El Presidente Javier Milei anunció este mediodía en Israel que el próximo año la Argentina mudará su embajada a Jerusalén Occidental y la firma del Memorándum de Libertad y Democracia en Combate del Terrorismo y el Antisemitismo, la que se concretará mañana en el marco de su gira oficial a ese país.

“Hermanos de Israel: Argentina está con ustedes en este difícil momento”, acotó en un sentido discurso ante el Parlamento israelí. La inauguración de la sesión estuvo a cargo del titular de la Knéset, Amir Ohana, quien calificó al Presidente Milei como el “mejor amigo que Israel haya tenido en la Casa Rosada”. Posteriormente, también tomó la palabra el Primer Ministro Benjamin Netanyahu, que también destacó su amistad con el mandatario argentino.

Ambos políticos valoraron la actitud solidaria de Milei con las víctimas del 7/10 y su compromiso permanente con la liberación de todos los rehenes que aún permanecen secuestrados por la organización terrorista Hamas.

Además, Ohana resaltó los éxitos internos de la Argentina en el campo de la economía mientras que Netanyahu realizó un repaso histórico de los vínculos bilaterales.

También intervino el jefe de la oposición, Yair Lapid, quien resaltó el apoyo del Presidente Milei al derecho de Israel a defenderse e incluso le dedicó unas sentidas palabras en español y destacó los éxitos del actual gobierno argentino que logró bajar de manera drástica la inflación.

Al exponer ante el plenario, el Presidente Milei fue ovacionado por un auditorio que también integraban Isaac Herzog, presidente de Israel, y contó con la presencia de todas las bancadas políticas. Allí Milei alertó que Occidente hoy se enfrenta a una prueba de fuego.

“Así como está siendo asaltada por despotismos bárbaros de distinto tipo que nada tienen que ver con la libertad y la democracia, de los cuales el terrorismo es su rostro más atroz, también está viéndose envenenado por una barbarie interna y autoinfligida, que es la ideología woke con su relativismo moral, que descalibra la brújula moral y genera, entre otras cosas, que la dirigencia global le dé la espalda a Israel”, fustigó.

Y destacó que en este dilema, “nosotros elegimos la libertad, la democracia y los valores occidentales, las mismas máximas que Israel defiende en una región donde son tan escasos”, al tiempo que reiteró que considera a esa nación, “junto a los Estados Unidos, nuestro socio estratégico más importante”.

El mandatario argentino puntualizó que “cuando las fuerzas en pugna son el bien y el mal no hay equivalencia moral posible. La Argentina no se va a mantener al margen”, señaló y agregó que “levantará la voz y hará fuerza a favor de la defensa de nuestros semejantes”.

Asimismo, convocó a las “naciones que defendemos la cultura occidental, nuestra forma de vida, nuestro entendimiento político y civil basado en la defensa de la libertad, la propiedad y la vida” a conformar “una alianza de naciones libres”.

La exvicepresidenta Cristina Kirchner quiere cumplir su condena a seis años de prisión en el departamento donde vive con su hija Florencia, con su custodia de siempre y sin tobillera electrónica, mientras que la fiscalía insiste en su inmediata detención.

En un escrito de 13 carillas que presentaron poco después de conocerse el fallo de la Corte Suprema los abogados de la actual presidenta del Partido Justicialista, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, pidieron al Tribunal Oral Federal 2 que evite el paso de Cristina por una alcaidía y disponga de manera directa el arresto domiciliario en San José 1111, donde vive ahora, informaron fuentes judiciales

El juez de ese Tribunal, Jorge Gorini, dio cinco días hábiles de plazo a todos los condenados para ir en persona a Comodoro Py y entregarse para quedar detenidos mientras que requirió al Ministerio de Seguridad de la Nación que busque lugares adecuados para el alojamiento hasta que se decidan los planteos de las partes.

Por su lado, los fiscales ante el Tribunal Diego Luciani y Sergio Mola firmaron un pedido de “inmediata detención” de la ex vicepresidenta porque consideran excesivo el plazo que se le dio para presentarse, teniendo en cuenta que hay un fin de semana y un feriado nacional en el medio.

Poco después ingresó el pedido de prisión domiciliaria de la defensa donde se alude a la edad de Cristina Kirchner, quien tiene 72 años, además de riesgos para su seguridad en base al atentado que sufrió en septiembre de 2022 y su condición de ex presidenta.

“En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria”, sostuvieron sus abogados.

Dejarla presa en una cárcel común ” de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, agregaron los letrados.

El eventual traslado a una cárcel de una ex vicepresidenta derivaría por necesidad de seguridad en un “régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal”.

Por ello se pidió el arresto domiciliario sin tobillera electrónica, considerando que tiene custodia las 24 horas y es “completamente innecesario”, aunque el uso de este dispositivo electrónico está previsto en la Ley de Ejecución Penal.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó este martes la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Kirchner por la denominada Causa Vialidad, relacionada con la obra pública santacruceña.

A partir de esta resolución, el expediente deberá regresar al Tribunal Oral Federal 2, el de origen, que deberá citar a la expresidente a Comodoro Py para notificarla, tras lo cual quedará detenida, aunque, en virtud de su edad (72 años), podrá solicitar prisión domiciliaria. La decisión, asimismo, deja fuera de la carrera electoral a la actual titular del Partido Justicialista (PJ), quien la semana pasada había anunciado su candidatura a la Legislatura bonaerense.

El fallo del Máximo Tribunal, fundamentado en 85 fojas, fue dictado por unanimidad y lleva las firmas de sus tres integrantes, Horacio Rosatti, Carlos Ronsekrantz y Ricardo Lorenzetti. La sentencia incluye el decomiso de unos $84.000 millones.

En ese sentido, los jueces rechazaron las apelaciones de la defensa de la expresidente, de los otros ocho condenados en la causa y del fiscal Mario Villar -quien había pedido sumarle el delito de asociación ilícita-, utilizando la fórmula del artículo 280 de Código Procesal Civil y Comercial, en este caso acompañado de los fundamentos de la decisión dada su trascendencia institucional.

“Las sentencias dictadas por los tribunales anteriores se asentaron en la profusa prueba producida -valorada de conformidad con las reglas de la sana crítica (art. 398 del Código Procesal Penal de la Nación)- y en el Código Penal sancionado por el Congreso, sin que se haya demostrado en modo alguno que la decisión apelada no constituya una derivación razonada del derecho vigente de conformidad con las circunstancias particulares comprobadas en la causa, ni que durante el proceso se haya vulnerado alguna garantía constitucional. El debido proceso ha sido salvaguardado y la recurrente ha obtenido una sentencia fundada en ley”, consideraron los jueces en sus fundamentos.

“Las sanciones aplicadas son las que determina el ordenamiento jurídico vigente. La imposición de las penas de prisión e inhabilitación no hace otra cosa que tutelar nuestro sistema republicano y democrático, según las leyes penales dictadas por los representantes del pueblo en el Congreso de la Nación (art. 174, último párrafo, del Código Penal, texto según ley 25.602)”, advirtieron.

En diciembre de 2022, la exmandataria fue sentenciada por fraude contra el Estado por favorecer a Lázaro Báez con las licitaciones de la obra pública en la provincia de Santa Cruz. Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, del Tribunal Oral Federal 2, la condenaron a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Dos años después, la Cámara de Casación Penal, con la firma de los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, ratificó esa pena.

En aquella misma decisión, el principal tribunal penal del país también había confirmado las condenas a seis años de cárcel para Lázaro Báez, José López (6 ), Nelson Periotti (6), Juan Carlos Villafañe (5), Raúl Pavesi (4 años y 6 meses de prisión), José Santibáñez (4), Mauricio Collareda (4) Raúl Daruich (3 años y seis meses). Todas estas sentencias fueron ratificadas este martes por la Corte.