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La ANSeS transfirió la primera cuota automática a las cajas provinciales

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El presupuesto nacional prevé para este año transferencias por $ 14.000 millones para que la ANSeS financie los rojos de las 13 cajas previsionales que siguen en manos de las provincias después de que se privatizó el sistema jubilatorio y de acuerdo al porcentaje de armonización con la liquidación a nivel nacional.

Según se acordó, $ 8000 millones de ese total serán transferidos en 12 cuotas iguales y consecutivas los días 20 de cada mes, lo que aportará previsibilidad a los ingresos de las provincias.

La primera transferencia, de $ 666,67 millones, se realizó finalmente el 1 de febrero a doce provincias, porque a Chubut todavía no se le realizó la auditoría correspondiente.

La provincia de Buenos Aires recibió $ 163,02 millones; Córdoba, $ 116,7 millones; Santa Fe, $ 88,5 millones; Entre Ríos,
$ 74,5 millones; Chaco, $ 51 millones; Santa Cruz, $ 48,41 millones; Neuquén, $ 37,44 millones; Corrientes, $ 23,77 millones; La Pampa, $ 19,66 millones; Formosa, $ 19,58 millones; Misiones, $ 16,76 millones, y Tierra del Fuego, $ 7,22 millones.

La cuota se postergó 12 días desde la fecha prevista (20 de enero) en la ley de Reparación Histórica, hasta que ANSeS terminó de hacer los cálculos.

Sucede que la distribución a cada Tesorería está determinada en un 50% en función del déficit determinado por el organismo previsional el ejercicio anterior, en un 25% por la población de cada distrito y en un 25% por la cantidad de beneficiarios.

Sin embargo, varias provincias recibieron menos de lo que esperaban, según pudo constatar El Cronista, ya que el monto es inferior al déficit de la caja provincial que cada Tesorería asume mes tras mes.

En el año, la transferencia que calculó ANSeS totalizará para la provincia de Buenos Aires$ 1956,26 millones; Córdoba, $ 1400,87 millones; Santa Fe, $ 1061,83 millones; Entre Ríos, $ 893,85 millones; Chaco,$ 612,95 millones; Santa Cruz, $ 580,99 millones; Neuquén, $ 449,39 millones; Corrientes, $ 285,24 millones; La Pampa, $ 235,92 millones; Formosa, $ 234,96 millones; Misiones, $ 201,14 millones, y Tierra del Fuego, $ 86,6 millones.

Estos importes, aunque son parciales, quedan en algunos casos por debajo de los déficits financiados en 2016, que implicó una transferencia total por parte de la ANSeS de $ 12.099,37 millones. El año pasado, el organismo fue transfiriendo los fondos a medida que las provincias eran auditadas y realizaban los cambios legislativos para armonizar el cálculo de las jubilaciones. El importe, además, neteó deudas entre las provincias y el ente previsional.

Los gobernadores confían en completar la diferencia entre los pagos mensuales automáticos y el déficit armonizado con los $ 6000 millones que restan de los presupuestados. Serán abonados tras simular el pago de las jubilaciones, retiros y pensiones de cada provincia en el sistema de liquidación de la ley 24.241 que utiliza la ANSeS menos los recursos que reciban las provincias para financiar las cajas previsionales de otras fuentes, tributarias o no.

Ese sistema de liquidación sigue la premisa de que el organismo que dirige Emilio Basavilbaso financia los déficits de las cajas previsionales en proporción al grado de armonización que se haya logrado en cinco componentes: la edad jubilatoria, las alícuotas de aportes y contribuciones patronales, la cantidad de años de servicio con aportes efectivos, la determinación del haber inicial y la movilidad jubilatoria.

Si bien se trata de parámetros objetivos, para algunas cajas previsionales la diferencia a cubrir puede estar sujeta a negociaciones políticas.

“El sistema es bien claro, es respetar la reglamentación de la ley. No hay espacio para la negociación política. Todo lo contrario. En 2017, va a ser más técnico que en 2016, porque a partir de este año va a pasar por el sistema de ANSeS y el número va a ser exacto”, dijo a El Cronista Basavilbaso.

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El Gobierno de Río Negro ofreció a los gremios una nueva propuesta salarial

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En el marco de un esfuerzo constante por mantener un diálogo abierto y constructivo con los gremios de la provincia, el Gobierno de Río Negro presentó una nueva propuesta paritaria que refleja el compromiso por alcanzar consensos y garantizar el bienestar de todos los trabajadores del sector público. Las partes acordaron pasar a cuarto intermedio.

La Provincia ofreció como propuesta para el bimestre junio-julio la incorporación de la suma de $30.000 a la asignación básica dividida en dos tramos.

Esta propuesta es el resultado de múltiples reuniones y discusiones en las que se han escuchado atentamente las demandas y preocupaciones de los gremios, con la premisa de alcanzar soluciones equilibradas que beneficien a todas las partes involucradas.

Conscientes de la situación económica actual y de los desafíos fiscales que enfrenta la provincia, la propuesta incluye un significativo esfuerzo financiero. Esta medida demuestra el compromiso del Gobierno de Río Negro con la mejora de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores, sin comprometer la estabilidad económica de la provincia.

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Provincia y Sierra Grande compartieron avances del proyecto Vaca Muerta Sur

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El martes se realizó una jornada de trabajo en Sierra Grande, entre los gabinetes del Gobierno de Río Negro y del Municipio local, con autoridades de la empresa YPF, para repasar los avances en la mega obra que permitirá ampliar la capacidad de producción y exportación de Vaca Muerta.

Las autoridades provinciales y municipales reafirmaron todo su apoyo y colaboración al proyecto del oleoducto, que ya está en etapa de construcción, y la terminal de exportación que se instalará en la zona de Punta Colorada.

Participó el Gobernador Alberto Weretilneck, acompañado por el Vicegobernador Pedro Pesatti, el jefe del bloque legislativo de JSRN, Facundo López, y la intendenta Roxana Fernández. En tanto, por YPF estuvieron presentes Gustavo Gallino, vicepresidente de Infraestructura; Federico Califano, gerente de Asuntos Públicos para Neuquén y Río Negro; y Gustavo Schiappacasse, director ejecutivo de la Fundación YPF.

El Gobernador Weretilneck destacó que se trata de una obra estratégica que cambiará la matriz productiva de la Zona Atlántica rionegrina y generará miles de puestos de trabajo para las rionegrinas y rionegrinos.

Subrayó que Sierra Grande está frente a una oportunidad histórica de volver a ser una ciudad próspera, con empleo pleno y un potencial enorme de crecimiento. “Tenemos que estar a la altura de esta obra que representará mano de obra para la región, desarrollo y la instalación de empresas de servicios locales”.

Este primer tramo es estratégico porque permitirá ampliar la producción de petróleo mientras se aguarda la obra definitiva. Unirá las localidades de Añelo, en Neuquén, con Allen, en nuestra provincia, para conectar con el sistema de Oldelval. Esto permitirá aumentar la producción mientras avanzan los permisos para el segundo tramo, de otros 437 kilómetros de oleoducto en suelo rionegrino.

La obra es ejecutada por la empresa YPF y servirá para incrementar la producción no convencional de petróleo, por lo que es estratégica para el sector y para el país. Es crucial para fortalecer todo el sistema de evacuación de crudo de la cuenca, aprovechando al máximo la capacidad de transporte existente hacia las refinerías y el puerto de Bahía Blanca.

Según se informó desde la compañía, para la construcción se demandarán más de 10 mil caños de 20 y 30 pulgadas. La inversión en su primera etapa es de 190 millones de dólares, generando alrededor de 500 puestos de empleo durante el pico de las tareas.

En su capacidad operativa máxima, este ducto permitirá transportar 390 mil barriles diarios, lo que incrementará en un 70% la capacidad de evacuación de petróleo de la Cuenca Neuquina, duplicando así la capacidad actual de la zona núcleo de Vaca Muerta.

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Weretilneck denunció a médicos por falsificación y defraudación

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En el marco del proceso de control del ausentismo estatal, el Gobierno detectó a más de 20 profesionales involucrados en la emisión de certificados médicos ilegales para justificar ausencias injustificadas. El caso más destacado involucra a una médica que emitió más de 300 certificados falsos. También se detectaron numerosos casos de empleados públicos que presentaron certificados médicos adulterados o falsificados, quienes serán denunciados por el delito de adulteración de documento público.

“Vamos a ser implacables. Días atrás denuncié a dos médicos del Alto Valle y vamos a seguir esta causa hasta que pierdan su matrícula profesional. Y no son los únicos; hay otros 20 médicos en la provincia involucrados en prácticas similares, justificando acciones que están fuera de la ley. Vamos a denunciar a todos los médicos que perjudican al Estado con este tipo de prácticas ilegales”, anunció el gobernador Alberto Weretilneck a través de un video difundido este lunes en sus redes sociales.

Con el patrocinio del Fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan, el Gobernador presentó días atrás una denuncia formal contra dos médicos del Alto Valle. La acción busca investigar la posible comisión de delitos de falsificación de certificados médicos y estafa contra la administración pública provincial.

La denuncia se origina en preocupaciones por el alto nivel de ausentismo registrado en la zona. Investigaciones internas revelaron una gran cantidad de certificados médicos, todos ellos firmados por los dos médicos implicados. La similitud entre los certificados y la extensión de las licencias otorgadas despertaron sospechas, llevando a la formalización de la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal. La Provincia de Río Negro se ha constituido como querellante en este caso.

Los delitos que se investigan son “Fraude en perjuicio de la administración pública” (art. 174 inc. 5 del Código Penal) en concurso ideal (art. 54 CP) con “Expedición de certificado médico falso” (art. 295 del CP).

La administración pública provincial enfrenta un nivel de ausentismo laboral irrazonable, lo que ha motivado investigaciones internas para determinar sus causas reales. Un número significativo de empleados públicos presentó certificados médicos que, según la denuncia, podrían estar falsificados, justificando ausencias con licencias remuneradas basadas en patologías difíciles de comprobar.

Los certificados frecuentemente diagnosticaban trastornos de ansiedad en diversos grados, trastornos ansioso-depresivos reactivos y trastornos por estrés postraumático, con diagnósticos similares y renovaciones de licencias temporales que terminaban extendiéndose por más de un año sin detallar la progresión de la enfermedad.

En el caso de la médica denunciada de General Roca, se encontraron indicios de que había extendido certificados con falsedades ideológicas sin haber revisado a los pacientes. En el periodo investigado, la profesional emitió al menos 320 certificados médicos en varias regionales.

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