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Provinciales

Río Negro adhiere a estándar global para transparentar la industria minera

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La secretaria de Estado de Energía, Andrea Confini, firmó en Buenos Aires, junto al titular de Minería provincial, Joaquín Aberastain Oro, la carta compromiso que adhiere al estándar global EITI 2023, relacionado con la transparencia y la sostenibilidad en las industrias extractivas.

La firma se realizó en el salón del Consejo Federal Minero, durante la reunión ordinaria del Grupo Multipartícipe EITI Argentina, donde se presentó el nuevo Estándar EITI 2023, vigente desde junio de este año. Una iniciativa que a rasgos generales busca fortalecer la lucha contra la corrupción, promover la transición energética, abordar cuestiones de género, sociales y ambientales, y mejorar la recaudación de ingresos en el sector.

Río Negro, al sumarse a este estándar, asume el compromiso firme de divulgar información detallada sobre adjudicaciones de licencias mineras, reservas probadas de recursos naturales, proyecciones de ingresos y decisiones de inversión relacionadas con empresas estatales. Además, la provincia enfatiza la transparencia en las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) y se compromete a proporcionar análisis detallados de proyectos, contribuyendo así a un enfoque más sostenible en la gestión de sus recursos naturales.

Confini destacó que esta acción refuerza el compromiso de la provincia con la transparencia y la responsabilidad en el sector energético y minero. “La divulgación de información detallada y exhaustiva es fundamental para construir una industria extractiva más justa y sostenible”, sostuvo.

Por su parte, Aberastain Oro subrayó la importancia de este paso hacia una mayor transparencia y responsabilidad en la gestión de los recursos naturales. “La adhesión al Estándar EITI 2023 nos permite avanzar en un camino de mejora continua, identificando áreas de fortalecimiento y contribuyendo al desarrollo sostenible de nuestra provincia, asumiendo una participación activa en todos los procesos”, señaló el funcionario.

La implementación del nuevo estándar en Río Negro contará con el apoyo y seguimiento del Grupo Multipartícipe EITI Argentina, que jugará un papel clave en el monitoreo y la planificación de las acciones a llevar a cabo en Río Negro. Esta iniciativa refleja el compromiso conjunto de la sociedad, el gobierno y el sector privado para impulsar prácticas más transparentes y sostenibles en las industrias extractivas.

Durante el acto estuvieron presentes la Subsecretaria de Desarrollo Minero y Coordinadora Nacional de la Secretaría Técnica, Pamela Morales; la representante de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, Verónica Tito; el referente del IAPG, Martín Kaindl; por la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Isabel Nanzi; por la Roberto Sarudiansky, Universidad Nacional de San Martín, Juan Manuel Toubes; el responsable de Proyectos de Ciudadanía e Instituciones de Gobierno de la Fundación Directorio Legislativo; y por la Oficina Anticorrupción, Andres Bertona.

Sobre la EITI

La Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (“EITI” por sus siglas en inglés) es un estándar global para la transparencia y la rendición de cuentas en el sector petrolero, gasífero y minero, del que Argentina forma parte desde 2019.

Dado que las provincias tienen el dominio sobre los recursos naturales como los minerales, el petróleo y el gas en sus territorios, es esencial el compromiso de los gobiernos provinciales para la implementación de esta iniciativa en nuestro país.

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Lutz: “El Estado sigue poniendo frenos a los abusos en el sector público”

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Este fin de semana se conoció la decisión del Gobierno de la Provincia de presentar ante la Justicia una denuncia contra profesionales médicos del Alto Valle que emitieron certificados falsos para que trabajadores estatales obtengan licencias, perjudicando al Estado Provincial.

En este marco, el Ministro de Gobierno, Trabajo, Modernización y Turismo, Federico Lutz, indicó, en declaraciones radiales, que se trata de “una mecánica innovadora, que corresponde realizar, porque con estas medidas el sector estatal sufre pérdidas, tanto económicas como en la calidad de los servicios que presta”.

“Hemos registrado, a través de la Función Pública y en el marco de los controles de ausentismo estatal, profesionales que lamentablemente emitieron certificados que generaron permisividad por parte de ciertos agentes para no presentarse a trabajar, sosteniendo la carga salarial por parte del Estado, y conspirando contra el orden que debemos imponer como empleadores”, sostuvo Lutz.

Vale mencionar que el Gobierno detectó a más de 20 profesionales involucrados en la emisión de certificados médicos ilegales para justificar ausencias injustificadas, y también numerosos casos de empleados públicos que presentaron certificados médicos falsificados, quienes serán denunciados por el delito de adulteración de documento público.

El funcionario afirmó que la decisión del Gobernador, Alberto Weretilneck “es una forma de respetar, tanto a quienes reciben un servicio de parte del Estado, como a los demás agentes que realizan adecuadamente su tarea”.

Resaltó asimismo la decisión del Estado Provincial de darle “un corte a esta situación”, mediante la denuncia ante los organismos correspondientes: “entendemos que es una medida necesaria”, dijo.

Los delitos que se investigan son “Fraude en perjuicio de la administración pública” (art. 174 inc. 5 del Código Penal) en concurso ideal (art. 54 CP) con “Expedición de certificado médico falso” (art. 295 del CP).

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Las garrafas del Plan Calor llegan a la Región Sur

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La puesta en marcha del reparto de garrafas gratuitas que el Gobierno de Río Negro entrega en el marco del Plan Calor Gas llegan a casi 2.900 familias parajes y municipios de la Región Sur. Una ayuda que se materializa con la distribución de garrafas de 15 kgs, de mayor porte a las que se entregan en el resto de la provincia.

La elección de envases de 15 kgs, según se explicó desde la Secretaría de Energía y Ambiente, otorga una mayor autonomía con el objetivo de reducir las veces que los y las beneficiarias se movilizan a los puntos de entrega para el recambio.

En cuanto a las cuestiones logísticas, el sistema de reparto de la Región Sur es distinto al que semanalmente está programado en la zona andina. Se trabaja con un stock inicial en coordinación con los municipios y semanalmente se van haciendo las reposiciones.

En la mayoría de los casos, durante el despliegue del operativo, cada municipio o comisión de fomento se encarga de colaborar con la distribución a los lugares más alejados de los poblados, con el fin de que la ayuda llegue a cada rincón de su ejido.

De las garrafas que el Gobierno de Río Negro repartirá este año, alrededor del 40% están destinadas para familias de la Región Sur y la Zona Atlántica.

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“Necesitamos proteger a los denunciantes para luchar contra la corrupción”

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Los legisladores Ariel Bernatene y Lorena Matzen impulsan un proyecto de ley que protege a testigos y denunciantes de hechos de corrupción. Sostienen que es necesaria la creación de un sistema específico que proteja a las personas que informen o realicen declaraciones en casos que atenten contra el Estado.

“Quienes exponen estos delitos no tienen por qué soportar amenazas o represalias. Proponemos medidas de protección para que no tengan miedo de hacer lo correcto”, expresaron desde el bloque de la Unión Cívica Radical.

El proyecto plantea garantías para promover la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción. Por lo general, quienes cuentan con información son empleados o están vinculados de alguna manera con los funcionarios sospechados.

“Queremos proteger a las personas que informen para que rompan el silencio y puedan investigarse los hechos conforme a la ley. Muchas veces las denuncias no se realizan por temor a perder el trabajo o sufrir represalias”, explicó Matzen.

“Es importante resguardar a testigos y denunciantes que presten declaración. Hablamos de medidas de protección personales y también laborales que podrán solicitar durante el procedimiento”, agregó Bernatene.

El proyecto de ley les da derecho a pedir custodia policial en su domicilio, a ser reasignados sin perder su nivel de ingresos o recibir atención médica o psicológica, entre otras.

Así, la persona denunciante y su familia estarán protegidas contra actos arbitrarios o ilegales que los perjudiquen. “Atacar la corrupción de raíz es posible con voluntad y responsabilidad política. Una democracia fuerte y sana se construye con instituciones limpias y políticos íntegros, fuera de toda sospecha”, sentenciaron los legisladores radicales.

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