El Tribunal Oral Federal N°7 ha dado un paso significativo en el caso conocido como “Causa Cuadernos”, al avanzar con la lectura del requerimiento de elevación a juicio. La acusación de la Unidad de Información Financiera (UIF) sostiene que la expresidenta Cristina Kirchner recibió 175 pagos ilegales por un total de 171.224.710 pesos y 613.000 dólares. Estos sobornos se habrían realizado entre enero de 2008 y septiembre de 2010, en un contexto de supuestas negociaciones corruptas en el ámbito de obras públicas.

La UIF, que actúa como parte querellante en el caso, presentó evidencia de un “acuerdo espurio” entre funcionarios públicos y empresarios, que facilitó un sistema de retornos relacionados con diversos contratos de obras y servicios. Durante la audiencia, que se extendió por casi cinco horas, se explicaron los mecanismos utilizados para llevar a cabo esta trama, involucrando resoluciones firmadas por el entonces director de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti.

Uno de los puntos destacados de la acusación es que una empresa vinculada a la mandataria realizó 40 entregas de dinero ilícito que superaron los 85 millones de pesos. La UIF atribuye un papel central al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y a su número dos, José López, en la implementación de este esquema de corrupción. Además, Carlos Wagner, extitular de la Cámara Argentina de la Construcción, ha sido señalado como el ejecutor de las operaciones, mientras que Ernesto Clarens actuó como el recaudador de los fondos.

Según la acusación, los sobornos habrían sido entregados a Daniel Muñoz, exsecretario privado de Néstor Kirchner, quien falleció en 2018. La UIF presentó un archivo detallado que incluye fechas y montos de cada entrega, lo que proporciona una base sólida para sus afirmaciones. Este complejo sistema de recaudación, descrito como “aceitado y piramidal”, tiene a los Kirchner como los beneficiarios finales de los fondos ilegales.

Las audiencias han revelado testimonios de empresarios que han declarado cómo fueron presionados para ser parte de este entramado de corrupción. Entre ellos, se encuentran figuras reconocidas que han hablado sobre el temor y la coacción recibida para aceptar participar en estos acuerdos ilegales. La magnitud del caso ha captado la atención de la opinión pública, con llamados sostenidos a la justicia por parte de diversos sectores de la sociedad.

Cristina Kirchner actualmente cumple prisión domiciliaria debido a otros cargos relacionados con la causa Vialidad y continúa siendo una figura de controversia en el panorama político argentino. La continuidad del juicio de la Causa Cuadernos es un elemento crucial en la evaluación de la corrupción en el país, con implicaciones significativas para el futuro político tanto de la expresidenta como del sistema judicial argentino.

La CGT se movilizó a Plaza de Mayo contra la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei y anticipó que esa medida fue el primer paso de un “plan de lucha” que culminará en un “paro nacional”.

El cosecretario general de la CGT Octavio Arguello sostuvo que la central le dice “rotundamente no” a la reforma laboral “entreguista” y le advirtió a los senadores que tengan “cuidado” con “lo que hacen” porque, dijo, el pueblo y la patria se los vamos a demandar”.

“Es mentira que se dé más trabajo quitándole sus derechos, y dando cada vez más horas de trabajo”, alertó Arguello, y llamó a “ganar la calle” y “pelear por los derechos de los trabajadores y sus familias”.

El referente sindical advirtió que, si no hay respuestas, el reclamo la CGT avanzará con un plan de lucha que culminará en un “paro nacional”, lo que generó ovación entre los manifestantes.

Por su parte, el cosecretario Cristian Jerónimo señaló que la central se opone a la reforma laboral “porque no genera nada a favor del mundo del trabajo. Está redactada de forma maliciosa a favor de las grandes corporaciones y empresas. No favorece a las pymes”, insistió.

“La CGT no va a dar ni un paso atrás, así lo marca nuestra historia”, completó.

En tanto, el cosecretario general Jorge Sola sostuvo que el proyecto de reforma laboral tiene “más de 50 años” y que también había sido impulsado por “los milicos” en los ‘70 y volvió “recargado en los ’90”, para terminar en la crisis de “2001”.

“No queremos menos derechos: queremos más trabajo, más diginidad y más salarios”, definió Sola, que cuestionó el fondo de despidos laborales, concebido, dijo, para que “despedir sea más fácil”.

También reprochó que la reforma laboral busque “limitar el poder gremial”, en referencia a la legislación sobre el derecho a la protesta de los sindicatos.

Además, cuestionó al Gobierno por “atacar con el proyecto de Presupuesto a la Discapacidad, la ley de emergencia pediátrica, el sostenimiento del Hospital Garrahan y la educación”.

“Para que hayan trabajadores en negro lo que hay primero es una economía en negro, y este Gobierno vino para profundizar más y más pobreza en la Argentina”, denunció Sola.

“Este es el principio e un plan de lucha. Sigan sin escucharnos y se encontrarán con la profundización de este plan: terminaremos con un paro en todo el país”, insistió.

La jornada de protesta no estuvo exenta de incidentes debido a que los manifestantes y los efectivos policiales se enfrentaron a empujones tras la fiscalización del acto.

Las fuerzas se seguridad nacionales y de la Ciudad, que conformaron para esta oportunidad un comando unificado, buscaron hacer cumplir el protocolo antipiquetes y arrojaron gas pimienta sobre un sector de la manifestación en la Avenida 9 de Julio.

De la movilización participaron dirigentes del peronismo como el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; los senadores José Mayans y Jorge Capitanich, y dirigentes sindicales como Hugo Moyano (Camioneros), Héctor Daer (Sanidad) y Andrés Rodríguez (UPCN), entre otros, además de las Madres de Plaza de Mayo.

También se movilizaron otras organizaciones de trabajadores como las dos fracciones de la CTA, la UTEP y agrupaciones de izquierda como la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

El Gobierno argentino logró la aprobación del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, aunque no sin dificultades. A pesar de las negociaciones frenéticas hasta último momento, el oficialismo sufrió un revés significativo al no poder derogar las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario. Este presupuesto marcará el primer gran plan de gastos de la gestión del presidente Javier Milei, quien en anteriores ocasiones tuvo que recurrir a prórrogas del presupuesto del año 2023.

Para la aprobación del texto en general La Libertad Avanza contó con la ayuda del PRO, la UCR, el MID, los peronistas disidentes de Elijo Catamarca (responden al gobernador Raúl Jalil), los tucumanos de Independencia (del gobernador Osvaldo Jaldo), los siete diputados de Innovación Federal (Salta y Misiones), la diputada de La Neuquinidad (gobernador Rolo Figueroa), un diputado de Por Santa Cruz (gobernador Claudio Vidal), y los dos sanjuaninos de Producción y Trabajo (gobernador Marcelo Orrego).

Fuerza Patria, Encuetro Federal y la izquierda rechazaron el proyecto. Provincias Unidas se abstuvo pero tuvo un rol importante al inicio de la sesión cuando Nicolás Massot, Miguel Pichetto y un grupo de diputados de Córdoba ayudaron a alcanzar el quórum.

A pesar de esta unión, el artículo 75, que buscaba derogar las leyes de emergencia, no consiguió los votos necesarios y quedó rechazado por parte de varios aliados del oficialismo. Esta situación pone de manifiesto la fragilidad de la alianza oficialista y las tensiones internas que la atraviesan.

Con 130 votos afirmativos, 107 negativos y 2 abstenciones, obtiene media sanción la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal, con reformas al procedimiento tributario y al Régimen Penal Tributario. Modificación del Código Civil y Comercial de la Nación. pic.twitter.com/TcbgBd1K11— Diputados Argentina (@DiputadosAR) December 18, 2025

Desde la oposición, se criticó abiertamente el presupuesto presentado, argumentando que las previsiones económicas son poco realistas. El texto prevé un crecimiento del 5% del PIB con una inflación anual estimada en el 10,1%, números que varios legisladores cuestionaron ante la falta de medidas concretas para reactivar la economía y estimular el consumo en un contexto de alta inflación.

El escenario legislativo se complica aún más con la llegada del presupuesto al Senado, donde la oposición espera ejercer una mayor presión. Los libertarios, que han sido aliados del oficialismo, ya anticiparon que intentarán revertir los rechazos legislativos en esa cámara. Este contexto de tensiones subraya la importancia de las próximas negociaciones, que podrían influir en la estabilidad del gobierno de Milei.

A pesar de los desafíos, el ministro del Interior, Diego Santilli, ha estado trabajando activamente para conseguir apoyos en provincias clave. En este sentido, la distribución de Aportes del Tesoro Nacional por un monto de 66.000 millones de pesos ha sido un atractivo utilizado para asegurar alianzas regionales. Sin embargo, el rechazo a aspectos cruciales del presupuesto muestra que la estrategia de la Casa Rosada aún enfrenta barreras.

Uno de los puntos más controversiales fue la propuesta de votar el texto en bloques, lo que generó protestas de la oposición. Los legisladores argumentaron que esta modalidad dificultaba expresar su posición sobre el artículo 75 de manera clara. Finalmente, la votación resultó en un rechazo del mismo, subrayando las diferencias que persisten entre el oficialismo y sus aliados.

El presidente de la Comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, defendió la propuesta del gobierno, resaltando la necesidad de mantener el equilibrio fiscal. Sin embargo, la oposición, liderada por figuras del peronismo y la Coalición Cívica, manifestó que el presupuesto refleja una política de ajuste que podría agravar la situación económica del país.

Ante el clima de incertidumbre, se abre un nuevo capítulo en la política económica argentina. La Casa Rosada deberá ajustar su enfoque para navegar las aguas turbulentas del Senado y conseguir la aprobación final necesaria para implementar su visión económica en el año 2026. La suerte de este presupuesto podría determinar no solo la economía del país, sino también el futuro del gobierno de Milei.

????| @RossiAgustinOk “El debate presupuestario carece de una mirada sobre la economía real. Es imposible seguir gobernando de espaldas a la realidad de los argentinos”. pic.twitter.com/2qD9G25ff1— Diputados Argentina (@DiputadosAR) December 17, 2025