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Nueva prórroga: Legisladores aprueban la continuidad de un contrato petrolero

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La Legislatura de Río Negro ratificó el jueves por mayoría el acuerdo de prórroga de concesión entre el gobierno provincial y las empresas TECPETROL S.A. e YPF S.A.. por el área hidrocarburífera “Agua Salada”, cuyo contrato vencía en setiembre próximo y se extenderá hasta el año 2035.

Ese sector tiene una extensión de 650 km² y se caracteriza por producir petróleo y -mayormente- gas. Se trata de la segunda concesión de explotación más importante de la provincia, aportando el 18% de la producción total de gas, con 44 pozos activos.

El acuerdo de prórroga tiene como objetivo asegurar una inversión permanente y sostenida, avanzar en el desarrollo sustentable del sector, poner en valor los recursos, ampliar el horizonte productivo, incrementar las reservas y revertir la declinación actual de la producción para aumentar los ingresos provinciales. También busca garantizar el buen uso y protección de las instalaciones, promover la extracción racional, mejorar la eficiencia energética y reducir emisiones, así como fomentar el desarrollo de la mano de obra local y fortalecer las pymes provinciales.

La fundamentación de la iniciativa estuvo a cargo de Lorena Yensen (JSRN), quien en principio destacó que las empresas a cargo de la explotación proyectan invertir alrededor de 22,5 millones de dólares. Realizarán dos perforaciones nuevas, dos contingentes y el reacondicionamiento de otros ocho.

Detalló que el convenio contempla un aporte del 3% mensual de la producción de gas y petróleo, lo que se adiciona el 12% que ya aportan por regalías y a un bono de U$D 250.000, que podrán destinarse a las áreas de Salud o Educación de la Provincia.

Luego hizo especial mención al denominado ‘bono de prórroga’, que “es la suma de dinero que abonan las concesionarias por la explotación de los hidrocarburos, que son de propiedad de la Provincia”.

En ese sentido subrayó que esa suma se coparticipa a los municipios y Comisiones de Fomento “porque nuestro gobernador no cree en el centralismo, contrariamente a lo que sucede en otras provincias hidrocarburíferas como Neuquén, Santa Cruz, Chubut y Mendoza”.

“Nuestro gobernador escucha y atiende a los intendentes, quienes deben presentar proyectos de infraestructura, ya que -por ley- se prohíbe que estos fondos vayan a gastos corrientes”, aclaró y recalcó que Alberto Weretilneck “no se olvida que fue intendente”.

“Como legislador es difícil oponerse a este tipo de prórrogas porque significaría darle la espalda a los municipios, a los intendentes y -sobre todo- a los vecinos”, cerró Yensen.

Juan Martín (PRO) explicó que el acompañamiento de su bloque al proyecto se fundamenta en que “tiene un efecto directo sobre lo que ocurre en los municipios”. “Usemos estas sumas que ingresan por contratos petroleros en los temas de fondo, en lo que realmente le preocupa a los rionegrinos, lo que va a repercutir en generaciones futuras”.

Cerró Juan Martín por el oficialismo, quien indicó que “lo que estamos haciendo es sostener los puestos de trabajo de aquellas áreas que son convencionales, que los ‘grandes jugadores’ no los quieren”.

“Lo que logramos es que esos pozos sigan funcionando, explotados por pequeñas y medianas empresas, y mantener la mano de obra”, finalizó.

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Río Negro reactiva la Ley Pierri para dar seguridad jurídica a familias

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El Gobernador Alberto Weretilneck y el Intendente Luis Albrieu, encabezaron en Villa Regina el relanzamiento del Régimen de Regularización Dominial Ley Pierri, una política pública que busca avanzar en la escrituración de viviendas y brindar seguridad jurídica a familias que habitan inmuebles desde hace años sin título de propiedad.

La actividad tuvo como objetivo fortalecer la implementación del régimen, ordenar circuitos administrativos y consolidar una red de trabajo articulada para avanzar en la escrituración de viviendas ubicadas en inmuebles privados, cuando las familias acreditan posesión pública, pacífica y continua, con causa lícita desde al menos, el año 2006.

En ese sentido, el Gobernador destacó el enfoque de la política pública y su impacto social: “Estamos empezando esta nueva etapa que es una respuesta no solo a una necesidad, más que nada a un derecho”, y remarcó la decisión de avanzar con una herramienta concreta para garantizar ese acceso: “Había que definir una respuesta, y hoy estamos poniendo en marcha una política pública para dar respuesta a ese derecho”.

En esa línea, subrayó la importancia de fortalecer el trabajo articulado entre Provincia, municipios y organizaciones, con el objetivo de ampliar el alcance del programa y garantizar que más familias puedan acceder a la regularización dominial y a la seguridad jurídica sobre sus viviendas.

Durante el encuentro se presentaron los principales lineamientos de esta nueva etapa, orientada a agilizar expedientes, mejorar la trazabilidad del procedimiento y acompañar a las familias que habitan sus viviendas desde hace años, pero aún no cuentan con título de propiedad.

Desde el IPPV se destacó que la Ley Pierri permite ordenar jurídicamente situaciones habitacionales consolidadas y brindar seguridad jurídica a hogares rionegrinos.

El relanzamiento forma parte de una política pública provincial orientada a fortalecer la presencia territorial del Estado, simplificar trámites y avanzar en procesos de regularización dominial con articulación institucional, mirada social y respaldo técnico-jurídico.

Estuvieron presentes los Intendentes de Viedma, Marcos Castro; de Cipolletti, Rodrigo Buteler; de Gaurdia Mitre, Miguel Evans; de Coronel Belisle, Diego Agüero; los Ministros de Gobierno, Trabajo y Turismo, Agustín Ríos, de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; de Desarrollo Humano, Juan Pablo Muena, y demás autoridades provinciales y locales.

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Luz verde a las Taser: Río Negro aprobaría su uso

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El plenario de comisiones debatió este martes la iniciativa para autorizar a la Policía a utilizar armamento para la prevención de delitos. El texto regula el uso de dispositivos, como las pistolas Taser, además de gases y proyectiles.

Entre las diversas armas que contempla el proyecto, se destacan los dispositivos electrónicos de incapacitación neuromuscular, como las pistolas tipo Taser o Axon. Además, la normativa contempla el uso de dispositivos de aerosol irritante, comúnmente conocidos como gas pimienta, y armas de proyectiles de impacto controlado, incluyendo municiones de goma o polímeros especiales.

La nómina de equipamiento permitido se completa con lanzadores de agentes irritantes para la dispersión en situaciones de violencia y dispositivos de disuasión acústica o luminosa, como las granadas aturdidoras o “flash bang”, con el objetivo central de brindar a los agentes opciones operativas que minimicen el riesgo de lesiones graves o letales durante sus intervenciones en la vía pública.

La impulsora del proyecto, Yolanda Mansilla (Primero Río Negro), expuso los fundamentos a favor de la medida. Indicó que la norma otorga herramientas a los agentes para evitar daños a los rionegrinos.

“Este proyecto en sí es un proyecto que beneficia la vida. Beneficia la vida porque la policía no estaría utilizando un arma de fuego. No tendríamos un resultado irreversible”. La legisladora detalló que el uso quedará restringido a grupos de la fuerza de seguridad.

Otros legisladores manifestaron reparos sobre la redacción. Delgado Sempé (Vamos con Todos) solicitó limitar el uso de los equipos en manifestaciones, argumentando: “el orden público estamos también las marchas de los trabajadores que puede hacer o reclamo de estudiantes que pueden hacer y puede haber algún trasnochado que la use en ese momento”.

La legisladora Ayelén Spósito cuestionó la aplicación de las herramientas en intervenciones con menores de edad, y afirmó: “me parece un exceso hacia las personas o hacia un niño o un adolescente, utilizar cualquier tipo de arma”.

El perito Martín Suárez participó en la reunión. El profesional explicó el funcionamiento de las pistolas e indicó que los procedimientos quedan registrados en audio y video. Sobre el sistema, Suárez señaló: “No es un arma de tortura ni ni está diseñada para producir dolor, sino para reducir momentáneamente”.

El dictamen de la iniciativa resultó aprobado por mayoría. José Luis Berros (Vamos con Todos) y Alejandra Más (PJ-NE) solicitaron 48 horas para emitir las posiciones de sus bloques.

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Nuevas obras provinciales ponen en valor las rutas provinciales 6 y 8

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La repavimentación de las rutas 6 y 8 fortalece la vinculación entre el Alto Valle y la Región Sur y consolida un corredor clave para la producción, el turismo y la actividad económica. Los trabajos representan la obra vial más importante que lleva adelante el Gobierno de Río Negro y alcanzan un avance global del 60%. Su concreción responde al plan provincial de mejorar la conectividad, integrar el territorio y preparar a Río Negro para una nueva etapa de crecimiento.

El Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, supervisó los trabajos de repavimentación de estas rutas, y se refirió a su avance del proyecto: “Se pueden apreciar progresos de manera constante. En el tramo que está a casi 20 kilómetros de Paso Córdoba, la empresa contratista Sapag está tirando carpetas asfáltica para repavimentar aproximadamente unos 4 kilómetros”, precisó el Ministro.

Además, de la traza provincial, el proyecto incluye intervenciones específicas y obras de pavimentación en la zona urbana de El Cuy. En este sector, la Provincia construye calles colectoras y dársenas de giro, infraestructuras que brindan mayor seguridad y mejores condiciones de circulación tanto para los vecinos de la localidad como para los usuarios frecuentes de la ruta.

El plan de obra, financiado íntegramente con recursos provinciales, abarca un total de 180 kilómetros. La planificación contempla la repavimentación completa de toda la traza, la incorporación de nueva señalización horizontal y vertical, la instalación de sistemas de iluminación y la pavimentación de banquinas en sectores puntuales de mayor tránsito.

El Gobierno de Río Negro con planificación estratégica, consolida una política de estado que focaliza en preparar el territorio para una nueva etapa de desarrollo económico y productivo con obras claves y proyectos a largo plazo.

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