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Provinciales

Se oficializó la eliminación de los reembolsos

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Final anunciado para una medida que había reaparecido hacia fines del año pasado buscando dar un impulso al desarrollo de la exportación regional. El gobierno nacional oficializó la eliminación de los reembolsos por puertos patagónicos dando un duro golpe sobre las exportaciones que salen desde San Antonio Este (SAE).

Según refleja el decreto, a cambio de la pérdida del beneficio del 7% que estaba determinado para las exportaciones por SAE, el gobierno nacional ajustará el nivel de reintegros, de manera de lograr mejoras de competitividad, en las cadenas de producción. Para las peras y manzanas el reintegro pasa del 5% actual al 8,5% del valor declarado ante Aduana por los exportadores (FOB). Para el caso de las lanas pasa del 2,8% del valor FOB al 8,6% mientras que para la pesca el índice deja el 1,6% y se coloca en el 3,9%.

En principio los montos que dejan de percibir las cadenas productivas por la eliminación de los reembolsos se recuperan por el incremento de reintegros.

“Necesitamos bajar cuatro dólares el precio de la caja de fruta. Eso se logra colocando unos 80 millones de dólares al año, por un término de cinco. Con ese dinero hay que mejorar la calidad, la producción por hectárea, implantar variedades que produzcan al segundo o tercer año, crear un sistema de protección antigranizo, iun sistema de riego moderno y darle al productor certezas de que lo que produce puede llegar al mundo y competir con cualquiera”, dijo Weretilneck.

El gran perdedor de esta medida es sin dudas la terminal portuaria Patagonia Norte que deja de percibir el estímulo para que se canalicen las exportaciones por esta vía.

La medida en los números de la fruticultura es relativamente inocua. Sin embargo genera distorsiones importantes en el flujo comercial de la actividad. Destinos en los cuales la fruta del Valle tenía problemas de competitividad, como el caso de Rusia, serán los más afectados. Parte de esa oferta exportable que tradicionalmente iba hacia ultramar podría llegar a reorientarse hacia Brasil o mercado interno, generando una presión adicional en estos mercados.

Desde la CAFI aseguraron que los nuevos valores de reintegros son los que corresponden según el estudio que presentaron oportunamente, pero lamentaron la eliminación del 7% de los reembolsos aseverando que quita los estímulos para un desarrollo regional.

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Lutz: “El Estado sigue poniendo frenos a los abusos en el sector público”

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Este fin de semana se conoció la decisión del Gobierno de la Provincia de presentar ante la Justicia una denuncia contra profesionales médicos del Alto Valle que emitieron certificados falsos para que trabajadores estatales obtengan licencias, perjudicando al Estado Provincial.

En este marco, el Ministro de Gobierno, Trabajo, Modernización y Turismo, Federico Lutz, indicó, en declaraciones radiales, que se trata de “una mecánica innovadora, que corresponde realizar, porque con estas medidas el sector estatal sufre pérdidas, tanto económicas como en la calidad de los servicios que presta”.

“Hemos registrado, a través de la Función Pública y en el marco de los controles de ausentismo estatal, profesionales que lamentablemente emitieron certificados que generaron permisividad por parte de ciertos agentes para no presentarse a trabajar, sosteniendo la carga salarial por parte del Estado, y conspirando contra el orden que debemos imponer como empleadores”, sostuvo Lutz.

Vale mencionar que el Gobierno detectó a más de 20 profesionales involucrados en la emisión de certificados médicos ilegales para justificar ausencias injustificadas, y también numerosos casos de empleados públicos que presentaron certificados médicos falsificados, quienes serán denunciados por el delito de adulteración de documento público.

El funcionario afirmó que la decisión del Gobernador, Alberto Weretilneck “es una forma de respetar, tanto a quienes reciben un servicio de parte del Estado, como a los demás agentes que realizan adecuadamente su tarea”.

Resaltó asimismo la decisión del Estado Provincial de darle “un corte a esta situación”, mediante la denuncia ante los organismos correspondientes: “entendemos que es una medida necesaria”, dijo.

Los delitos que se investigan son “Fraude en perjuicio de la administración pública” (art. 174 inc. 5 del Código Penal) en concurso ideal (art. 54 CP) con “Expedición de certificado médico falso” (art. 295 del CP).

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Las garrafas del Plan Calor llegan a la Región Sur

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La puesta en marcha del reparto de garrafas gratuitas que el Gobierno de Río Negro entrega en el marco del Plan Calor Gas llegan a casi 2.900 familias parajes y municipios de la Región Sur. Una ayuda que se materializa con la distribución de garrafas de 15 kgs, de mayor porte a las que se entregan en el resto de la provincia.

La elección de envases de 15 kgs, según se explicó desde la Secretaría de Energía y Ambiente, otorga una mayor autonomía con el objetivo de reducir las veces que los y las beneficiarias se movilizan a los puntos de entrega para el recambio.

En cuanto a las cuestiones logísticas, el sistema de reparto de la Región Sur es distinto al que semanalmente está programado en la zona andina. Se trabaja con un stock inicial en coordinación con los municipios y semanalmente se van haciendo las reposiciones.

En la mayoría de los casos, durante el despliegue del operativo, cada municipio o comisión de fomento se encarga de colaborar con la distribución a los lugares más alejados de los poblados, con el fin de que la ayuda llegue a cada rincón de su ejido.

De las garrafas que el Gobierno de Río Negro repartirá este año, alrededor del 40% están destinadas para familias de la Región Sur y la Zona Atlántica.

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“Necesitamos proteger a los denunciantes para luchar contra la corrupción”

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Los legisladores Ariel Bernatene y Lorena Matzen impulsan un proyecto de ley que protege a testigos y denunciantes de hechos de corrupción. Sostienen que es necesaria la creación de un sistema específico que proteja a las personas que informen o realicen declaraciones en casos que atenten contra el Estado.

“Quienes exponen estos delitos no tienen por qué soportar amenazas o represalias. Proponemos medidas de protección para que no tengan miedo de hacer lo correcto”, expresaron desde el bloque de la Unión Cívica Radical.

El proyecto plantea garantías para promover la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción. Por lo general, quienes cuentan con información son empleados o están vinculados de alguna manera con los funcionarios sospechados.

“Queremos proteger a las personas que informen para que rompan el silencio y puedan investigarse los hechos conforme a la ley. Muchas veces las denuncias no se realizan por temor a perder el trabajo o sufrir represalias”, explicó Matzen.

“Es importante resguardar a testigos y denunciantes que presten declaración. Hablamos de medidas de protección personales y también laborales que podrán solicitar durante el procedimiento”, agregó Bernatene.

El proyecto de ley les da derecho a pedir custodia policial en su domicilio, a ser reasignados sin perder su nivel de ingresos o recibir atención médica o psicológica, entre otras.

Así, la persona denunciante y su familia estarán protegidas contra actos arbitrarios o ilegales que los perjudiquen. “Atacar la corrupción de raíz es posible con voluntad y responsabilidad política. Una democracia fuerte y sana se construye con instituciones limpias y políticos íntegros, fuera de toda sospecha”, sentenciaron los legisladores radicales.

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