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Nacionales

Tratarán en Diputados baja de comisiones y beneficios a usuarios

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La idea es llevar del 3 al 2% la comisión con tarjetas de crédito y del 1,5 al 0,6% con débito. Buscan beneficios al consumidor: baja en costos de renovación anual y menor comisión en financiación del pago mínimo

Pasado mañana, a las 14 horas en el Anexo 6 del Congreso, habrá una reunión informativa para avanzar con la Ley de tarjetas, donde se darán cita todas las partes involucradas: legisladores de los diferentes bloques, la Cámara Argentina de Comercio, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, asociación de tarjetas de crédito, representantes de los bancos y autoridades del BCRA. En base a todas las posturas, los diputados tomarán como premisa realizar una modificación más amplia, que no sea sólo bajar los aranceles (como llegó el proyecto del Senado), sino una reforma integral.

La idea es llevar del 3 al 2% la comisión que pagan los comercios con tarjetas de crédito y del 1,5 al 0,6% con débito. Pero para que no sea sólo un traslado de beneficios de los bancos hacia los comerciantes, buscan beneficios que impacten en forma directa en el consumidor, como una baja en los costos de renovación anual de las tarjetas de crédito y una menor comisión en la financiación del pago mínimo, lo que en la jerga se denomina el revolving.

Daniel Lipovetzky, diputado nacional del PRO y presidente de la Comisión de Legislación General, anticipó que habrá muchos aspectos a considerar, desde el monopolio que tiene Prisma (dueña de Visa, que están en poder de los grandes bancos), como normas que ayuden a la competencia, hasta el costo de renovación anual de las tarjetas (en muchos países no se cobra) y la tasa de interés que cobran en la refinanciación del saldo cuando se paga el mínimo, de modo que haya un beneficio para el usuario: “Más allá de que creemos que es necesario bajar las comisiones, no nos parece que sea correcto que sea del 0% para las compras con débito, porque se le estaría diciendo a la empresa que no tenga que tener ganancia, más allá de que Came argumenta que las tarjetas hacen un manejo financiero de eso”.

Si bien el Frente para la Victoria quiere mantener la Ley como está, de bajar a la mitad las comisiones con crédito y de llevar a cero con débito, habrá que ver las posturas del Frente Renovador, del PJ y la que tome el propio oficialismo, en base a los planteos que escuchen.

De lo que se habla es que las comisiones con débito bajen a entre 0,3 y 0,7%, por lo que se estima que terminarán entre 0,5 y 0,6%, mientras las de crédito podrían tener una baja al 2%. También se menciona que haya aranceles diferenciados para las pymes, para que tengan menores costos.

En el Congreso deberán ver cómo vienen las distintas posiciones y si hay consensos para avanzar con este proyecto más global, que es impulsado también desde el Ministerio de Producción a través de la Secretaría de Industria. El tema es que llega a Diputados muy sobre el cierre de las sesiones, sin mucho margen para ponerlo en tratamiento, más teniendo en cuenta que no se trata de un tema fácil, ya que el volumen económico involucrado es gigantesco.

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Más presión sobre el costo de vida: la nafta y el gasoil aumentaron un 7,5%

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Las petroleras aplicaron un nuevo aumento de los precios de la nafta y el gasoil.

La suba de los combustibles llega al 7,5% en promedio a nivel nacional. Es consecuencia del incremento en los impuestos a los combustibles (que impacta en casi 4%), la devaluación contra el dólar (2% mensual) y el peso de los biocombustibles.

La actualización de los impuestos será mensual hasta junio, inclusive.

El Gobierno busca recaudación tributaria por casi $ 4 billones solo por esta vía, un 0,5% del Producto Interno Bruto o casi el 10% del ajuste fiscal que quiere hacer Javier Milei.

Los ejecutivos petroleros consideran que la nafta súper debería rondar u$s 1,20 a u$s 1,23 por litro, para lo que todavía restan más aumentos.

Además de la nafta, marzo llega con subas en colectivos, empleadas domésticas, prepagas, tarifa de luz, colegios privados, alquileres, trenes y taxis.

Estos nuevos ajustes incidirán en la inflación que, aunque muestra signos de desaceleración, aún se muestra en los dos dígitos.

La suba en los combustibles es lo que más preocupación genera, y eso se ve traducido incluso en las búsquedas de Google.

Catamarca y Chubut son las provincias en las que estos conceptos levantaron mayor interés en las últimas horas. CABA, Buenos Aires, y Córdoba, las que siguen.

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Milei llamó a los gobernadores a firmar el Pacto de Mayo

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El presidente Javier Milei inauguró el viernes el período de sesiones ordinarias del Congreso con un fuerte discurso “anticasta” de más de una hora, varias veces interrumpido por aplausos y cánticos libertarios, en el que convocó a las 23 provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a la firma en Córdoba de un nuevo pacto fundacional para el país.

En su mensaje ante la Asamblea Legislativa, a la que se dirigió desde un atril, como nunca antes había hecho un mandatario argentino, el jefe de Estado afirmó que el llamado “Pacto de Mayo”, que consta de “diez puntos que tienen por objetivo la reconstrucción de las bases de la Argentina”, estará sujeto a la aprobación de la Ley Ómnibus y de un nuevo acuerdo fiscal.

Para avanzar con los lineamientos propuestos, el líder de La Libertad Avanza aseguró que la semana próxima convocará a los gobernadores a la Casa Rosada.

Milei propuso que la firma de este “contrato social” se lleve a cabo el 25 de mayo en Córdoba, provincia a la que definió como “el corazón productivo de nuestra Patria”.

Los 10 puntos propuestos por el Presidente son:

  • La inviolabilidad de la propiedad privada.
  • El equilibrio fiscal innegociable.
  • La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno.
  • Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio.
  • La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual.
  • Un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país.
  • Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal.
  • Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita, a quienes prefieran, suscribirse a un sistema privado de jubilación.
  • Una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados.
  • La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser una protagonista del mercado global.
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Imputaron a Alberto Fernández por irregularidades en la contratación de seguros

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El expresidente Alberto Fernández fue imputado este jueves en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en contratación de un “broker y empresas privadas” para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales durante su gobierno, informaron fuentes judiciales.

La causa está en manos del juez federal Julián Ercolini y fue impulsada esta tarde por el fiscal federal Ramiro González quien ya requirió las primeras medidas de prueba, según surge del requerimiento de instrucción al que accedió Télam.

Los imputados son el “ex Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, el ex titular de Nación Seguros S.A., Alberto Pagliano, y Héctor Martínez, sin perjuicio que el devenir de la investigación coadyuve a conocer la participación de otras personas en las maniobras denunciadas”, indicó el dictamen.

Héctor Martínez Sosa es un bróker que está casado con una secretaria de Alberto Fernández, María Cantero, según la denuncia.

La causa se inició a partir de la denuncia presentada el miércoles por la abogada Silvina Martínez para que se investiguen las “presuntas irregularidades ocurridas en torno al Decreto 823/2021, firmado el 2 de diciembre de 2021”, detalló el fiscal.

“A través de esa normativa se impuso la obligación al Sector Público Estatal de contratar servicios de seguros de forma exclusiva con la empresa pública ‘Nación Seguros SA´. En ese sentido, la denunciante destacó que la trama de las contrataciones opacas fueron reveladas a través de una publicación periodística titulada ´Destapan otra caja negra de la política en ANSES´”, publicada por el diario Clarín, reseñó.

En el artículo periodístico se aseguró que Nación Seguros subcontrató a un intermediario en el caso de los seguros de ANSES que resultó beneficiado con una comisión del 17 por ciento, es decir tres veces mayor a la del mercado, y que las ganancias por comisiones se habrían estimado en los trescientos millones de pesos mensuales y veinte mil millones de pesos anuales.

De esa publicación surgía también que Pablo Torres García (ANSES) y Héctor Martínez Sosa (esposo de la Secretaria de Alberto Fernández, María Cantero) habrían sido beneficiarios o intermediarios de dichas contrataciones, es decir quienes habrían obtenido importantes sumas de dinero a partir de los negocios emprendidos con el respaldo de aquel decreto.

En la denuncia “también se destacó que ese mismo esquema había sido replicado en el Ministerio de Seguridad de la Nación, en tanto los convenios allí firmados permitieron la intervención de un intermediario”, según el fiscal.

“Por último, la denuncia destaca que Alberto Pagliano era amigo de la juventud del expresidente Fernández y que lo acompañó en la década de los noventa en ese mismo rubro, pero desde el Estado”, recordó el fiscal en su requerimiento de instrucción.

Los pedidos del juez

Al impulsar la investigación, el fiscal le pidió al juez Ercolini que solicite a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y a la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia que aporten los “antecedentes, actuaciones y/o dictámenes jurídicos relacionados con el dictado del Decreto 823/2021”.

También señaló que “puede resultar de interés para el desarrollo de la investigación, contar con todos los convenios o contrataciones realizadas desde las distintas reparticiones del Estado Nacional que suscribieron contratos de seguro bajo los términos señalados en dicha normativa y a través de intermediarios”.

La Superintendencia de Seguros de la Nación puede “aportar datos relevantes en ese sentido, al tiempo que puede develar el interrogante sobre cuál era el porcentaje de mercado para ese tipo de operaciones”, se indicó en el dictamen.

El fiscal también requirió que “se solicite a Seguros Nación que acompañe la totalidad de contratos o convenios firmados con reparticiones públicas a partir del Decreto 823/2021, aportando todos los datos que se posean respecto a la participación de intermediarios entre ese organismo y la entidad gubernamental contratante”.

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