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Nacionales

Hay 560.000 personas sin acceso al gas por obras que demoró el kirchnerismo

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El funcionario llegó hasta el lugar, anunció la obra, habló de inversiones del Estado por miles de millones de pesos y tiempo más tarde volvió a anunciar el proyecto, que nunca se completó.
La fórmula anterior sirve para describir una de las prácticas habituales del kirchnerismo, acostumbrado a difundir varias veces sus iniciativas antes de completarlas. En el caso del gas, esa práctica se manifestó de una manera preocupante: miles de personas que viven en las cercanías de la red de distribución no tienen acceso al servicio debido a que el gobierno anterior no completó las obras que había anunciado y las empresas, con atrasos en las tarifas, no contaron con fondos para afrontarlas.
En otros términos, a los habitantes de Mar del Plata, zonas aledañas a la cordillera de los Andes, un cordobés o un empresario santafecino que construya un edificio, un local comercial o incluso en algunos casos una casa de familia difícilmente se les conceda el servicio de gas por falta de infraestructura.
Según los números oficiales, en total hay 140.500 potenciales clientes de gas que hoy no cuentan con el servicio por obras que se prometieron. Son unas 562.000 personas.

Uno de los casos más emblemáticos está en el Sur. En 2013, el gobierno de Cristina Kirchner anunció la ampliación de la capacidad de transporte de gas del sistema Cordillerano-Patagónico, que iba a permitir conectar a la red a 3000 nuevos clientes (unas 12.000 personas) y debía estar finalizada antes del invierno de 2014. Aún no fue terminada.

Según información oficial, dos de las cuatro etapas en que se hizo la licitación están inconclusas y paralizadas. En ambos casos, la contratista es Vertúa, la empresa que cobró sumas millonarias por el Gasoducto del Nordeste para hacer obras inconclusas. Fuentes del mercado sostienen que, a diferencia de esa iniciativa, en el caso patagónico el Gobierno no quiso readecuar el precio del proyecto tras la devaluación de 2014.
La situación actual es compleja. La distribuidora Camuzzi garantiza el suministro para los usuarios que hoy cuentan con el servicio, pero es casi imposible acceder a él para un cliente nuevo. En términos formales, la empresa requiere a los interesados en conectarse a la red la realización de las obras complementarias sobre el sistema. El pedido es casi una quimera que puede implicar desde la obligación de hacer 50 metros de gasoducto hasta hacer una obra en otra provincia.
En agosto de 2015, el Gobierno amplió la obra para que abasteciera a 10.000 nuevos usuarios, con una inversión de $ 1000 millones, pero nunca se licitó. La administración de Mauricio Macri decidió terminarla. Abastecería a 22.000 clientes y costará $ 1700 millones.
El denominado gasoducto lechero, en la cuenca tambera de Santa Fe, es otra de las grandes obras paralizadas en el sector gasífero. Formaba parte del Plan Más Cerca, Mejor País, Más Patria, que manejaba el entonces ministro de Planificación, Julio De Vido, pero nunca se formalizó el convenio para avanzar con el proyecto.
El nuevo gobierno decidió empezar de cero. Según la información que presentó ante el Congreso el jefe de Gabinete, Marcos Peña, la gestión macrista actualizará el proyecto y definirá un nuevo esquema de licitación, ejecución y supervisión del proyecto.
También trasladará las obras al ámbito de la distribuidora privada “en el marco del proceso de renegociación tarifaria”, según sostuvo el funcionario en el informe que remitió la semana pasada.
El Gobierno también tiene decidido avanzar en la obra, que costará $ 1300 millones y llegará a 34.000 usuarios.
También tiene previsto hacer los gasoductos de la Costa y Tandil-Mar del Plata, un trazado de 51 kilómetros que llevaría el gas a 84.500 nuevos usuarios.
Una historia similar se repitió en Córdoba, donde el Ministerio de Planificación se resistía a encarar una obra para la provincia que manejaba el peronista opositor Juan Manuel de la Sota, que logró un crédito internacional, pero no consiguió el visto bueno del Banco Central.
En el marco de la revisión tarifaria integral (RTI) que realizará este año el Gobierno para comenzar a definir los ingresos de las empresas, las distribuidoras le enviaron al Enargas, el ente que regula al sector, sus necesidades de expansión del sistema.
En la zona norte del país, Gasnor considera prioritario expandir los sistemas en Salta, Santiago del Estero, Jujuy y Tucumán.
Las empresas Gasnea y Litoral Gas consideraron que la realización del Gasoducto del Nordeste Argentino (GNEA) mejorará el servicio en varias provincias del norte y el centro del país. En la zona de Ecogas (centro), el sistema está saturado y con restricciones en el sur de Mendoza (San Rafael, General Alvear y Malargüe), el Este (Junín, Maipú, Fray Luis Beltrán) y San Luis capital, mientras que en Córdoba, tanto la capital como Río Cuarto, sólo pueden conectarse viviendas particulares. El resto de las factibilidades está condicionado a obras.

En el sector gasífero sostienen que, más allá de los casos emblemáticos, hay más de 200 convenios con Planificación que registran demoras y están bajo la revisión del nuevo gobierno por sospechas de irregularidades.

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Olmos, Tolosa Paz y Michel lanzaron un nuevo espacio peronista

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En un concurrido acto realizado este viernes en Parque Norte, se presentó en sociedad un nuevo espacio interno del Partido Justicialista que reúne a dirigentes de 19 provincias y se propone como alternativa de centro y federal dentro del peronismo. El lanzamiento, que se llevó a cabo en el Día del Trabajador, tuvo como rostros principales al titular de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos, y a los diputados nacionales Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel, quienes se perfilan como referentes del flamante agrupamiento.

El espacio se define como un proyecto de “centro moderado y federal”, orientado a construir una matriz de ideas y programas que permita enfrentar el modelo económico impulsado por el presidente Javier Milei. En el encuentro participaron alrededor de mil dirigentes, entre los que se contaron más de 60 intendentes, 120 concejales y 25 representantes legislativos, lo que fue leído como un intento de consolidar bases territoriales lejos del núcleo tradicional del PJ.

Uno de los ejes centrales del nuevo armado es la reivindicación de las PASO como mecanismo para dirimir liderazgos internos, pese a que el Gobierno y sectores del oficialismo intentan derogarlas. Olmos, Tolosa Paz y Michel sostienen que, antes de definir candidatos, es necesario acordar un programa común y consensuar un orden macroeconómico que permita recuperar la confianza de la sociedad y del mercado financiero.

El acto en Parque Norte se realizó sin la presencia de los principales referentes de las corrientes hegemónicas del peronismo, como el Movimiento de Renovación y Cambio (MDF), La Cámpora y el Frente Renovador, algo que se interpretó como un gesto de distanciamiento táctico. No obstante, los organizadores aseguraron que los dirigentes más visibles fueron notificados con antelación y que la propuesta no busca ser una “tercera fuerza” enfrentada al resto del justicialismo, sino un aporte para articular mayorías en el futuro.

En la misma línea, tampoco estuvo presente Miguel Pichetto, pese a que mantiene una estrecha relación parlamentaria con Michel y Tolosa Paz. Desde el nuevo espacio remarcaron la idea de construir un peronismo más abierto, con funcionamiento horizontal y con énfasis en la discusión de políticas públicas, priorizando el debate “de abajo hacia arriba y de la periferia al centro” antes que la competencia por lugares personales.

El lanzamiento del nuevo espacio marca, además, una nueva etapa en la reconfiguración interna del PJ, en un contexto de fragmentación y de fuerte disputa por el liderazgo en vistas a las elecciones de 2027. Con un enfoque explícito en el diálogo con el sector empresarial y en la estabilidad macroeconómica, el proyecto de Olmos, Tolosa Paz y Michel se presenta como un intento de rearmar un bloque de centro que busque recuperar el poder político y renovar el contrato social del peronismo con la clase media y las economías regionales.

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El Gobierno oficializó a Crexell como embajadora en Canadá

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El Gobierno nacional oficializó el nombramiento de Carmen Lucila Crexell como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Argentina en Canadá, tras la aprobación del plácet de estilo por parte de las autoridades de Ottawa. La designación fue publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 304/2026, firmado por el canciller Pablo Quirno, y ubica a la exsenadora neuquina en la Categoría “A” del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Crexell, exlegisladora nacional por el Movimiento Popular Neuquino y luego cabeza de un monobloque propio en el Senado, accede a la representación diplomática en Ottawa luego de un prolongado debate político ligado a su voto en la Ley Bases de 2024. El kirchnerismo había denunciado públicamente que el puesto sería un “canje” por su apoyo a la reforma económica, algo que el oficialismo desmintió y que terminó de concretarse con el tratamiento de su pliego en el Senado, donde obtuvo 45 votos a favor y 26 en contra.

La embajada de Argentina en Canadá, con sede en Ottawa, estuvo hasta ahora encabezada por Josefina Martínez Gramuglia, designada en 2021, por lo que la llegada de Crexell implica un cambio de mando diplomático en una relación estratégica para el comercio y la cooperación internacional. El Ejecutivo avala en el decreto la trayectoria legislativa y la experiencia internacional de la nueva embajadora, aunque reconoce que su figura es conflictiva para sectores de la oposición, que cuestionan el vínculo entre su voto en la Ley Bases y el nombramiento.

En el Senado, antes de la aprobación del pliegue, la oposición insistió en que el nombramiento respondía a un “pago” político por su giro de opinión en la votación de la Ley Bases, mientras que representantes de La Libertad Avanza y aliados defendieron su perfil técnico y su compromiso con la agenda de reformas impulsada por Javier Milei. El kirchnerismo llegó a hablar de “un escándalo” y de “coima” por el cambio de voto y la posterior candidatura a embajadora, mientras Crexell respondió que “he actuado conforme a mis principios” y negó cualquier canje.

El nombramiento de Crexell como embajadora en Canadá se enmarca además en una reestructuración más amplia de la cancillería, que este mismo día oficializó también la designación de un nuevo representante argentino ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). Con esto, el Gobierno busca reforzar su presencia en instancias multilaterales y en países considerados claves para el acceso a mercados y la negociación de acuerdos comerciales, sumando una figura con marcada impronta política dentro del arco de la gobernabilidad nacional.

Hasta ahora, Crexell no había ocupado cargos diplomáticos internacionales de alto nivel, por lo que su llegada a Ottawa será seguida de cerca tanto por el oficialismo como por la oposición, que la utilizará como símbolo de la relación entre voto clave y recompensa institucional. En ese contexto, el decreto 304/2026 no solo consolida su figura en el exterior, sino que reabre el debate sobre las prácticas de nominación y las acusaciones de “canje” que han marcado la etapa final de su mandato como senadora.

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Pichetto: “Milei convirtió a la Cámara de Diputados en un espacio de barrabravas”

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El presidente del bloque Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, realizó fuertes críticas hacia el Gobierno por la reciente decisión del presidente de la Cámara de Diputados, Javier Milei, de asistir acompañado por su Gabinete e invitados especiales para apoyar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Pichetto calificó este hecho como un acto que desnaturaliza el funcionamiento del Congreso.

En sus declaraciones, el legislador advirtió que la presencia masiva del Ejecutivo en el Congreso representa un giro preocupante. “Todo el Gobierno, con el Presidente a la cabeza, acompañando un acto inédito en el Congreso”, expresó, y agregó que esta acción convierte a la Cámara de Diputados “en un espacio de barrabravas”, lo que consideró un signo más de la decadencia institucional en Argentina.

Pichetto, quien forma parte del espacio Provincias Unidas, manifestó su preocupación por el desgaste de las instituciones democráticas en el país. Según él, este tipo de actos no solo afectan la legitimidad del Poder Legislativo, sino que también profundizan una crisis institucional que se refleja en la pérdida de respeto y autoridad de sus principales figuras.

En este sentido, el dirigente político también cuestionó la figura del jefe de Gabinete, señalando que “más allá del resultado judicial, la figura del jefe de Gabinete ha perdido toda relevancia y autoridad institucional”. Esta afirmación fue publicada en su cuenta oficial de la red social X, donde expresó su opinión sobre el impacto político y simbólico de la situación.

De esta manera, la controversia generada por el respaldo visible y público del Gobierno a Manuel Adorni expone tensiones internas y pone en debate el rol que deben jugar los distintos poderes del Estado para preservar el equilibrio y la institucionalidad en Argentina.

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