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El Grupo Macri fue a la Justicia y dijo que “Néstor Kirchner hizo la peor estatización”

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En medio de la polémica que se generó por el convenio firmado por el Estado nacional y Correo Argentino S.A., la empresa perteneciente al Grupo Macri pidió a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial que rechace el dictamen de la fiscal general Gabriela Boquín, a quien acusó de querer “confundir a la opinión pública politizando” el tema; y también apuntó contra el ex presidente Néstor Kirchner al señalar que dispuso “la peor estatización realizada por el Estado nacional”.

En el escrito, de diez páginas, al que tuvo acceso Clarín, el presidente de Correo Argentino S.A., Jaime Cibils Robirosa, defiende la propuesta realizada por la empresa y señala un “llamativo y espurio manejo de las cifras” hecho por la fiscal.

Asegura que la compañía “sobrecumplió sus obligaciones de inversión”, refiere un desembolso de 400 millones de dólares en ese concepto, y lo contrasta con el accionar del Estado nacional, que “jamás cumplió con las prerrogativas otorgadas” y “quebró las bases económicas en las que se asentaba el negocio”.

En esa línea, advierte que las causas que ocasionaron la cesación de pagos “no obedecían a razones imputables a la empresa”, sino que “el único causante de su impotencia patrimonial fue el propio Estado nacional y sus sucesivos incumplimientos a las obligaciones y compromisos a su cargo”.

En la presentación, además, asegura que sufrió “embates jurídicos y sobre todo políticos de la anterior administración” y recuerda que, “cuando asumió la Presidencia Néstor Kirchner, sin que su administración haya resuelto los planteos interpuestos por Correo Argentino S.A.” en función del presunto incumplimiento del Estado, “decidió por decreto rescindir el contrato de concesión y apropiarse de todos los bienes y activos” de la empresa, “sin pagar un solo centavo”.

Fue una verdadera confiscación que se encuentra totalmente proscripta en el derecho argentino“, remarca el escrito. Y señala que “fue la peor estatización realizada por el Estado nacional (ya que) despoja a la concesionaria de todos sus activos y le deja todos los pasivos, sin reconocer importe alguno en concepto de pago por los bienes apropiados y las inversiones realizadas”.

En ese sentido, la empresa de los Macri resalta que la administración anterior ejerció una particular persecución sobre la compañía ya que adoptó “otros procedimientos, por ejemplo con YPF, Aerolíneas Argentinas y Aguas Argentinas”.

Asimismo, advierte que el Estado nacional “se convirtió así en el principal beneficiado de la prolongación de la situación concursal” ya que siguió usufructuando “en forma gratuita” todos los activos. “La sistemática, irracional y caprichosa negativa de la administración anterior, avalada luego por la fiscalía de Cámara, impidieron esa solución equitativa y obligaron a una propuesta de pago en efectivo, en una demostración más del poder amedrentador que se intentaba imponer a la empresa”, apunta.

En cuanto al monto, Correo Argentino S.A. acusa a la fiscal de una maniobra de dilación “inventando valores exorbitantes” y señala que “parece un capítulo más de un relato perverso, cuyo único objetivo es asfixiar” a la empresa. “El Estado verificó la suma de $296.205.376,49 de deuda a septiembre de 2002. La oferta de pago alcanza un valor total de aproximadamente 600 millones de pesos. No hay forma legal ni jurídica alguna que permita llevar la deuda verificada por el Estado ni a 4 mil millones, ni a 70 mil millones”, argumenta. Y concluye que la fiscal Boquín “realiza mal el cálculo, de manera tendenciosa, para arribar a forzadas conclusiones”. ” Los adjetivos contra la estimación de Boquín se repitieron: Indica que hubo una “arbitraria, antojadiza y absurda manipulación de cifras”.

Pero los cuestionamientos no sólo fueron desde el punto de vista técnico. “La Fiscalía persigue un solo objetivo: confundir a la opinión pública politizando innecesariamente una materia netamente judicial”, insiste.

En ese sentido, afirma que “todo el resto del libelo de la Fiscalia está teñido de suspicacias y acusaciones que nacen de este calculo falaz inexplicable. Y por ello debe ser tenido por no presentado”.

De todos modos, al hacer un análisis de las cifras de la deuda que reclama el Estado, la empresa se apoya en un condimento político: ironiza respecto a que, durante la gestión K, “se ha sostenido que no había inflación desde el propio Estado nacional”. Por eso, reivindica el interés del 7% acordado con los acreedores, y dice que constituye “una compensación justa y razonable” porque “pretende brindar a la acreencia del Estado Nacional una estabilidad razonable”.

Al mismo tiempo, el Correo Argentino S.A redobla la apuesta y promete que “cuando el Estado pague o reconozca la compensación por la totalidad de los bienes que se apoderó en el momento que operara el quite de la concesión, le pagará al Estado el 100%” de la deuda. La demanda que presentó el Grupo poco después del polémico acuerdo, es por unos 2.000 millones de pesos.

Por otro lado, el escrito también defiende el accionar del Gobierno. Remarca que “la Fiscalía acepta que Juan Mocoroa es director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones” y “que su designación es valida”. Y repasa que en febrero de 2015, cuando el doctor Alejandro Migdalek, “como apoderado del Estado nacional -y del Ministerio de Planificación de Julio de Vido- rechazó de plano la mejora de propuesta” que hizo el Correo, “tampoco compareció muñido con alguno de todos los extremos que hoy la fiscal le pretende exigir al representante del Ministerio de Comunicaciones”.

También, en sintonía con el Gobierno, asegura que en el convenio “no hay alteración al orden público, ni se viola la ley de ética pública cuando se pretende pagar una deuda que no debió haber existido nunca”.

“La propuesta no es un acuerdo abusivo, espurio, antojadizo ni oscuro”, enfatiza.

Por último, pide que “se resuelva favorablemente” la apelación o, su defecto, “se llame a audiencia pública, invitando a la sindicatura general y controlante, al Estado Nacional, a la Procuración del Tesoro, a la Oficina Anticorrupción y a la fiscalía” para “encontrar de buena fe y en conjunto una salida razonable”.

En tanto, el Gobierno cerró filas: desde el ala política se unieron a la estrategia del jefe de Gabinete Marcos Peña. “Los ex funcionarios kirchneristas son los que deben dar explicaciones”, dice el viceministro del Interior Sebastián García de Luca. El número 2 de Rogelio Frigerio cuestionó a la gestión K porque “no hizo nada en los últimos 12 años” e instó “a terminar con los relatos”. “Vamos a ir a una discusión a fondo sobre cuáles fueron las condiciones, cómo se manejaron las quiebras y los concursos. La transparencia es total”, completó.

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ADPRA alertó por el estado del PAMI

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La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) manifestó su profunda preocupación por la situación crítica que atraviesa el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP – PAMI). En un comunicado oficial fechado el 15 de abril de 2026, ADPRA advirtió que esta crisis afecta directamente el derecho a la salud de las personas mayores, cuya cobertura depende del acceso a beneficios jubilatorios o previsionales.

Desde distintas Defensorías del país se ha registrado un aumento sostenido de reclamos relacionados con demoras en autorizaciones de prácticas y tratamientos, falta de acceso a medicamentos e insumos, discontinuidades en prestaciones de salud y rehabilitación, así como problemas en la asignación y funcionamiento del sistema de médicos de cabecera. Además, se denuncian dificultades en la relación con prestadores de servicios de salud vinculadas a condiciones de contratación y pago, y la existencia de deudas millonarias del Gobierno Nacional con estos prestadores.

Uno de los focos de tensión está en la implementación de la resolución RESOL-2026-1107-INSSJP-DE, que unifica el nomenclador y concentra la retribución de los médicos de cabecera en un pago por cápita. Esta medida ha provocado una reducción de ingresos superior al 50% para los profesionales, quienes han declarado un paro nacional y advirtieron que abandonarán la cartilla si no se revierte la situación. A este problema se suma una deuda millonaria con prestadores de medicina, odontología, óptica y farmacia, que en algunos casos acumula más de seis meses de atraso.

ADPRA señala que el origen de esta crisis radica en decisiones tomadas por la conducción del INSSJP-PAMI que carecen de previsibilidad y presentan dificultades de implementación, afectando tanto a los prestadores como a los afiliados. El desfinanciamiento del organismo impacta especialmente en las personas mayores, generando situaciones de vulnerabilidad que el Estado debe revertir con urgencia.

En este marco, la Asociación exhortó a las autoridades a adoptar medidas urgentes que incluyan la regularización de los pagos adeudados a prestadores, la derogación o revisión de la resolución polémica en diálogo con los profesionales de la salud, y la garantía de continuidad en tratamientos, medicamentos e insumos en todo el país. También pidió restablecer la previsibilidad y transparencia en el financiamiento y contratación, asegurar una retribución justa y oportuna, garantizar canales de atención personalizada para los afiliados y promover la articulación entre niveles nacionales y locales.

Finalmente, ADPRA advirtió que la persistencia de esta situación constituye una vulneración concreta y actual de los derechos constitucionales de los adultos mayores, por lo que consideró “impostergable la adopción de medidas urgentes, coordinadas y sostenidas que permitan revertir el escenario actual y garantizar condiciones dignas de atención”.

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El biográfor de Milei pidió al renuncia del “sinvergüenza” de Adorni

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El escritor y biógrafo oficial del presidente Javier Milei, Nicolás Márquez, lanzó una fuerte crítica contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, exigiendo su renuncia a través de un mensaje inflamatorio en su cuenta oficial de X (antes Twitter). Márquez calificó a Adorni como un “sinvergüenza que se aferra al poder” y cuestionó la dignidad de los ministros que siguen respaldándolo. “¿O acaso un argentino de bien puede aceptar tener por jefe político directo y del más alto rango a un mitómano público?”, se preguntó.

En su publicación, Márquez enfatizó que “La Libertad Avanza encarnó la mística de la honorabilidad” y pidió que esa esencia no se pierda por la conducta de Adorni ni por “ministros indecorosos que lo avalan como muñecos de cera”. De cara a las elecciones de 2027, insistió en recuperar la fuerza del movimiento y lograr una reelección contundente para el presidente, con una frase contundente: “¡Carajo! Prefiero decir una verdad incómoda a una mentira confortable”.

Las críticas de Márquez surgen en medio de la confirmación judicial de que Adorni realizó un polémico viaje en primera clase a Aruba junto a su esposa y dos hijos entre diciembre de 2024 y enero de 2025. Según la investigación del fiscal federal Gerardo Pollicita, cada pasaje costó 1.450 dólares, sumando un total de 5.800 dólares para toda la familia. Además, se investigan detalles del alojamiento en un exclusivo resort cuyo costo ronda los 1.000 dólares la noche.

Este viaje forma parte de una causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Adorni, en la que se busca determinar si los gastos realizados coinciden con los ingresos declarados por el funcionario. Para avanzar en la investigación, la Justicia ordenó levantar el secreto bancario y fiscal de Adorni, con el fin de rastrear el origen del dinero utilizado en esas vacaciones.

Paralelamente, dos jubiladas que le vendieron un departamento a Adorni declararon en Comodoro Py y entregaron sus celulares para ser investigados. Beatriz Viegas y Claudia Sbabo negaron tener contacto directo con Adorni durante la operación y aseguraron que la gestión estuvo a cargo de sus familiares. La escribana a cargo de la escrituración confirmó que las mujeres le financiaron al jefe de Gabinete 200.000 dólares sin intereses, suma que Adorni debe devolver en noviembre.

La causa judicial y las críticas públicas ponen en el centro del debate la figura de Manuel Adorni, mientras Nicolás Márquez y otros sectores del oficialismo exigen mayor transparencia y responsabilidades políticas. En este contexto, el futuro político del jefe de Gabinete parece complicado, con la justicia y la opinión pública ejerciendo presión constante.

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Casielles sobre Gebel: “Atrae tanto a votantes peronistas como libertarios”

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El escenario político argentino comienza a perfilar una nueva alternativa con el surgimiento de Consolidar Argentina, una plataforma multisectorial diseñada para transformar el liderazgo comunicacional y filantrópico de Dante Gebel en una opción electoral competitiva para las presidenciales de 2027. Según explicó el legislador porteño Eugenio Casielles, este espacio nació formalmente el pasado 30 de diciembre con el objetivo de ponerse a disposición del conductor y conferencista, quien actualmente reside en Estados Unidos pero mantiene una fuerte presencia en el país.

Casielles, exfundador de La Libertad Avanza y ahora referente del partido “Transformación”, destacó que el proyecto ha crecido con una velocidad inesperada, logrando convocar a unas 4000 personas en un acto reciente sin necesidad de movilización partidaria tradicional ni figuras de renombre. Al respecto, el legislador señaló que la fuerza del proyecto radica en la trayectoria de Gebel: “Dante es un tipo que tiene una trayectoria de 30 años sin una mácula… y la verdad que eso me parece que es mucho más campaña hoy dentro de lo que le interesa a la gente”.

La propuesta se define como transversal, buscando romper la polarización actual. Casielles sostiene que Gebel representa un fenómeno que “atrae tanto a votantes peronistas como libertarios, porque les llega con sus valores”. Esta característica lo posiciona como una amenaza electoral tanto para el oficialismo de Javier Milei como para la oposición encarnada en figuras como Axel Kicillof, ya que, según encuestas citadas por el legislador, un 67% de la población no se siente representada por los partidos políticos vigentes.

En cuanto a la definición de una candidatura formal, el equipo de armado político respeta los tiempos de Gebel, quien aún debe tomar la decisión final. Casielles argumenta que la velocidad de las comunicaciones modernas permite instalar candidatos en tiempos récord: “Hoy hay una capacidad de instalar un tema con poco tiempo… lo que antes capaz para que una señora se enterara en 2 años, hoy con 15 o 20 días ya saben quién es una persona”. Mientras tanto, el referente continúa con sus giras internacionales y responsabilidades en su iglesia, River Church.

El programa económico de Consolidar Argentina pone un énfasis crítico en la crisis del empleo y la producción. El espacio cuenta con el apoyo de dirigentes sindicales como Juan Pablo Brey y José “Vasco” Minaberrigaray, quienes aportan una visión sobre la realidad de las fábricas y el desempleo. Casielles fue tajante al diferenciar su visión del rumbo actual: “Para que el país crezca hay que generar empleo, hay que ser productivo, hay que tener más riqueza, hay que darle valor agregado”.

Asimismo, el legislador lanzó duras críticas hacia la gestión de Javier Milei, a quien acusó de mantener un doble discurso en materia social. “Fijate que en la época de Milei crecieron los planes sociales… finalmente es el presidente de la organización de la pobreza porque le está regalando plata todo el tiempo a la gente”, sentenció Casielles. Para este nuevo espacio, la prioridad debe ser reinventar la matriz productiva para asegurar que todos los argentinos tengan acceso a una fuente de trabajo genuina.

Finalmente, el proyecto se asienta sobre la idea de rescatar valores nacionales frente a lo que Casielles describe como un trastocamiento de prioridades ideológicas. “Nos venden que la prioridad es Estados Unidos, China o Venezuela, y nadie nos vende Argentina”, lamentó el legislador. Con este enfoque centrado en la identidad y la producción nacional, Consolidar Argentina busca capitalizar el desencanto social y ofrecer una vía de escape a la grieta, apoyada en la figura de un líder que, aunque alejado de la política partidaria hasta ahora, ostenta un alto nivel de conocimiento y aceptación popular.

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