Nacionales
Vialidad Nacional denunció una serie de irregularidades en la entidad

Falsificación de viáticos, conflictos de intereses en contratos de consultoría, fraude con licencias médicas, retención de peajes y retiro de bienes del Estado para uso personal. Esas son algunas de las irregularidades que detectó Vialidad Nacional en las entrañas del propio organismo, que fue tierra fértil para la corrupción durante el kirchnerismo .
Vialidad, dependiente del Ministerio de Transporte , buscó generar sus propios anticuerpos bajo la premisa de que menos corrupción es igual a más ahorro público. Así, abrió espacios para que los propios empleados denuncien cualquier maniobra opaca que detecten. El organismo tiene una Unidad de Auditoría Interna y una Unidad de Ética y Transparencia, una “oficina móvil” articulada con la Oficina Anticorrupción en esa dependencia.
Según datos a los que accedió La Nación, desde el año pasado Vialidad radicó 11 denuncias penales por presuntos delitos de corrupción a partir de este tipo de alertas internas, que actualmente son investigadas por los jueces de Comodoro Py. Algunas son por hechos ocurridos durante el kirchnerismo, que fueron detectados a posteriori. Otras, por incidentes ocurridos durante esta misma gestión.
Una de las denuncias apunta a la falsificación de viáticos en la subgerencia de Puentes y Viaductos de la Casa Central de Vialidad. La maniobra fue presuntamente orquestada por los rangos superiores de la dependencia: falsificaban los documentos de cobro de viáticos y reintegro de gastos que estaban a nombre de empleados de menor rango para quedarse con esas diferencias de dinero. “Había una adulteración sistemática de las planilla de rendimientos”, señala la información oficial. La causa recayó en el juzgado de Claudio Bonadio .
Otra de las irregularidades estuvo vinculada a contratos de consultoría para la elaboración de proyectos de obra. Se constató la existencia de un conflicto de intereses por parte de un subgerente (cuyo nombre no quiso ser difundido por Vialidad): al tiempo que integraba la comisión evaluadora que elegía a la empresa ganadora del contrato, el funcionario tenía vínculos con la firma adjudicada.
Para Vialidad las licitaciones fueron confeccionadas a medida, y será el juez Rodolfo Canicoba Corral quien deba investigar los hechos.
Algunas denuncias fueron por circunstancias ocurridas durante la gestión de Cambiemos. Se constató, por caso, que en el Distrito N° 1 de Vialidad (provincia de Buenos Aires) los responsables del área de Depósito retiraban bienes (maquinarias o autos) de la dependencia para su uso personal, hechos que quedarán bajo pesquisa del juez Daniel Rafecas . “Se detectó una falsificación de los registros para asentar cantidades menores de bienes o la falta de ingreso absoluto al depósito”, señaló el escrito oficial, al tiempo que se describió que los agentes “intimidaban” a quien presentara oposición.
Bonadio también deberá investigar la falsificación de firma en certificados de obra: se adulteró la rúbrica de un inspector en la pavimentación de la ruta nacional 8. Un caso curioso lo constituye una denuncia por el fraude en una licencia médica: una agente solicitó 22 meses de receso por un supuesto cuadro de ansiedad. Se detectó que la joven, durante ese período, trabajó como modelo y actriz en Europa. El caso será investigado por la jueza María Servini .
Las acciones judiciales desde Vialidad están siendo coordinadas por la Asesoría Legal Técnico Administrativa, a cargo de Martín Pourrain. “No solo denunciamos hechos de corrupción pasados, sino que también actuamos si descubrimos actividades sospechosas dentro de la actual gestión. Las licitaciones hoy generan más ofertas y una disminución en los costos de las obras”, señaló a la nacion Javier Iguacel, titular de Vialidad.
La ruta nacional 3, que va desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego, también quedó bajo sospecha. El kirchnerismo le había otorgado una licitación para la construcción de obras a la firma Petersen, Thiele y Cruz. Pero el convenio sufrió cuatro modificaciones y lo que era construcción pasó a ser un mero mantenimiento de la vía. “Las decisiones fueron tomadas por funcionarios que no tenían competencia para hacerlo”, consignó el escrito oficial que recayó en el juzgado de Luis Rodríguez.
Otras de las denuncias están vinculadas a un caso de hostigamiento a un agente -que prefirió reservar su identidad-, irregularidades en informes técnicos de terrenos, el transporte de animales faenados en vehículos oficiales y un caso de fraude contra la administración pública en Tierra del Fuego.
Por fuera de las denuncias penales, hubo actuaciones disciplinarias en 90 casos y otras seis actas fueron remitidas a la OA para su intervención.

Nacionales
El Gobierno modificará la Ley de Identidad de Género

El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó este miércoles en Casa Rosada que el Gobierno nacional modificará la Ley de Identidad de Género. Según detalló, estarán prohibidos los tratamientos de hormonización y las cirugías de adaptación del cuerpo en menores de 18 años.
Esta decisión fue comunicada por el vocero presidencial, quien explicó que la medida busca establecer nuevas regulaciones en torno a la identidad de género en el país. También se derogará el artículo de la norma que permitía a los menores de 18 registrar su nuevo nombre y sexo.
“La Ley de Identidad de Género hoy permite que las personas puedan someterse a tratamientos de hormonización y a intervenciones quirúrgicas a fin de adecuar su cuerpo al género con el que efectivamente se identifiquen. La norma, votada por la amplia mayoría del espectro político en el año 2012, no solo permite esto a los mayores de edad si no también a los menores de 18 años”, expresó el vocero presidencial Manuel Adorni en conferencia de prensa.
Y continuó: “De esta forma hoy los menores que lo deseen pueden hacer tratamientos y cirugías para cambiar su cuerpo en función de cómo se autoperciben. Más aún, si bien necesitan del consentimiento de sus padres para estos procedimientos médicos, si alguno de ellos decide no otorgarlo se puede apelar a un juez para que lo autorice”.
El vocero sostuvo que dichas intervenciones exponen a los niños es un grave riesgo a su salud tanto física como mental ya que implican “una interrupción en su proceso de maduración”. Además, aseguró en muchos casos los efectos de estos tratamientos y cirugías son irreversibles.
“Países pioneros en cambio de género como Reino Unido, Suecia, Finlandia y hasta recientemente Estados Unidos están dando marcha atrás prohibiendo que los menores puedan someterse a estos procesos por considerarlos irreversibles y con devastadoras consecuencias a largo plazo”, señaló.
“Esta medida, lejos de afectar a un sector particular, tiene como fin garantizar el interés superior del niño y proteger la integridad física y mental de los menores. Es responsabilidad del Estado Nacional garantizar los derechos del niño y este es un paso en esta dirección”, agregó.
Los principales cambios
“A partir de ahora, los efectores del sistema público de salud, ya sean estatales, privados o del subsistema de obras sociales, ya no deberán garantizar este tipo de prácticas, por lo que dejarán de estar incluidas en el Plan Médico Obligatorio (PMO)”, ampliaron desde el Ministerio de Salud de la Nación.
El PMO es la canasta básica de prestaciones que deben garantizar todas las coberturas a la población. La modificación de dos artículos de la denominada Ley de Identidad de Género, por la Ley N° 26.743, llega tras la marcha la marcha LGBTQI+ del sábado pasado en repudio del discurso del presidente Javier Milei durante la reunión en Davos.
Los cambios a la norma incluyen la derogación del artículo 5, que permitía a los menores de 18 cambiar el sexo, el nombre de pila y la fotografía del documento de identidad en el Registro Nacional de las Personas.
Mientras que al modificar el artículo 11, en adelante, los menores de edad “ya no podrán realizarse intervenciones quirúrgicas totales o parciales o tratamientos integrales hormonales para modificar su cuerpo, incluidos sus genitales”, ampliaron en Salud.
Este cambio en la legislación generó diversas reacciones en la sociedad, especialmente entre organizaciones que defienden los derechos de las personas trans y la salud de los menores.
El fundamento de esta medida, según explicaron desde el Gobierno, está en un informe técnico sobre ambos artículos. “Habilitaban acciones que podían generar graves perjuicios en la salud de los menores de edad –plantearon a partir de ese texto, que no fue difundido aún–. Teniendo en cuenta que el deber del Gobierno nacional es promover el bienestar general y garantizar la protección de los niños, se ha decidido avanzar con esta medida evitando la configuración de situaciones que puedan vulnerar sus derechos fundamentales.
Nacionales
Milei habló de la salida de la OMS: “Impulsaron una cuarentena cavernícola”

El presidente Javier Milei ha descrito este miércoles a la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un organismo “nefando” y afirmó que, durante la pandemia de Covid-19, actuó como el “brazo ejecutor” del “mayor experimento de control social de la historia”.
Milei subrayó en un post en la red social X la decisión del Gobierno, anunciada por el vocero Manuel Adorni, de retirarse de la OMS, siguiendo una línea similar a la adoptada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Refiriéndose a la pandemia de 2020, el mandatario declaró: “hemos optado por alejarnos de un organismo tan nefando que fue el ejecutor del mayor experimento de control social que hemos visto”, y concluyó su comentario con su emblemática exclamación: “¡Viva la libertad carajo!”. “Nunca olvidaremos que fueron los responsables de la cuarentena cavernícola que, según el Estatuto de Roma de 1998 (artículo 7.k), constituyó, en complicidad con todos los Estados que siguieron sus directrices, uno de los delitos de lesa humanidad más absurdos de la historia”, enfatizó el jefe del Estado.
La declaración de Milei se suma al anuncio de Adorni y al comunicado oficial de la Presidencia, donde Argentina afirmó que la OMS “fracasó en su mayor desafío” al promover “cuarentenas interminables sin respaldo científico” durante la pandemia del Covid-19. “Actualmente, la evidencia muestra que las recomendaciones de la OMS son ineficaces porque surgen de la influencia política, no de la ciencia”, indicó el comunicado, además de criticar la existencia de organismos supranacionales “que no cumplen con los objetivos para los que fueron creados, se ocupan de la política internacional y pretenden imponerse sobre los países miembros”.
Nacionales
Denuncia contra Cristina: cobró plus por vivir en el sur mientras estaba en CABA

Luego de anunciar la eliminación de la jubilación de privilegio, el Gobierno presentó este martes una denuncia contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunta “estafa” y defraudación al Estado, al afirmar que recibía una bonificación tras declarar vivir en zona austral mientras realmente residía en la Ciudad de Buenos Aires.
La denuncia fue interpuesta por el Ministerio de Capital Humano, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), y acusa a la líder del Partido Justicialista Nacional de cometer los delitos de “estafa, defraudación a la Administración Pública y falsedad ideológica” por haber cobrado dicho plus que corresponde a ciertas zonas o provincias australes en sus dos beneficios previsionales, siendo “de dominio público su residencia en CABA”.
“Esto habría ocasionado un daño fiscal a ANSES, por lo que, además, el organismo solicita ser parte querellante en la causa”, subraya el documento al que tuvo acceso PERFIL, que recuerda que el derecho a su cobro está fundamentado “exclusivamente en la residencia efectiva o radicación real en las regiones o provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Carmen de Patagones de la Provincia de Buenos Aires”.
Desde el ministerio liderado por la ministra Sandra Pettovello señalaron que la también excompañera de fórmula de Alberto Fernández tenía su domicilio en el distrito de la Capital Federal en el momento de recibir ambas asignaciones, mientras ocupaba, primero, el cargo de senadora por la Provincia de Buenos Aires (10/12/2017 – 10/12/2019) y luego el de Vicepresidenta de la Nación (10/12/2019 – 10/12/2023).
“Todo ello, constituiría una conducta penalmente reprochable, con perjuicio fiscal para ANSES y el erario público, que deberá ser determinado a partir de las tareas investigativas solicitadas”, prosigue la denuncia penal.
En atención a todo ello, el ente que gestiona las prestaciones de seguridad social solicitó “constituirse en parte querellante en virtud de los hechos denunciados, poniéndose a disposición de la Justicia para colaborar en la investigación y aportar todas las pruebas necesarias para esclarecer” lo que definió como un “posible caso de corrupción”.
El escrito se dio a conocer este martes, luego de que el Gobierno rechazara los reclamos iniciados por Cristina Kirchner y Amado Boudou, quien fue vicepresidente durante su segundo mandato, para recuperar las asignaciones mensuales vitalicias de privilegio que les quitaron a ambos a mediados de noviembre pasado.
“La justificación es la existencia de una sentencia definitiva que los condena por delitos contra la administración pública y enriquecimiento ilícito en su favor. No se trata de una jubilación o pensión lo que percibían, sino de una asignación graciable que la ley a los ex presidentes, pero que no tiene carácter contributivo”, había destacado en ese momento el titular de ANSES, Mariano de los Heros, siendo el fallo por la causa Vialidad -confirmado en segunda instancia-, el caso de la expresidenta.
El portavoz del presidente, Manuel Adorni, indicó que esta decisión representa para los argentinos en ese momento “un ahorro aproximado de $21.827.624” y anunció la revocación de la pensión del fallecido expresidente Néstor Kirchner, que también era percibida por Cristina. En cuanto a Boudou, el Gobierno le retiró la jubilación de privilegio pocos días después de la situación de la exJefa de Estado, una medida que fue oficializada en el Boletín Oficial.
La exmandataria tiene la opción de apelar ante la Justicia Federal de la Seguridad Social para solicitar la restitución de este privilegio, que se estima en alrededor de 32 millones de pesos mensuales. Este monto había sido solicitado por su jubilación y fue suspendido tras la confirmación de la condena de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua en su contra por parte de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.
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