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Las pruebas de los vínculos entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez
Cristina Fernández de Kirchner es amiga y socia de Lázaro Báez. Ayer declaró lo contrario en la Justicia. Lo hizo como imputada en la causa en la que se investiga si montó una estructura ilegal desde el Estado para favorecer a ese empresario, que al mismo tiempo hizo con su familia negocios millonarios gracias a una fortuna monumental generada por contratos estatales impulsados por los K. Como imputada, la ex Presidenta tenía derecho a mentir para defenderse ante el juez Julián Ercolini y los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. Cristina intentó así poner en debate una relación comercial y personal que no se puede refutar, ni siquiera discutir. Hay infinidad de negocios, testimonios y pruebas que muestran lo que ella no pudo defender en la primera ocasión en la que debe declarar en los tribunales por este motivo.
Muerto Kirchner, su esposa Presidenta compartió hasta el 16 de mayo pasado la mitad de un campo en El Calafate. Era propiedad, en partes iguales, de ella y de Báez. Ese día, según publicó Clarín, Cristina le cedió su porcentaje como dueña de ese terreno a sus hijos, Máximo y Florencia.
La diputada Margarita Stolbizer y su abogada Silvina Martínez ya habían presentado esta documentación y otras que destaparon parte de otro negocio que Cristina Fernández generó con “Lázaro”.
El hijo de los Kirchner, Máximo, haciendo uso de un poder general amplio que sus padres le legaron para hacer negocios, acordaron con la empresa madre de Báez, Austral Construcciones, que esa compañía se haría cargo de terminar el hotel boutique “Los Sauces”, de los Kirchner, que está ubicada al lado de la casa de la familia en El Calafate.
Báez se comprometió a construir el spa de ese negocio turístico, y una de las ampliaciones para los huéspedes, a cambio de un terreno que la Presidenta y su esposo le cederían a su socio y amigo desde las épocas en las que éste era empleado del Banco de Santa Cruz. Fue en el 2008. El terreno con el que Cristina le había prometido pagarle a Lázaro por ese trabajo en su emprendimiento turístico dilecto nunca fue transferido al empresario K. Él no se quejó.
Cuando en el 2014 el juez Claudio Bonadio allanó la inmobiliaria de Máximo Kirchner, la Policía Metropolitana descubrió un cuaderno de anotaciones manuscritas. Ahi, se registraban los pagos de Báez por las propiedades que le alquilaba a la familia Kirchner.
Una de las carpetas que se llevaron las autoridades judiciales de ese lugar tiene como título “Néstor Kirchner-Austral Construcciones, Orkeke 416”. Es otro inmueble por el que Báez le pagaba a los Kirchner un alquiler mensual.
Fue también la ex Presidenta la que habilitó al constructor, con el que negó ayer tener algún vínculo comercial, e incluso personal, para que éste le alquile el hotel más grande de los tres que ella y sus hijos tenían en El Calafate, al que manejaban a través de la sociedad Hotesur S.A.
También la gerenciadora “Valle Mire”, de Báez, se hizo cargo de la administración de otros dos hoteles que eran propiedad de Cristina Fernández: “Las Dunas” y “La Aldea” de El Chaltén.
La renta de esos negocios entre los Kirchner y Báez -alta para el mercado hotelero de El Calafate- se pagó hasta agosto del 2013. Ese año, debido a la causa por La Ruta del Dinero K, las finanzas del Grupo Báez quedaron bajo sospecha de la Justicia Argentina, uruguay y Suiza, por supuesto lavado de divisas. Hoy Báez está procesado por lavado de dinero por aquel expediente.
Entre otros papeles que constan en la Justicia, Clarín publica hoy el contrato de alquiler de “Las Dunas”: lo firman Máximo Kirchner como representante de su familia, y Valle Mitre como “locadora”. Ese documento se registró en una escribanía el 17 de mayo del 2011.
Las transacciones comerciales entre Cristina Fernández, o quienes lideraban los negocios familiares con Báez son muchos más.
En uno de los dictámenes al respecto elevado por los fiscales Pollicita y Mahiques a Ercolini, se puede leer un listado, solo a modo de más ejemplos. Son pruebas sobre la construcción de edificios a través de un fideicomiso entre Néstor Kirchner y Austral. Y estos otros: c) Cesión de derechos de Cristina Elizabet FERNÁNDEZ a favor de AUSTRAL CONSTRUCCIONES como pago por obra de la empresa en el Hotel Los Sauces.
j) Compraventa de Néstor Carlos KIRCHNER y Cristina FERNÁNDEZ a favor de AUSTRAL CONSTRUCCIONES S.A. de la UF 41, Parcela 4 A, Manzana 157, Sección B, Circunscripción I, de la ciudad de Río Gallegos.
k) Compraventa de Néstor Carlos KIRCHNER y Cristina FERNÁNDEZ a favor de AUSTRAL CONSTRUCCIONES S.A. de la UF 45, Parcela 4 A, Manzana 157, Sección B, Circunscripción I, de la ciudad de Río Gallegos.
Las pruebas al respecto son más.
La inmobiliaria de los Kirchner también le alquiló propiedades al Grupo Báez en los últimos años. Ya ocurrió, cuando Cristina Fernández era Presidenta, que se intentó instalar la idea de que ella no tenía nada que ver con “Lázaro”.
Fue desmentido. Ocurrió el 22 de octubre del 2014. “Tienen vínculo comercial”, fue la frase que usó una persona de relevancia gubernamental para desmentir lo que ayer, Cristina, volvió a negar.
Ese funcionario era Ricardo Echegaray. Titular de la AFIP.
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Asfalto rionegrino: un proyecto busca reducir costos y agilizar la pavimentación
El legislador provincial Luciano Delgado Sempé, del partido Vamos con Todos, ha presentado un ambicioso proyecto de ley en la Legislatura de Río Negro destinado a crear el Programa “Asfalto Rionegrino”. Esta iniciativa tiene como objetivo reducir los costos de pavimentación y acelerar la obra pública a lo largo de la provincia, garantizando un acceso equitativo a la infraestructura vial en áreas urbanas y barriales.
El proyecto subraya la crítica situación de la infraestructura vial en Río Negro, donde la falta de pavimento y el deterioro de las calles representan una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. Según el texto presentado, estas condiciones afectan la transitabilidad, incrementan los costos de mantenimiento urbano y deterioran la calidad de vida de la población. Ante este escenario, se propone la adquisición e instalación de cinco plantas asfálticas de menor escala y coste accesible, con un valor estimado de 370,000 dólares cada una.
La inversión total de 1.85 millones de dólares sería comparable al costo de una sola planta tradicional, pero con un impacto territorial, productivo y social superior. El legislador explica que el mercado actual solo ofrece plantas de gran porte que alcanzan precios entre 1.2 y 2 millones de dólares, lo que las hace inaccesibles para la mayoría de los municipios de la provincia.
Estas cinco plantas se distribuirían estratégicamente en diferentes regiones de Río Negro: Alto Valle, Valle Medio, Valle Inferior, Línea Sur y región Cordillerana. Esta organización alentaría la reducción de costos en el traslado de materiales, mejorando previsibilidad en la ejecución de obras y asegurando el acceso a la pavimentación para todos los municipios, independientemente de su ubicación geográfica.
Cada planta está diseñada para producir aproximadamente 50 toneladas de asfalto por hora, permitiendo la pavimentación de una cuadra estándar de 100 metros en solo dos horas. La propuesta no solo busca solucionar problemas de infraestructura, sino también abordar cuestiones sociales, como el acceso de servicios esenciales en barrios populares que sufren las consecuencias de las calles de tierra.
Además, el proyecto resalta la importancia de la gestión estatal, ya que la operación y mantenimiento de las plantas estarán a cargo del personal de la Dirección de Vialidad Rionegrina. Con una visión ambientalista, se establece que las plantas deberán operar de manera 100% eléctrica, eliminando así la quema de combustibles fósiles y alineándose con políticas públicas sostenibles. La propuesta enfatiza que la financiación no implicará nuevos impuestos, sino que se basará en la redistribución de recursos existentes, haciendo que este programa sea un paso crucial para mejorar la calidad de vida de los rionegrinos.
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Infraestructura y energía: la Ruta 9 como apuesta de futuro en Río Negro
El Gobierno Provincial avanza con una obra estratégica para el desarrollo productivo y energético de la provincia: el enripiado integral de la Ruta Provincial 9, acceso directo a Punta Colorada, donde se construye la Terminal de Exportación del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur.
El Gobernador Alberto Weretilneck estimó que en febrero se realizará el llamado a licitación para la obra. “La Ruta 9 no es un camino más. Es el acceso a una de las obras energéticas más importantes del país. Es desarrollo y trabajo para nuestra gente”, afirmó.
Los trabajos forman parte de un paquete de obras viales que la Provincia financia con fondos del Bono VMOS, obtenido a partir del acuerdo con las empresas petroleras que operan el oleoducto. La inversión prevista para esta obra es de $3.251 millones.
La intervención permitirá mejorar de manera sustancial la transitabilidad y la seguridad vial en un tramo clave para la logística provincial: el recorrido que conecta la Ruta Nacional 3 con Punta Colorada. Se trata de un corredor fundamental para el movimiento de equipos, servicios y tareas vinculadas a la construcción del oleoducto, y para acompañar el crecimiento que se proyecta en la región.
Con esta obra, el Gobierno de Río Negro se anticipa a las necesidades de infraestructura que impone el desarrollo energético. “Invertimos en rutas, servicios e infraestructura para que el desarrollo quede en la provincia y se traduzca en oportunidades concretas para nuestra comunidad”, remarcó Weretilneck.
Detalles técnicos de la obra
El proyecto contempla el enripiado integral de la Ruta Provincial 9, en el tramo comprendido entre el empalme con la Ruta Nacional 3 y el acceso a Punta Colorada, con una extensión total de 28,1 kilómetros.
Los trabajos previstos incluyen el ensanche de la calzada hasta 7 metros, la ejecución del enripiado, movimiento de suelos con terraplenes y compactación especial en sectores puntuales, intervención sobre alcantarillas existentes, señalización vertical con cartelería reflectiva y la colocación de defensas metálicas en sectores definidos del tramo.
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Pesatti sobre los incendios: “El ajuste de Milei lo están pagando nuestros bosques”
El vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, ha emitido fuertes declaraciones sobre la situación actual de los incendios forestales en la Patagonia y las implicaciones de la gestión del gobierno. “Decía el gran escritor Tomás Eloy Martínez que los argentinos padecemos un mal crónico: callamos cuando hay que gritar y gritamos cuando es tiempo de reflexionar sobre el silencio que hicimos cuando era necesario alzar la voz”, comenzó Pesatti. Su crítica se centra en lo que considera una “asincronía cívica” que ha llevado a una tragedia ambiental y humana, mientras el país enfrenta devastadores incendios.
Pesatti criticó la narrativa del oficialismo, que intenta atribuir responsabilidades a la comunidad mapuche en lugar de asumir su propia inacción. “Se trata de una cortina de humo para ocultar una responsabilidad deliberada: el Gobierno decidió desfinanciar las acciones preventivas del Servicio Nacional de Manejo del Fuego”, subrayó, señalando que el verdadero problema radica en la falta de inversiones en tareas esenciales para prevenir tales desastres. Resaltó que en 2024, el gobierno solo ejecutó el 26% del presupuesto destinado a estas actividades.
El vicegobernador también abordó el impacto de las políticas del gobierno sobre el sistema de salud y la seguridad social. “El vaciamiento del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas ha dejado en vulnerabilidad a una política que salvaba la vida de 7,000 recién nacidos cada año”, indicó. Acusó a la administración de convertir a las personas con discapacidad en meros “gastos” y de desmantelar proyectos clave para la salud pública y el bienestar social.
A su juicio, la gestión actual se basa en un modelo que sacrifica a los sectores más vulnerables en favor de las grandes corporaciones. “Mientras se licúa el ingreso de los jubilados en un 27,4% y se pulveriza el salario real, el Gobierno beneficia a un círculo de apenas 144 grandes empresas que concentran el 56% del beneficio fiscal”, explicó. Este análisis refleja una creciente preocupación por la desigualdad económica y social que se profundiza bajo el actual gobierno.
Pesatti concluyó su crítica alertando sobre la insostenibilidad de un país gobernado únicamente con eslóganes. “Una macroeconomía sostenida exclusivamente sobre el endeudamiento externo y el ajuste de los más vulnerables es un gigante con pies de barro”, afirmó. Instó a la sociedad a no quedarse callada: “Expresarse con la voz a pleno es un acto de legítima defensa frente a un modelo de ajuste que están pagando nuestros bosques en llamas y los ciudadanos más desprotegidos”.
Las palabras de Pesatti resaltan la urgencia de un cambio en la política ambiental y social de Argentina, reflejando la necesidad de un enfoque más equilibrado que priorice tanto el bienestar de la población como la protección del medio ambiente.
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