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El Gobierno modificará el reparto de fondos a las provincias

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Barajar y dar de nuevo. El Gobierno avanza con una reforma de la ley de coparticipación federal que contemple un reparto más equitativo de los fondos que recauda el Estado. No será tarea sencilla para el presidente Mauricio Macri , ya que para modificar la norma necesita el acuerdo de todas las provincias. Por eso, el Gobierno prepara una oferta para seducirlas: ninguna tendrá que ceder un solo peso.

El plan que puso en marcha un equipo que lidera el ministro del Interior, Rogelio Frigerio , tiene como premisa que “ningún protagonista pierda”. Ése será el principal argumento de la Casa Rosada para convencer a los gobernadores, a quienes convocó para el 2 de febrero con el objetivo de discutir el futuro régimen de coparticipación, una reforma impositiva integral y las paritarias.

“Tenemos que tener un acuerdo con las provincias no sólo para empezar a reducir la tremenda carga impositiva que tiene el país, sino también para mejorar la calidad de nuestros impuestos. Arrancamos hace unos meses con los gobernadores, con un acuerdo para avanzar y poder discutir este año una nueva ley de coparticipación”, dijo Frigerio a LA NACION.

Deuda de la democracia desde la sanción de la reforma constitucional de 1994, la ley de coparticipación nunca se trató por dos factores: los distintos gobiernos nacionales utilizaron la distribución de recursos como una forma de disciplinamiento y las provincias beneficiadas por la actual norma no querían ceder.

Entonces, ¿qué incentivos les dará Macri a las provincias para que ahora sí accedan a debatir una nueva norma que regule el reparto de la recaudación?

En el Gobierno insistieron en que ninguna provincia perderá los beneficios que percibe hoy por el régimen de coparticipación, pero deberán mejorar sensiblemente la administración de los recursos.

El Gobierno propondrá “utilizar la metodología de las capacidades fiscales y necesidades de gasto, pero deberá ser consensuado”. ¿Qué significa eso? La cuenta sería así: primero se calculará lo que cada provincia necesita gastar para mantener la calidad de los servicios que ofrece y lo que debería recaudar de recursos propios para financiarlo. La diferencia entre una y otra cantidad determina el reparto de la coparticipación.

En el trabajo que les presentarán a los mandatarios provinciales se destaca que lo que se reordenará con la nueva ley es lo que se recaude de más. Y el Gobierno quiere que la nueva norma se actualice sola.

Si bien el reparto en la actualidad debería ser 57% para las provincias y 42% para la Nación, lo cierto es que no ocurre de esa manera. La participación efectiva que reciben las provincias del total de los recursos nacionales recaudados por la AFIP es del 29%. Esa inequidad es la que busca terminar la administración de Macri. Este año la estimación es que serán transferidos a las provincias $ 731.084 millones, un 29,2% más que el año pasado, según un informe del Cippec.

Incluso, desde que en mayo último Frigerio logró firmar el acuerdo con todos los gobernadores para el reintegro del 15% de coparticipación que se descontaba para financiar la Anses, hubo un acuerdo entre la Nación y las provincias para comenzar a evaluar una nueva norma de coparticipación. Si bien en el Gobierno son conscientes de que será complicado generar consensos en un año electoral, el plazo para llevar una nuevo marco regulatorio al Congreso es de entre 12 y 18 meses.

“El objetivo de máxima para este año es tener en el Congreso un proyecto consensuado. Este esquema no va más. El objetivo es terminar con los parches; las provincias tienen que gastar de forma más eficiente”, dijo Paulino Caballero, subsecretario de Relaciones con Provincias.

Mientras se negocia la iniciativa, el Gobierno consiguió aprobar el último año un presupuesto que destina el 30% de la recaudación a las provincias, lo que representa un aumento de 3 puntos respecto del período 2005-2015. Según informaron en el Ministerio del Interior, también está previsto que durante este año crezcan las transferencias automáticas y la obra pública.

“El año pasado, por primera vez en la historia, hicimos acuerdos fiscales en los que las provincias ganaron recursos. Hasta nuestra gestión, la Nación siempre terminó sacándoles recursos a las provincias. El gobierno anterior las desfinanciaba porque entendía que el poder pasaba por concentrar recursos para después someter políticamente a los que pensaran distinto”, explicó Frigerio.

 
Recorrido de la iniciativa
Además de los mandatarios provinciales, el Gobierno involucrará en el debate al Congreso -serán consultados las integrantes de la comisión de coparticipación federal del Senado y otras comisiones de la Cámara baja-; los oficialismos y oposición de cada distrito; universidades nacionales y provinciales; organismos especializados en federalismo fiscal y finanzas públicas, y consejos profesiones, entre otros.

El recorrido que tendrá la norma durante el plazo de discusión tendrá varias etapas. En la primera se conformarán y capacitarán los equipos de trabajo, se realizarán una recopilación y un análisis de los antecedentes, y se pondrá en marcha un foro virtual. Después será el tiempo de la revisión de los esquemas teóricos, la búsqueda de información y consistencia entre las provincias y la elaboración de propuestas alternativas.

“Nunca se encaró de forma seria una reforma. Será difícil, pero hay que empezar”, dijo Guillermo Giussi, director nacional de Relaciones Fiscales con Provincias.

Calificado por el ministro de Finanzas, Luis Caputo, como “una deuda de la democracia” -la última fue votada por el Congreso en 1988-, sancionar una nueva ley de coparticipación es uno de los retos que se impuso el jefe del Estado. Es más, desde que Macri llegó al poder mejoró la coparticipación global.

Pero el reparto no fue para todos igual y eso despertó la queja de varios mandatarios. El último conflicto se generó porque el gobierno nacional transfirió $ 25.000 millones a la provincia de Buenos Aires para compensar el 50% de lo que la gobernación de María Eugenia Vidal pierde anualmente por el congelamiento del Fondo del Conurbano Bonaerense: $ 50.000 millones, desde 1996. Por las distorsiones que tiene la actual norma, por ejemplo, la provincia bonaerense recibe la mitad de lo que aporta.

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Universidades: el Pro decidió apoyar el veto de Milei al financiamiento

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El expresidente Mauricio Macri lo resolvió con líderes parlamentarios del partido.
El Pro decidió apoyar el veto que firmó Javier Milei a la ley de financiamiento de las universidades, según pudo confirmar Infobae esta tarde. Luego de una reunión del lunes entre el expresidente Mauricio Macri y los líderes partamentarios de esa fuerza, el espacio difundió un comunicado oficial en el que se explicó las razones de esa decisión, que vuelve a poner en sintonía al sector con La Libertad Avanza (LLA).

El acompañamiento del Pro se trata de una decisión clave para reunir los cerca de 85 a 87 votos -de acuerdo al total de diputados presentes- que el oficialismo necesita para impedir que la Cámara baja rechace con dos tercios la decisión del jefe de Estado e insista con la norma original.

El bloque del Pro en la Cámara de Diputados tenía miradas divergentes, que quedaron expuestas durante el fin de semana. El ex presidente buscó ordenar las diversas opiniones de cara a la sesión convocada para el miércoles próximo.

Macri mantuvo una reunión por Zoom con Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal y Diego Santilli. También con Facundo Pérez Carletti, secretario general del partido, y Fernando De Andreis, dirigente y principal estratega del macrismo, y otros líderes del partido. Si bien se analizó dar “vía libre” para que cada legislador opte por votar como considere, finalmente se impuso la decisión mayoritaria de continuar apoyando al gobierno.

Macri sorprendió el domingo por la mañana con un extenso posteo en X. “La defensa de la universidad pública, su acceso libre, gratuito y democrático, requiere poner fin al uso político de los recursos universitarios”, lanzó y agregó que “la UBA enfrenta una crisis de transparencia” y que “desde 2015 no ha presentado ni una sola factura”. Si bien la publicación dejó entre líneas una especie de guiño hacia el Gobierno, no explicitó su postura.

La comunicación oficial del partido fundado y presidido por Macri llegó pasadas las 14.30. En un texto titulado “Sobre la postura del partido en relación al conflicto universitario”, el espacio ratificó lo que habían adelantado las fuentes en la previa.

“Hoy nos toca desde el Congreso definir nuestra posición en relación al veto del Presidente Milei sobre la ley de Financiamiento Universitario. Nuestro bloque ya votó mayoritariamente en la Cámara de Diputados hace pocas semanas, rechazando esa ley. Seguimos pensando lo mismo”, adelantaron.

En el mensaje también hubo espacio para una crítica a sectores del radicalismo, a los que acusaron de asumir posturas “populistas”.

“Somos coherentes con la necesidad de sostener el equilibrio fiscal como prioridad para que nuestro país salga adelante. Somos coherentes con nuestro respeto a la ley de Administración Financiera que impide que una ley defina un gasto sin explicar cómo se financia. Rechazamos el populismo legislativo de fuerzas como la UCR que mientras defiende el aumento de presupuesto a las universidades, rechaza la privatización de un gran número de empresas públicas deficitarias”, sostiene la comunicación del PRO.

Al argumentar esa postura, crítica con el reclamo de los rectores de las universidades nacionales pero también con el desempeño del gobierno de Milei, las autoridades del partido amarillo remarcaron que “el PRO siempre ha defendido la bandera de la educación pública. Lo demostró durante la presidencia de Mauricio Macri y lo sigue mostrando en sus actuales administraciones provinciales, municipales y de la Ciudad de Buenos Aires. Desde esa experiencia, somos críticos sobre la gestión que el Gobierno Nacional ha llevado adelante sobre las universidades nacionales”.

Y en ese marco enumeraron lo que consideran errores del Gobierno nacional en los últimos diez meses:

  • Decidió prorrogar el presupuesto del año 2023 sin establecer con claridad los fondos que se iban a asignar a las universidades durante 2024.
  • No terminó de conformar las autoridades de la Auditoría General de la Nación, organismo responsable de auditar a las universidades.
  • No constituyó la Comisión Mixta Revisora de Cuentas que define el plan de auditorías para la AGN.
  • Tampoco derogó la resolución del Ex Procurador Zanini del 28 de noviembre de 2022 que impide a la SIGEN, organismo auditor del Poder Ejecutivo, auditar a las universidades.
  • Llegando al último trimestre del año no ha logrado acordar con los gremios universitarios una paritaria que traiga tranquilidad a docentes y estudiantes.

Tras ello, y para finalizar su argumentación, le pidieron a Milei las siguientes acciones:

  • Convoque a un diálogo que avance de manera urgente para alcanzar un acuerdo con los gremios universitarios
  • Incluya las necesidades de las universidades en el proyecto de presupuesto 2025 de manera prioritaria
  • Derogue la resolución del ex procurador Zanini involucrando a la SIGEN en la auditoría de las universidades, y avance en las tareas pendientes sobre la AGN para garantizar la transparencia del gasto universitario.
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Universidades: el Gobierno irá a la Justicia si el Congreso rechaza el veto

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A la espera de que el PRO resuelva si acompañará o rechazará el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno adelantó que irá a la Justicia si el Congreso le baja el pulgar a la decisión del presidente Javier Milei.

El ministro de Economía, Luis Caputo, fue consultado al respecto en una entrevista en LN+: “Yo tengo que hacer lo que dice la ley pero sería bueno que los diputados y senadores también lo hagan. La ley de administración financiera dice que el Congreso no puede presentar un gasto sin una contrapartida de financiamiento que lo justifique”. En ese sentido, adelantó: “Nosotros obviamente vamos a apelar a eso, probablemente por la vía de la Justicia, siempre dentro del marco de la ley”, dijo.

“En realidad, lo que proponemos, que sería lo lógico, es debatir lo que quieren dentro del marco que corresponde, que es el de la ley de Presupuesto”, resaltó Caputo.

“A las universidades les hemos dado todo. Acá se mezcla la política. Lo único que nosotros decimos es: si se quiere discutir si los docentes deberían cobrar más que el resto de los empleados públicos, perfecto. Debatámoslo en el Congreso y definamos cómo se financia eso, ningún problema. Hay una clara pelea entre la vieja política y la nueva. Nosotros buscamos transparencia y la vieja política es la dueña del ostracismo”, aseguró.

En ese marco, apuntó contra los recursos de las universidades y expresó: “Tenemos el caso de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, que desde 2020 a 2023 recibió solo al 0,62% de los alumnos, es decir, 16 estudiantes. Se gastaron 100 millones de pesos por egresado: casi salía más barato mandarlos a Harvard”.

Cabe señalar que con los números ajustados en el Congreso, y por el momento sin la garantía de poder defender la decisión de Javier Milei en ambas Cámaras, las autoridades nacionales están a la expectativa de la postura que tomará el espacio liderado por Mauricio Macri, que no tendría por el momento una posición unificada.

El domingo, el ex presidente dio una pista de lo que podría ser su opinión sobre este asunto, al publicar en su cuenta de X una extensa carta en la que cuestionó la supuesta “crisis de transparencia” en la UBA, que “desde 2015 no ha presentado ni una sola factura”.

“Lo cierto es que acá no se está discutiendo la autonomía universitaria. Tampoco se está cuestionando el acceso a la universidad ni su funcionamiento. Lo que realmente está en disputa es ‘la suya’: la parte del presupuesto que se desvía hacia la política”, remarcó el líder del PRO, en línea con lo que expresa el oficialismo.

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La Fundación Pensar alertó por el ritmo de la devaluación

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La Fundación Pensar alertó que, según las proyecciones incluidas por el Gobierno para el Presupuesto 2025, “la devaluación sería del 1,4% mensual, con una inflación que seguiría el mismo ritmo. Bajo esta premisa, el tipo de cambio real en diciembre de 2025 sería un 26% inferior al de diciembre de 2023″.

La Fundación Pensar también advierte sobre una “lenta recuperación” de jubilaciones (9%) o las transferencias a provincias.

En ese punto, destacó que que la obra pública, que actualmente se encuentra casi paralizada, “seguirá en niveles muy bajos, mínimos en 30 años”.

La casa de estudios que dirige la diputada del PRO, María Eugenia Vidal, plantea interrogantes sobre los efectos de la continuidad de las restricciones cambiarias en las proyecciones que tiene el Gobierno para las variables económicas.

“¿Con cepo, crecerá la economía un 5%? ¿Sin cepo, se sostendrá el tipo de cambio a $1.207 y la inflación del 18%?”, se preguntan desde la Fundación Pensar.

En este contexto, reclaman “contar el próximo año con un presupuesto creíble, equilibrado y que atienda las necesidades más urgentes de los argentinos”.

Además, y en medio de la discusión por el financiamiento a la educación pública, señalan que los giros a las universidades se mantienen “en niveles similares al período de 1993-2006, en torno al 0,5% del PBI.

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