Son apenas cuatro líneas bajo el título “Temario del Acuerdo General a celebrarse el día miércoles 7 de diciembre de 2016 a las 10 horas”: Punto 1. Elección de autoridades e integración de las Salas de la Cámara Federal de Casación Penal para 2017. Punto 2. Autoridades de la feria judicial de enero 2017 de la Cámara Federal de Casación Penal. El escrito está fechado hoy, 6 de diciembre, es decir menos de 24 horas antes de la fecha de la convocatoria más importante del año en el máximo tribunal penal del país, que está envuelto en una guerra sin límites ni códigos entre los jueces más cercanos al kirchnerismo -encabezados por el presidente, Alejandro Slokar y la doctora Ana María Figueroa- y los que no aceptan ese control político. ¿El campo de batalla? La denuncia del malogrado fiscal Alberto Nisman contra Cristina Kirchner por el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA, que ya lleva casi dos años congelada en un archivo. Ante la inminente posibilidad de que la sala I de la Casación ordene iniciar una investigación y corra del volante al juez Rafecas, Slokar y Figueroa vienen ejecutando una serie de maniobras para evitarlo. La intempestiva convocatoria para mañana es el último y más escandaloso de esos intentos, que ya causó una denuncia penal presentada hace minutos por el diputado Waldo Wolff y que investigará la jueza María Servini.

Intrigas, traiciones, egoísmos y una desesperada carrera por el poder son sólo algunas de las bajezas con las que los jueces de la Casación vienen peleándose entre sí bajo la mirada atónita de los argentinos. La denuncia de Nisman -que desde hace dos años funciona como piedra de toque para la división de aguas en la justicia- hizo caer los pocos velos que aún cubrían esta guerra que avergüenza al poder judicial. Tras dos años de rechazos en primera y segunda instancia, y una secuencia de jugadas procesales para evitar que la decisión de abrir o no a investigación aquella denuncia, ahora hay una audiencia citada por la sala I para el 19 de noviembre, días después de la cual los jueces podrían votar.

La sala I es presidida por la ultra kirchnerista Figueroa, y como los otros dos lugares están vacantes la integran como suplentes los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. Justamente son sus votos los que resistieron las martingalas para apartarlos del caso, y después para evitar que la audiencia del 19 sea pospuesta. Pero las operaciones siguen. Y como las subrogaciones (suplencias) de ambos jueces están confirmadas hasta fin de año, la convocatoria de un plenario del tribunal para mañana sería otro intento de apartarlos de la sala. Una oportuna indisposición de Figueroa que consiga retrasar unos días la audiencia por Nisman ya abriría la ventana temporal indispensable para correr del medio a Hornos y Borinsky.

Veamos qué hechos concretos estimulan esas especulaciones: aunque desde el propio despacho de Slokar el viernes pasado afirmaron a Clarín que el plenario no podría convocarse rápido porque dos de los nueve jueces de la Casación estaban de licencia hasta mañana (los doctores Riggi y Ledesma) y no sería justo hacerlo hasta no consultarlos a ellos, ahora el juez rompió su palabra y firmó una convocatoria con menos de 24 horas de anticipación.

Según los rumores que desde hace días se perfeccionan en los tribunales, la ingeniería de la jugada incluiría un paso al costado del juez Juan Carlos Gemignani -a quien le tocaría reemplazar a Slokar en la presidencia de la Casación- y la designación de la doctora Liliana Catucci en ese lugar, a cambio de votar el desplazamiento de Hornos y Borinsky de la sala I. Como Gemignani quiere abrir la denuncia de Nisman pero cree que los dos subrogantes ya ocuparon mucho tiempo esas suplencias también podría votar a favor de ese apartamiento, al igual que la jueza Angela Ledesma. Los votos de Slokar y Figueroa son cantados.

Ahí viene otra discusión. ¿Los jueces podrían ser desplazados de inmediato, o recién en 2017? Con la audiencia del 19 y la posiblidad cierta de que antes de fin de año la apertura de la denuncia de Nisman sea resuelta, cada día es clave. En el Consejo de la Magistratura, cuya comisión de Selección sólo refrenda las autoridades y subrogaciones que cada resuelva cada Cámara, todos los ojos miran con atención.

El que no se quedó de brazos cruzados es el diputado por el PRO y ex vicepresidente de la DAIA Waldo Wolff, que hace sólo unas horas presentó una denuncia penal para que se investiguen las maniobras en la Casación y particularmente al juez Alejandro Slokar. “Se observan todo tipo de maniobras, desde convocatorias repentinas a plenarios, pedidos de inhibición y conexidad infundados, hasta “aprietes” personales a jueces para que decidan de una forma determinada”, dice el texto al que accedió Clarín. “Las maniobras llevadas a cabo por el Dr. Slokar, con la evidente finalidad de sustraer a determinados Jueces del entendimiento de determinada causa, podrían surtir el efecto buscado, y por lo tanto lograr el apartamiento de los Jueces naturalmente designados para decidir sobre el destino de la causa nro. 777/2015” es decir de la denuncia de Nisman.

“Nos encontramos ante una clarísima crisis institucional en el ámbito de la Cámara Federal de Casación Penal”, finaliza Wolff, quien además pide que Slokar sea citado a prestar declaración indagatoria. Sorteada de inmediato, la denuncia cayó en manos de la jueza federal María Servini.

Santiago Kaplun, secretario general de la DAIA, dijo a este diario que “vemos con sorpresa como día a día se generan maniobras para que no se investigue. Estos manejos no hacen más que alimentar y fortalecer el pedido de la querella para que la denuncia del fiscal Nisman sea investigada. Esperamos que la doctora Figueroa esté presente el día 19 en la audiencia fijada, y que que quede conformada la sala I”.

Acusaciones y sospechas. Denuncias y maniobras. La guerra en la Casación crece en intensidad ante la indiferencia del gobierno, cuyos ministros ni siquiera opinaron sobre el asunto.