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Nacionales

Indagarán a Cristina y a sus hijos por los negocios inmobiliarios

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Tras un enero de allanamientos y análisis de peritajes contables, el juez federal Claudio Bonadio citó ayer a declaración indagatoria a la ex presidenta Cristina Kirchner, a sus hijos Máximo y Florencia , y a los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez, en la causa donde se investigan las maniobras de la sociedad Los Sauces SA.
En la resolución judicial que difundió ayer el Centro de Información Judicial no se detallan los delitos que se les imputan, pero en las diferentes resoluciones judiciales el juez federal dejó en claro que se los investiga bajo la hipótesis de los supuestos delitos de cohecho y lavado de activos, entre otros.

Los Sauces es la sociedad anónima más desconocida de la familia Kirchner, dedicada a la actividad inmobiliaria y a través de la cual adquirió diez inmuebles entre Santa Cruz y Buenos Aires. Será la tercera indagatoria a la ex presidenta desde que dejó el poder, pero la primera en la que también son citados sus hijos ante la justicia federal, para responder por una de las empresas familiares de las que son parte.

Según surge de los escritos judiciales, las irregularidades detectadas a lo largo de la investigación dan cuenta de que podrían haberse llevado a cabo en la sociedad “maniobras ilícitas que estarían relacionadas con el lavado de activos de origen ilícito, cohecho, omisión de la información en las declaraciones juradas de la sociedad, falsificación de documentos públicos”.

A través de sus cuentas en las redes sociales, Cristina Kirchner realizó su descargo y atribuyó la novedad judicial a una maniobra del Gobierno y la Justicia en su contra, en una serie de mensajes a los que denominó Semana Macrista. “Domingo 29 de enero. Morales Solá en LA NACION: “Fin para las vacaciones tuiteras de Cristina Kirchner. Dentro de dos días, los tribunales volverán a trabajar”, escribió la ex presidenta.

Le siguió una enumeración sobre suba de tarifas, el plan precios transparentes, la marcha de la CGT, y hasta recordó el paso por el Congreso de Gustavo Arribas, el titular de la AFI, para concluir: “CÓMO TAPAMOS TODO ESTE DESASTRE ???? [sic] Bonadio cita a declaración indagatoria a CFK el mismo día de la marcha de la CGT. Y por las dudas si no alcanza a sus hijos y a sus sobrinos. DE MANUAL”.

Cristina Kirchner quien repartió sus días entre El Calafate y Río Gallegos empezó a preparar su regreso a Buenos Aires para la semana próxima, según fuentes del entorno.

La causa Los Sauces se inició en abril pasado luego de una denuncia de la diputada Margarita Stolbizer y su abogada Silvina Martínez, quienes detallaron movimientos de cuentas y alquileres de los empresarios López y Báez sobre propiedades de los Kirchner e incluyeron también una revelación de LA NACION: la adquisición del chalet de la calle Mascarello, donde además de Los Sauces figura también la firma de Sanfelice, Negocios Patagónicos. En esta operatoria se sospecha un presunto lavado de dinero.

La ex presidenta tendrá que presentarse en los tribunales federales de Comodoro Py el próximo 7 de marzo, día para el cual la CGT anunció una marcha de protesta. Un día antes deberán hacerlo sus hijos Florencia y el diputado nacional Máximo Kirchner, quienes enfrentarán la primera indagatoria en una causa penal por delitos de corrupción.

Según la cédula de notificación del juzgado, a la que accedió LA NACION, Bonadio en la misma causa citó a indagatoria a un total de 21 imputados. Entre el 20 de febrero y hasta el 7 de marzo, a los nombrados se suman Fabián De Sousa, socio de López; el socio de Máximo Kirchner Osvaldo Sanfelice; apoderados de las empresas de Báez; sus tres hijos Martín, Leandro y Luciana Báez; los contadores Claudio Bustos y Víctor Manzanares; tres escribanos de Río Gallegos y hasta el cuñado de Sanfelice, Oscar Leiva, quien supo presidir Hotesur, la firma dueña del hotel Alto Calafate.

Para Bonadio, durante la investigación se advirtieron gran cantidad de vinculaciones comerciales, financieras y laborales entre la familia Kirchner, las empresas de Báez, de López y De Sousa y las del grupo de Sanfelice. Las denominó como una suerte de “enjambre societario” que conduce a “una confusión económica y jurídica de la mayoría de estos patrimonios y que podrían demostrar un lavado de activos de origen ilícito”.

Son varios los ejes sobre los que podrán ser indagados la ex presidenta, su familia y sus socios comerciales. Entre ellos, el resultado del extenso peritaje contable realizado por los peritos de la Corte que comprobó que las firmas de Báez y López le transfirieron a Los Sauces 25 millones de pesos en concepto de supuestos contratos de locación. También sobre la adquisición de la casa de la calle Mascarello, el chalet de la ex presidenta, donde los peritos determinaron que se pagó medio millón de pesos menos que el valor de mercado estimado por el Tribunal de Tasación de la Nación.

 

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La mesa política se enciende por la reforma laboral

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El Gobierno argentino, bajo la administración de Javier Milei, ha llevado a cabo una reunión de su mesa política centrada en la reforma laboral, que busca asegurar el apoyo necesario de los gobernadores para su aprobación en el Congreso. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó el encuentro, que tuvo lugar en la Casa Rosada y reunió a los principales funcionarios encargados de la estrategia legislativa.

Participaron del encuentro figuras clave como el ministro del Interior, Diego Santilli; la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; y el ministro de Economía, Luis Caputo. El encuentro se extendió por más de dos horas y tuvo como objetivo evaluar las posturas de los gobernadores y definir un plan para convencerlos de respaldar la reforma.

Una de las principales preocupaciones de los mandatarios provinciales es la modificación de la escala del Impuesto a las Ganancias, que podría afectar la recaudación coparticipable. En este sentido, el Gobierno ha comenzado a considerar la posibilidad de ofrecer compensaciones a aquellos gobernadores que se muestran reacios a ciertos aspectos del proyecto. Esta propuesta busca equilibrar los intereses y garantizar un respaldo más amplio.

Sin embargo, dentro del propio oficialismo existen diferencias sobre la mejor manera de proceder. Algunos en la Casa Rosada abogan por soluciones específicas para abordar las inquietudes de cada gobernador, mientras que otros son más escépticos y consideran que los beneficios de la reforma se traducirán en mejoras económicas en las provincias, lo cual justificaría el cambio.

La reunión del viernes fue la primera del año y se dio sin la presencia de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Además de la reforma laboral, se mencionó que quedan pendientes otros temas, como la Ley de Glaciares y la reforma del Código Penal, que podrían ser postergados para las sesiones ordinarias que comenzarán el 1° de marzo.

En un contexto político donde las tensiones son palpables, el Gobierno busca consolidar su agenda de reformas mediante un enfoque colaborativo con los gobernadores, lo que podría ser clave para la implementación de su plan económico en los meses venideros. La próxima fase de negociaciones será determinante para el rumbo de estas iniciativas legislativas y su impacto en la agenda política del país.

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Caputo justifica la apertura del mercado automotriz en medio de críticas

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El ministro de Economía, Luis Caputo, ha respaldado la reciente apertura del mercado automotriz, afirmando que esta medida beneficiará a “todos los argentinos”. Su defensa llega en respuesta a las declaraciones del diputado Miguel Ángel Pichetto, quien cuestionó la importación de 7.000 autos eléctricos que llegarán desde China en los próximos días. Caputo defendió la iniciativa asegurando que responde a un acuerdo con la industria automotriz local.

En una publicación en redes sociales, el ministro destacó que solo dos modelos de automóviles se fabrican actualmente en Argentina: el Peugeot 2008 y el Fiat Cronos. “Argentina produce esencialmente camionetas, y el 70 por ciento de esa producción se exporta”, explicó Caputo, buscando aclarar la situación del sector ante las críticas. Su argumento se centra en la necesidad de diversificar la oferta de vehículos en el mercado nacional.

Caputo indicó que la importación de vehículos híbridos y eléctricos sin arancel fue una medida acordada con el sector automotriz y que tiene un límite de 50,000 unidades al año. De este total, solo la mitad puede provenir de marcas chinas, lo que representa menos del 5 por ciento de los patentamientos estimados para 2025. Esta información busca mitigar las preocupaciones sobre la competencia desleal que algunos sectores han manifestado.

El ministro también resaltó que la apertura ha logrado que los precios de los autos en Argentina se alineen más con los de sus países vecinos, en algunos casos incluso más bajos. Esto, según Caputo, no solo favorece a los consumidores sino que también promueve el desarrollo de infraestructura eléctrica necesaria para futuros proyectos de fabricación de vehículos eléctricos en el país.

A pesar de las afirmaciones de Caputo, Pichetto argumentó que la llegada de los autos chinos significará una “pérdida de dólares” para financiar importaciones que, a su juicio, “destruyen el trabajo argentino”. En sus declaraciones, el legislador enfatizó que competir con una industria apoyada financieramente por el Banco Central chino resultará en grandes desafíos para la producción local.

La controversia en torno a la apertura del mercado automotriz revela las tensiones entre política industrial y liberalización del comercio. Mientras que el gobierno aboga por un acceso más amplio a tecnología y precios competitivos, críticos como Pichetto advierten sobre las posibles repercusiones para el empleo y la producción nacional. La respuesta del gobierno y la oposición continuará siendo un tema de gran relevancia en la agenda económica del país.

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Santilli: “La reforma laboral es para que se pueda tomar más empleo”

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El ministro del Interior de Argentina, Diego Santilli, se reunió este jueves con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, para discutir la propuesta de reforma laboral que el Congreso planea tratar en las próximas sesiones extraordinarias. Durante el encuentro, Santilli subrayó la importancia de esta reforma para generar más empleo y dar previsibilidad al sector productivo en el país. Cornejo, un aliado cercano al gobierno, coincidió en que la reforma es fundamental para la creación de nuevos puestos de trabajo.

El ministro destacó que la iniciativa tiene como objetivo facilitar la incorporación de más trabajadores a la economía formal, lo que beneficiaría tanto a empresas como a empleados. “No creo que ningún gobernador pueda estar en contra de una reforma laboral en Argentina”, afirmó Santilli. Esta declaración refleja un enfoque optimista del gobierno sobre el apoyo que recibirán las reformas en diversas provincias.

Durante la charla, Cornejo enfatizó que esta reforma puede contribuir a una mayor previsibilidad en el mercado laboral y facilitar la creación de empleo. “Bajar impuestos puede implicar menos recaudación en el corto plazo, pero el objetivo es que la economía crezca y, a partir de ese crecimiento, el Estado pueda mantener sus políticas públicas esenciales”, comentó el gobernador.

Este encuentro se enmarca en una serie de reuniones que Santilli ha estado llevando a cabo con gobernadores provinciales con el fin de consolidar apoyo para la reforma laboral. La intención es construir una agenda de trabajo conjunta que incluya a ambas administraciones, nacional y provincial, en la implementación de políticas que impulsen el empleo y el crecimiento económico.

Además, Santilli tiene programadas reuniones en los próximos días con otros mandatarios, como el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, y con Gustavo Sáenz en Salta. Estas visitas son parte de una estrategia más amplia para garantizar un respaldo contundente al proyecto de reforma entre los gobernadores de diferentes partes del país.

La reforma laboral ha generado diversas opiniones en el ámbito político y económico, y su éxito dependerá en gran medida del consenso logrado entre los distintos sectores. Con el respaldo de Cornejo y otros gobernadores, el gobierno espera avanzar en la discusión y lograr la aprobación de cambios que impacten positivamente en el empleo y la economía argentina en general.

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