El plenario de comisiones debatió este martes la iniciativa para autorizar a la Policía a utilizar armamento para la prevención de delitos. El texto regula el uso de dispositivos, como las pistolas Taser, además de gases y proyectiles.

Entre las diversas armas que contempla el proyecto, se destacan los dispositivos electrónicos de incapacitación neuromuscular, como las pistolas tipo Taser o Axon. Además, la normativa contempla el uso de dispositivos de aerosol irritante, comúnmente conocidos como gas pimienta, y armas de proyectiles de impacto controlado, incluyendo municiones de goma o polímeros especiales.

La nómina de equipamiento permitido se completa con lanzadores de agentes irritantes para la dispersión en situaciones de violencia y dispositivos de disuasión acústica o luminosa, como las granadas aturdidoras o “flash bang”, con el objetivo central de brindar a los agentes opciones operativas que minimicen el riesgo de lesiones graves o letales durante sus intervenciones en la vía pública.

La impulsora del proyecto, Yolanda Mansilla (Primero Río Negro), expuso los fundamentos a favor de la medida. Indicó que la norma otorga herramientas a los agentes para evitar daños a los rionegrinos.

“Este proyecto en sí es un proyecto que beneficia la vida. Beneficia la vida porque la policía no estaría utilizando un arma de fuego. No tendríamos un resultado irreversible”. La legisladora detalló que el uso quedará restringido a grupos de la fuerza de seguridad.

Otros legisladores manifestaron reparos sobre la redacción. Delgado Sempé (Vamos con Todos) solicitó limitar el uso de los equipos en manifestaciones, argumentando: “el orden público estamos también las marchas de los trabajadores que puede hacer o reclamo de estudiantes que pueden hacer y puede haber algún trasnochado que la use en ese momento”.

La legisladora Ayelén Spósito cuestionó la aplicación de las herramientas en intervenciones con menores de edad, y afirmó: “me parece un exceso hacia las personas o hacia un niño o un adolescente, utilizar cualquier tipo de arma”.

El perito Martín Suárez participó en la reunión. El profesional explicó el funcionamiento de las pistolas e indicó que los procedimientos quedan registrados en audio y video. Sobre el sistema, Suárez señaló: “No es un arma de tortura ni ni está diseñada para producir dolor, sino para reducir momentáneamente”.

El dictamen de la iniciativa resultó aprobado por mayoría. José Luis Berros (Vamos con Todos) y Alejandra Más (PJ-NE) solicitaron 48 horas para emitir las posiciones de sus bloques.

La repavimentación de las rutas 6 y 8 fortalece la vinculación entre el Alto Valle y la Región Sur y consolida un corredor clave para la producción, el turismo y la actividad económica. Los trabajos representan la obra vial más importante que lleva adelante el Gobierno de Río Negro y alcanzan un avance global del 60%. Su concreción responde al plan provincial de mejorar la conectividad, integrar el territorio y preparar a Río Negro para una nueva etapa de crecimiento.

El Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, supervisó los trabajos de repavimentación de estas rutas, y se refirió a su avance del proyecto: “Se pueden apreciar progresos de manera constante. En el tramo que está a casi 20 kilómetros de Paso Córdoba, la empresa contratista Sapag está tirando carpetas asfáltica para repavimentar aproximadamente unos 4 kilómetros”, precisó el Ministro.

Además, de la traza provincial, el proyecto incluye intervenciones específicas y obras de pavimentación en la zona urbana de El Cuy. En este sector, la Provincia construye calles colectoras y dársenas de giro, infraestructuras que brindan mayor seguridad y mejores condiciones de circulación tanto para los vecinos de la localidad como para los usuarios frecuentes de la ruta.

El plan de obra, financiado íntegramente con recursos provinciales, abarca un total de 180 kilómetros. La planificación contempla la repavimentación completa de toda la traza, la incorporación de nueva señalización horizontal y vertical, la instalación de sistemas de iluminación y la pavimentación de banquinas en sectores puntuales de mayor tránsito.

El Gobierno de Río Negro con planificación estratégica, consolida una política de estado que focaliza en preparar el territorio para una nueva etapa de desarrollo económico y productivo con obras claves y proyectos a largo plazo.

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) inició en Río Negro una auditoría sobre las tasas municipales incluidas en la factura eléctrica para verificar su composición, controlar distorsiones y cuidar el bolsillo de los usuarios.

La medida forma parte del trabajo de ordenamiento, control y transparencia que impulsa la Provincia sobre los servicios públicos esenciales, con el objetivo de que cada concepto cobrado en la boleta sea claro, verificable y corresponda a lo autorizado.

Actualmente, la factura eléctrica incluye distintos tributos y cargos de origen nacional, provincial y municipal. Entre ellos se encuentran el IVA, que va del 21% al 27%; el impuesto nacional al Débito y Crédito Bancario, de 1,2%; aportes voluntarios para bomberos y otros conceptos, de alrededor del 2,8%; y el impuesto provincial a los Ingresos Brutos, que fue recientemente reducido al 1% por decisión del Gobierno Provincial.

A esos componentes se suman las tasas municipales, que promedian el 15%, aunque presentan variaciones según la localidad y el perfil de consumo. En algunos casos, esa carga puede alcanzar hasta el 50% del costo del servicio.

Control sobre los conceptos municipales

Con el objetivo de constatar y corregir posibles distorsiones, el EPRE auditará los conceptos que los municipios de Río Negro disponen incluir en la facturación del servicio público de distribución de energía eléctrica.

Entre esos cargos se encuentran alumbrado público, mantenimiento y diferentes tasas o contribuciones municipales que son incorporadas a la boleta de luz.

Para avanzar con el proceso, el organismo regulador solicitó información tanto a las autoridades municipales como a las empresas distribuidoras, a fin de contar con el detalle de los conceptos cobrados, su respaldo normativo y su impacto en la factura final.

Una factura más clara para los usuarios

La auditoría busca fortalecer la transparencia y brindar mayor claridad a los usuarios sobre qué pagan cuando reciben la boleta de electricidad.

En esa línea, el Gobierno de Río Negro viene impulsando medidas para reducir la presión impositiva sobre los servicios esenciales. Para 2026, la Provincia dispuso una baja de la carga provincial incluida en las boletas de luz y gas, con impacto directo en hogares, comercios, pymes, industrias, productores y entidades.

También se implementaron medidas específicas de alivio fiscal para sectores productivos, como el riego agrícola, donde la reducción impositiva sobre la energía busca mejorar la competitividad de las economías regionales.

El EPRE también viene desarrollando acciones territoriales de acompañamiento a usuarios, relevamiento de consumos y educación energética, con el objetivo de promover un uso más seguro, eficiente y económico de la electricidad.

Con esta auditoría, la Provincia refuerza una política de control sobre los componentes de la tarifa eléctrica, en defensa de los usuarios y con una premisa clara: que cada peso que se cobra en la factura tenga justificación, transparencia y control.