden de mérito y al calendario de reemplazos en los tribunales federales.

Para reducir la incidencia de la evaluación subjetiva, el proyecto contempla la creación de un banco de preguntas con formato multiple choice, que integraría las pruebas objetivas del concurso. Asimismo, se propone limitar la discrecionalidad de los consejeros en la etapa de entrevistas personales, con el objetivo de disminuir la posibilidad de que las entrevistas permitan alterar el orden de mérito establecido por las pruebas escritas y objetivas.

La iniciativa, suscripta por Rosenkrantz y Lorenzetti, también apunta a dotar al proceso de selección de mayor celeridad sin sacrificar garantías de idoneidad y transparencia. En ese sentido, los promotores del proyecto sostienen que un reglamento más claro y procedimientos estandarizados ayudarán a profesionalizar las designaciones y a fortalecer la confianza pública en la integración del Poder Judicial federal.

Los integrantes de la Corte explicarán los detalles técnicos y los fundamentos jurídicos del proyecto ante la prensa y la comunidad judicial. La exposición buscará mostrar el alcance de las reformas propuestas y responder a las observaciones que ya se han planteado internamente, en un gesto destinado a recibir el proyecto como una postura del tribunal en su conjunto.