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ART: El Gobierno decretó reforma con la que prevé un ahorro de $ 19.000 millones
En la apuesta de “corregir situaciones inequitativas” y frenar la creciente litigiosidad que derivó en el inicio de más de 127.000 juicios en 2016, el Gobierno modificó ayer mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU) el régimen de Riesgos del Trabajo, una medida con la que confía reducir en $ 19.000 millones los costos anuales del sistema. Pese a la polémica que causó la decisión de recurrir a un DNU para poner en marcha la reforma, al punto que sectores de la oposición anunciaron su rechazo y que reclamarán su inconstitucionalidad en la Justicia (ver aparte), desde el Ejecutivo defendieron el decreto con el argumento de la necesidad de generar condiciones para la creación de empleo y frenar la creciente litigiosidad del sistema que deriva en un aumento de los costos laborales de las empresas.
Según las estimaciones gubernamentales, actualmente el costo anual del funcionamiento del sistema de riesgos del trabajo alcanza los $ 50.000 millones y la expectativa oficial es que se reduzcan en el mediano plazo a $ 31.000. Es decir, un ahorro anual de $ 19.000 millones producto de una reducción en los montos de las alícuotas, las prestaciones que brindan las obras sociales y los trámites del sistema que financia el Estado. Y advierten que la mitad de las alícuotas actuales se explica por los efectos de la litigiosidad.
En esa línea, además, en el Gobierno señalan que si bien la reforma incrementa las prestaciones dinerarias del régimen (una suba promedio del 50%), confían que a medida que se consoliden los cambios establecidos por la reforma ese aumento se compensará con la disminución de los nuevos juicios. “Creemos que en el mediano plazo habrá una baja sustancial de juicios que redundará en un ahorro muy significativo para el sistema”, afirmaron las fuentes.
“Se busca dar certeza de cobertura de seguro a los empresarios, lo que también era parte del problema, porque había aumentado el promedio de la alícuota que se estaba pagando y eso iba en detrimento de la posibilidad de generar empleo”, señaló el funcionario. Y añadió que en los últimos años hubo “un crecimiento casi exponencial en la cantidad de litigios a partir de accidentes de trabajo, pero no había crecido la cantidad de accidentes, sino que había bajado. Eso generó la famosa industria del juicio, que no beneficia a los trabajadores”.
En sintonía, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, afirmó que la reforma apunta a que “no se sigan acumulando juicios” y a generar condiciones para “subir la cantidad de empleo formal en el sector privado”.
El DNU 54/2017, publicado ayer en el Boletín Oficial, incorpora como elemento central que las comisiones médicas jurisdiccionales, encargadas de determinar grados de incapacidad, prestaciones e indemnizaciones por accidentes o enfermedades vinculadas al trabajo, constituirán una instancia única y obligatoria previa al inicio de cualquier acción judicial. Sus resoluciones tendrán carácter de “cosa juzgada” en forma similar a lo que ocurre con los acuerdos homologados por el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (Seclo) del Ministerio de Trabajo. Los procedimientos y el funcionamiento de las comisiones será reglamentado por una resolución adicional que el Gobierno emitirá antes del 28 de febrero próximo.
En el caso de la ciudad de Buenos Aires la reforma entrará en vigencia en forma inmediata, en tanto que en las provincias dependerá de la adhesión por parte de las respectivas legislaturas.
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Facundo López afirmó que “la educación es un derecho esencial”
“Para nosotros, la educación es un servicio esencial. Pero para garantizarlo se necesita financiamiento. Acá no hay fórmulas mágicas”, sostuvo el presidente del bloque de legisladores de JSRN, Facundo López.
“La universidad pública es parte de la historia de esta región y de todos los argentinos y argentinas. Su funcionamiento depende de contar con un financiamiento acorde a las necesidades y a la actualidad, que esté por encima de la inflación”, señaló López.
Asimismo, el jefe de la bancada oficialista remarcó la importancia de las Universidades de Río Negro y del Comahue en la provincia, instituciones “que son parte esencial en el desarrollo y el crecimiento social, económico y cultural”.
“No podemos permitir que una decisión del Gobierno Nacional atente contra el normal funcionamiento de nuestro sistema universitario público y gratuito. Se necesita más diálogo y un presupuesto que cumpla con las necesidades del sistema, que pueda ser debatido en el Congreso”, agregó.
Por otro lado, López recordó que “a principio de año ya manifestamos que no estamos en contra del control de la administración de las universidades, pero creemos que el ajuste no es la opción. Acá ni siquiera hablamos de un aumento del presupuesto, sino de una protección contra la inflación”.
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Gatti, sobre licencias: “Este mes el Estado ahorró más de $1.700 millones”
En el marco de la implementación del nuevo sistema de auditorías para la gestión de licencias, destinada a garantizar la eficiencia del servicio público, el Gobierno de Río Negro anunció una baja significativa en el número de pedidos en el mes de septiembre, generando un importante ahorro en la economía provincial.
Al respecto, el ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo, Fabián Gatti, manifestó que “esta es una decisión del Gobernador que generó rispideces, pero lo cierto es que el control del ausentismo se hace en todo el mundo, en los sectores público y privado. En septiembre el personal de la administración pública solicitó más de 48.000 días de licencia y más del 53% de las mismas no pudieron ser debidamente justificadas, lo que quiere decir que existía una costumbre negativa para el servicio público y las arcas del estado”.
Por otra parte, el funcionario provincial destacó que “a través del control pertinente, este mes tuvimos un ahorro de más de 1.700 millones de pesos, lo que nos invita a seguir profundizando en este tipo de medidas como las que estamos llevando adelante y que ahora se focalizan en las licencias de algunos gremios como UNTER, por lo que he planteado la necesidad de discutir sobre este tema porque estamos hablando de plata que sale del contribuyente y no del gremio respectivo”.
Asimismo, Gatti agregó: “Este gremio tiene licencias que conforme a las legislaciones vigentes están siendo sostenidas por todos los rionegrinos, que a su vez tienen que tolerar paros en los que no se tiene en cuenta la Convención de los Derechos del Niño, partiendo de la base de que la educación es un derecho esencial no sólo para los niños y niñas sino también de toda la sociedad en general. Las medidas de fuerza deberían realizarse de otra manera”.
Cabe destacar que este control del ausentismo, además de garantizar la eficiencia y continuidad del servicio público, también promueve la transparencia de la gestión, permitiendo la auditoría interna y externa de las jornadas laborales de las y los empleados a la vez que deja a un lado los abusos al sistema que eran moneda corriente hasta antes de la implementación de las nuevas medidas.
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La Provincia licitó la repavimentación de la Ruta Provincial N° 51
El Gobierno de Río Negro, a través de Vialidad Rionegrina, realizó la apertura de ofertas de la Licitación Pública N° 05/2024 para la ejecución de la obra que consiste en la restitución de gálibo y repavimentación de la Ruta Provincial N° 51.
Esta obra “forma parte de un plan integral de desarrollo de la ciudad de Viedma que arranca en la Universidad de Río Negro, en la intersección de la Ruta Provincial N° 1 con la Ruta Provincial N° 51, acompañando el crecimiento de la capital rionegrina hacia ese sector. El objetivo es finalizar la obra antes de fin de año para iniciar el año próximo dando continuidad a esta obra integral que significa un gran beneficio para los viedmenses”, afirmó el presidente de Vialidad, Raúl Grün.
La apertura contó con la presentación de la oferta de la empresa Ingeniería y Arquitectura con una propuesta de $199.487.527,16.
La obra se realizará en la Ruta Provincial N° 51 en el tramo comprendido entre las Progresivas 0+700 km y Prog. 1+450 km. de la ciudad de Viedma.
Esta obra tiene como fin mejorar las condiciones actuales del sector en cuestión, restituyendo el gálibo de la traza para un mejor escurrimiento del agua producto de las precipitaciones, mejorar la macro y micro textura de la capa superficial y de esta manera poder prolongar la vida útil de la misma. La aplicación de este tipo de trabajo permite mejorar sustancialmente la transitabilidad de la calzada en lo que hace al confort y seguridad del usuario.
Junto al presidente de Vialidad Rionegrina, Raúl Grün, estuvieron presentes el vicegobernador Pedro Pesatti; el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; el intendente de Viedma, Marcos Castro; los legisladores Facundo López, Maricel Cevoli y Marcelo Szczygol, entre otros funcionarios provinciales.
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