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El Gobierno modificará el reparto de fondos a las provincias

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Barajar y dar de nuevo. El Gobierno avanza con una reforma de la ley de coparticipación federal que contemple un reparto más equitativo de los fondos que recauda el Estado. No será tarea sencilla para el presidente Mauricio Macri , ya que para modificar la norma necesita el acuerdo de todas las provincias. Por eso, el Gobierno prepara una oferta para seducirlas: ninguna tendrá que ceder un solo peso.

El plan que puso en marcha un equipo que lidera el ministro del Interior, Rogelio Frigerio , tiene como premisa que “ningún protagonista pierda”. Ése será el principal argumento de la Casa Rosada para convencer a los gobernadores, a quienes convocó para el 2 de febrero con el objetivo de discutir el futuro régimen de coparticipación, una reforma impositiva integral y las paritarias.

“Tenemos que tener un acuerdo con las provincias no sólo para empezar a reducir la tremenda carga impositiva que tiene el país, sino también para mejorar la calidad de nuestros impuestos. Arrancamos hace unos meses con los gobernadores, con un acuerdo para avanzar y poder discutir este año una nueva ley de coparticipación”, dijo Frigerio a LA NACION.

Deuda de la democracia desde la sanción de la reforma constitucional de 1994, la ley de coparticipación nunca se trató por dos factores: los distintos gobiernos nacionales utilizaron la distribución de recursos como una forma de disciplinamiento y las provincias beneficiadas por la actual norma no querían ceder.

Entonces, ¿qué incentivos les dará Macri a las provincias para que ahora sí accedan a debatir una nueva norma que regule el reparto de la recaudación?

En el Gobierno insistieron en que ninguna provincia perderá los beneficios que percibe hoy por el régimen de coparticipación, pero deberán mejorar sensiblemente la administración de los recursos.

El Gobierno propondrá “utilizar la metodología de las capacidades fiscales y necesidades de gasto, pero deberá ser consensuado”. ¿Qué significa eso? La cuenta sería así: primero se calculará lo que cada provincia necesita gastar para mantener la calidad de los servicios que ofrece y lo que debería recaudar de recursos propios para financiarlo. La diferencia entre una y otra cantidad determina el reparto de la coparticipación.

En el trabajo que les presentarán a los mandatarios provinciales se destaca que lo que se reordenará con la nueva ley es lo que se recaude de más. Y el Gobierno quiere que la nueva norma se actualice sola.

Si bien el reparto en la actualidad debería ser 57% para las provincias y 42% para la Nación, lo cierto es que no ocurre de esa manera. La participación efectiva que reciben las provincias del total de los recursos nacionales recaudados por la AFIP es del 29%. Esa inequidad es la que busca terminar la administración de Macri. Este año la estimación es que serán transferidos a las provincias $ 731.084 millones, un 29,2% más que el año pasado, según un informe del Cippec.

Incluso, desde que en mayo último Frigerio logró firmar el acuerdo con todos los gobernadores para el reintegro del 15% de coparticipación que se descontaba para financiar la Anses, hubo un acuerdo entre la Nación y las provincias para comenzar a evaluar una nueva norma de coparticipación. Si bien en el Gobierno son conscientes de que será complicado generar consensos en un año electoral, el plazo para llevar una nuevo marco regulatorio al Congreso es de entre 12 y 18 meses.

“El objetivo de máxima para este año es tener en el Congreso un proyecto consensuado. Este esquema no va más. El objetivo es terminar con los parches; las provincias tienen que gastar de forma más eficiente”, dijo Paulino Caballero, subsecretario de Relaciones con Provincias.

Mientras se negocia la iniciativa, el Gobierno consiguió aprobar el último año un presupuesto que destina el 30% de la recaudación a las provincias, lo que representa un aumento de 3 puntos respecto del período 2005-2015. Según informaron en el Ministerio del Interior, también está previsto que durante este año crezcan las transferencias automáticas y la obra pública.

“El año pasado, por primera vez en la historia, hicimos acuerdos fiscales en los que las provincias ganaron recursos. Hasta nuestra gestión, la Nación siempre terminó sacándoles recursos a las provincias. El gobierno anterior las desfinanciaba porque entendía que el poder pasaba por concentrar recursos para después someter políticamente a los que pensaran distinto”, explicó Frigerio.

 
Recorrido de la iniciativa
Además de los mandatarios provinciales, el Gobierno involucrará en el debate al Congreso -serán consultados las integrantes de la comisión de coparticipación federal del Senado y otras comisiones de la Cámara baja-; los oficialismos y oposición de cada distrito; universidades nacionales y provinciales; organismos especializados en federalismo fiscal y finanzas públicas, y consejos profesiones, entre otros.

El recorrido que tendrá la norma durante el plazo de discusión tendrá varias etapas. En la primera se conformarán y capacitarán los equipos de trabajo, se realizarán una recopilación y un análisis de los antecedentes, y se pondrá en marcha un foro virtual. Después será el tiempo de la revisión de los esquemas teóricos, la búsqueda de información y consistencia entre las provincias y la elaboración de propuestas alternativas.

“Nunca se encaró de forma seria una reforma. Será difícil, pero hay que empezar”, dijo Guillermo Giussi, director nacional de Relaciones Fiscales con Provincias.

Calificado por el ministro de Finanzas, Luis Caputo, como “una deuda de la democracia” -la última fue votada por el Congreso en 1988-, sancionar una nueva ley de coparticipación es uno de los retos que se impuso el jefe del Estado. Es más, desde que Macri llegó al poder mejoró la coparticipación global.

Pero el reparto no fue para todos igual y eso despertó la queja de varios mandatarios. El último conflicto se generó porque el gobierno nacional transfirió $ 25.000 millones a la provincia de Buenos Aires para compensar el 50% de lo que la gobernación de María Eugenia Vidal pierde anualmente por el congelamiento del Fondo del Conurbano Bonaerense: $ 50.000 millones, desde 1996. Por las distorsiones que tiene la actual norma, por ejemplo, la provincia bonaerense recibe la mitad de lo que aporta.

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ADPRA alertó por el estado del PAMI

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La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) manifestó su profunda preocupación por la situación crítica que atraviesa el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP – PAMI). En un comunicado oficial fechado el 15 de abril de 2026, ADPRA advirtió que esta crisis afecta directamente el derecho a la salud de las personas mayores, cuya cobertura depende del acceso a beneficios jubilatorios o previsionales.

Desde distintas Defensorías del país se ha registrado un aumento sostenido de reclamos relacionados con demoras en autorizaciones de prácticas y tratamientos, falta de acceso a medicamentos e insumos, discontinuidades en prestaciones de salud y rehabilitación, así como problemas en la asignación y funcionamiento del sistema de médicos de cabecera. Además, se denuncian dificultades en la relación con prestadores de servicios de salud vinculadas a condiciones de contratación y pago, y la existencia de deudas millonarias del Gobierno Nacional con estos prestadores.

Uno de los focos de tensión está en la implementación de la resolución RESOL-2026-1107-INSSJP-DE, que unifica el nomenclador y concentra la retribución de los médicos de cabecera en un pago por cápita. Esta medida ha provocado una reducción de ingresos superior al 50% para los profesionales, quienes han declarado un paro nacional y advirtieron que abandonarán la cartilla si no se revierte la situación. A este problema se suma una deuda millonaria con prestadores de medicina, odontología, óptica y farmacia, que en algunos casos acumula más de seis meses de atraso.

ADPRA señala que el origen de esta crisis radica en decisiones tomadas por la conducción del INSSJP-PAMI que carecen de previsibilidad y presentan dificultades de implementación, afectando tanto a los prestadores como a los afiliados. El desfinanciamiento del organismo impacta especialmente en las personas mayores, generando situaciones de vulnerabilidad que el Estado debe revertir con urgencia.

En este marco, la Asociación exhortó a las autoridades a adoptar medidas urgentes que incluyan la regularización de los pagos adeudados a prestadores, la derogación o revisión de la resolución polémica en diálogo con los profesionales de la salud, y la garantía de continuidad en tratamientos, medicamentos e insumos en todo el país. También pidió restablecer la previsibilidad y transparencia en el financiamiento y contratación, asegurar una retribución justa y oportuna, garantizar canales de atención personalizada para los afiliados y promover la articulación entre niveles nacionales y locales.

Finalmente, ADPRA advirtió que la persistencia de esta situación constituye una vulneración concreta y actual de los derechos constitucionales de los adultos mayores, por lo que consideró “impostergable la adopción de medidas urgentes, coordinadas y sostenidas que permitan revertir el escenario actual y garantizar condiciones dignas de atención”.

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El biográfor de Milei pidió al renuncia del “sinvergüenza” de Adorni

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El escritor y biógrafo oficial del presidente Javier Milei, Nicolás Márquez, lanzó una fuerte crítica contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, exigiendo su renuncia a través de un mensaje inflamatorio en su cuenta oficial de X (antes Twitter). Márquez calificó a Adorni como un “sinvergüenza que se aferra al poder” y cuestionó la dignidad de los ministros que siguen respaldándolo. “¿O acaso un argentino de bien puede aceptar tener por jefe político directo y del más alto rango a un mitómano público?”, se preguntó.

En su publicación, Márquez enfatizó que “La Libertad Avanza encarnó la mística de la honorabilidad” y pidió que esa esencia no se pierda por la conducta de Adorni ni por “ministros indecorosos que lo avalan como muñecos de cera”. De cara a las elecciones de 2027, insistió en recuperar la fuerza del movimiento y lograr una reelección contundente para el presidente, con una frase contundente: “¡Carajo! Prefiero decir una verdad incómoda a una mentira confortable”.

Las críticas de Márquez surgen en medio de la confirmación judicial de que Adorni realizó un polémico viaje en primera clase a Aruba junto a su esposa y dos hijos entre diciembre de 2024 y enero de 2025. Según la investigación del fiscal federal Gerardo Pollicita, cada pasaje costó 1.450 dólares, sumando un total de 5.800 dólares para toda la familia. Además, se investigan detalles del alojamiento en un exclusivo resort cuyo costo ronda los 1.000 dólares la noche.

Este viaje forma parte de una causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Adorni, en la que se busca determinar si los gastos realizados coinciden con los ingresos declarados por el funcionario. Para avanzar en la investigación, la Justicia ordenó levantar el secreto bancario y fiscal de Adorni, con el fin de rastrear el origen del dinero utilizado en esas vacaciones.

Paralelamente, dos jubiladas que le vendieron un departamento a Adorni declararon en Comodoro Py y entregaron sus celulares para ser investigados. Beatriz Viegas y Claudia Sbabo negaron tener contacto directo con Adorni durante la operación y aseguraron que la gestión estuvo a cargo de sus familiares. La escribana a cargo de la escrituración confirmó que las mujeres le financiaron al jefe de Gabinete 200.000 dólares sin intereses, suma que Adorni debe devolver en noviembre.

La causa judicial y las críticas públicas ponen en el centro del debate la figura de Manuel Adorni, mientras Nicolás Márquez y otros sectores del oficialismo exigen mayor transparencia y responsabilidades políticas. En este contexto, el futuro político del jefe de Gabinete parece complicado, con la justicia y la opinión pública ejerciendo presión constante.

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Casielles sobre Gebel: “Atrae tanto a votantes peronistas como libertarios”

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El escenario político argentino comienza a perfilar una nueva alternativa con el surgimiento de Consolidar Argentina, una plataforma multisectorial diseñada para transformar el liderazgo comunicacional y filantrópico de Dante Gebel en una opción electoral competitiva para las presidenciales de 2027. Según explicó el legislador porteño Eugenio Casielles, este espacio nació formalmente el pasado 30 de diciembre con el objetivo de ponerse a disposición del conductor y conferencista, quien actualmente reside en Estados Unidos pero mantiene una fuerte presencia en el país.

Casielles, exfundador de La Libertad Avanza y ahora referente del partido “Transformación”, destacó que el proyecto ha crecido con una velocidad inesperada, logrando convocar a unas 4000 personas en un acto reciente sin necesidad de movilización partidaria tradicional ni figuras de renombre. Al respecto, el legislador señaló que la fuerza del proyecto radica en la trayectoria de Gebel: “Dante es un tipo que tiene una trayectoria de 30 años sin una mácula… y la verdad que eso me parece que es mucho más campaña hoy dentro de lo que le interesa a la gente”.

La propuesta se define como transversal, buscando romper la polarización actual. Casielles sostiene que Gebel representa un fenómeno que “atrae tanto a votantes peronistas como libertarios, porque les llega con sus valores”. Esta característica lo posiciona como una amenaza electoral tanto para el oficialismo de Javier Milei como para la oposición encarnada en figuras como Axel Kicillof, ya que, según encuestas citadas por el legislador, un 67% de la población no se siente representada por los partidos políticos vigentes.

En cuanto a la definición de una candidatura formal, el equipo de armado político respeta los tiempos de Gebel, quien aún debe tomar la decisión final. Casielles argumenta que la velocidad de las comunicaciones modernas permite instalar candidatos en tiempos récord: “Hoy hay una capacidad de instalar un tema con poco tiempo… lo que antes capaz para que una señora se enterara en 2 años, hoy con 15 o 20 días ya saben quién es una persona”. Mientras tanto, el referente continúa con sus giras internacionales y responsabilidades en su iglesia, River Church.

El programa económico de Consolidar Argentina pone un énfasis crítico en la crisis del empleo y la producción. El espacio cuenta con el apoyo de dirigentes sindicales como Juan Pablo Brey y José “Vasco” Minaberrigaray, quienes aportan una visión sobre la realidad de las fábricas y el desempleo. Casielles fue tajante al diferenciar su visión del rumbo actual: “Para que el país crezca hay que generar empleo, hay que ser productivo, hay que tener más riqueza, hay que darle valor agregado”.

Asimismo, el legislador lanzó duras críticas hacia la gestión de Javier Milei, a quien acusó de mantener un doble discurso en materia social. “Fijate que en la época de Milei crecieron los planes sociales… finalmente es el presidente de la organización de la pobreza porque le está regalando plata todo el tiempo a la gente”, sentenció Casielles. Para este nuevo espacio, la prioridad debe ser reinventar la matriz productiva para asegurar que todos los argentinos tengan acceso a una fuente de trabajo genuina.

Finalmente, el proyecto se asienta sobre la idea de rescatar valores nacionales frente a lo que Casielles describe como un trastocamiento de prioridades ideológicas. “Nos venden que la prioridad es Estados Unidos, China o Venezuela, y nadie nos vende Argentina”, lamentó el legislador. Con este enfoque centrado en la identidad y la producción nacional, Consolidar Argentina busca capitalizar el desencanto social y ofrecer una vía de escape a la grieta, apoyada en la figura de un líder que, aunque alejado de la política partidaria hasta ahora, ostenta un alto nivel de conocimiento y aceptación popular.

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