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Nacionales

Recorte de subsidios en Zona Fría: un golpe a más de 130.000 usuarios

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El Gobierno nacional, en el contexto de su estrategia de ajuste fiscal, ha realizado cambios en el régimen de subsidios energéticos de la “Zona Fría”, afectando a más de 130.000 usuarios que anteriormente disfrutaban de tarifas de gas reducidas.

La medida, anunciada hoy a través de la Resolución 219/2025 de la Secretaría de Energía en el Boletín Oficial, fue firmada por la secretaria María Carmen Tettamanti, y se enfoca en redirigir los beneficios hacia hogares que se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

Este ajuste se suma a las modificaciones anteriores en las tarifas para usuarios de countries y residentes de Puerto Madero (Buenos Aires).

La Ley 27.637, aprobada en 2021, amplió el régimen de Zona Fría, que originalmente se concibió para la Patagonia, extendiendo los descuentos en tarifas de gas a más de 4,3 millones de usuarios en áreas de bajas temperaturas. El nuevo esquema determina que solo los hogares que demuestren vulnerabilidad socioeconómica continuarán recibiendo el subsidio máximo del 50% sobre la tarifa plena fijada por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS). Aquellos usuarios que cuenten con más de un medidor a su nombre obtendrán un descuento reducido del 30%.

El Ministerio de Economía ha identificado a 137.842 usuarios con múltiples medidores, quienes probablemente son propietarios de más de una propiedad, que estaban accediendo al beneficio máximo, lo que contradice el objetivo redistributivo del régimen. Por lo tanto, estos usuarios serán recategorizados de manera automática al esquema con un subsidio menor.

Los usuarios afectados tendrán la opción de solicitar la restauración del subsidio del 50% presentando la documentación que acredite su vulnerabilidad ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a través de la Ventanilla Única Social. La Secretaría de Energía ha especificado que el régimen de Zona Fría es compatible con otros beneficios, como la Tarifa Social Federal o la segmentación por ingresos, aunque se implementarán controles para prevenir superposiciones injustificadas.

Establecido en los años 90 para la región patagónica, este régimen se amplió en 2021, beneficiando a más de 4,3 millones de personas en provincias con climas fríos, tales como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Río Negro, Neuquén, Chubut, La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

El programa ofrece rebajas de hasta el 50% en el sur y del 30% en otras áreas frías, aplicadas sobre el total antes de impuestos. Este subsidio se financia a través de un recargo del 5% en las facturas de gas de todos los usuarios conectados a la red nacional.

En la actualidad, 2,58 millones de usuarios disfrutan del subsidio del 50%, mientras que 1,7 millones acceden a la reducción del 30%. La reestructuración tiene como objetivo ajustar la distribución automática de beneficios, que anteriormente incluía a usuarios sin un análisis de su situación socioeconómica.

La Secretaría de Energía destacó que esta medida es parte de un esfuerzo que comenzó en diciembre de 2023 para “regular un sistema deficitario” y mejorar la distribución de subsidios. Hasta el momento, aquellos usuarios con ingresos por debajo de cuatro salarios mínimos y múltiples medidores podían beneficiarse de un descuento del 50% en todos sus servicios. Con la nueva regulación, solo uno de sus medidores podrá conservar el beneficio máximo, mientras que los demás recibirán el 30% establecido por la ley.

El Gobierno defiende que esta reforma fomenta la equidad, ya que los subsidios son financiados por todos los usuarios del país, incluyendo a aquellos en zonas calurosas como Chaco, que no obtienen beneficios similares. “La racionalización de subsidios elimina privilegios, corrige distorsiones y garantiza una gestión adecuada de los recursos públicos”, afirmó la Secretaría de Energía.

Los usuarios que crean que cumplen con los requisitos para recibir el subsidio completo podrán presentar un reclamo a través de la plataforma digital de ANSES, asegurando un mecanismo de revisión accesible.

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El FMI recortó la previsión de crecimiento para Argentina

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó las previsiones de crecimiento para la Argentina y aumentó el pronóstico de inflación, en un deterioro de las condiciones general del país.

El organismo prevé que la expansión del PBI será de 3,5%, lo que representa una baja de 0,5 puntos con relación a la estimación previa. Para 2027, ratificó su ponderación de avance de 4%.

Números en rojo: Caputo adelantó que la inflación de marzo será superior al 3 por ciento. Asimismo, espera que la inflación sea de 30,5%, casi el doble del calculado seis meses atrás (16,5%).

Respecto a la situación del empleo el organismo apuntó que será de 7,2% en el año, con un alza de 0,6 puntos. Estas proyecciones están incluidas en el informe Perspectivas Económicas Globales (WEO) por sus siglas en inglés.

Asimismo, las estimaciones corregidas del FMI se acercan a las proyecciones que publicó el REM del Banco Central a principios de este mes. Si bien el FMI recortó las proyecciones de crecimiento, el país sigue manteniendo la estimación más favorable de la región.

La poda se produce en un período en el que en cada situación posible el organismo ponderó el modelo económico en la Argentina y sus resultados.

El informe fue presentado por e Economista Jefe del Fondo, Pierre-Olivier Gourinchas durante una conferencia de prensa que se ofreció en el marco de la Reunión de Primavera del FMI y del Banco Mundial.

Petya Koeva Brooks, una de las integrantes del equipo del FMI que realiza el informe atribuyó el deterioro de los pronósticos a la caída de la economía Argentina en el final de 2025. Ese período coincidió con las turbulencias que generó el proceso electoral.

Caputo viajará este martes a Washington para participar de esta reunión en la que buscará destrabar un desembolso de US$1.000 millones.

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La informalidad laboral trepó al 43% y marcó un récord

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La informalidad laboral en la Argentina volvió a crecer a fines de 2025 y alcanzó al 43% de las personas ocupadas, consolidándose como uno de los rasgos más persistentes de la precarización del empleo. El dato pertenece al cuarto trimestre de 2025 y fue difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que registró un aumento de un punto porcentual respecto del mismo período del año anterior, cuando el indicador se ubicaba en 42%.

Según el organismo estadístico, el avance de la informalidad refleja el deterioro de las condiciones laborales en un contexto marcado por la recesión, la caída del poder adquisitivo y la pérdida de puestos registrados. En este escenario, una porción creciente de trabajadores queda por fuera de la protección legal básica, sin aportes a la seguridad social ni cobertura previsional, lo que profundiza la vulnerabilidad de los hogares.

El informe oficial destaca que el fenómeno no impacta de manera homogénea sobre la población ocupada, sino que golpea con especial intensidad a mujeres y jóvenes. La tasa de informalidad más alta se registra entre las mujeres de hasta 29 años, donde el indicador trepa al 57,9%, lo que implica que casi seis de cada diez trabajadoras jóvenes se desempeñan en empleos sin registro.

La situación es aún más crítica en el extremo etario superior: entre las mujeres de 65 años y más, la informalidad alcanza el 61,6%, superando incluso a los segmentos de menor edad. Este nivel de precariedad entre adultas mayores evidencia la dificultad para acceder a jubilaciones completas y obliga a muchas a permanecer activas en el mercado laboral en condiciones inestables, con ingresos irregulares y sin protección social adecuada.

Detrás de estas cifras se combinan factores estructurales, como la segregación ocupacional por género, la concentración de mujeres en tareas de cuidado y servicio doméstico, y la persistente brecha salarial. Muchos de estos empleos se desarrollan en la economía informal, sin contratos escritos ni aportes, y quedan al margen de los controles laborales, lo que facilita la evasión de obligaciones por parte de los empleadores.

Los jóvenes también figuran entre los más expuestos a la informalidad, atrapados entre la falta de experiencia laboral formal, la rotación en empleos de baja calificación y la expansión de modalidades flexibles sin regulación clara. En este contexto, la dificultad para conseguir un puesto registrado empuja a gran parte de las nuevas generaciones a aceptar trabajos temporarios o “en negro”, con salarios más bajos y sin acceso a derechos básicos como aguinaldo, vacaciones pagas u obra social.

Especialistas en mercado de trabajo advierten que el aumento de la informalidad en un contexto de alta precarización no solo implica un problema de calidad del empleo, sino también un desafío para la sustentabilidad del sistema previsional y de protección social. Menos trabajadores aportando de manera regular se traduce en menor recaudación y en un futuro más incierto para quienes hoy sostienen su ingreso en ocupaciones sin registro, profundizando un círculo de desigualdad que golpea con fuerza a mujeres y jóvenes.

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Caso Adorni: paralelos en España con un ministro que acabó tras las rejas

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El caso en el que se investiga al jefe de Gabinete del Gobierno argentino, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito, generó repercusiones en España, donde el asunto fue comparado con el de un ex alto funcionario del gobierno de Pedro Sánchez que terminó preso. Según informó el diario digital El Español, Adorni sería visto como “el Ábalos” de Milei, por el avance de una causa que —según el enfoque periodístico— busca establecer aumentos patrimoniales y eventuales delitos.

El artículo remite al caso de José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes y ex secretario de organización del PSOE, quien se encuentra detenido desde noviembre del año pasado. En este marco, el texto señala que Ábalos está bajo prisión preventiva y sin fianza, y que la Fiscalía Anticorrupción española habría pedido una condena de 24 años de cárcel.

De acuerdo con la nota, la acusación contra el ex ministro se vincula a presuntos cobros de coimas durante la compra de barbijos en los primeros tiempos de la pandemia de coronavirus. Asimismo, se lo acusa de adjudicaciones de obras públicas a empresas privadas durante su gestión ministerial, y el proceso judicial incluye además cargos vinculados a delitos como organización criminal, malversación, tráfico de influencias, cohecho continuado y utilización de información privilegiada.

El Español agrega que el 6 de abril comenzó el primero de los juicios a los que será sometido Ábalos. También recuerda que Ábalos fue un colaborador cercano de Sánchez en las primarias del Partido Socialista, y que más tarde integró su gabinete, hasta dejar su cargo como ministro en 2021, cuando el presidente lo apartó.

En lo que respecta a Adorni, la publicación indica que su patrimonio “se ha multiplicado” en los últimos meses, con adquisiciones de viviendas de lujo y altos gastos de viaje, en el marco de la investigación abierta en Argentina. Del mismo modo, el medio español sostiene que los escándalos vinculados a supuestos hechos de corrupción que salpican al gobierno de Javier Milei habrían impactado negativamente en la imagen presidencial ante la opinión pública.

Mientras en España se traza ese paralelismo con un caso judicial de alta exposición, en Argentina la investigación sobre Adorni sigue su curso, en un escenario político en el que la evolución del “caso” se mira con especial atención tanto por el oficialismo como por la oposición. En ese contexto, la comparación con Ábalos funciona como termómetro internacional del seguimiento mediático que despierta el expediente local.

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