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Fariña dijo que la obra pública estaba cartelizada y apuntó contra Scioli

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El ex financista y testigo protegido Leonardo Fariña afirmó ante la justicia que en la gestión del ex gobernador Daniel Scioli la obra pública en la provincia de Buenos Aires se “cartelizó” y la adjudicación supuestamente irregular era manejada por el ex mandatario, el ex ministro de Planificación nacional Julio De Vido y la Cámara Argentina de la Construcción (CAC).

Fariña realizó esa aseveración al declarar durante más de dos horas como testigo en la causa que la justicia de esta capital sigue contra el ex gobernador bonaerense Scioli y parte de su equipo de gobierno por supuesto enriquecimiento ilícito, lavado de activos y otras defraudaciones a la administración pública.

“La obra pública se ‘cartelizó'”, afirmó Fariña, según el testimonio al que accedió DyN, y agregó que “por los mismos dichos de (el detenido empresario kirchnerista Lázaro) Báez, la obra pública en la Provincia de Buenos Aires se manejaba entre (Carlos) Wagner, que era el presidente de la CAC, el gobernador de la Provincia, que era Scioli, y el ministro de Planificación, que era De Vido”.

Fariña aseguró que esa situación generó “el enojo de Báez porque no podía entrar en la obra de la Provincia”, y que su participación en la concesión de la Autovía Interbalnearia Nº2 fue “vetada” por Scioli, De Vido y las autoridades de la Cámara Argentina de la Construcción.
Asimismo, Fariña denunció la existencia de “el club de la obra pública”, que funcionaba “en 7 y 54 de La Plata” y donde, según sus dichos, “se armaban las obras a licitar y se organizaba quién se las iba a adjudicar”.

“Se ponían de acuerdo ciertas cantidades de empresas ya sabiendo quién iba a ser adjudicatario y cuatro ofertaban por encima de la quinta que iba a ser la ganadora”, agregó.

Fariña reiteró en su declaración que “la CAC, Scioli y Julio de Vido eran quienes organizaban la obra pública en la Provincia de Buenos Aires. Estos tres, Scioli, De Vido y la CAC eran quienes armaban”.

En otro orden dijo que “en la City porteña se puede comprobar la irregularidad en la obra pública en la Provincia de Buenos Aires, dado que existen cooperativas, mutuales, cerealeras y recaudadoras que el Banco Provincia las dotaba de cuentas exentas las cuales se utilizaban para el descuento de valores en negro”.

“En concreto -continuó-, la empresa que obtenía la obra pública, luego entregaba cheques a cooperativas, mutuales, etcétera, quienes luego eran cobrados por ellas en efectivo y luego se la daban a quien le dio el cheque. Todo esto va en contra de toda norma bancaria y todo el dinero terminaba en gobernadores, la CAC, etcétera”.

Fariña fue convocado hoy por el fiscal del caso, Alvaro Garganta, tras un pedido de la parte denunciante -representada por la diputada nacional Elisa Carrió-, quien solicitó citar al arrepentido para que aporte datos sobre presuntas irregularidades en la obra pública en la provincia de Buenos Aires.

Origen del caso. La denuncia contra Scioli y su equipo de gobierno fue presentada en junio en la justicia platense por Carrió, y la causa cayó en la UFI 11 a cargo del fiscal Garganta, bajo la carátula “lavado de activos y distintas defraudaciones a la administración pública”.

El fiscal primero apuntó la investigación a supuestas irregularidades detectadas en la ex Jefatura de Gabinete, a cargo de Alberto Pérez, mediante la emisión de facturas apócrifas por un monto superior a los 10 millones de pesos por servicios que no se prestaron en unos 25 eventos que se desarrollaron durante los años 2014 y 2015.

Tras descubrirse el supuesto delito, el 14 de septiembre se realizó un allanamiento en la casa que el ex Subsecretario Administrativo de la Jefatura de Gabinete, Walter Carbone, tiene dentro del country Abril, ubicado en el kilómetro 33 de la Autopista Bs.As.-La Plata.
Allí el fiscal encontró una caja fuerte de dos metros de alto vacía, oculta dentro de una escultura de un dragón, además de unos cuarenta mil pesos y documentación que fue secuestrada.

Inmediatamente Carbone y el ex Jefe de Gabinete de Scioli, Alberto Pérez, fueron citados a declaración indagatoria para los primeros días del mes pasado. Tras negar su participación en el hecho que se les imputa, la justicia los inhibió por 15 millones de pesos y les prohibió salir del país sin una autorización judicial.

Más tarde el fiscal giró la investigación hacia los movimientos de Scioli durante su administración, y a finales del mes pasado ordenó allanar las oficinas de Plan de Vuelo de Aeroparque, el hangar de la empresa Royal Class, el aeropuerto de San Fernando y las oficinas del empresario Gustavo Carmona en Puerto Madero.

El objetivo: determinar si el ex gobernador realizó viajes de la campaña presidencial disfrazados de salidas oficiales y si fueron pagados con fondos de la provincia de Buenos Aires.

La última medida de Garganta fue una solicitud a Scioli para que presente las facturas por la contratación de un vuelo privado del 23 de noviembre último hasta Punta Cana con la empresa Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A., la misma que alquiló las aeronaves a la Gobernación hasta diciembre de 2015.

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El Senado aprobó la Ley Bases con el voto de desempate de Villarruel

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La Cámara alta tardó más de 12 horas en votar la iniciativa. La primera votación terminó empatada 36 a 36 y la vicepresidente Victora Villarruel desempató a favor del proyecto con una arenga que provocó un griterío desde la bancada peronista

Tras un largo debate del que participó más de medio centenar de oradores, la Cámara de Senadores aprobó en general el proyecto de “Ley de bases”.

Treinta y tres kirchneristas, dos legisladores de Santa Cruz y el radical Martín Lousteau votaron contra la iniciativa, mientras los libertarios, el resto de los radicales, el PRO y los partidos provinciales lo hicieron a favor.

Acto seguido empezó una votación en particular trabajosa porque el gobierno aceptó cambios hasta última hora para conseguir el apoyo necesario.

Después el gobierno esperaba poder mantener el quórum para aprobar la reforma tributaria. Se esperaba que la sesión se prolongase hasta entrada la madrugada.

El debate se caracterizó por el uso de un lenguaje agresivo por parte de la oposición en el recinto y un clima de violencia en el exterior, donde activistas políticos y grupos gremiales chocaron con las fuerzas de seguridad.

Los incidentes comenzaron cuando grupos de manifestantes intentó cortar el tránsito, apedreó a la policía, incendió vehículos y debieron ser dispersados por efectivos de la Prefectura.

De los enfrentamientos también participaron diputados peronistas que denunciaron más tarde haber sido reprimidos por las fuerzas de seguridad. Los ataques callejeros fueron un intento fallido impedir la sesión.

A lo largo del debate Unión por la Patria intentó voltear la ley en dos oportunidades. En una pidió la vuelta a comisión del dictamen del oficialismo; en la otra, mientras se producían los incidentes en la calle, reclamó un cuarto intermedio para averiguar lo que ocurría. En ambos casos fracasó.

El libertario Bartolomé Abdala abrió la discusión de los 10 títulos, 31 capítulos y 232 artículos del proyecto con sanción de Diputados.

Sostuvo que representaba la voluntad de cambio de la mayoría de los votantes y que el texto inicial del Poder Ejecutivo había recibido muchos aportes de la Cámara baja por lo que debía ser considerado una ley del Congreso.

Pero lo relevante de su discurso fue menos la apología de la iniciativa oficial que el anuncio de las modificaciones que se le introducirían para facilitar su sanción, entre ellas, la supresión del capítulo que eliminaba la moratoria previsional y el abandono del intento de privatizar Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y la TV Pública.

También aceptó el oficialismo sacar de los organismos estatales a ser reorganizados o suprimidos los dedicados a actividades culturales como el Incaa. Otro cambio consistió en no suspender las obras públicas a las que les falte el 20% para estar completada o cuente con financiamiento internacional.

Acto seguido el radical Martín Lousteau anunció su rechazo a la norma porque significaba “darle a las grandes empresas todo ahora y para siempre”, mientras “a los jubilados se les pedía esperar”.

Aseguró que él nunca había votado facultades delegadas y que no lo haría en este caso y que su posición no era ni de “seguidismo bobo”, ni obstruccionista.

Por el kirchnerismo, la catamarqueña Lucía Corpacci admitió que había votado antes delegación de facultades para gobiernos kirchneristas, pero que con Javier Milei no lo haría porque dárselas a un presidente “cruel” era “peligroso”.

De todas maneras la que reflejó más cabalmente la furia opositora fue la fueguina Cristina López que calificó a Milei de “enfermo mental” y pidió una ley para proteger al pueblo de presidentes como él.

Consideró que el peronismo debería “pensar seriamente en hacerle juicio político” y sostuvo que quienes votasen a favor de la ley de bases serían “traidores a la patria”.

Otro exponente del malhumor que se extendía en los bloques de Unión por la Patria ante una eventual derrota legislativa fue Oscar Parrilli que llamó varias veces “senador prófugo” a un miembro del bloque libertario que quería interrumpirlo.

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Milei: “Me van a tener que sacar muerto de la Rosada para quebrar el déficit fiscal”

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El presidente Javier Milei defendió su meta de alcanzar el déficit fiscal y planteó que para quebrar su objetivo lo “van a tener que sacar muerto de la Rosada”. Estas declaraciones fueron realizadas en el marco de su discurso en la ExpoEFI 2024 en el predio de La Rural.

“El déficit cero no lo voy a entregar. Si las condiciones iniciales eran peor que en 2001, en términos sociales y de actividad, debería ser una catástrofe. Hicimos un ajuste más grande y sólo fue una caída del 7%. Debería estar volado todo por el aire y se quejan de la gestión de (Sandra) Pettovello”, desarrolló el mandatario.

Además, destacó dos puntos en los que considera que el país va en crecimiento: por un lado, aseveró que la inflación “está bajando” y, por otro, confirmó que “están poniendo en cajas” el problema de la inseguridad.

“Hicimos el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad y sólo en tres meses. Nada es imposible si se quiere lograr. No como el enano comunista que vive con déficit fiscal y tiene explotado el Banco Provincia”, ironizó acerca del gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien denunció al Gobierno Nacional por realizar de manera ilegal recortes presupuestarios a la provincia.

En la misma línea, defendió a su ministra estrella, destacó la política social que lleva a cabo en el Ministerio de Capital Humano y cuestionó el rol de las organizaciones sociales que oficiaban de intermediarios entre el Estado y los sectores más vulnerables.

“Pettovello decidió interrumpir la rendición de cuentas con la que se había trabajado. Por ese motivo fue castigada duramente, pero tuvo que hacerlo para cortar con los gerentes de la pobreza”, remarcó el Presidente, y agregó: “Le quitó a los delincuentes el financiamiento y con esa plata le dimos el doble de asistencia a la gente”.

Para Milei, los dirigentes sociales son “un conjunto de chorros” que administraban comedores que no existían o que mentían en la capacidad informada y que “hacían negocios siniestros vendiendo la comida en supermercados cercanos”.

“¿De que lado estamos entonces? ¿Del lado de los chorros o de la ministra Pettovello que se está peleando con todos ellos?”, preguntó.

Por otra parte, prometió que si sale la Ley Bases que se debate la Cámara de Senadores en el Congreso, eliminará el Impuesto País que (re) incorporó al inicio de su gestión.

Casi sobre el final, el mandatario se mostró muy crítico con los que calificó como “los detractores” de sus recetas y le dedicó “a todos esos que descreen de la economía del mercado” la icónica frase de Maradona “que se puede sintetizar en tres letras: LTA” (“la tenés adentro”).

“El DNU sigue vigente y si la Ley sale, vamos a hacer una reforma más grande que la que hizo Menem, porque la nuestra es tres veces más. Y además, mandamos mil reformas y quedaron 500 que vamos a volver a enviar en el 2025. Vamos a ser el país más liberal del mundo y en 40 años vamos a ser potencia mundial”, concluyó.

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Caputo aseguró que el Gobierno no cambiará el rumbo

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El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que, aunque la Ley Bases no sea aprobada en el Parlamento, el Gobierno no cambiará el rumbo, al tiempo que insistió en que no se financiará ninguna obra pública y se intentará abrir una negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para salir del cepo.

El jefe del Palacio de Hacienda advirtió que, de no contar con las herramientas legislativas que impulsa, el “país se recuperará igual”, pero “demandará más tiempo”, tras lo cual subrayó que el presidente Javier Milei ganará las elecciones legislativas del año próximo por “60% o 70% de los votos”, lo cual le permitirá tener la fuerza necesaria para impulsar las reformas que pretende.

Caputo habló este mediodía en un evento organizado por la Fundación Libertad y Progreso en la Ciudad de Buenos Aires.

“Es muy bueno que la ley pase porque va a cambiar el país y será un potenciador de la recuperación de la situación económica. Pero, si no pasa, no va a alterar el hecho de que el país se va a recuperar”, afirmó el ministro.

El jefe del Palacio de Hacienda insistió: “Si la ley no pasara este Gobierno no va cambiar el rumbo, el orden macro va a seguir igual y el país se va a recuperar igual, aunque tardará un poco más de tiempo. Es muy importante que esto se incorpore esto”.

En ese sentido expresó: “Ojalá haya responsabilidad por el lado del Congreso y la ley salga porque eso va a acelerar las cosas. Si no sale es un tema de tiempo. El año que viene el Presidente no va a ganar con el 40% sino con el 60% o 70%”.

Caputo destacó la convicción de Milei en llevar adelante el programa económico del Gobierno nacional y enfatizó que ahora “algunos lo quieren subestimar”.

“Un Presidente que se animó a hacer lo que algunos quieren subestimar, pero nadie se animó en 100 años”, afirmó el funcionario.

El ministro enfatizó que adecuar las variables macroeconómicas que incluían un déficit de 15 puntos del PBI se “hizo en una manera prolija y ordenada. Se llegó al equilibrio fiscal en el mes uno cuando en teoría era difícil hacerlos en el mandato”, subrayó el funcionario.

El ministro también afirmó que los logros en materia macroeconómica se lograron “teniendo en cuenta a los más vulnerables”.

“Todo lo que es asistencia directa, asistencia universal por hijo subió un 335% al mismo tiempo que en este periodo, o sea, desde fin de noviembre a hoy, la inflación fue del 129%, es decir, que la asistencia universal prácticamente se duplicó en términos reales”, subrayó el ministro.

Caputo también recalcó que “subió en términos reales la Tarjeta Alimentar y subió más de 1.000% el Plan mil días”

A su vez, el ministro sumó a la herencia recibida “la deuda energética que dejó el gobierno anterior”.

Caputo reiteró que en mayo también habrá superávit fiscal, hilvanando cinco meses consecutivos de saldo positivo.

Por otra parte, reiteró que el Estado nacional no financiará más obra pública porque “es un lío” y sugirió se las daban a las provincias porque “era un curro”.

“A las provincias les dan obra pública que es un curro”, afirmó el ministro al tiempo que sostuvo: “Están viniendo ellos (por los gobernadores) a pedir el traspaso y así es como debe ser”.

“Están viniendo ellos a pedir que les demos las obras y (Guillermo) Francos está firmando todos los días el traspaso y así es como debe ser”, sostuvo el ministro.

En esa línea, insistió que “las transferencias discrecionales van a seguir siendo cero”, herramienta que, habitualmente, era utilizada como condicionante político.

Al hablar acerca de la relación con los estados subnacionales Caputo reveló: “La última semana vinieron varios gobernadores a verme y, les pido disculpas si los mando al frente, tienen la sonrisa de oreja a oreja”.

En ese momento, aprovechó para apuntarle a Axel KIcillof: “Con la excepción de la provincia de Buenos Aires que tenemos un gastador serial están todos contentos”.

Caputo también se refirió a la situación de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y sostuvo que “los gerentes de la pobreza también se van a quedar buscando como voltear este Gobierno porque les va a seguir dando batalla y la va a ganar”.

El ministro también reiteró que, en caso de aprobarse la Ley Bases, se iniciará una nueva negociación con el FMI para acelerar la salida del cepo.

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