Suspensión de retenciones: la oposición acusa al Gobierno de oportunismo

La decisión del Gobierno nacional de suspender las retenciones a las exportaciones hasta el 31 de octubre generó una fuerte reacción en el ámbito político. La medida, que busca incentivar la liquidación de USD 7.000 millones por parte del sector agroexportador, fue calificada por referentes opositores como “electoralista” y “oportunista”. El diputado Miguel Ángel Pichetto afirmó que se trata de una maniobra para obtener divisas en plena campaña, recurriendo a “las prácticas de la vieja política”.

Desde Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro también se pronunció en contra, reclamando que la eliminación de retenciones se haga “por convicción y no por necesidad coyuntural”. En su visión, la medida carece de sustento técnico y responde a urgencias políticas. Pullaro remarcó que el campo necesita reglas claras y previsibilidad, no decisiones transitorias que se revierten tras las elecciones.

En el Congreso, el jefe del bloque oficialista Germán Martínez criticó la contradicción entre esta decisión y la falta de recursos para implementar la Ley de Emergencia en Discapacidad. “No hay plata para los más vulnerables, pero sí para beneficiar a los exportadores”, señaló. Martínez advirtió que la suspensión de retenciones podría agravar la desigualdad fiscal y debilitar la recaudación en un momento crítico.

Economistas consultados por medios especializados coincidieron en que la suspensión de retenciones podría favorecer la fuga de capitales si no se acompaña de controles adecuados. Además, alertaron sobre el impacto que esta decisión puede tener en los precios internos y en la competitividad de otros sectores productivos. La medida, aseguran, beneficia a un grupo reducido en detrimento del equilibrio fiscal.

En medio de la campaña electoral, la polémica por las retenciones se suma a un clima de creciente tensión económica. Mientras el Gobierno defiende la iniciativa como una herramienta para dinamizar el ingreso de divisas, la oposición insiste en que se trata de una concesión política que pone en riesgo la estabilidad macroeconómica. El debate promete seguir escalando en las próximas semanas.