La Confederación General del Trabajo (CGT) definió este lunes la realización de una huelga general de 24 horas sin movilización para el día en que se trate en la Cámara de Diputados el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno del presidente Javier Milei. La medida se produciría cuando el debate legislativo tenga lugar, con fechas posibles como este jueves o el miércoles 25 de febrero.

La decisión fue tomada tras una reunión de urgencia de la cúpula cegetista, que busca expresar el rechazo sindical al contenido del proyecto que ya obtuvo media sanción en el Senado. La reforma laboral, objeto de fuertes controversias, propone cambios amplios en la legislación vigente, lo que ha generado tensiones dentro del movimiento obrero y en amplios sectores sindicales.

Uno de los puntos centrales de la medida es la adhesión de los gremios del transporte, considerados clave para garantizar el impacto de la huelga. Desde la CGT aseguraron que, si se decreta la huelga, la Unión Tranviaria Automotor (UTA) —que agrupa a los trabajadores del transporte— podría adherir, lo que daría mayor contundencia al paro de actividades.

La decisión se enmarca en un contexto de presión interna dentro de la central sindical, luego de que sectores más combativos y otros espacios gremiales anunciaron acciones con movilización frente al Congreso. El denominado Frente de Sindicatos Unidos, integrado por gremios como metalúrgicos, estatales y aeronáuticos, ya había planteado una protesta con movilización el día del tratamiento legislativo, en paralelo a las decisiones de la CGT.

El anuncio llega en un momento de fuerte confrontación entre el Gobierno y los sindicatos, que consideran que la reforma laboral amenaza derechos conquistados históricamente y debilita la representación de los trabajadores en las relaciones laborales. Voceros sindicales denunciaron que el proyecto busca favorecer intereses empresariales y reducir las protecciones laborales sin consensos amplios.

Esta sería la cuarta huelga general de la CGT contra la administración de Milei desde su asunción, y la primera bajo la conducción del actual triunvirato sindical. Las medidas anteriores reflejaron la creciente tensión entre el oficialismo y el movimiento obrero por cambios legislativos de gran impacto en la economía y el mercado de trabajo.

Uno de los titulares de la CGT, Cristian Jerónimo, afirmó que “están dadas las condiciones” para una huelga nacional. Los dirigentes están en desacuerdo con la reforma laboral propuesta, conocida como “Modernización”, y buscan expresar su resistencia de manera contundente. Este posible paro general podría ser convocado para el jueves, coincidiendo con el debate en la Cámara baja.

El frigorífico General Pico, propiedad de Ernesto “Tito” Lowenstein, conocido por su marca de carnes Paty, ha tomado la drástica decisión de despedir a 194 empleados, paralizando así sus tres plantas ubicadas en Trenel, General Pico y Arata, en la provincia de La Pampa. Esta medida llega en un contexto de crisis severa que afecta al sector cárnico en Argentina.

La situación financiera de la empresa es alarmante, con deudas acumuladas que ascienden a $34.000 millones. De este total, se destacan $22.000 millones adeudados a bancos públicos. En los últimos meses, el frigorífico ha visto una caída abrupta en su producción, pasando de faenar hasta 600 cabezas de ganado diarias a menos de 50, lo que ha exacerbado su situación crítica.

Además, la empresa enfrenta un problema de liquidez significativo, representado por más de 1.000 cheques rechazados que superan los $12.000 millones. Estos cheques estaban destinados a cubrir pagos a proveedores de animales y servicios. La situación se ha complicado aún más, ya que la cooperativa eléctrica ha suspendido el suministro por falta de pago, impactando aún más la operativa del frigorífico.

Menos de un mes atrás, la empresa había procedido a la suspensión total del personal y había solicitado un procedimiento preventivo de crisis, el cual no fue homologado y expiró a fines de enero. En esa ocasión, la empresa argumentó no contar con los recursos necesarios para pagar salarios, proponiendo una indemnización de $500.000 por empleado.

A raíz de estos despidos, un grupo de trabajadores llevó a cabo una asamblea frente a la planta de Trenel para discutir posibles acciones de reclamo. Los empleados, que representan a 79 familias en una localidad de solo 7.000 habitantes, exigen el pago de sus indemnizaciones, las cuales se suponía debían ser abonadas el miércoles anterior.

Los ex empleados han expresado su frustración ante la falta de información oficial, tanto de la empresa como del sindicato correspondiente. They accuse the union of not supporting them during this conflict, highlighting the impact on the local economy and the plight of nearly 200 families now without income as a result of the firm’s dire situation.

La Cámara de Diputados de Argentina ratificó el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, obteniendo 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. A pesar de las divisiones dentro del bloque oficialista Unión por la Patria, el acuerdo fue respaldado por varias fuerzas políticas, incluyendo La Libertad Avanza, el PRO, y la UCR. Ahora, el tratado deberá pasar al Senado para su aprobación final.

El apoyo del peronismo fue clave, aunque no todos sus miembros estuvieron de acuerdo. De los 47 representantes de la Unión por la Patria, muchos se manifestaron a favor del acuerdo, considerando que puede ofrecer mayores beneficios al país. La iniciativa busca que Argentina se posicione como el primer país de la región en ratificar el tratado, lo que podría resultar en ventajas competitivas frente a sus socios regionales.

El acuerdo abarcará la eliminación de más del 90% de los aranceles bilaterales y la reducción de barreras no arancelarias, facilitando la competencia en un mercado europeo de elevado poder adquisitivo. Sin embargo, también genera críticas por las asimetrías que plantea entre las productividades de ambos bloques. Algunos opositores advierten que puede resultar en mayores dificultades para las manufacturas argentinas frente a la competencia europea, principalmente en sectores como el textil y metalmecánico.

Con 203 votos afirmativos, 42 negativos y 0 abstenciones, quedó ratificado el Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. pic.twitter.com/laXsE6Niud— Diputados Argentina (@DiputadosAR) February 13, 2026

Durante la discusión, el diputado Damián Arabia destacó que el acuerdo representa un paso hacia la integración de Argentina en la economía global, afirmando que “el desarrollo no es compatible con el aislamiento”. Por otro lado, voces críticas dentro del peronismo, como el ex canciller Santiago Cafiero, argumentaron que la negociación fue desfavorable para la industria local y cuestionaron la falta de protecciones para sectores vulnerables.

A pesar de las objeciones, el sector que apoyó el acuerdo sostiene que acceder a un mercado de 27 países puede diversificar y aumentar las exportaciones argentinas, especialmente en el ámbito agroindustrial y minero. Un grupo de diputados planteó que es fundamental implementar políticas complementarias que ayuden a maximizar los beneficios del tratado y mitigar sus impactos adversos.

El acuerdo, que se trabajó durante más de 25 años, es considerado una oportunidad significativa para el Mercosur, permitiendo fortalecer su posición en el comercio global. La firma del tratado se gestó en un contexto de tensión política, pero los legisladores buscarán ahora garantizar que Argentina saque el máximo partido a su ratificación, esperando que los beneficios se reflejen en la economía nacional en los próximos años.