El Gobierno Provincial lanzó Construir Inclusión, un plan impulsado por el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV), destinado exclusivamente a personas con discapacidad. En una primera etapa se construirán 100 hogares, con financiamiento netamente provincial.

Esta nueva herramienta se presentó en un acto encabezado en Villa Regina por el Gobernador Alberto Weretilneck y el Intendente Luis Albrieu.

Si bien el IPPV en cada plan de viviendas que lleva adelante contempla un mínimo del 10% de las casas para personas con discapacidad, en esta oportunidad se puso en marcha una línea habitacional específica, pensada para garantizar mayor accesibilidad, autonomía y oportunidades a familias rionegrinas, con fondos provinciales y contratación de empresas y mano de obra local.

La iniciativa es coordinada junto al Ministerio de Desarrollo Humano y organizaciones que trabajan en la temática de discapacidad.

En ese marco, el Gobernador destacó el rol de estas organizaciones y señaló: “Creo que lo más importante para resaltar hoy es el trabajo que han hecho ustedes en las distintas asociaciones a lo largo de toda la historia, en el acompañamiento y la lucha para que las personas con discapacidad tengan lo que merecen y lo que les corresponde tener”.

Además, explicó la decisión de orientar la política habitacional hacia este sector y afirmó: “Como la política de vivienda no puede ser lo tradicional y habitual que era de demanda libre, tenemos que definir y priorizar un sector de la sociedad y aquí es donde tomamos la definición que el eje de la política de construcción de vivienda del IPV va a estar dado en las familias con discapacidad”.

Por su parte, el interventor del IPPV, Mariano Lavin, brindó detalles del nuevo plan, que se ejecutará a través de distintas líneas operatorias y en convenio con municipios, comisiones de fomento y entidades intermedias.

“El plan tendrá tres requisitos clave: que la persona que se inscriba no tenga vivienda; que el titular o un integrante de la familia tenga Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente; y que cumpla con una residencia mínima de 5 años en la localidad rionegrina donde vive”, explicó.

En relación a las características de las viviendas, indicó que “las mismas contemplan criterios de accesibilidad universal, garantizando mayor autonomía para las personas. Por esto incluirán dimensiones adecuadas en puertas, circulaciones y baños, facilitando el desplazamiento de personas con movilidad reducida”.

Proceso de selección

En cuanto al proceso de selección, detalló: “Una vez recibida toda la documentación, IPPV va a corroborar que se cumpla con los requisitos de acceso a la vivienda y armará el expediente correspondiente con el número de legajo”.

“Todos los expedientes se enviarán a la Subsecretaría de Políticas Públicas para Personas con Discapacidad de Río Negro, quien determinará el orden de prelación, priorizando casos de mayor vulnerabilidad social y funcional”, completó.

¿Quiénes pueden acceder al plan?

• Personas mayores de 18 años con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente
• Familias con al menos un integrante con discapacidad y CUD vigente
• Residencia mínima de 5 años en la localidad de Río Negro donde viven
• Ingresos familiares comprobables entre uno y diez Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM)
• No poseer imputación o condena por usurpaciones y/o tomas de tierras públicas
• No poseer vivienda

¿Cómo anotarse?

La inscripción podrá realizarse de dos maneras: online, a través del link https://ippv.rionegro.gov.ar/formulario-de-inscripcion-construir-inclusion o presencial en cualquiera de sus 18 delegaciones en la provincia.

La misma tendrá dos períodos: del 29 de abril al 29 de mayo de 2026 y del 1 de junio al 15 de julio de 2026.

¿Qué documentación se necesita?

• DNI de todo el grupo familiar conviviente
• Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente
• Acta de matrimonio o unión convivencial, en caso de corresponder
• Certificado de antecedentes penales del o los titulares
• Certificado de propiedades de catastro municipal

El Gobernador Alberto Weretilneck y el Intendente Luis Albrieu, encabezaron en Villa Regina el relanzamiento del Régimen de Regularización Dominial Ley Pierri, una política pública que busca avanzar en la escrituración de viviendas y brindar seguridad jurídica a familias que habitan inmuebles desde hace años sin título de propiedad.

La actividad tuvo como objetivo fortalecer la implementación del régimen, ordenar circuitos administrativos y consolidar una red de trabajo articulada para avanzar en la escrituración de viviendas ubicadas en inmuebles privados, cuando las familias acreditan posesión pública, pacífica y continua, con causa lícita desde al menos, el año 2006.

En ese sentido, el Gobernador destacó el enfoque de la política pública y su impacto social: “Estamos empezando esta nueva etapa que es una respuesta no solo a una necesidad, más que nada a un derecho”, y remarcó la decisión de avanzar con una herramienta concreta para garantizar ese acceso: “Había que definir una respuesta, y hoy estamos poniendo en marcha una política pública para dar respuesta a ese derecho”.

En esa línea, subrayó la importancia de fortalecer el trabajo articulado entre Provincia, municipios y organizaciones, con el objetivo de ampliar el alcance del programa y garantizar que más familias puedan acceder a la regularización dominial y a la seguridad jurídica sobre sus viviendas.

Durante el encuentro se presentaron los principales lineamientos de esta nueva etapa, orientada a agilizar expedientes, mejorar la trazabilidad del procedimiento y acompañar a las familias que habitan sus viviendas desde hace años, pero aún no cuentan con título de propiedad.

Desde el IPPV se destacó que la Ley Pierri permite ordenar jurídicamente situaciones habitacionales consolidadas y brindar seguridad jurídica a hogares rionegrinos.

El relanzamiento forma parte de una política pública provincial orientada a fortalecer la presencia territorial del Estado, simplificar trámites y avanzar en procesos de regularización dominial con articulación institucional, mirada social y respaldo técnico-jurídico.

Estuvieron presentes los Intendentes de Viedma, Marcos Castro; de Cipolletti, Rodrigo Buteler; de Gaurdia Mitre, Miguel Evans; de Coronel Belisle, Diego Agüero; los Ministros de Gobierno, Trabajo y Turismo, Agustín Ríos, de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; de Desarrollo Humano, Juan Pablo Muena, y demás autoridades provinciales y locales.

El plenario de comisiones debatió este martes la iniciativa para autorizar a la Policía a utilizar armamento para la prevención de delitos. El texto regula el uso de dispositivos, como las pistolas Taser, además de gases y proyectiles.

Entre las diversas armas que contempla el proyecto, se destacan los dispositivos electrónicos de incapacitación neuromuscular, como las pistolas tipo Taser o Axon. Además, la normativa contempla el uso de dispositivos de aerosol irritante, comúnmente conocidos como gas pimienta, y armas de proyectiles de impacto controlado, incluyendo municiones de goma o polímeros especiales.

La nómina de equipamiento permitido se completa con lanzadores de agentes irritantes para la dispersión en situaciones de violencia y dispositivos de disuasión acústica o luminosa, como las granadas aturdidoras o “flash bang”, con el objetivo central de brindar a los agentes opciones operativas que minimicen el riesgo de lesiones graves o letales durante sus intervenciones en la vía pública.

La impulsora del proyecto, Yolanda Mansilla (Primero Río Negro), expuso los fundamentos a favor de la medida. Indicó que la norma otorga herramientas a los agentes para evitar daños a los rionegrinos.

“Este proyecto en sí es un proyecto que beneficia la vida. Beneficia la vida porque la policía no estaría utilizando un arma de fuego. No tendríamos un resultado irreversible”. La legisladora detalló que el uso quedará restringido a grupos de la fuerza de seguridad.

Otros legisladores manifestaron reparos sobre la redacción. Delgado Sempé (Vamos con Todos) solicitó limitar el uso de los equipos en manifestaciones, argumentando: “el orden público estamos también las marchas de los trabajadores que puede hacer o reclamo de estudiantes que pueden hacer y puede haber algún trasnochado que la use en ese momento”.

La legisladora Ayelén Spósito cuestionó la aplicación de las herramientas en intervenciones con menores de edad, y afirmó: “me parece un exceso hacia las personas o hacia un niño o un adolescente, utilizar cualquier tipo de arma”.

El perito Martín Suárez participó en la reunión. El profesional explicó el funcionamiento de las pistolas e indicó que los procedimientos quedan registrados en audio y video. Sobre el sistema, Suárez señaló: “No es un arma de tortura ni ni está diseñada para producir dolor, sino para reducir momentáneamente”.

El dictamen de la iniciativa resultó aprobado por mayoría. José Luis Berros (Vamos con Todos) y Alejandra Más (PJ-NE) solicitaron 48 horas para emitir las posiciones de sus bloques.