En la sesión de este jueves la Legislatura prestó acuerdo para designar a Néstor Pérez como Superintendente General del Departamento Provincial de Aguas, en reemplazo de Gastón Renda, quien pasaría a desempeñarse en la presidencia de la empresa estatal Generación y Riego SAU.

Además, aprobó la designación de dos representantes legislativos que integrarán la mesa directiva del Instituto Autárquico de Planificación para la Integración y el Desarrollo (IAPID), uno por la mayoría y otro por la minoría.

Las designaciones fueron aprobadas por unanimidad. La Cámara propuso al legislador Lucas Pica por la mayoría y a Leandro García por la minoría.

El legislador José Luis Berros (Vamos con Todos) objetó el mecanismo de designación luego de que el titular de la bancada oficialista Facundo López proponga a Pica y García, quienes finalmente fueron los nombres designados por la Cámara. Reclamó que los opositores deben elegir a los representantes de la minoría y afirmó: “No puede el oficialismo en un estado de derecho designar miembros de la mayoría y de la minoría”.

Leandro García (PJ-NE) aceptó el puesto en la entidad. Afirmó que el instituto aporta herramientas para el desarrollo de los rionegrinos. Recordó las diferencias sobre el gas y los hidrocarburos.

El legislador Luciano Delgado Sempé (VcT) reclamó modificaciones de forma. Pidió respeto por los sufragios de los ciudadanos y exigió que los opositores elijan a los representantes sin intervención de la mayoría.

Juan Martín (PRO), presidente de bloque, respaldó la propuesta de integración. Explicó que la participación de la oposición favorece la planificación de la provincia y de los rionegrinos. Afirmó: “Hablar con el distinto es justamente lo que enriquece el debate”.

La creación del IAPID fue promovida en 2015 por el vicegobernador Pedro Pesatti. El ente fue concebido como el cerebro estratégico del Estado, encargado de transformar el crecimiento en desarrollo y en un beneficio compartido por toda la comunidad.

Durante 2025, los 49 Juzgados de Paz de Río Negro realizaron 69.077 gestiones en todo el territorio provincial. La cifra reúne expedientes jurisdiccionales, trámites administrativos, actuaciones electorales y tareas de extensión, y refleja el rol de estos organismos como puerta de acceso a justicia en ciudades, pueblos y parajes alejados de los principales centros urbanos.

Del total, 14.297 correspondieron a expedientes jurisdiccionales. En ese grupo, los procesos sobre violencia y los exhortos concentraron la mayor parte de la actividad. Los procesos sobre violencia representaron el 41,6 por ciento y los exhortos el 36,7 por ciento. También se tramitaron contravenciones y beneficios de litigar sin gastos.

La mayor parte del trabajo se concentró en la actividad no jurisdiccional, que reunió 54.780 gestiones. Dentro de ese universo, los trámites administrativos sumaron 51.462 intervenciones. El principal motivo fueron las consultas ciudadanas, con 27.186 actuaciones, seguidas por las certificaciones de firmas, con 12.802, y las certificaciones de copias, con 5.631.

Como agentes auxiliares de la Justicia Electoral, los Juzgados de Paz tramitaron además 1.950 actuaciones electorales, vinculadas en su mayoría con certificaciones de firmas de avales y designaciones de autoridades de mesa. A eso se sumaron 1.368 tareas de extensión, entre las que se destacaron la atención a vecinos fuera de la sede judicial, reuniones interinstitucionales y actividades de capacitación y prevención.

En la faz jurisdiccional, los Juzgados de Paz intervienen en conflictos legales directos, tramitan exhortos, contravenciones y beneficios de litigar sin gastos, dictan medidas cautelares en casos vecinales o contravencionales y llevan adelante juicios de menor cuantía. También pueden emitir sentencias en procesos ejecutivos, contravencionales y de violencia.

En la labor administrativa, estos organismos cumplen una función de cercanía con la comunidad. Certifican firmas y copias, confeccionan actas, acuerdos y declaraciones juradas, procesan informaciones sumarias y canalizan miles de consultas vinculadas con orientación e información judicial.

La distribución territorial también mostró diferencias. La Cuarta Circunscripción concentró el 45,29 por ciento de los expedientes jurisdiccionales, mientras que la Segunda Circunscripción registró el mayor volumen de trámites administrativos, con 23.284 gestiones.

La información surge del informe elaborado por el Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia.

El Gobierno de Río Negro firmó una carta de intención con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) para avanzar en financiamiento internacional que permitirá mejorar la gestión de residuos con una mirada regional, generando empleo y fortaleciendo el cuidado del ambiente en todo el territorio. El acuerdo fue encabezado por el Gobernador Alberto Weretilneck, junto al embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal.

El proyecto se enmarca en el rumbo de desarrollo que impulsa la Provincia y propone un cambio estructural en la forma de abordar los residuos: dejar atrás el esquema fragmentado por localidad para avanzar hacia un sistema regional, más eficiente y sustentable. En una primera etapa, se trabajará en seis municipios del Alto Valle, siempre respetando la mirada integrada que permitirá optimizar recursos y mejorar resultados.

Weretilneck concretó la firma -acompañado por la secretaria de Estado de Energía y Ambiente, Andrea Confini- y dio un paso fundamental hacia la instancia final del crédito, en el marco del proceso de aprobación del financiamiento.

A partir de este financiamiento, se prevé la construcción y mejora de centros ambientales, la optimización de la recolección y transferencia, la incorporación de nuevas tecnologías para el tratamiento y la disposición final, y el cierre progresivo de basurales a cielo abierto.

Este avance es resultado directo de la misión de trabajo realizada días atrás, donde equipos técnicos de la Provincia consolidaron acuerdos vinculados a las condiciones del contrato. “Es la confirmación de una gestión concreta que permite a Río Negro avanzar hacia una inversión estratégica para transformar el sistema de residuos en todo el territorio”, explicó Weretilneck.

El impacto es directo para las y los rionegrinos: mejores condiciones sanitarias, más eficiencia en los servicios urbanos, generación de empleo local y un ambiente más cuidado. Se trata de una política pública que ordena un problema histórico con soluciones de escala y mirada de futuro.

Además, esta iniciativa reafirma la capacidad de la Provincia para gestionar recursos y generar oportunidades, incluso en un contexto nacional complejo, priorizando respuestas propias y sostenibles en el tiempo. De esta manera, Río Negro consolida una política ambiental de largo plazo, con financiamiento internacional y decisión política, que pone en el centro los resultados y el bienestar de cada rionegrino y rionegrina.

“Esta iniciativa reafirma la capacidad de la Provincia para gestionar financiamiento internacional y transformarlo en obras, mejores servicios y nuevos puestos laborales, incluso en un contexto nacional complejo”, destacó el Gobernador.