La Legislatura de Río Negro sancionó la ley impulsada por el Gobernador Alberto Weretilneck que desregula el sistema de farmacias, eliminando restricciones y sumando nuevas herramientas digitales que garantizan una mejor atención y más accesibilidad a los medicamentos.

La nueva ley reconoce una realidad que cambió y actualiza el sistema para responder a las demandas actuales, ampliando la libertad de elección y facilitando el acceso a un servicio esencial, con más competencia, innovación y mejores respuestas para los rionegrinos.

Entre las nuevas herramientas digitales, se destacan la implementación obligatoria de la receta electrónica y la incorporación de la telefarmacia, lo que permitirá gestionar prescripciones de manera digital y acceder a medicamentos mediante envíos seguros y trazables.

En este sentido, el Ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, explicó: “Buscamos simplificar y ampliar el acceso. Con esta ley vamos a tener menos barreras para su instalación y herramientas modernas como la receta electrónica y el envío a domicilio. Esto significa que cada vecino va a poder acceder a sus medicamentos de forma más rápida, más cómoda y segura”.

Otro de los avances es la posibilidad de prescripción diferida de hasta seis meses para personas con enfermedades crónicas, evitando la necesidad de renovar recetas de manera mensual y facilitando la continuidad de los tratamientos.

Se habilita la apertura del régimen de propiedad. Esto permite que personas físicas o jurídicas puedan ser titulares de farmacias, pero manteniendo la obligatoriedad de la Dirección Técnica a cargo de un farmacéutico matriculado para asegurar estándares de calidad y seguridad sanitaria.

Finalmente, la norma fortalece a la Productora Farmacéutica Rionegrina (PROFARSE), habilitándola a proveer directamente a farmacias locales. Esto permitirá optimizar la red de abastecimiento y contribuir a precios más accesibles para la población, consolidando un sistema más eficiente y cercano.

En la sesión de este jueves la Legislatura prestó acuerdo para designar a Néstor Pérez como Superintendente General del Departamento Provincial de Aguas, en reemplazo de Gastón Renda, quien pasaría a desempeñarse en la presidencia de la empresa estatal Generación y Riego SAU.

Además, aprobó la designación de dos representantes legislativos que integrarán la mesa directiva del Instituto Autárquico de Planificación para la Integración y el Desarrollo (IAPID), uno por la mayoría y otro por la minoría.

Las designaciones fueron aprobadas por unanimidad. La Cámara propuso al legislador Lucas Pica por la mayoría y a Leandro García por la minoría.

El legislador José Luis Berros (Vamos con Todos) objetó el mecanismo de designación luego de que el titular de la bancada oficialista Facundo López proponga a Pica y García, quienes finalmente fueron los nombres designados por la Cámara. Reclamó que los opositores deben elegir a los representantes de la minoría y afirmó: “No puede el oficialismo en un estado de derecho designar miembros de la mayoría y de la minoría”.

Leandro García (PJ-NE) aceptó el puesto en la entidad. Afirmó que el instituto aporta herramientas para el desarrollo de los rionegrinos. Recordó las diferencias sobre el gas y los hidrocarburos.

El legislador Luciano Delgado Sempé (VcT) reclamó modificaciones de forma. Pidió respeto por los sufragios de los ciudadanos y exigió que los opositores elijan a los representantes sin intervención de la mayoría.

Juan Martín (PRO), presidente de bloque, respaldó la propuesta de integración. Explicó que la participación de la oposición favorece la planificación de la provincia y de los rionegrinos. Afirmó: “Hablar con el distinto es justamente lo que enriquece el debate”.

La creación del IAPID fue promovida en 2015 por el vicegobernador Pedro Pesatti. El ente fue concebido como el cerebro estratégico del Estado, encargado de transformar el crecimiento en desarrollo y en un beneficio compartido por toda la comunidad.

Durante 2025, los 49 Juzgados de Paz de Río Negro realizaron 69.077 gestiones en todo el territorio provincial. La cifra reúne expedientes jurisdiccionales, trámites administrativos, actuaciones electorales y tareas de extensión, y refleja el rol de estos organismos como puerta de acceso a justicia en ciudades, pueblos y parajes alejados de los principales centros urbanos.

Del total, 14.297 correspondieron a expedientes jurisdiccionales. En ese grupo, los procesos sobre violencia y los exhortos concentraron la mayor parte de la actividad. Los procesos sobre violencia representaron el 41,6 por ciento y los exhortos el 36,7 por ciento. También se tramitaron contravenciones y beneficios de litigar sin gastos.

La mayor parte del trabajo se concentró en la actividad no jurisdiccional, que reunió 54.780 gestiones. Dentro de ese universo, los trámites administrativos sumaron 51.462 intervenciones. El principal motivo fueron las consultas ciudadanas, con 27.186 actuaciones, seguidas por las certificaciones de firmas, con 12.802, y las certificaciones de copias, con 5.631.

Como agentes auxiliares de la Justicia Electoral, los Juzgados de Paz tramitaron además 1.950 actuaciones electorales, vinculadas en su mayoría con certificaciones de firmas de avales y designaciones de autoridades de mesa. A eso se sumaron 1.368 tareas de extensión, entre las que se destacaron la atención a vecinos fuera de la sede judicial, reuniones interinstitucionales y actividades de capacitación y prevención.

En la faz jurisdiccional, los Juzgados de Paz intervienen en conflictos legales directos, tramitan exhortos, contravenciones y beneficios de litigar sin gastos, dictan medidas cautelares en casos vecinales o contravencionales y llevan adelante juicios de menor cuantía. También pueden emitir sentencias en procesos ejecutivos, contravencionales y de violencia.

En la labor administrativa, estos organismos cumplen una función de cercanía con la comunidad. Certifican firmas y copias, confeccionan actas, acuerdos y declaraciones juradas, procesan informaciones sumarias y canalizan miles de consultas vinculadas con orientación e información judicial.

La distribución territorial también mostró diferencias. La Cuarta Circunscripción concentró el 45,29 por ciento de los expedientes jurisdiccionales, mientras que la Segunda Circunscripción registró el mayor volumen de trámites administrativos, con 23.284 gestiones.

La información surge del informe elaborado por el Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia.