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Fariña dijo que la obra pública estaba cartelizada y apuntó contra Scioli

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El ex financista y testigo protegido Leonardo Fariña afirmó ante la justicia que en la gestión del ex gobernador Daniel Scioli la obra pública en la provincia de Buenos Aires se “cartelizó” y la adjudicación supuestamente irregular era manejada por el ex mandatario, el ex ministro de Planificación nacional Julio De Vido y la Cámara Argentina de la Construcción (CAC).

Fariña realizó esa aseveración al declarar durante más de dos horas como testigo en la causa que la justicia de esta capital sigue contra el ex gobernador bonaerense Scioli y parte de su equipo de gobierno por supuesto enriquecimiento ilícito, lavado de activos y otras defraudaciones a la administración pública.

“La obra pública se ‘cartelizó'”, afirmó Fariña, según el testimonio al que accedió DyN, y agregó que “por los mismos dichos de (el detenido empresario kirchnerista Lázaro) Báez, la obra pública en la Provincia de Buenos Aires se manejaba entre (Carlos) Wagner, que era el presidente de la CAC, el gobernador de la Provincia, que era Scioli, y el ministro de Planificación, que era De Vido”.

Fariña aseguró que esa situación generó “el enojo de Báez porque no podía entrar en la obra de la Provincia”, y que su participación en la concesión de la Autovía Interbalnearia Nº2 fue “vetada” por Scioli, De Vido y las autoridades de la Cámara Argentina de la Construcción.
Asimismo, Fariña denunció la existencia de “el club de la obra pública”, que funcionaba “en 7 y 54 de La Plata” y donde, según sus dichos, “se armaban las obras a licitar y se organizaba quién se las iba a adjudicar”.

“Se ponían de acuerdo ciertas cantidades de empresas ya sabiendo quién iba a ser adjudicatario y cuatro ofertaban por encima de la quinta que iba a ser la ganadora”, agregó.

Fariña reiteró en su declaración que “la CAC, Scioli y Julio de Vido eran quienes organizaban la obra pública en la Provincia de Buenos Aires. Estos tres, Scioli, De Vido y la CAC eran quienes armaban”.

En otro orden dijo que “en la City porteña se puede comprobar la irregularidad en la obra pública en la Provincia de Buenos Aires, dado que existen cooperativas, mutuales, cerealeras y recaudadoras que el Banco Provincia las dotaba de cuentas exentas las cuales se utilizaban para el descuento de valores en negro”.

“En concreto -continuó-, la empresa que obtenía la obra pública, luego entregaba cheques a cooperativas, mutuales, etcétera, quienes luego eran cobrados por ellas en efectivo y luego se la daban a quien le dio el cheque. Todo esto va en contra de toda norma bancaria y todo el dinero terminaba en gobernadores, la CAC, etcétera”.

Fariña fue convocado hoy por el fiscal del caso, Alvaro Garganta, tras un pedido de la parte denunciante -representada por la diputada nacional Elisa Carrió-, quien solicitó citar al arrepentido para que aporte datos sobre presuntas irregularidades en la obra pública en la provincia de Buenos Aires.

Origen del caso. La denuncia contra Scioli y su equipo de gobierno fue presentada en junio en la justicia platense por Carrió, y la causa cayó en la UFI 11 a cargo del fiscal Garganta, bajo la carátula “lavado de activos y distintas defraudaciones a la administración pública”.

El fiscal primero apuntó la investigación a supuestas irregularidades detectadas en la ex Jefatura de Gabinete, a cargo de Alberto Pérez, mediante la emisión de facturas apócrifas por un monto superior a los 10 millones de pesos por servicios que no se prestaron en unos 25 eventos que se desarrollaron durante los años 2014 y 2015.

Tras descubrirse el supuesto delito, el 14 de septiembre se realizó un allanamiento en la casa que el ex Subsecretario Administrativo de la Jefatura de Gabinete, Walter Carbone, tiene dentro del country Abril, ubicado en el kilómetro 33 de la Autopista Bs.As.-La Plata.
Allí el fiscal encontró una caja fuerte de dos metros de alto vacía, oculta dentro de una escultura de un dragón, además de unos cuarenta mil pesos y documentación que fue secuestrada.

Inmediatamente Carbone y el ex Jefe de Gabinete de Scioli, Alberto Pérez, fueron citados a declaración indagatoria para los primeros días del mes pasado. Tras negar su participación en el hecho que se les imputa, la justicia los inhibió por 15 millones de pesos y les prohibió salir del país sin una autorización judicial.

Más tarde el fiscal giró la investigación hacia los movimientos de Scioli durante su administración, y a finales del mes pasado ordenó allanar las oficinas de Plan de Vuelo de Aeroparque, el hangar de la empresa Royal Class, el aeropuerto de San Fernando y las oficinas del empresario Gustavo Carmona en Puerto Madero.

El objetivo: determinar si el ex gobernador realizó viajes de la campaña presidencial disfrazados de salidas oficiales y si fueron pagados con fondos de la provincia de Buenos Aires.

La última medida de Garganta fue una solicitud a Scioli para que presente las facturas por la contratación de un vuelo privado del 23 de noviembre último hasta Punta Cana con la empresa Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A., la misma que alquiló las aeronaves a la Gobernación hasta diciembre de 2015.

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La industria pyme se desplomó 30% en enero

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El Índice de producción industrial pyme registró en enero una caída en promedio de 30% interanual a precios constantes y un retroceso de 9,1% en la comparación mensual, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

En un informe, la entidad advirtió que “la industria manufacturera pyme comenzó el año con una fuerte caída”. En ese marco, indicó que registró en el primer mes del año una “merma del 30% en la facturación del sector medida a precios constantes respecto del mismo mes del año pasado”.

Asimismo, remarcó que se trata del segundo mes consecutivo en que se observa una retracción de la actividad fabril, situación que calificó de “preocupante”. En tanto, las empresas, de acuerdo al informe de CAME, operaron en ese mes con el 70,8% de su capacidad instalada, mostrando un declive de 2,3 puntos porcentuales frente a diciembre.

Por sectores, si bien todos registraron en enero fuertes caídas en la comparación anual, los más afectados resultaron en ese mes “Papel e Impresiones” (-41,7% interanual) y “Químicos y plásticos” (-35,6% interanual). Le siguen, “Metálicos, maquinarias, equipos y material de transporte”, con una baja i.a. de 34,8%; “maderas y muebles”, -30,6%; “Alimentos y bebidas”, con -22%; e “Indumentaria y textil”, con -18,2 por ciento.

Los resultados se desprenden del Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) que elabora CAME, con una muestra que alcanzó a 413 industrias pyme a nivel federal. En el informe sostiene que “el sector industrial está sintiendo fuerte el deterioro en el poder adquisitivo de la gente y la pérdida de competitividad en los mercados mundiales, que afecta a las empresas de perfil exportador, por lo que las industrias pyme se preparan para un panorama complejo en los próximos meses”.

“La rentabilidad industrial está siendo amenazada por diversos factores: la baja en el consumo, producto del debilitado poder adquisitivo, sumado a la persistente inflación y el inminente aumento de tarifas de servicios públicos como la electricidad, generan un clima de zozobra y riesgo para la actividad industrial”, señalaron desde la entidad.

Hace algunos días, la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) informó que había registrado en enero un retroceso de 6,3% en comparación al mismo mes del año pasado. De acuerdo con el organismo, hubo caídas generalizadas de actividad en los sectores de alimentos y bebidas, textiles, químicos y plásticos, minerales no metálicos, industria metalmecánica e industria automotriz.

En términos desestacionalizados, la producción industrial del mes cayó 0,9% respecto a diciembre, encadenando dos meses en retroceso y retomando el sendero de caída luego del impasse registrado en noviembre.

Con lo anterior, el nivel de actividad corregido por estacionalidad del mes de enero resulta 11,2% inferior al registrado en mayo de 2022 en el inicio de la actual fase recesiva de la industria. “Todos los indicadores que permiten anticipar una reversión de la fase señalan que esta se profundiza y se prolonga, al tiempo que desde noviembre se tiene una mayor difusión sectorial de la caída de la actividad”, analizaron los especialistas de FIEL.

“En términos de perspectivas de corto plazo, la industria a comienzos de 2024 transita un período de adecuación al nuevo escenario económico, caracterizado por un marcado cambio de precios relativos de bienes y servicios, un fuerte deterioro del poder de compra del público y mayores incentivos a la exportación”, continuaron.

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Milei atacó de nuevo al gobernador de Chubut: “Es un pobre chico”

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El presidente Javier Milei volvió a atacar con dureza al gobernador de Chubut, Ignacio Nacho Torres, en una acción que puede dinamitar un acuerdo con el PRO. Sin embargo, el mandatario a la vez destacó la figura del exmandatario Mauricio Macri, con quien dijo que tiene “un excelente diálogo” y “frecuente”, y con el que podría verse, aseguró, esta semana o la próxima.

lEl jefe de Estado aseguró que Torres “evidentemente, es una víctima del deterioro de la educación argentina” tras su amenaza de cortar el envío del petróleo y gas de la provincia al resto del país en reclamo de la entrega de los fondos coparticipables que le interrumpió la Nación. Milei advirtió que, en caso de llevarla adelante, intervendrá la Justicia porque se trata de “un delito”.

“Pobrecito, Nachito, es un pobre chico que no la ve. No puede leer ni un contrato. Es de una precariedad intelectual muy grande”, dijo el Presidente en declaraciones al canal La Nación + desde la ciudad estadounidense de Washington, donde este sábado participó de la Conferencia de la Acción Política Conservadora (CPAC).

Y agregó: “La provincia tomó deuda contra garantía de coparticipación, entonces cuando arma la operación, cuando se deposita la coparticipación, que se hace continuamente, se extrae la parte afectada a la deuda y le llega el remanente. Yo no tengo la culpa de que el chico no pueda leer un texto y comprenderlo”.

Consultado sobre una posible intervención de la provincia patagónica en el caso que Torres tomara la decisión que anunció el viernes último, Milei adelantó que “se seguirán los pasos legales que determine la Justicia”.

El Presidente consideró además, que su llegada a la Casa Rosada produjo un “cambio estructural” en la “política tradicional”, pese a lo cual todavía hay quienes “no lo ven”, y explicó que por eso “detestan” su presencia en el poder, porque significa que “estaban equivocados en los que pensaron estos 40 años”.

“No pueden pisar la calle porque si la gente los conociera los lincharía. Eso es lo que no pueden ver, no lo quieren ver porque tendrían que aceptar que todo lo que hicieron estuvo mal. Es un problema de falta de autocrítica, tiene que ver con eso el ‘no la ven'”, profundizó Milei sobre una de las frases que suele replicar en su cuenta en la red social X.

El mandatario también cuestionó al resto de los gobernadores, 19 de los cuales se manifestaron públicamente a favor de Torres en su conflicto con el Gobierno nacional, porque, dijo, “no quieren hacer el ajuste” en las cuentas provinciales cuando “tienen que ajustar un punto del PBI”.

Para Milei, el motivo por el cual los gobernadores se rehúsan a llegar al déficit cero es porque, según advirtió, “no quieren resignar sus privilegios de casta”, al contrastar que, en cambio, la administración nacional alcanzó “el equilibrio en el Tesoro”.

Además, Milei culpó a ese mismo sector de la política por “destrozar” la ley Bases en la Cámara de Diputados, al rechazar el intento del Ejecutivo por modificar y mejorar la remuneración de los jubilados.

“La casta peleó por sus privilegios”, sostuvo, y señaló que por eso hubo que “sacar el capítulo cuatro” de ese proyecto que comprendía modificaciones en el régimen jubilatorio.

Milei enfatizó que, por ese motivo, “perdieron los jubilados”, y reiteró que la “casta no quiere que le vaya bien a los argentinos”.

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Advertencia de gobernadores patagónicos a MIlei: sin recursos no habrá petróleo ni gas

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Gobernadores de seis provincias del sur insistieron con el reclamo al presidente Javier Milei por la coparticipación, transporte y educación, al tiempo que advirtieron que sin recursos no habrá petróleo ni gas.

En un documento firmado por Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Claudio Vidal (Santa Cruz), Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto
Weretilneck (Río Negro) resaltaron que “las provincias son preexistentes a la Nación y merecen respeto”.

“Nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio”, enfatizaron los gobernadores.

Reclamaron al Poder Ejecutivo por los fondos adeudados a la región, aunque se centran en el caso específico de Chubut, al considerar que “el Ministerio de Economía de la Nación le retuvo ilegalmente $ 13.500 millones, más de un tercio de su coparticipación mensual”.

“Los gobernadores no son empleados del Poder Ejecutivo Nacional ni están sujetos a sus órdenes”, afirmaron, a la vez que cuestionaron que “de forma ilegal el gobierno nacional retuvo los fondos destinados al Fondo Compensador de las tarifas del transporte público”.

“Son recursos procedentes del impuesto a los combustibles y tienen una asignación específica”, coincidieron los mandatarios provinciales.

En ese marco, los gobernadores resaltaron que “si el Ministerio de Economía no le entrega a Chubut sus recursos, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas”.

“Quitarle a una provincia más de un tercio de su coparticipación es una acción criminal que persigue el objetivo deliberado de hacer sufrir a sus habitantes para de este modo
forzar a su gobierno a adoptar determinadas decisiones políticas. Es una medida extensiva y disolutoria del sistema federal. Ningún gobernador lo va a consentir”, r
ecalcaron.

En un frente común, más allá de que son de distintos partidos políticos, los mandatarios provinciales señalaron que la provincia que comanda Ignacio Torres está sufriendo “las represalias” que el gobierno de Milei anunció contra las provincias tras la caída de
la Ley Ómnibus en el Congreso.

“Repudiamos tajantemente el ataque que está haciendo el gobierno nacional contra una provincia hermana y nos solidarizamos con el gobernador Ignacio Torres y el pueblo de Chubut”, agregaron.

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