Nacionales
Duro golpe al bolsillo: el Gobierno quita más subsidios a la clase media y baja

El Gobierno nacional implementará a partir de febrero una reducción en los subsidios de las tarifas de electricidad y gas natural para alrededor de 9,5 millones de hogares de ingresos medios y bajos. Estos consumidores recibirán una “bonificación” menor en el costo de la energía de estos servicios públicos.
Además, el próximo mes las facturas finales incrementarán en promedio un 1,5% para la luz y un 1,6% para el gas.
Las medidas fueron formalizadas mediante resoluciones que la Secretaría de Energía publicó este viernes en el Boletín Oficial. Estas acciones son parte del plan del ministro de Economía, Luis Caputo, para acelerar los recortes en las subvenciones y asegurar el equilibrio fiscal, además de intentar reducir la inflación a menos del 2% mensual.
El subsidio estatal permite a los usuarios obtener un descuento sobre el precio completo de la electricidad y/o el gas, de acuerdo con el esquema de segmentación actual: ingresos altos (Nivel 1) que pagan el “costo real”, ingresos bajos (N2) e ingresos medios (N3). A partir de ahora, el descuento será del 65% para los N2 y del 50% para los N3 en ambos servicios, lo que implica un recorte más significativo en el beneficio.
Desde junio pasado, las bonificaciones para la electricidad eran del 71,2% en N2 y del 55,94% en N3. En cuanto al gas natural, la cobertura era del 64% —siendo este el único caso con una cobertura ligeramente mayor— y del 55%, respectivamente.
Según el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), hasta diciembre había 9,5 millones de usuarios de energía eléctrica que recibían subsidios, distribuidos entre 6,3 millones en N2 y 3,2 millones en N3, de un total de 16,2 millones de usuarios. Esto representa alrededor de 800.000 beneficiarios menos.
En el caso del gas, de los 9,5 millones de usuarios residenciales totales, unos 5,3 millones reciben subvenciones, con 3,1 millones en N2 y 2,2 millones en N3.
Los N2 reciben una bonificación en su consumo hasta un máximo de 350 kilowatt hora (kWh) mensuales, y los N3 hasta 250 kWh al mes, aunque deben abonar el precio completo por el consumo que exceda esos límites. Energía está considerando la opción de reducir esos topes en los meses siguientes.
Nuevo esquema
La Secretaría de Energía, liderada por María Tettamanti, está trabajando para implementar un nuevo esquema de subvenciones a partir de mediados de 2025. La idea principal es que haya solo dos categorías de usuarios, siguiendo un sistema similar al de la tarifa social utilizado durante la administración de Mauricio Macri: aquellos que reciben y quienes no obtienen subvención. El Presupuesto 2025 incluye un recorte en subsidios superior a los USD 3.000 millones, semejante al de este año. Recientemente, el FMI solicitó mejorar la progresividad en la reducción de las subvenciones.
El Gobierno busca intensificar la desaceleración de la inflación a lo largo de 2025, con la vista puesta en las elecciones legislativas. Por esta razón, se permitirán incrementos en las tarifas de electricidad y gas natural por debajo del 2% mensual durante el verano. En enero, los aumentos fueron de 1,6% en electricidad y 1,8% en gas. En febrero, se prevén subidas del 1,5% y 1,6%, respectivamente. Además, comenzará a aplicarse la reducción del ajuste mensual del precio del dólar oficial del 2% al 1%.
En febrero, Energía avanzará con la revisión tarifaria de distribuidoras y transportistas. Este proceso dará lugar a nuevos cuadros tarifarios y determinará las inversiones necesarias para que las empresas mejoren el servicio durante los próximos cinco años.
En abril, los nuevos cuadros tarifarios entrarán en vigor, trayendo aumentos en las facturas que no superarán el 10%, y que podrían ser fraccionados en cuotas mensuales, según fuentes oficiales. La intención es establecer un sistema de actualización mensual automática para que las tarifas y los ingresos de las empresas se mantengan estables en términos reales.
Esta medida representa un cambio significativo respecto a los aumentos discrecionales implementados a partir de 2024, tras años de congelamiento, con el objetivo de apoyar la desaceleración de la inflación.

Nacionales
Milei habló de la salida de la OMS: “Impulsaron una cuarentena cavernícola”

El presidente Javier Milei ha descrito este miércoles a la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un organismo “nefando” y afirmó que, durante la pandemia de Covid-19, actuó como el “brazo ejecutor” del “mayor experimento de control social de la historia”.
Milei subrayó en un post en la red social X la decisión del Gobierno, anunciada por el vocero Manuel Adorni, de retirarse de la OMS, siguiendo una línea similar a la adoptada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Refiriéndose a la pandemia de 2020, el mandatario declaró: “hemos optado por alejarnos de un organismo tan nefando que fue el ejecutor del mayor experimento de control social que hemos visto”, y concluyó su comentario con su emblemática exclamación: “¡Viva la libertad carajo!”. “Nunca olvidaremos que fueron los responsables de la cuarentena cavernícola que, según el Estatuto de Roma de 1998 (artículo 7.k), constituyó, en complicidad con todos los Estados que siguieron sus directrices, uno de los delitos de lesa humanidad más absurdos de la historia”, enfatizó el jefe del Estado.
La declaración de Milei se suma al anuncio de Adorni y al comunicado oficial de la Presidencia, donde Argentina afirmó que la OMS “fracasó en su mayor desafío” al promover “cuarentenas interminables sin respaldo científico” durante la pandemia del Covid-19. “Actualmente, la evidencia muestra que las recomendaciones de la OMS son ineficaces porque surgen de la influencia política, no de la ciencia”, indicó el comunicado, además de criticar la existencia de organismos supranacionales “que no cumplen con los objetivos para los que fueron creados, se ocupan de la política internacional y pretenden imponerse sobre los países miembros”.
Nacionales
Denuncia contra Cristina: cobró plus por vivir en el sur mientras estaba en CABA

Luego de anunciar la eliminación de la jubilación de privilegio, el Gobierno presentó este martes una denuncia contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunta “estafa” y defraudación al Estado, al afirmar que recibía una bonificación tras declarar vivir en zona austral mientras realmente residía en la Ciudad de Buenos Aires.
La denuncia fue interpuesta por el Ministerio de Capital Humano, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), y acusa a la líder del Partido Justicialista Nacional de cometer los delitos de “estafa, defraudación a la Administración Pública y falsedad ideológica” por haber cobrado dicho plus que corresponde a ciertas zonas o provincias australes en sus dos beneficios previsionales, siendo “de dominio público su residencia en CABA”.
“Esto habría ocasionado un daño fiscal a ANSES, por lo que, además, el organismo solicita ser parte querellante en la causa”, subraya el documento al que tuvo acceso PERFIL, que recuerda que el derecho a su cobro está fundamentado “exclusivamente en la residencia efectiva o radicación real en las regiones o provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Carmen de Patagones de la Provincia de Buenos Aires”.
Desde el ministerio liderado por la ministra Sandra Pettovello señalaron que la también excompañera de fórmula de Alberto Fernández tenía su domicilio en el distrito de la Capital Federal en el momento de recibir ambas asignaciones, mientras ocupaba, primero, el cargo de senadora por la Provincia de Buenos Aires (10/12/2017 – 10/12/2019) y luego el de Vicepresidenta de la Nación (10/12/2019 – 10/12/2023).
“Todo ello, constituiría una conducta penalmente reprochable, con perjuicio fiscal para ANSES y el erario público, que deberá ser determinado a partir de las tareas investigativas solicitadas”, prosigue la denuncia penal.
En atención a todo ello, el ente que gestiona las prestaciones de seguridad social solicitó “constituirse en parte querellante en virtud de los hechos denunciados, poniéndose a disposición de la Justicia para colaborar en la investigación y aportar todas las pruebas necesarias para esclarecer” lo que definió como un “posible caso de corrupción”.
El escrito se dio a conocer este martes, luego de que el Gobierno rechazara los reclamos iniciados por Cristina Kirchner y Amado Boudou, quien fue vicepresidente durante su segundo mandato, para recuperar las asignaciones mensuales vitalicias de privilegio que les quitaron a ambos a mediados de noviembre pasado.
“La justificación es la existencia de una sentencia definitiva que los condena por delitos contra la administración pública y enriquecimiento ilícito en su favor. No se trata de una jubilación o pensión lo que percibían, sino de una asignación graciable que la ley a los ex presidentes, pero que no tiene carácter contributivo”, había destacado en ese momento el titular de ANSES, Mariano de los Heros, siendo el fallo por la causa Vialidad -confirmado en segunda instancia-, el caso de la expresidenta.
El portavoz del presidente, Manuel Adorni, indicó que esta decisión representa para los argentinos en ese momento “un ahorro aproximado de $21.827.624” y anunció la revocación de la pensión del fallecido expresidente Néstor Kirchner, que también era percibida por Cristina. En cuanto a Boudou, el Gobierno le retiró la jubilación de privilegio pocos días después de la situación de la exJefa de Estado, una medida que fue oficializada en el Boletín Oficial.
La exmandataria tiene la opción de apelar ante la Justicia Federal de la Seguridad Social para solicitar la restitución de este privilegio, que se estima en alrededor de 32 millones de pesos mensuales. Este monto había sido solicitado por su jubilación y fue suspendido tras la confirmación de la condena de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua en su contra por parte de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.
Nacionales
El Gobierno confirmó que irá por la eliminación de la figura de femicidio

A días de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ Antifascista y Antirracista, en Casa Rosada le bajaron el precio a la protesta del colectivo al sostener que convocó a un número menor de personas al que esperaban, y confirmaron que irán por la eliminación de la figura de femicidio del Código Penal.
Pese a la movilización que nucleó a más de 80.000 personas contra los dichos del presidente Javier Milei en el Foro de Davis, fuentes con acceso al despacho presidencial aseguraron que los reclamos no incidirán en los planes del Poder Ejecutivo de avanzar con la agenda “anti feminista”.
“La marcha fue irrelevante. Está bien que movilicen, si así lo consideran, pero la verdad es que fue más chica de lo que se esperaba”, describieron al respecto al tiempo que alertaron a los sectores de la oposición que adhirieron a las premisas del colectivo LGBTIQ+.
Según esbozaron por los pasillos de Balcarce 50, los convocantes malinterpretaron el discurso del mandatario, lo que genera que el libertario continúe aclarando sus palabras.
Por otra parte, apuntaron contra los sectores de la oposición que criticaron al libertario al asegurar que “a todos los aliados, de alguna manera les terminó yendo mal. Todos terminaron escrachados”.
La referencia es en alusión a la figura del expresidente Alberto Fernández, autodenominado feminista, que por estos días es investigado por presunta violencia de género contra su expajera, Fabiola Yáñez.
Los dichos tienen un destinatario concreto: el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien se sumó a cuestionar la comparación del libertario que igualó a los homosexuales con pedófilos.
Se trata de uno de los referentes del PRO -partido aliado- que más diferencias marca con La Libertad Avanza, incluso es el blanco de los embates del espacio libertario que busca arrebatarle la Ciudad de Buenos Aires para desembarcar con nombres propios.
Pasada la movilización, en el Poder Ejecutivo desestimaron su daño y reiteraron que avanzarán con la agenda antifeminista que busca terminar con lo que definen como “discriminación positiva”, y que incluirá la eliminación de la caratula de femicidio contemplada en el Código Penal.
Una alta fuente involucrada en el tema admitió ante la agencia Noticias Argentinas que el equipo del Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, trabaja en las modificaciones a aplicar para que la supresión de la figura no implique la libertad de ningún condenado.
“La idea es solo eliminar la distinción. No somos tontos, estamos trabajando para que ningún preso sea liberado, y poder mantener las penas para los homicidios tanto contra mujeres como contra los hombres, teniendo en cuenta los agravantes”, especificó.
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